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El ‘cordón sanitario’ en Europa y en España

08 de julio de 2019

Matteo Salvini y Marine Le Pen

Salvini y Le Pen. EFE.

Tras las elecciones europeas recién celebradas, los grupos parlamentarios popular, socialista, liberal y verde —los cuatro principales del Parlamento Europeo- han acordado ya un cordón sanitario que impide al grupo político Identidad y Democracia (ID), formado  por los partidos de Matteo Salvini (Liga) y Le Pen (Ressemblement  National), obtener la presidencia de sendas comisiones de la Eurocámara que uno y otro ambicionan  y, en general, para evitar que estas formaciones de extrema derecha consigan influir en el funcionamiento de la cámara europea, teórica residencia de la soberanía del Viejo Continente.

Lo curioso del caso es que el Grupo Popular del Parlamento Europeo del que es vicepresidente el popular español Esteban González Pons mantiene una beligerancia activa en este asunto. Y el político español está a la cabeza de los partidarios de la exclusión, según se desprende de sus propias declaraciones: “Estaríamos locos —ha dicho textualmente—  si permitiéramos que dirigieran las instituciones quienes quieren desintegrar la Unión Europea”.

De momento, VOX no ha sido objeto de aislamiento en el marco europeo ya que, tras sopesar las diferentes ofertas de encuadramiento, se ha incorporado al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), del polaco Jaroslaw Kaczynski; sin embargo, fuentes internas del Parlamento Europeo han asegurado que, en este caso y en el futuro, las organizaciones integrantes serán tratadas según cuál sea su posición real en el día a día. Y todo indica que los grupos parlamentarios están observando con atención cuál es la conducta de VOX en España para actuar en consecuencia.

Las exigencias de la ultraderecha

De momento, va siendo conocido que las exigencias que la formación de Abascal plantea para prestar su apoyo a las fuerzas conservadoras en las comunidades autónomas tratan de limitar los derechos LGTBI, pretenden recortar las medidas humanitarias de atención a la inmigración, ven con desagrado las políticas de género en defensa de la integridad de la mujer y de su integración en plena igualdad, etc. Asuntos muy sensibles que en el Parlamento Europeo no serían asumidos en absoluto.

En definitiva, va a ser muy difícil de entender que el Partido Popular y Ciudadanos participen con ímpetu en el cordón sanitario contra la extrema derecha en Europa –una práctica que se desarrolla desde hace décadas en algunos países como Francia- y se entiendan a las mil maravillas en España con las mismas formaciones que han sido anatematizadas en Bruselas. A medio plazo, la paradoja no será sostenible, y o bien VOX cede en sus pretensiones y se convierte en algo así como una derecha ‘dura’ susceptible de reingresar en el PP, o su relación con la derecha democrática resultará perturbadora para ambas partes.

No hay que llamarse a engaño a este respecto: la canciller Merkel, que aunque está de salida sigue representando los valores genuinos de la derecha democrática europea, está manteniendo con estricto rigor en todas las elecciones regionales y locales el  cordón sanitario frente a Alternativa para Alemania (AfD), que es la versión alemana actual del populismo de extrema derecha. En un asunto tan central, no puede haber medias tintas ni componendas. Y así deberían verlo quienes pronto serán conminados a tomar partido y a hacer definiciones.

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Intangibles derechos humanos

01 de julio de 2019

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York)

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York). Porter Binks / EFE

España es uno de los países más adelantados en la defensa de los denominados derechos LGTBI, es decir, del derecho de quienes pertenecen a colectivos con tendencias sexuales minoritarias al reconocimiento, al respeto de sus preferencias y a la plena integración social. Aquí, donde una inicua Ley de Vagos y Maleantes adaptada por el régimen anterior a la persecución de toda clase de heterodoxos, sustituida en 1970 por la no menos autoritaria Ley de Peligrosidad  y Rehabilitación Social, la democracia suscitó un gran viraje y se aprobó en 2005 la reforma del Código Civil que permitía el matrimonio entre homosexuales; desde entonces, se ha desarrollado una vasta normativa de protección  de las minorías que nos sitúa en cabeza de Europa y del mundo.

Por otra parte, los derechos del colectivo LGTBI son ya considerados derechos humanos por Amnistía Internacional y por Human Right Watch, por lo que lo lógico es que tales derechos específicos –básicamente, pero no únicamente, el de matrimonio y adopción por parejas homoparentales– sean constitucionalizados paulatinamente por los distintos estados democráticos. Y también conviene especificar, en sentido contrario, que no resultaría tolerable retroceso alguno en el reconocimiento de tales derechos a causa de cambios de mayoría política en los regímenes democráticos.

PP y C’s le hacen el juego a la ultraderecha

Viene esto a cuento de que VOX ha formulado propuestas inaceptables sobre esta delicada cuestión. Una información reciente de Colpisa que mostraba la existencia de un repunte en los delitos de odio —en 2017 se registraron 271 hechos conocidos frente a los 230 del año anterior— daba a conocer que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha advertido de que los derechos de los homosexuales se han convertido en moneda de cambio entre los “partidos conservadores” y ha acusado a PP y Ciudadanos de “hacer el juego a la ultraderecha para conseguir espacios de poder”.

“Desde el primer momento —seguía la información—, Vox ha tratado de acotar los derechos de los homosexuales. Su última iniciativa, en la Comunidad de Madrid, consiste en reclamar la anulación del plan integral sobre educación y diversidad y de los contenidos educativos que buscan evitar la comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. Los colectivos de homosexuales se han situado frente a Vox, y la celebración del Orgullo de este año ha generado fricciones derivadas de esta situación…”.

En el terreno de los derechos humanos, la inflexibilidad con VOX y con quienes secunden a esta organización en tales materias ha de ser directa y absoluta. Y las zonas más sensibles que hay que proteger son la cuestión LGTBI y la inmigración, en lo tocante a los derechos de quienes, con cualquier pasaporte, conviven con nosotros, y han de seguir haciéndolo en plano de rigurosa igualdad.

Frente a las violaciones de los derechos humanos, no puede haber tolerancia alguna (el debate sobre el alcance de la tolerancia es antiguo y no tiene sentido reproducirlo), por lo que hay que sentar la regla del cordón sanitario para excluir de la ceremonia política a quien pretenda atacar, por cualquier motivo, la dignidad y la integridad de un solo ser humano.

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Ante una legislatura de cuatro años

13 de junio de 2019

Hay que formar grandes mayorías, más allá de la investidura

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

En un escenario fragmentado en cinco organizaciones estatales, Pedro Sánchez ha conseguido una considerable minoría mayoritaria —123 escaños— que, sumados a los 42 de Unidas Podemos, ofrece una mayoría suficiente para gobernar más o menos apaciblemente y con notable estabilidad durante la legislatura. UP no está en condiciones de regatear este apoyo, ya que sería la segunda vez que Pablo Iglesias frustrase un gobierno progresista, y porque en su precariedad actual, unas nuevas elecciones reducirían todavía más la representación de UP, que había logrado 71 escaños en 2016 (ha caído por tanto 29).

En definitiva, el bloque de izquierdas PSOE+UP está formado por 165 diputados, a 11 de la mayoría absoluta. Con ese apoyo, Sánchez tiene fundamento para formar un gobierno estable, salvo imponderables. La cuestión es con quién, ya que en principio el PSOE preferiría no contar con los nacionalistas catalanes, es decir, con los 15 escaños de ERC-Sobiranistas, ni con los 7 de JxCAT. Tampoco con los 4 de EH Bildu, cuya abstención puede darse sin embargo por automática, dada su alergia a las opciones conservadoras.

Al margen de estas organizaciones, algunos de los once escaños que necesita Sánchez para la investidura, además de los procedentes de la suma PSE-UP, pueden obtenerse de las minorías: PNV (6), Compromis (1) y PRC (1). Muy difícil seria alcanzar los dos de CC (2), que no quiere saber nada de Podemos, y es imposible contar con los de Na+, coalición navarra de UPN con el PP y C’s. Con lo que si bien es complicada la investidura en primera vuelta, parece que será fácil de obtener en la segunda, cuando el bloque PP-C’s-VOX (146 escaños), que votará en contra, suscitará bien pocas adhesiones.

No hay, pues, razones objetivas para que el PSOE haya reclamado a sus antagonistas, PP y Ciudadanos, que le dejen gobernar y le presten su apoyo para dar estabilidad al futuro gobierno, que es capaz de estabilizarse solo. Tampoco parece necesario amedrentar a Podemos con la amenaza de elecciones, que le serían letales, porque Iglesias, aunque poco fiable, no tiene demasiado margen para la pirueta en este caso.

Además, dígase lo que se diga, el objetivo de esta legislatura es integrar la política catalana en la estatal, por lo que en algún momento habrá que contar con los 15 votos de ERC (menos previsible es lo que pueda pasar con el pospujolismo, cuya irreductibilidad dictada por el prófugo de Waterloo depende sobre todo de las negras expectativas personales del expresidente de la Generalidad, condenado a permanecer fuera de España o ingresar en prisión).

Habrá, en fin, gobierno, y para una legislatura continua de cuatro años, apenas con los hitos intermedios de las autonómicas catalanas, gallegas y vascas. Nunca se había abierto una oportunidad tal dilatada de forjar ciertos consensos que permitirían grandes pactos de Estado, sin repercusiones electorales que pudieran condicionarlos. Por ejemplo, un gran pacto educativo, la reforma a fondo y definitiva de las pensiones y del sistema de previsión en su totalidad para los próximos veinte años, un gran plan de infraestructuras que permitiera la culminación equilibrada de nuestras redes de transporte, un gran pacto de transición ecológica y de reforma energética, etc.

Es evidente que el PP habría de ser el principal invitado a semejante ceremonia, y de este modo la gran fuerza de centro derecha, hoy en sus horas más bajas de su historia, podría recuperar el papel y la prestancia. Analistas de peso sostienen que el viejo bipartidismo podría rehacerse si las grandes formaciones recuperaran la iniciativa y la capacidad de representación. PP y PSOE tienen, en fin, la gran oportunidad de volver a ser lo que fueron. Y más.

 

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La extraña inhibición de Ciudadanos

07 de junio de 2019

Alert RIvera , presidente e Ciudadanos y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE

Imagen de archivo de un apretón de manos de Pedro Sánchez y Albert Rivera. EFE

Los partidos “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” (art. 6 C.E.). El papel de las organizaciones políticas es, pues, defender un proyecto y dotarlo de todo el apoyo social posible para llevarlo al gobierno con el fin de hacerlo operativo. La tarea política esencial de un partido político es por lo tanto aspirar al poder para impulsar las propias ideas, efectuar las reformas que se consideren adecuadas, dirigir en definitiva a la Nación en una dirección determinada.

Por ello mismo, es antinatural que un partido político renuncie al poder pudiendo acceder a él, bien adueñándose íntegramente de sus resortes o participando en la formación del impulso gubernativo. No tiene, en fin, sentido que Ciudadanos, que podría implementar una parte relevante de su ideario a través de su participación en la acción de gobierno, renuncie a ello y opte por quedarse en la oposición y por fragilizar, de paso, con su inhibición la posición del partido que posee la minoría mayoritaria y que podría compartir el gobierno con él.

En unos términos parecidos a los del “pacto para un gobierno reformista y de progreso” que ya firmaron el PSOE y Ciudadanos en febrero de 2017, cuando intentaron investir a Pedro Sánchez y cerrar al paso a Rajoy, designio que no consiguieron por la negativa de Pablo Iglesias a abstenerse, con lo que provocó nuevas elecciones y facilito así la continuidad de Rajoy.

Dicho en otros términos, el votante de Ciudadanos, que se supone que apoyó al partido para ver cómo progresaban sus ideas liberales en las instituciones, ahora se encuentra con que el partido al que votó no quiere ni siquiera intentar conseguir una cuota relevante del poder ejecutivo, nadie sabe verdaderamente por qué (Ciudadanos y el PSOE son partidos contiguos, con muchas ideas comunes, como quedó de manifiesto en el referido documento).

Y además, ha de asistir atónito al hecho de que la inhibición de Ciudadanos arroja al PSOE a los brazos de Podemos, una organización radical que pondrá condiciones que a la clientela de C’s le parecerán sin duda indeseables. ¿Qué patriotismo es este que, por una rabieta mal digerida, frustra la posibilidad propia de influir y de gobernar, a la vez que empuja al partido contiguo, con el que existe franca familiaridad, a aliarse con terceros indeseables?

Ya se sabe que Albert Rivera adoptó su postura de dura confrontación con el PSOE porque quería convertirse en el líder de la derecha y sobrepasar a un PP en horas bajas. Pero es evidente que no lo ha conseguido, y los politólogos creen que este partido laico y relativista tampoco va a ser capaz en el futuro de seducir a la clientela natural del PP, partido conservador por antonomasia.

Y si las cosas son así, ¿qué sentido tiene que Albert Rivera siga enfrentado frontalmente al PSOE, si no se va a medir con él en los próximos cuatro años? ¿No sería más lógico adoptar una posición constructiva y cooperativa que persistir en esta animosidad que parece basarse más en móviles personales que políticos e ideológicos? Sería bueno que Albert Rivera se explicase porque, la verdad, muchos no entendemos esta cerrazón enrabietada.

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¿Vox, en el escaparate de Madrid?

28 de mayo de 2019

Vox

EFE

Si se utiliza el criterio valorativo de los bloques ideológicos, las derechas han ganado a las izquierdas en la comunidad y en el ayuntamiento de Madrid… siempre que las formaciones democráticas acepten participar en este contraste en que Vox resulta lavado y homologado como si se tratara de una formación política convencional. Pero ese automatismo, que chirría en los oídos de muchos electores, debería ser convenientemente revisado, y cernido en el harnero de la integridad democrática y del sentido común.

El ‘modelo andaluz’, que se camufló con el ropaje de que en realidad se trataba de un pacto PP-Ciudadanos que prosperaba y llegaba al poder gracias al simple absentismo de Vox, ya no funciona.  La realidad es que, aunque Vox ha tenido la cautela de ser parco en programas, de no acudir a las citas de la extrema derecha europea y de no hacer hincapié en los aspectos más controvertibles de su proyecto, su presencia ha sido saludada calurosamente por Le Pen y por Salvini, ya que la nueva organización se inscribe en su ideario y forma parte de su espacio solidario.

Así las cosas, la pretensión de PP y Ciudadanos de reproducir el ‘modelo andaluz’ en la capital del reino y en su comunidad autónoma, que ya ha sido auspiciada por Pablo Casado con la exhibición de sus respetos a Vox, que ya no sería una formación  de extrema derecha sino una organización a la derecha del PP, resultaría sencillamente escandalosa, y seguramente indigerible para las personalidades más prestigiosas de Ciudadanos, como Luis Garicano y Manuel Valls, cuya reputación quedaría mancillada si asistieran pasivamente al desafuero. Y, por supuesto, sería inaceptable para Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el grupo parlamentario europeo en que piensan integrarse los 7 europarlamentarios de Ciudadanos, encabezados por Luis Garicano, ilustre e ilustrado catedrático de la London School of Economics.

Las fórmulas para evitar este desaguisado son varias, y deberían ser las fuerzas políticas las que las propusieran y negociaran. La más obvia sería aquella que llevase al socialista Ángel Gabilondo, ganador en la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la autonomía, en un trueque que permitiera a Begoña Villacís alcanzar la alcaldía capitalina. Este ajuste, que podría o no complementarse con otros intercambios en otras comunidades autónomas y localidades, constituiría una fórmula moderada y elegante de resolver la complejidad de una consulta en que aparece por primera vez una formación fronteriza, que no puede ser aceptada acríticamente al conciliábulo democrático.

Recuérdese que Le Pen en Francia no tiene acceso a las instituciones en las que no posee mayoría absoluta porque las fuerzas democráticas se niegan a cualquier transacción o acuerdo con ella. No es una reserva española sino una prevención europea muy arraigada. Y Casado, apremiado por sus barones para que se afiance en la moderación, daría un paso de gigante hacia su consolidación en el liderazgo si aceptara este sacrificio.

Un acuerdo como el mencionado resultaría además pacificador porque, después de una interminable campaña electoral en la que se ha gritado en exceso y se han abierto heridas y agravios innecesarios, conviene instaurar cuanto antes la cultura de la negociación y el pacto. Demos, pues, el primer paso.

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La guerra de los impuestos

20 de mayo de 2019

Casado y Rivera insisten en que bajarán impuestos en comunidades y ayuntamientos en que gobiernen

Albert Rivera impuestos

Albert Rivera junto a la candidata al Congreso por Madrid, Sara Giménez | EFE

Es una puerilidad: el próximo gobierno español, socialdemócrata, ya ha manifestado que se propone recuperar los niveles de bienestar y equidad anteriores a la gran crisis 2008-2014, que ha producido un deterioro de los grandes servicios públicos, una caída espectacular de la inversión en educación, en sanidad y en infraestructuras, una asimetría salarial insoportable, una pobreza laboral crónica y un desempleo estructural, agravado en el sector de los jóvenes, que requiere costosas políticas activas para remitir.

Para conseguir estos objetivos, son necesarios recursos, ya que no es posible alcanzar estándares de calidad europeos con una política fiscal tercermundista. La presión fiscal sobre el PIB fue en 2018 del 34,5%, 6,9 puntos inferior a la media de la zona euro. Y quienes van a formar el nuevo gobierno han adelantado, con realismo para no deteriorar el crecimiento económico, que sigue notablemente por encima de los promedios comunitario y de la eurozona, que crearán nuevos impuestos —sobre las transacciones económicas y las grandes tecnológicas, además de los inconcretos todavía ‘impuestos verdes’—, que elevarán la tarifa de las rentas altas —con ingresos anuales de más de 150.000 euros— y fijarán un mínimo del 15% a la tarifa real del impuesto de sociedades a las grandes compañías.

¿Qué significan, en fin, la protesta de PP y C’s y su contraoferta de rebajar la presión fiscal para contrarrestar la subida estatal? Es de suponer que ningún gurú liberal de los que les asesoran se atreverá a defender todavía en público la falacia de la curva de Laffer, según la cual una bajada de determinado impuesto incrementa la recaudación. Y si lo que realmente se quiere es debilitar aún más el ‘estado mínimo’ actual, el mensaje que se lanza es inadmisible: se relega y se desprecia la mejora de los servicios públicos, cuya calidad es el fundamento de la existencia del ascensor social y la base de la igualdad de oportunidades en el origen, a cambio de mantener el objetivo abstracto de mejorar el crecimiento, aunque este esté gravemente desequilibrado.

Acaba de conocerse que Nueva Zelanda será el primer país del mundo con un presupuesto que se medirá no por el crecimiento económico (PIB) sino por el bienestar de su ciudadanía, con criterios que van desde la identidad cultural hasta el medioambiente, desde el acceso y calidad de la vivienda a los vínculos sociales, pasando por parámetros vinculados a la pobreza, la salud mental, las personas sin hogar, la rehabilitación de presos maoríes, etc. En otras palabras, hay quien ya considera una perversión alegar el crecimiento en valor absoluto para justificar la insuficiencia de los salarios o los recortes de la acción social.

Europa y las políticas públicas

Europa ha establecido un terreno de juego basado en la ortodoxia y la estabilidad presupuestarias, y en ese marco han de desenvolverse  las políticas públicas de todo los socios. Pero sin engaños. Porque, por ejemplo, las primeras medidas fiscales adoptadas en Andalucía tras el reciente cambio de mayoría son una irónica estafa a las clases medias: la desaparición del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando ya estaban exentas las herencias de hasta un millón de euros es sencillamente un regalo a los ricos, en una comunidad postrada en que ciertos indicadores de desigualdad son simplemente escandalosos.

No hay mucho margen para actuar sobre el sistema fiscal ya que la auténtica soberanía financiera, también en este asunto, está en Bruselas. Pero sí es posible influir positivamente para reducir la precariedad en el empleo, incrementar la productividad estructural (único medio para reducir para siempre el crónico desempleo estructural), fortalecer los servicios públicos y recuperar unas clases medias que se han proletarizado con la crisis, de la que desde luego no fueron responsables.

No se haga, pues, demagogia con el asunto, lo que no significa que haya que eludir la crítica, siempre legítima e incluso necesaria, pero que debería ejercerse desde la honradez intelectual y no sobre el más descarado populismo.

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Los soberanistas se ponen del lado de PP y Ciudadanos

16 de mayo de 2019

Miquel Iceta

Miquel Iceta | EFE

En los comicios del 28-A concurrían a las urnas dos visiones del conflicto catalán. Por un lado, los que pedían la aplicación del artículo 155 por tiempo indefinido; por otro, los que abrían sus propuestas al diálogo y a la negociación. Tanto PSOE como Unidas Podemos, aunque con matices, coincidían en la búsqueda de una salida a la crisis en el estricto marco constitucional.

Los votantes fueron claros. Las fuerzas progresistas se impusieron a las conservadoras con el margen suficiente como para que se inaugure un periodo de relativa estabilidad de cuatro años que debe ser aprovechado para recuperar todo el tiempo perdido y planear nuevos avances.

En el plano catalán, los posconvergentes, con siete diputados, han sido vencidos por Esquerra Republicana (15), una formación que parecía más dispuesta a aceptar el principio de legalidad democrática y resignarse a renunciar a la independencia imposible. Sería el primer paso tejer una relación creativa y fecunda entre las instituciones catalanas y las estatales.

Sin embargo, el soberanismo de ERC ha terminado por traicionar su propio relato y les ha movido a posicionarse en contra de la designación de un catalán autonomista de crédito al frente del Senado. Este gesto supone la negativa de ERC a la invitación al diálogo formulada por Pedro Sánchez. Junqueras ha demostrado ser un político cobarde y frágil.

Ahora, la situación es la que sigue: los soberanistas que han impedido que Iceta fuese nombrado senador por representación de la autonomía catalana han compartido alegría con el PP y Ciudadanos, los mismos que siguen defendiendo la imposición de un 155 indefinido y que tienen como socios a los que piden la recentralización de España. El mismo Parlament que aprobó normas inconstitucionales vuelve a ser utilizado en contra de aquellos que quieren reconducir la situación. Los que creemos en la democracia no podemos renunciar a la idea de que cualquier diferencia política tiene que tener una solución incruenta.

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