Archivo de mayo, 2019

¿Vox, en el escaparate de Madrid?

Vox

EFE

Si se utiliza el criterio valorativo de los bloques ideológicos, las derechas han ganado a las izquierdas en la comunidad y en el ayuntamiento de Madrid… siempre que las formaciones democráticas acepten participar en este contraste en que Vox resulta lavado y homologado como si se tratara de una formación política convencional. Pero ese automatismo, que chirría en los oídos de muchos electores, debería ser convenientemente revisado, y cernido en el harnero de la integridad democrática y del sentido común.

El ‘modelo andaluz’, que se camufló con el ropaje de que en realidad se trataba de un pacto PP-Ciudadanos que prosperaba y llegaba al poder gracias al simple absentismo de Vox, ya no funciona.  La realidad es que, aunque Vox ha tenido la cautela de ser parco en programas, de no acudir a las citas de la extrema derecha europea y de no hacer hincapié en los aspectos más controvertibles de su proyecto, su presencia ha sido saludada calurosamente por Le Pen y por Salvini, ya que la nueva organización se inscribe en su ideario y forma parte de su espacio solidario.

Así las cosas, la pretensión de PP y Ciudadanos de reproducir el ‘modelo andaluz’ en la capital del reino y en su comunidad autónoma, que ya ha sido auspiciada por Pablo Casado con la exhibición de sus respetos a Vox, que ya no sería una formación  de extrema derecha sino una organización a la derecha del PP, resultaría sencillamente escandalosa, y seguramente indigerible para las personalidades más prestigiosas de Ciudadanos, como Luis Garicano y Manuel Valls, cuya reputación quedaría mancillada si asistieran pasivamente al desafuero. Y, por supuesto, sería inaceptable para Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el grupo parlamentario europeo en que piensan integrarse los 7 europarlamentarios de Ciudadanos, encabezados por Luis Garicano, ilustre e ilustrado catedrático de la London School of Economics.

Las fórmulas para evitar este desaguisado son varias, y deberían ser las fuerzas políticas las que las propusieran y negociaran. La más obvia sería aquella que llevase al socialista Ángel Gabilondo, ganador en la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la autonomía, en un trueque que permitiera a Begoña Villacís alcanzar la alcaldía capitalina. Este ajuste, que podría o no complementarse con otros intercambios en otras comunidades autónomas y localidades, constituiría una fórmula moderada y elegante de resolver la complejidad de una consulta en que aparece por primera vez una formación fronteriza, que no puede ser aceptada acríticamente al conciliábulo democrático.

Recuérdese que Le Pen en Francia no tiene acceso a las instituciones en las que no posee mayoría absoluta porque las fuerzas democráticas se niegan a cualquier transacción o acuerdo con ella. No es una reserva española sino una prevención europea muy arraigada. Y Casado, apremiado por sus barones para que se afiance en la moderación, daría un paso de gigante hacia su consolidación en el liderazgo si aceptara este sacrificio.

Un acuerdo como el mencionado resultaría además pacificador porque, después de una interminable campaña electoral en la que se ha gritado en exceso y se han abierto heridas y agravios innecesarios, conviene instaurar cuanto antes la cultura de la negociación y el pacto. Demos, pues, el primer paso.

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La guerra de los impuestos

Casado y Rivera insisten en que bajarán impuestos en comunidades y ayuntamientos en que gobiernen

Albert Rivera impuestos

Albert Rivera junto a la candidata al Congreso por Madrid, Sara Giménez | EFE

Es una puerilidad: el próximo gobierno español, socialdemócrata, ya ha manifestado que se propone recuperar los niveles de bienestar y equidad anteriores a la gran crisis 2008-2014, que ha producido un deterioro de los grandes servicios públicos, una caída espectacular de la inversión en educación, en sanidad y en infraestructuras, una asimetría salarial insoportable, una pobreza laboral crónica y un desempleo estructural, agravado en el sector de los jóvenes, que requiere costosas políticas activas para remitir.

Para conseguir estos objetivos, son necesarios recursos, ya que no es posible alcanzar estándares de calidad europeos con una política fiscal tercermundista. La presión fiscal sobre el PIB fue en 2018 del 34,5%, 6,9 puntos inferior a la media de la zona euro. Y quienes van a formar el nuevo gobierno han adelantado, con realismo para no deteriorar el crecimiento económico, que sigue notablemente por encima de los promedios comunitario y de la eurozona, que crearán nuevos impuestos —sobre las transacciones económicas y las grandes tecnológicas, además de los inconcretos todavía ‘impuestos verdes’—, que elevarán la tarifa de las rentas altas —con ingresos anuales de más de 150.000 euros— y fijarán un mínimo del 15% a la tarifa real del impuesto de sociedades a las grandes compañías.

¿Qué significan, en fin, la protesta de PP y C’s y su contraoferta de rebajar la presión fiscal para contrarrestar la subida estatal? Es de suponer que ningún gurú liberal de los que les asesoran se atreverá a defender todavía en público la falacia de la curva de Laffer, según la cual una bajada de determinado impuesto incrementa la recaudación. Y si lo que realmente se quiere es debilitar aún más el ‘estado mínimo’ actual, el mensaje que se lanza es inadmisible: se relega y se desprecia la mejora de los servicios públicos, cuya calidad es el fundamento de la existencia del ascensor social y la base de la igualdad de oportunidades en el origen, a cambio de mantener el objetivo abstracto de mejorar el crecimiento, aunque este esté gravemente desequilibrado.

Acaba de conocerse que Nueva Zelanda será el primer país del mundo con un presupuesto que se medirá no por el crecimiento económico (PIB) sino por el bienestar de su ciudadanía, con criterios que van desde la identidad cultural hasta el medioambiente, desde el acceso y calidad de la vivienda a los vínculos sociales, pasando por parámetros vinculados a la pobreza, la salud mental, las personas sin hogar, la rehabilitación de presos maoríes, etc. En otras palabras, hay quien ya considera una perversión alegar el crecimiento en valor absoluto para justificar la insuficiencia de los salarios o los recortes de la acción social.

Europa y las políticas públicas

Europa ha establecido un terreno de juego basado en la ortodoxia y la estabilidad presupuestarias, y en ese marco han de desenvolverse  las políticas públicas de todo los socios. Pero sin engaños. Porque, por ejemplo, las primeras medidas fiscales adoptadas en Andalucía tras el reciente cambio de mayoría son una irónica estafa a las clases medias: la desaparición del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando ya estaban exentas las herencias de hasta un millón de euros es sencillamente un regalo a los ricos, en una comunidad postrada en que ciertos indicadores de desigualdad son simplemente escandalosos.

No hay mucho margen para actuar sobre el sistema fiscal ya que la auténtica soberanía financiera, también en este asunto, está en Bruselas. Pero sí es posible influir positivamente para reducir la precariedad en el empleo, incrementar la productividad estructural (único medio para reducir para siempre el crónico desempleo estructural), fortalecer los servicios públicos y recuperar unas clases medias que se han proletarizado con la crisis, de la que desde luego no fueron responsables.

No se haga, pues, demagogia con el asunto, lo que no significa que haya que eludir la crítica, siempre legítima e incluso necesaria, pero que debería ejercerse desde la honradez intelectual y no sobre el más descarado populismo.

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Los soberanistas se ponen del lado de PP y Ciudadanos

Miquel Iceta

Miquel Iceta | EFE

En los comicios del 28-A concurrían a las urnas dos visiones del conflicto catalán. Por un lado, los que pedían la aplicación del artículo 155 por tiempo indefinido; por otro, los que abrían sus propuestas al diálogo y a la negociación. Tanto PSOE como Unidas Podemos, aunque con matices, coincidían en la búsqueda de una salida a la crisis en el estricto marco constitucional.

Los votantes fueron claros. Las fuerzas progresistas se impusieron a las conservadoras con el margen suficiente como para que se inaugure un periodo de relativa estabilidad de cuatro años que debe ser aprovechado para recuperar todo el tiempo perdido y planear nuevos avances.

En el plano catalán, los posconvergentes, con siete diputados, han sido vencidos por Esquerra Republicana (15), una formación que parecía más dispuesta a aceptar el principio de legalidad democrática y resignarse a renunciar a la independencia imposible. Sería el primer paso tejer una relación creativa y fecunda entre las instituciones catalanas y las estatales.

Sin embargo, el soberanismo de ERC ha terminado por traicionar su propio relato y les ha movido a posicionarse en contra de la designación de un catalán autonomista de crédito al frente del Senado. Este gesto supone la negativa de ERC a la invitación al diálogo formulada por Pedro Sánchez. Junqueras ha demostrado ser un político cobarde y frágil.

Ahora, la situación es la que sigue: los soberanistas que han impedido que Iceta fuese nombrado senador por representación de la autonomía catalana han compartido alegría con el PP y Ciudadanos, los mismos que siguen defendiendo la imposición de un 155 indefinido y que tienen como socios a los que piden la recentralización de España. El mismo Parlament que aprobó normas inconstitucionales vuelve a ser utilizado en contra de aquellos que quieren reconducir la situación. Los que creemos en la democracia no podemos renunciar a la idea de que cualquier diferencia política tiene que tener una solución incruenta.

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La lógica de un gobierno en solitario

Gobierno en solitario

En las elecciones generales del 28 de abril, el PSOE obtuvo 123 diputados y Unidas Podemos, 42. La suma de ambas organizaciones, con 165 diputados, será la base de la investidura de Pedro Sánchez y el fundamento de la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo en la próxima legislatura.

Ante esta situación, se plantea un dilema de partida que habrá que resolver en primer lugar. Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos (una alianza de Podemos con Izquierda Unida), pretende formar con el PSOE un gobierno de coalición; el PSOE, según ha dado a entender su líder Pedro Sánchez, prefiere suscribir un acuerdo de programa con UP, conforme el modelo portugués. Como es conocido, en el país vecino, el socialista António Costa, con 86 diputados —ocupa el segundo lugar en unaCámara de 230 escaños—, mantiene acuerdos de programa con el Bloco de Esquerda (BE), con 19 diputados; con el Partido Comunista de Portugal (PCP), con 15; y con el Partido Ecologista Os Verdes (PEV), con 2. Así, con 122 escaños, el Gobierno alcanza el apoyo de la mayoría absoluta, frente a los 108 de la oposición conservadora, liderada por el Partido Social Demócrata (PSD) de Pedro Passos Coelho, que ganó las elecciones con 89 parlamentarios.

Podemos hizo por primera vez acto de presencia institucional en las elecciones europeas de 2014, en las que obtuvo el 7,98% de los votos y cinco escaños. Y llegó a su apogeo en las generales de 2015, en las que, junto a su confluencias, alcanzó el 20,66 %, con 5.198.000 votos y 69 escaños (en aquellas elecciones, IU logró 923.000 votos y dos escaños). En 2016, en cambio, Podemos e IU fueron juntos y perdieron un millón de votos: Unidos Podemos consiguió 5.049.000 votos, el 21,1% y 71 escaños (los mismos sumaron Podemos e IU en las anteriores). Aquella unión de Podemos —una organización teóricamente transversal, según la versión original diseñada por, entre otros, Errejón y Alegre— con la extrema izquierda tradicional convirtió a Podemos en una organización de nicho, confinada en el espacio político que había ocupado la formación aglutinada alrededor del PCE, que seguía siendo su columna vertebral.

Las relaciones históricas del PSOE y el PCE , sin necesidad de invocar el odio leninista a la socialdemocracia, han sido históricamente malas en lo ideológico, por lo que no tendría sentido intentar a estas alturas una conciliación que diera lugar a una coalición. El socialismo democrático y el comunismo que todavía luce en las entretelas de Izquierda Unida pueden llegar a tener numerosos puntos de contacto pero también discrepancias muy notorias. De hecho, IU mantiene rasgos utópicos de los que el PSOE ha prescindido hace tiempo. La socialdemocracia moderna ya no cree, por ejemplo, que el Estado deba aspirar a poseer una banca pública, ni siquiera que sea conveniente que exista un sector público empresarial (salvo excepciones anecdóticas como la empresa que gestiona los Paradores Nacionales). Y los socialistas europeos evolucionados están convencidos de que la igualdad de oportunidades en el origen se consigue mejor mediante unos servicios públicos universales, gratuitos y de gran calidad que a través de una redistribución demasiado ambiciosa de la renta, que puede tener efectos negativos sobre la eficiencia y la productividad de la economía.

La propia existencia del ‘modelo portugués’, que soluciona semejantes incompatibilidades y fomenta la complementariedad allá donde hay coincidencia, es la mejor prueba de que la fórmula adecuada de colaboración es esta, y no una polémica y siempre tormentosa coalición.

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Bienvenidos al blog de Antonio Papell

Antonio PapellDesde esta semana permanece disponible este espacio en el que aportaré análisis políticos y mi visión sobre la actualidad nacional. Personalmente, es un honor poder estampar mi firma en 20 Minutos, sin duda uno de los referentes digitales de éxito en audiencia dentro de la prensa española hasta colocarse como el quinto diario con más audiencia digital en España.

En mi blog también encontraréis enlaces a contenidos novedosos y originales realizados por la redacción de ANALYTIKS.ES, la web de análisis e información que dirijo actualmente y que tiene un firme propósito: realizar un periodismo responsable, aportando valor a una sociedad cansada de tanto ruido.

Espero que este espacio reciba una cálida acogida y sirva como plataforma para realizar debates sanos y enriquecedores, donde todos puedan participar y aportar su punto de vista desde el respeto.