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¿Vox, en el escaparate de Madrid?

Vox

EFE

Si se utiliza el criterio valorativo de los bloques ideológicos, las derechas han ganado a las izquierdas en la comunidad y en el ayuntamiento de Madrid… siempre que las formaciones democráticas acepten participar en este contraste en que Vox resulta lavado y homologado como si se tratara de una formación política convencional. Pero ese automatismo, que chirría en los oídos de muchos electores, debería ser convenientemente revisado, y cernido en el harnero de la integridad democrática y del sentido común.

El ‘modelo andaluz’, que se camufló con el ropaje de que en realidad se trataba de un pacto PP-Ciudadanos que prosperaba y llegaba al poder gracias al simple absentismo de Vox, ya no funciona.  La realidad es que, aunque Vox ha tenido la cautela de ser parco en programas, de no acudir a las citas de la extrema derecha europea y de no hacer hincapié en los aspectos más controvertibles de su proyecto, su presencia ha sido saludada calurosamente por Le Pen y por Salvini, ya que la nueva organización se inscribe en su ideario y forma parte de su espacio solidario.

Así las cosas, la pretensión de PP y Ciudadanos de reproducir el ‘modelo andaluz’ en la capital del reino y en su comunidad autónoma, que ya ha sido auspiciada por Pablo Casado con la exhibición de sus respetos a Vox, que ya no sería una formación  de extrema derecha sino una organización a la derecha del PP, resultaría sencillamente escandalosa, y seguramente indigerible para las personalidades más prestigiosas de Ciudadanos, como Luis Garicano y Manuel Valls, cuya reputación quedaría mancillada si asistieran pasivamente al desafuero. Y, por supuesto, sería inaceptable para Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el grupo parlamentario europeo en que piensan integrarse los 7 europarlamentarios de Ciudadanos, encabezados por Luis Garicano, ilustre e ilustrado catedrático de la London School of Economics.

Las fórmulas para evitar este desaguisado son varias, y deberían ser las fuerzas políticas las que las propusieran y negociaran. La más obvia sería aquella que llevase al socialista Ángel Gabilondo, ganador en la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la autonomía, en un trueque que permitiera a Begoña Villacís alcanzar la alcaldía capitalina. Este ajuste, que podría o no complementarse con otros intercambios en otras comunidades autónomas y localidades, constituiría una fórmula moderada y elegante de resolver la complejidad de una consulta en que aparece por primera vez una formación fronteriza, que no puede ser aceptada acríticamente al conciliábulo democrático.

Recuérdese que Le Pen en Francia no tiene acceso a las instituciones en las que no posee mayoría absoluta porque las fuerzas democráticas se niegan a cualquier transacción o acuerdo con ella. No es una reserva española sino una prevención europea muy arraigada. Y Casado, apremiado por sus barones para que se afiance en la moderación, daría un paso de gigante hacia su consolidación en el liderazgo si aceptara este sacrificio.

Un acuerdo como el mencionado resultaría además pacificador porque, después de una interminable campaña electoral en la que se ha gritado en exceso y se han abierto heridas y agravios innecesarios, conviene instaurar cuanto antes la cultura de la negociación y el pacto. Demos, pues, el primer paso.

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La guerra de los impuestos

Casado y Rivera insisten en que bajarán impuestos en comunidades y ayuntamientos en que gobiernen

Albert Rivera impuestos

Albert Rivera junto a la candidata al Congreso por Madrid, Sara Giménez | EFE

Es una puerilidad: el próximo gobierno español, socialdemócrata, ya ha manifestado que se propone recuperar los niveles de bienestar y equidad anteriores a la gran crisis 2008-2014, que ha producido un deterioro de los grandes servicios públicos, una caída espectacular de la inversión en educación, en sanidad y en infraestructuras, una asimetría salarial insoportable, una pobreza laboral crónica y un desempleo estructural, agravado en el sector de los jóvenes, que requiere costosas políticas activas para remitir.

Para conseguir estos objetivos, son necesarios recursos, ya que no es posible alcanzar estándares de calidad europeos con una política fiscal tercermundista. La presión fiscal sobre el PIB fue en 2018 del 34,5%, 6,9 puntos inferior a la media de la zona euro. Y quienes van a formar el nuevo gobierno han adelantado, con realismo para no deteriorar el crecimiento económico, que sigue notablemente por encima de los promedios comunitario y de la eurozona, que crearán nuevos impuestos —sobre las transacciones económicas y las grandes tecnológicas, además de los inconcretos todavía ‘impuestos verdes’—, que elevarán la tarifa de las rentas altas —con ingresos anuales de más de 150.000 euros— y fijarán un mínimo del 15% a la tarifa real del impuesto de sociedades a las grandes compañías.

¿Qué significan, en fin, la protesta de PP y C’s y su contraoferta de rebajar la presión fiscal para contrarrestar la subida estatal? Es de suponer que ningún gurú liberal de los que les asesoran se atreverá a defender todavía en público la falacia de la curva de Laffer, según la cual una bajada de determinado impuesto incrementa la recaudación. Y si lo que realmente se quiere es debilitar aún más el ‘estado mínimo’ actual, el mensaje que se lanza es inadmisible: se relega y se desprecia la mejora de los servicios públicos, cuya calidad es el fundamento de la existencia del ascensor social y la base de la igualdad de oportunidades en el origen, a cambio de mantener el objetivo abstracto de mejorar el crecimiento, aunque este esté gravemente desequilibrado.

Acaba de conocerse que Nueva Zelanda será el primer país del mundo con un presupuesto que se medirá no por el crecimiento económico (PIB) sino por el bienestar de su ciudadanía, con criterios que van desde la identidad cultural hasta el medioambiente, desde el acceso y calidad de la vivienda a los vínculos sociales, pasando por parámetros vinculados a la pobreza, la salud mental, las personas sin hogar, la rehabilitación de presos maoríes, etc. En otras palabras, hay quien ya considera una perversión alegar el crecimiento en valor absoluto para justificar la insuficiencia de los salarios o los recortes de la acción social.

Europa y las políticas públicas

Europa ha establecido un terreno de juego basado en la ortodoxia y la estabilidad presupuestarias, y en ese marco han de desenvolverse  las políticas públicas de todo los socios. Pero sin engaños. Porque, por ejemplo, las primeras medidas fiscales adoptadas en Andalucía tras el reciente cambio de mayoría son una irónica estafa a las clases medias: la desaparición del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando ya estaban exentas las herencias de hasta un millón de euros es sencillamente un regalo a los ricos, en una comunidad postrada en que ciertos indicadores de desigualdad son simplemente escandalosos.

No hay mucho margen para actuar sobre el sistema fiscal ya que la auténtica soberanía financiera, también en este asunto, está en Bruselas. Pero sí es posible influir positivamente para reducir la precariedad en el empleo, incrementar la productividad estructural (único medio para reducir para siempre el crónico desempleo estructural), fortalecer los servicios públicos y recuperar unas clases medias que se han proletarizado con la crisis, de la que desde luego no fueron responsables.

No se haga, pues, demagogia con el asunto, lo que no significa que haya que eludir la crítica, siempre legítima e incluso necesaria, pero que debería ejercerse desde la honradez intelectual y no sobre el más descarado populismo.

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