Archivo de junio, 2019

Más deserciones en Ciudadanos

Toni Roldán y albert Rivera

Toni Roldán, detrás de Albert Rivera

La disidencia en un partido político frente a las decisiones oficiales no se mide por el número de sus defecciones sino por la calidad y la significación de las mismas. Y en la formación de Albert Rivera, muy homogénea y con escasas estrellas intelectuales o mediáticas, la marcha de Toni Roldán y Javier Nart, que se une a la reciente de Manuel Valls, indica que la poco comprensible política reciente de la formación naranja no cuenta con la unanimidad de partido y tiene detractores de mucho fuste.

Aunque a la hora de la verdad, en estos casos sólo discrepan y abandonan quienes tienen capacidad económica y autonomía personal suficientes para poder tomar una decisión de este porte, que en muchos casos influye en la supervivencia material del político en cuestión.

Toni Roldán, epígono de Luis Garicano, ha sido el portavoz económico de Ciudadanos desde que este, su mentor y maestro, decidió encabezar la lista europea del partido y dedicarse a este nuevo menester. Roldán es economista  por la UAB, está en posesión de algunos másteres extranjeros de prestigio y es actualmente doctorando en economía política en el Instituto Europeo de la London School of Economics.

Ciudadanos ha cambiado

La razón de su marcha es simple y se desprende de sus propias palabras: “No me voy porque yo hay cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado. Este no es el contrato que yo firmé”, ha declarado en la rueda de prensa inmediatamente posterior al anuncio de su marcha. Y ha añadido: “¿Cómo vamos a superar la confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todo de nuestra parte, aunque otros no lo hagan, para evacuarlo del poder? ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontarnos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos?” A su juicio, con el cambio impulsado por Rivera se han “desvirtuado” los principios de “reformismo, regeneración y la batalla contra el nacionalismo” con los que nació la organización.

El cambio al que se refiere Roldán es fácil de enunciar y difícil de entender. De una colaboración con el PSOE que incluyó un pacto de gobierno en Andalucía y la elaboración de un programa común con el que podían haber gobernado juntos de no haber sido por la falta de visión de Iglesias, la formación de Rivera pasó a profesar un odio africano hacia Sánchez y el deseo explícito de convertirse en el referente de la derecha, sustituyendo al PP, al que pretendía adelantar. Frustrado el sorpasso, Ciudadanos se ha volcado en conseguir todo el poder posible para el PP, aun en los casos en que ha tenido que contaminarse aceptando la colaboración de VOX: gracias a ofrecerle la comunidad y el ayuntamiento de Madrid, la comunidad de Castilla y León, etc., Casado ha afianzado el liderazgo sobre su hemisferio. No es extraño que mucha gente de Ciudadanos no sepa a qué atenerse.

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Madrid Central y la dignificación de la política

Almeida

José Luis Martínez-Almeida muestra el bastón de mando tras la constitución del nuevo ayuntamiento de Madrid. EFE

El nuevo gobierno municipal de Madrid, formado por el Partido Popular y Ciudadanos con apoyo de Vox y con José Luis Martínez-Almeida al frente, ha suspendido el proyecto del Madrid Central, con el que el gobierno municipal anterior pretendió limitar estrictamente el tráfico privado en la almendra de Madrid, 472 hectáreas en total. De hecho, el 1 de julio cesará la imposición de multas a quienes transiten por la zona restringida, con lo que la cautela desaparecerá.

La razón de semejante actuación, claramente controvertible porque va contra la tendencia europea, mundial, de saneamiento ambiental de las grandes urbes, es que así se prometió durante la campaña electoral. PP y C’s, en efecto, combatieron la iniciativa del equipo de Carmena y prometieron su reversión.

Pues bien: si lo que pretenden en este caso los nuevos munícipes es dignificar la política, se equivocan pensando que lo conseguirán cumpliendo la palabra dada, que en este caso es sectaria y estúpida. Lo sensato, lo que devolvería dignidad al debate municipal y espeso de que hablaba Rubén Darío, sería que reconocieran palmariamente que se les fue la mano y se les encabritó la lengua, y que por tanto, tras pedir disculpas, no sólo no van a eliminar este primer paso del gran cambio urbano hacia la descontaminación —después de todo aséptico y carente de otra ideología que la salubridad pública— sino que se disponen a perfeccionarlo, a ampliarlo y a complementarlo con nuevas medidas que hagan de Madrid una ciudad más salubre, más limpia, más habitable.

No sería la primera vez que, tras una alternancia, ciertas promesas impertinentes, lanzadas con el exclusivo afán de engatusar al personal con electoralismo de poca monta, dejan de cumplirse porque no se quiere, por simple empecinamiento o por prurito, perjudicar el bien común. El tan denostado Aznar, sin ir más lejos, no tocó ni una sola de las medidas de progresividad social que había promulgado Felipe González. Y Mariano Rajoy se guardó mucho de derogar la reforma de la ley del aborto de Rodríguez Zapatero que nos situaba en Europa. Son ejemplos relevantes.

En Madrid Central se han invertido cuantiosos recursos, se ha trabajado en hacer pedagogía, los ciudadanos han adaptado sus hábitos a la nueva situación… Y después del esfuerzo explicativo, la gente está convencida de que esta molesta proscripción va con los tiempos, como cuando se nos prohibió fumar casi de repente, mucho antes de que todos entendiéramos que aquella decisión también fue acertada. Sería absurdo arrojar por la borda todo este bagaje, lanzando al mismo tiempo el mensaje contrario: que se puede seguir contaminando, que lo de la salud y la carbonilla de los coches es un cuento chino.

Mida, pues, Martínez-Almeida su obligación y su devoción porque está a punto de cometer una gran torpeza, cuando tiene una gran ocasión de demostrar altura de miras y un nivel intelectual algo superior al de sus conmilitones que se mueven a impulsos pueriles de instintos ruines y primarios.

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¿Elección directa de alcaldes?

Almeida, nuevo alcalde de Madrid

Javier Ortega Smith, de Vox, con el nuevo alcalde José Luis Martínez Almeida. Emilio Naranjo / EFE

 

Las dificultades para formar gobiernos municipales, que en muchos casos han surgido de alianzas contra natura y demasiadas veces han sacado a la luz raudales de oportunismo, han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que se introduzca la elección directa de los alcaldes. Por esta vía de elección a doble vuelta, que da a los ciudadanos la última palabra, se evitarían en buena medida los mercadeos indecorosos que merman la credibilidad de la política.

En la actualidad, la Ley Orgánica Electoral General (LOREG) de 1985 dispone lo siguiente en su artículo 196 (Capítulo X. Elección de Alcalde): “En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo. c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”. Con una salvedad: “En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría será proclamado alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales”.

La Constitución española obliga a utilizar el modelo electoral proporcional en las elecciones al Parlamento español y a las asambleas de las comunidades autónomas. El art. 62.2 C.E., referido al Congreso de los Diputados, y el 152.1 C.E. que regula las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, disponen que las elecciones se realizarán mediante “un sistema de representación proporcional” y las presidencias se proveerán mediante elección de segundo grado.  En cambio, el art. 140 C.E., referido a los Ayuntamientos, es abierto: los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal y “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos”.

Quiere decirse que es posible instaurar una reforma de la LOREG que establezca la elección popular y directa del alcalde. Por ejemplo, celebrando una nueva consulta, distinta de la que establece la composición del consistorio, en que los candidatos sean los líderes de los dos o tres grupos políticos más votados.

Si los alcaldes son elegidos por este método presidencialista, lo lógico, en buena técnica constitucional, sería establecer una correspondencia entre esta legitimidad adicional que proviene de la elección directa, y sus competencias. Por ejemplo, reconociéndole al alcalde derecho de veto de las iniciativas legislativas. E, igualmente, ya no podría ser derribado mediante una simple moción de censura constructiva como actualmente: habría que establecer un procedimiento más riguroso y estricto de impeachement.

Los constitucionalistas más estrictos no ven con buenos ojos esa mezcla de presidencialismo y de parlamentarismo, poco usual en los regímenes maduros. Por ello, ante de avanzar en esa reforma, convendría meditar sobre si las disfunciones de nuestro modelo actual no provienen más de la incapacidad de nuestros políticos para la negociación y el pacto que del propio modelo, que es plenamente funcional cuando se maneja con lealtad a la Constitución y a la voluntad popular.

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Ante una legislatura de cuatro años

Hay que formar grandes mayorías, más allá de la investidura

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

En un escenario fragmentado en cinco organizaciones estatales, Pedro Sánchez ha conseguido una considerable minoría mayoritaria —123 escaños— que, sumados a los 42 de Unidas Podemos, ofrece una mayoría suficiente para gobernar más o menos apaciblemente y con notable estabilidad durante la legislatura. UP no está en condiciones de regatear este apoyo, ya que sería la segunda vez que Pablo Iglesias frustrase un gobierno progresista, y porque en su precariedad actual, unas nuevas elecciones reducirían todavía más la representación de UP, que había logrado 71 escaños en 2016 (ha caído por tanto 29).

En definitiva, el bloque de izquierdas PSOE+UP está formado por 165 diputados, a 11 de la mayoría absoluta. Con ese apoyo, Sánchez tiene fundamento para formar un gobierno estable, salvo imponderables. La cuestión es con quién, ya que en principio el PSOE preferiría no contar con los nacionalistas catalanes, es decir, con los 15 escaños de ERC-Sobiranistas, ni con los 7 de JxCAT. Tampoco con los 4 de EH Bildu, cuya abstención puede darse sin embargo por automática, dada su alergia a las opciones conservadoras.

Al margen de estas organizaciones, algunos de los once escaños que necesita Sánchez para la investidura, además de los procedentes de la suma PSE-UP, pueden obtenerse de las minorías: PNV (6), Compromis (1) y PRC (1). Muy difícil seria alcanzar los dos de CC (2), que no quiere saber nada de Podemos, y es imposible contar con los de Na+, coalición navarra de UPN con el PP y C’s. Con lo que si bien es complicada la investidura en primera vuelta, parece que será fácil de obtener en la segunda, cuando el bloque PP-C’s-VOX (146 escaños), que votará en contra, suscitará bien pocas adhesiones.

No hay, pues, razones objetivas para que el PSOE haya reclamado a sus antagonistas, PP y Ciudadanos, que le dejen gobernar y le presten su apoyo para dar estabilidad al futuro gobierno, que es capaz de estabilizarse solo. Tampoco parece necesario amedrentar a Podemos con la amenaza de elecciones, que le serían letales, porque Iglesias, aunque poco fiable, no tiene demasiado margen para la pirueta en este caso.

Además, dígase lo que se diga, el objetivo de esta legislatura es integrar la política catalana en la estatal, por lo que en algún momento habrá que contar con los 15 votos de ERC (menos previsible es lo que pueda pasar con el pospujolismo, cuya irreductibilidad dictada por el prófugo de Waterloo depende sobre todo de las negras expectativas personales del expresidente de la Generalidad, condenado a permanecer fuera de España o ingresar en prisión).

Habrá, en fin, gobierno, y para una legislatura continua de cuatro años, apenas con los hitos intermedios de las autonómicas catalanas, gallegas y vascas. Nunca se había abierto una oportunidad tal dilatada de forjar ciertos consensos que permitirían grandes pactos de Estado, sin repercusiones electorales que pudieran condicionarlos. Por ejemplo, un gran pacto educativo, la reforma a fondo y definitiva de las pensiones y del sistema de previsión en su totalidad para los próximos veinte años, un gran plan de infraestructuras que permitiera la culminación equilibrada de nuestras redes de transporte, un gran pacto de transición ecológica y de reforma energética, etc.

Es evidente que el PP habría de ser el principal invitado a semejante ceremonia, y de este modo la gran fuerza de centro derecha, hoy en sus horas más bajas de su historia, podría recuperar el papel y la prestancia. Analistas de peso sostienen que el viejo bipartidismo podría rehacerse si las grandes formaciones recuperaran la iniciativa y la capacidad de representación. PP y PSOE tienen, en fin, la gran oportunidad de volver a ser lo que fueron. Y más.

 

La extraña inhibición de Ciudadanos

Alert RIvera , presidente e Ciudadanos y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE

Imagen de archivo de un apretón de manos de Pedro Sánchez y Albert Rivera. EFE

Los partidos “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” (art. 6 C.E.). El papel de las organizaciones políticas es, pues, defender un proyecto y dotarlo de todo el apoyo social posible para llevarlo al gobierno con el fin de hacerlo operativo. La tarea política esencial de un partido político es por lo tanto aspirar al poder para impulsar las propias ideas, efectuar las reformas que se consideren adecuadas, dirigir en definitiva a la Nación en una dirección determinada.

Por ello mismo, es antinatural que un partido político renuncie al poder pudiendo acceder a él, bien adueñándose íntegramente de sus resortes o participando en la formación del impulso gubernativo. No tiene, en fin, sentido que Ciudadanos, que podría implementar una parte relevante de su ideario a través de su participación en la acción de gobierno, renuncie a ello y opte por quedarse en la oposición y por fragilizar, de paso, con su inhibición la posición del partido que posee la minoría mayoritaria y que podría compartir el gobierno con él.

En unos términos parecidos a los del “pacto para un gobierno reformista y de progreso” que ya firmaron el PSOE y Ciudadanos en febrero de 2017, cuando intentaron investir a Pedro Sánchez y cerrar al paso a Rajoy, designio que no consiguieron por la negativa de Pablo Iglesias a abstenerse, con lo que provocó nuevas elecciones y facilito así la continuidad de Rajoy.

Dicho en otros términos, el votante de Ciudadanos, que se supone que apoyó al partido para ver cómo progresaban sus ideas liberales en las instituciones, ahora se encuentra con que el partido al que votó no quiere ni siquiera intentar conseguir una cuota relevante del poder ejecutivo, nadie sabe verdaderamente por qué (Ciudadanos y el PSOE son partidos contiguos, con muchas ideas comunes, como quedó de manifiesto en el referido documento).

Y además, ha de asistir atónito al hecho de que la inhibición de Ciudadanos arroja al PSOE a los brazos de Podemos, una organización radical que pondrá condiciones que a la clientela de C’s le parecerán sin duda indeseables. ¿Qué patriotismo es este que, por una rabieta mal digerida, frustra la posibilidad propia de influir y de gobernar, a la vez que empuja al partido contiguo, con el que existe franca familiaridad, a aliarse con terceros indeseables?

Ya se sabe que Albert Rivera adoptó su postura de dura confrontación con el PSOE porque quería convertirse en el líder de la derecha y sobrepasar a un PP en horas bajas. Pero es evidente que no lo ha conseguido, y los politólogos creen que este partido laico y relativista tampoco va a ser capaz en el futuro de seducir a la clientela natural del PP, partido conservador por antonomasia.

Y si las cosas son así, ¿qué sentido tiene que Albert Rivera siga enfrentado frontalmente al PSOE, si no se va a medir con él en los próximos cuatro años? ¿No sería más lógico adoptar una posición constructiva y cooperativa que persistir en esta animosidad que parece basarse más en móviles personales que políticos e ideológicos? Sería bueno que Albert Rivera se explicase porque, la verdad, muchos no entendemos esta cerrazón enrabietada.

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El Gobierno reprende al Banco de España

Banco de España

El Banco de España | Wiipedia (Luis García)

El Gobernador del Banco de España ha de ser, por sentido común, un experto economista antes que un político profesional sometido a disciplina de partido, y así ha sido casi siempre durante la etapa democrática: los ocho personajes que han estado al frente del que antes era banco emisor y ahora es banco regulador han sido economistas profesionales de mérito… salvo uno, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012), que, aunque también economista, provenía de la política (había sido secretario de Estado); su recorrido en lo más fragoroso de la crisis no fue muy halagüeño, por cierto.

Pues bien: el Banco de España emite periódicamente informes económicos de coyuntura, que, por técnicos que sean, contienen evidentemente ingredientes políticos. Su papel es detectar tendencias inconvenientes y recomendar políticas adecuadas. Ha de velar por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad  y Crecimiento, y su papel incluye señalar los desequilibrios y efectuar las correspondientes recomendaciones.

En general, los gobiernos han encajado con deportividad las críticas, que ahora no son únicas: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada a instancias de Bruselas y con una función de supervisión crítica de las políticas gubernamentales, también emite regularmente sus análisis.

Una crítica errada

En el desempeño de tales funciones, el Banco de España criticó, quizá con excesiva dureza, la subida del salario mínimo a 900 euros. Llegó a decir que aquella medida podría suponer la pérdida de 125.000 empleos, un 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo que hay en el mercado laboral.

La AIReF, en un informe posterior, negó la semana pasada con rotundidad dicho efecto, pero el Banco de España ha mantenido esta previsión y ha considerado prematuro decir que no sería así argumentando apenas con los datos de afiliación a la Seguridad Social y de la Encuesta de Población Activa conocidos hasta el momento, ya que “hay muy pocos datos agregados”.

Pero este martes se publicaban los datos de ocupación y paro de mayo, que han resultado ser magníficos, y la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha pedido al Banco de España que reconozca su error de cálculo sobre el impacto que iba a tener la subida del SMI en el empleo este año.

No deberíamos seguir por este camino. El Banco de España tiene la obligación de decir que subir salarios sin hacer crecer al mismo tiempo la productividad aminora el crecimiento y reduce la competitividad y por tanto las exportaciones… Lo que no significa que el Gobierno no haya de dar preferencia a una medida social indispensable y urgente aunque no beneficie al proceso económico.

En otras palabras, las instituciones de regulación y control deben explicar la teoría —sin olvidar que tan respetable es Adam Smith como Keynes—, y al gobierno de turno le toca aplicarla, combinando las conveniencias y obligaciones económicas con los compromisos y las atenciones sociales. Ningún argumento macro puede justificar la explotación o el hambre, de la misma manera que ningún objetivo filantrópico puede servir de coartada para el descontrol presupuestario.

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Don Juan Carlos sale de escena

El rey emérito se retira de su papel institucional

El rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos asiste a la plaza de toros de Aranjuez junto a su hija, la infanta Elena (2-d); su nieto, Felipe Juan Froilán de Marichalar (d); su hermana Pilar de Borbón (2-i), y su sobrina Simoneta Gómez-Acebo (i), EFE

Este domingo se han cumplido cinco años de la abdicación de don Juan Carlos, quien a partir de ahora ya no asistirá a actos oficiales ni ostentará representación pública alguna. Es, pues, una salida de escena definitiva, que realizará con la satisfacción de haber asegurado una continuidad sólida de la institución monárquica y con la frustración de no haber prolongado hasta el final un reinado magnífico, que registró sin embargo conocidas e inquietantes sombras en sus postrimerías.

De cualquier modo, el hecho de que el yerno de don Juan Carlos y cuñado de su hijo don Felipe esté actualmente en prisión cumpliendo una larga condena demuestra que la Corona no es una entelequia mágica que escapa al control jurisdiccional ni a las servidumbres del Estado de Derecho, y ello permite a don Juan Carlos reivindicar la cuota de paternidad que le incumbe en la génesis de este espléndido sistema de convivencia que nos hemos dado entre todos.

El régimen del 78

Una parte de las nuevas corrientes ideológicas que han emergido con la crisis (y que están en franco declive a su término) ha tenido palabras desdeñosas con “el régimen del 78”, que  su juicio no era más que la prolongación edulcorada del franquismo anterior, por lo que don Juan Carlos, designado por Franco, no habría sido más que el apéndice de aquella dictadura.

Quienes se expresan de este modo no conocen bien la historia ni son conscientes de que, en efecto, el régimen franquista proyectó una dictadura sin Franco —‘después de Franco, las instituciones’, decía el eslogan— que, por fortuna, sólo encontró, tras la desaparición del autócrata, adhesiones relativamente escasas en el Ejército (garante fallido de aquel inefable proyecto) y mínimas en la sociedad civil. Fue entonces cuando quien había sido designado sucesor en la jefatura del Estado ya manifestó desde el primer momento que, aunque dispuesto a ser investido de la máxima magistratura para no generar un inquietante vacío de poder, no se plegaba a la vieja legitimidad sino que se disponía a construir otra nueva, emanada de la soberanía popular.

En otras palabras, a la muerte de Franco, don Juan Carlos puso en marcha el proceso de erección de un régimen constitucional en que él, dotado de los poderes exorbitantes de un monarca medieval, quedaría relegado a ser la figura simbólica que en realidad fue, como en las demás monarquías parlamentarias de Europa.

Cuatro décadas de democracia impecable

Año y medio después de la muerte en la cama del dictador, ya se celebraban unas elecciones generales a las que concurrieron desde los neofascistas de la Falange Española al Partido Comunista de España que había combatido con saña al franquismo desde el exilio y la clandestinidad, pasando por todo el abanico de partidos nacidos del interior o retornados del exterior. Aquella cámara abrió un proceso constituyente que dio lugar a la Constitución de 1978, que consiguió el 91,8 % de votos afirmativos en el correspondiente referéndum, con una participación del 67,1%. En Barcelona, el ‘sí’ obtuvo el 90,2% de los votos y en Gerona, el 90,4%.

Aquel régimen, que tuvo también otros arquitectos muy ilustres que colaboraron con el rey Juan Carlos, nos ha deparado más de cuatro décadas de democracia impecable, que tenemos la obligación de preservar para nuestros descendientes. Don Juan Carlos cometió algunas torpezas que hicieron recomendable su jubilación, que dio paso a la entronización de don Felipe de Borbón, un magnífico profesional con altura personal y con decidida voluntad de defender la Constitución vigente, que le impone precisamente ese mandato. No es casual que las únicas críticas que recibe son precisamente de quienes han tratado de vulnerar la Carta Magna.

De cualquier modo, es evidente que la sucesión en el Trono, un signo de normalidad institucional, parte de la madurez del reinado anterior, durante el cual el titular de la Institución, don Juan Carlos, junto a la Reina Sofía, desarrolló una infatigable tarea diplomática de consolidación, afirmación y difusión en el mundo de nuestro país y de nuestro régimen que hay que reconocerle en esta hora. Son muchas más, en fin, las luces que las sombras de un reinado que ya se nos escapa de los dedos y pasa con bien, definitivamente, a las exigentes alacenas de la historia.