Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

Las últimas elecciones generales de abril arrojaron un resultado complejo pero inteligible: las dos formaciones estatales de izquierdas, PSOE y Unidas Podemos, suman 165 escaños, un apoyo superior al que dispusieron en alguna legislatura Felipe González, Aznar y Zapatero cuando encabezaron el gobierno de la Nación. Tanto el PNV como ERC han asegurado que facilitarán la investidura de Sánchez, por lo que el único elemento decisivo en la segunda votación es el acuerdo efectivo entre PSOE y UP que asegure el voto afirmativo de las gentes capitaneadas por Pablo Iglesias, que recibirán a cambio una parcela de poder.

No existe en España tradición pactista, y mucho menos de gobiernos de coalición en el ámbito estatal (no ha habido ninguno hasta ahora), y es proverbial  la aversión histórica que se profesan socialistas y comunistas (ha llovido mucho desde que la Internacional Comunista definió en 1928 la socialdemocracia como «ala izquierda del fascismo» y enemigo principal de comunismo). En la práctica, González nunca se llevó bien ni con Carrillo ni mucho menos con Anguita…

Pero los tiempos han cambiado, Unidas Podemos es una formación moderna aunque incluya todavía al PCE en su seno, e Iglesias hizo alarde de impecable constitucionalismo  en los debates preelectorales de TVE moderados por Xabier Fortes. Y finalmente, Iglesias ha entendido esta inercia histórica y se ha echado a un lado para evitar las dificultades que hubiera acarreado su presencia en el Ejecutivo (una personalidad fuerte como la suya difícilmente hubiera encajado en el papel secundario que las propias urnas le reservaban).

Todo depende de la voluntad de las partes

Así las cosas, la posibilidad de la coalición sólo depende de la voluntad política de las partes, porque, que se sepa, no hay obstáculos ideológicos que se interpongan. Es oportuno recordar que PSOE y UP pactaron los presupuestos de 2019 cuya no aprobación por la Cámara Baja dio lugar a la anticipación electoral. Tanto es así, tan evidente resulta que el fracaso de la negociación se debería al empecinamiento de unos políticos obstinados y no a obstáculos reales, que toda la izquierda se irritaría extraordinariamente, y con razón, si el proceso negociador fracasase.

Si el PSOE y UP lanzasen a este país a unas nuevas elecciones en noviembre, postergando hasta entonces todos los muchos asuntos pendientes de este país (que lleva casi cuatro años de parálisis e inestabilidad), se encontrarían probablemente con una airada desmovilización de sus clientelas,  que podrían emitir un serio voto de castigo o quedarse sencillamente en casa. Nadie se sorprendería de que si la izquierda fracasa en la formación de un gobierno cuando tiene clara ocasión de hacerlo, el electorado decida dar la oportunidad a la derecha.

El relato de lo que ha sucedido en este país desde las elecciones de diciembre de 2015 hasta hoy no es muy estimulante ni deja en muy buen lugar al establishment político. Por ello sería una temeridad proseguir la sinrazón representada hasta ahora y continuar jugando con las querencias y sensibilidades de la ciudadanía. En definitiva, lanzar España a unas nuevas elecciones generales cuando es posible abrir un horizonte de estabilidad y cordura sería un verdadero delito de lesa patria.