Sede del BBVA. JORGE PARÍS
Toda la podredumbre que aflora en torno al BBVA, una institución que según un cúmulo de indicios recurrió durante varios lustros a los servicios inconfesables del comisario Villarejo –el gran ‘conseguidor’ a través de sus empresas incrustadas en los sótanos del Estado-, no es sino la novena “pieza separada” del “caso Villarejo”, reunido en un gigantesco sumario al que se han aportado más de 400 ‘carpetas’ incautadas al principal inculpado, y que están siendo actualmente desencriptadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.
Según se ha hecho público –el sumario está todavía bajo secreto-, el BBVA de Francisco González contrató a Cenyt, una mercantil de Villarejo, para contrarrestar por cualquier medio los intentos de una opa hostil de Sacyr en 2004-2005, mediante técnicas de espionaje y juego sucio. Según los medios, Villarejo habría trabajado presuntamente para el banco 13 años a cambio de unos 10 millones de euros.
Pero el ‘caso Villarejo’ es variopinto, y hay ya en él unos cincuenta imputados, gran parte de ellos por colaborar en las tramas parapoliciales de este comisario que estuvo en excedencia entre 1983 y 1993 y que, cuando regresó a la situación activa, fue ubicado en puestos clave de la cúpula policial, prestando a lo que parece ‘servicios especiales’ que compaginaba con sus propios negocios detectivescos y en materia de seguridad. Villarejo realizó además miles de grabaciones clandestinas de sus interlocutores, que ha ido dosificando desde prisión con el fin poco realista de forzar su libertad, con las que ha contaminado la vida pública española al poner en la picota, con razón o sin ella, a infinidad de personalidades y ‘clientes’.
Eficacia de la Audiencia Nacional
La investigación judicial va despacio pero muestra la inexorabilidad de la propia Justicia, por lo que en este sentido hay que elogiar el arrojo y la eficacia de la Audiencia Nacional. Pero en el terreno político hay mucho que aclarar todavía porque resulta inconcebible que un personaje como Villarejo, junto a un grupo de colaboradores (varios de ellos agentes policiales también) creara ese universo paralelo de corrupción y prácticas mafiosas, a la vista de todos y cerca de los sucesivos directores generales de la Policía.
Entre 1993 y la caída en desgracia de Villarejo en Interior en 2015, se han sucedido los siguientes ministros: Antoni Asunción, Juan Alberto Belloch, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, José Antonio Alonso, Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz… Y ninguno de ellos fue capaz de percatarse de lo que estaba sucediendo muy cerca de su despacho oficial. ¿Qué clase de control político se ha ejercido sobre las fuerzas policiales durante este periodo? ¿Qué otras mafias pueden haberse desarrollado impunemente durante tan dilatado periodo de tiempo? ¿Estamos hoy seguros de que el Estado de Derecho impera en el ámbito de nuestras fuerzas de seguridad?
Una vez más, el régimen constitucional tiene que ser rescatado y restituido por el Poder Judicial tras el fracaso de los otros poderes del Estado. Se dirá que este papel de ‘ultima ratio’ es el que le corresponde a la Justicia. Pero muchos pensamos que algunas gangrenas deberían detectarse antes de la cirugía.