Acampada en la Plaza Universidad | ADRIÀ MARTÍ
La Universidad Pompeu Fabra quedó el martes paralizada tras la declaración de “huelga indefinida” por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, que consiguió reunir a un piquete de 143 alumnos que se atrincheró en tres campus de la referida institución pública, en la que hay más de 15.000 alumnos. En el resto de las universidades, la huelga ni se notó, por lo que probablemente la presidenta de la ANC, Paluzie, no habrá quedado satisfecha del todo, puesto que en esta ocasión los disturbios no deben haber traspasado mediáticamente las fronteras. Tampoco hubo incendios ni disparos.
El rector de la UPF, Jaume Casals, fue elogiado este miércoles por la prensa catalana ya que señaló que era injustificable la ocupación de la universidad por el reducido piquete de un sindicato que vanamente se arroga la representación del pueblo catalán para interrumpir la actividad académica. Sin embargo, ese mismo rector, que se pasó la jornada pidiendo prudencia, cedía ante la pretensión principal de los revoltosos, que en realidad sólo se representaban a sí mismos: en lugar de mantener el sistema de evaluación continua, se declara una especie de estado de excepción en virtud del cual sólo se celebrarán exámenes, de forma que los estudiantes puedan compatibilizar sus estudios con la patriótica obligación de organizar las algaradas que juzguen convenientes.
Esta blandura de la autoridad académica de la Pompeu Fabra se corresponde perfectamente con el manifiesto que el 21 de octubre aprobó y publicó la Universidad Autónoma de Barcelona, que este miércoles era glosado en un artículo por una profesora de Ciencia Política de dicha institución, Margarita León. El manifiesto acusa “al Estado de haber forzado el ordenamiento jurídico, condena la violencia policial, reclama la puesta en libertad de presos políticos y reivindica el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán”.
El panfleto obtuvo en el órgano de gobierno universitario 111 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones, y fue adoptado por la mayoría de las universidades públicas catalanas, alguna de las cuales añadió párrafos para endurecer la disidencia. Lo cierto es que la convocatoria de huelga general sólo ha surtido algún efecto allá donde un piquete ha impuesto el criterio de la minoría.
Ha habido otras voces universitarias, muy dignas, de protesta por la pretensión del soberanismo de utilizar la Universidad políticamente, como rehén de una opción política que ni siquiera puede alardear de poseer mayoría social (si la poseyera, tampoco se justificaría tal enajenación), pero en general hay que afirmar con rotundidad que la Universidad, sede de la inteligencia y por ello mismo alejada de los fanatismos y las verdades absolutas, no ha estado a la altura de las circunstancias en esta ocasión.
El ‘procés’ no es un proceso político racional sino un movimiento pasional y dogmático que podría ser debatido, pero no adoptado ciegamente por el mundo académico. El discurso de Torra, teñido de intolerancia, lleno de dicterios, cargado de odio y con pinceladas etnicistas, no puede ser el de la Universidad catalana. Y por ello choca que no haya habido una separación más clara entre el nacionalismo enfermizo y el lugar donde se supone que reside el famoso seny de los catalanes.