Archivo de julio, 2019

‘Caso Villarejo’: entre el asombro y la indignación

BBVA Villarejo

Sede del BBVA. JORGE PARÍS

Toda la podredumbre que aflora en torno al BBVA, una institución que según un cúmulo de indicios recurrió durante varios lustros a los servicios inconfesables del comisario Villarejo –el gran ‘conseguidor’ a través de sus empresas incrustadas en los sótanos del Estado-, no es sino la novena “pieza separada” del “caso Villarejo”, reunido en un gigantesco sumario al que se han aportado más de 400 ‘carpetas’ incautadas al principal inculpado, y que están siendo actualmente desencriptadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad  (Incibe), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

Según se ha hecho público –el sumario está todavía bajo secreto-, el BBVA de Francisco González contrató a Cenyt, una mercantil de Villarejo, para contrarrestar por cualquier medio los intentos de una opa hostil de Sacyr en 2004-2005, mediante técnicas de espionaje y juego sucio. Según los medios, Villarejo habría trabajado presuntamente para el banco 13 años a cambio de unos 10 millones de euros.

Pero el ‘caso Villarejo’ es variopinto, y hay ya en él unos cincuenta imputados, gran parte de ellos por colaborar en las tramas parapoliciales de este comisario que estuvo en excedencia entre 1983 y 1993 y que, cuando regresó a la situación activa, fue ubicado en puestos clave de la cúpula policial, prestando a lo que parece ‘servicios especiales’ que compaginaba con sus propios negocios detectivescos y en materia de seguridad. Villarejo realizó además miles de grabaciones clandestinas de sus interlocutores, que ha ido dosificando desde prisión con el fin poco realista de forzar su libertad, con las que ha contaminado la vida pública española al poner en la picota, con razón o sin ella, a infinidad de personalidades y ‘clientes’.

Eficacia de la Audiencia Nacional

La investigación judicial va despacio pero muestra la inexorabilidad de la propia Justicia, por lo que en este sentido hay que elogiar el arrojo y la eficacia de la Audiencia Nacional. Pero en el terreno político hay mucho que aclarar todavía porque resulta inconcebible que un personaje como Villarejo, junto a un grupo de colaboradores (varios de ellos agentes policiales también) creara ese universo paralelo de corrupción y prácticas mafiosas, a la vista de todos y cerca de los sucesivos directores generales de la Policía.

Entre 1993 y la caída en desgracia de Villarejo en Interior en 2015, se han sucedido los siguientes ministros: Antoni Asunción, Juan Alberto Belloch, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, José Antonio Alonso, Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz… Y ninguno de ellos fue capaz de percatarse de lo que estaba sucediendo muy cerca de su despacho oficial.  ¿Qué clase de control político se ha ejercido sobre las fuerzas policiales durante este periodo? ¿Qué otras mafias pueden haberse desarrollado impunemente durante tan dilatado periodo de tiempo? ¿Estamos hoy seguros de que el Estado de Derecho impera en el ámbito de nuestras fuerzas de seguridad?

Una vez más, el régimen constitucional tiene que ser rescatado y restituido por el Poder Judicial tras el fracaso de los otros poderes del Estado. Se dirá que este papel de ‘ultima ratio’ es el que le corresponde a la Justicia. Pero muchos pensamos que  algunas gangrenas deberían detectarse antes de la cirugía.

Hay que evitar nuevas elecciones

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

Las últimas elecciones generales de abril arrojaron un resultado complejo pero inteligible: las dos formaciones estatales de izquierdas, PSOE y Unidas Podemos, suman 165 escaños, un apoyo superior al que dispusieron en alguna legislatura Felipe González, Aznar y Zapatero cuando encabezaron el gobierno de la Nación. Tanto el PNV como ERC han asegurado que facilitarán la investidura de Sánchez, por lo que el único elemento decisivo en la segunda votación es el acuerdo efectivo entre PSOE y UP que asegure el voto afirmativo de las gentes capitaneadas por Pablo Iglesias, que recibirán a cambio una parcela de poder.

No existe en España tradición pactista, y mucho menos de gobiernos de coalición en el ámbito estatal (no ha habido ninguno hasta ahora), y es proverbial  la aversión histórica que se profesan socialistas y comunistas (ha llovido mucho desde que la Internacional Comunista definió en 1928 la socialdemocracia como “ala izquierda del fascismo” y enemigo principal de comunismo). En la práctica, González nunca se llevó bien ni con Carrillo ni mucho menos con Anguita…

Pero los tiempos han cambiado, Unidas Podemos es una formación moderna aunque incluya todavía al PCE en su seno, e Iglesias hizo alarde de impecable constitucionalismo  en los debates preelectorales de TVE moderados por Xabier Fortes. Y finalmente, Iglesias ha entendido esta inercia histórica y se ha echado a un lado para evitar las dificultades que hubiera acarreado su presencia en el Ejecutivo (una personalidad fuerte como la suya difícilmente hubiera encajado en el papel secundario que las propias urnas le reservaban).

Todo depende de la voluntad de las partes

Así las cosas, la posibilidad de la coalición sólo depende de la voluntad política de las partes, porque, que se sepa, no hay obstáculos ideológicos que se interpongan. Es oportuno recordar que PSOE y UP pactaron los presupuestos de 2019 cuya no aprobación por la Cámara Baja dio lugar a la anticipación electoral. Tanto es así, tan evidente resulta que el fracaso de la negociación se debería al empecinamiento de unos políticos obstinados y no a obstáculos reales, que toda la izquierda se irritaría extraordinariamente, y con razón, si el proceso negociador fracasase.

Si el PSOE y UP lanzasen a este país a unas nuevas elecciones en noviembre, postergando hasta entonces todos los muchos asuntos pendientes de este país (que lleva casi cuatro años de parálisis e inestabilidad), se encontrarían probablemente con una airada desmovilización de sus clientelas,  que podrían emitir un serio voto de castigo o quedarse sencillamente en casa. Nadie se sorprendería de que si la izquierda fracasa en la formación de un gobierno cuando tiene clara ocasión de hacerlo, el electorado decida dar la oportunidad a la derecha.

El relato de lo que ha sucedido en este país desde las elecciones de diciembre de 2015 hasta hoy no es muy estimulante ni deja en muy buen lugar al establishment político. Por ello sería una temeridad proseguir la sinrazón representada hasta ahora y continuar jugando con las querencias y sensibilidades de la ciudadanía. En definitiva, lanzar España a unas nuevas elecciones generales cuando es posible abrir un horizonte de estabilidad y cordura sería un verdadero delito de lesa patria.

¿Dará Unidas Podemos de nuevo el poder a la derecha?

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el palacio de la Moncloa . Zipi / EFE

Solo quien haya perdido el sentido de la orientación puede imaginar que Pedro Sánchez se avendrá a formar con Unidas Podemos una coalición en la que Pablo Iglesias ocupe la vicepresidencia del Gobierno y se produzca un reparto de carteras proporcional al número de escaños (42 UP, 123 el PSOE). Las razones son obvias, pero no está de más mencionar algunas: en primer lugar, porque existen grandes discrepancias de índole política como la relativa a Cataluña: el hecho de que Iglesias asegure que estará en este asunto a lo que diga el PSOE no quita la evidencia de que el partido UP haya recurrido ante el Constitucional la aplicación del 155 CE (con un recurso rechazado, por cierto, por el alto tribunal), se haya mostrado partidario de reconocer el ‘derecho a  decidir’ –esto es, el derecho de autodeterminación- y denomine habitualmente ‘presos políticos’ y ‘exiliados’ a los soberanistas en prisión preventiva o huidos de la Justicia tras el 1-O.

En segundo lugar, Unidas Podemos y el PSOE, como IU y el PSOE en los últimos cuarenta años (podríamos remontarnos más atrás si fuera necesario), mantienen diferencias relacionadas con el modelo de sociedad y de país, con la particularidad de que es el socialismo el que cabe perfectamente en el marco europeo. Hay infinidad de ejemplos pero quizá el más vistoso es el referente a Bankia: UP propone que el banco nacionalizado para su rescate no sea vendido sino que se convierta en el primer eslabón de una banca pública, peregrina idea que no sería ni siquiera entendida en Bruselas.

Acuerdos y desacuerdos

Entre la socialdemocracia y la izquierda poscomunista cabe, como se ha visto en Portugal, un acuerdo programático profundo ya que, efectivamente, hay muchas coincidencias junto a las numerosas discrepancias. Si lo que busca UP es que progresen algunas de sus tesis tendentes a impulsar la solidaridad, la igualdad, la mejor redistribución, la mejora salarial, la igualdad de género en todos sentidos, la mejora del sistema público de pensiones, de la educación y de la sanidad públicas, etc., puede firmarse un amplísimo acuerdo que sin duda satisfaría a ambas partes. En cambio, si lo que quiere Iglesias es detener la sangría que sufre su partido (y evitar la que se producirá cuando Errejón constituye su “Más País” en todo el Estado) por el procedimiento de investirse de autoridad y de relumbrón en cargos de gran altura, no encontrará receptividad al otro lado.

La falta de cooperación de IU  a la construcción de la izquierda es proverbial. González y Zapatero tuvieron que recurrir al nacionalismo moderado catalán y vasco para estabilizar sus gobiernos en minoría, y Anguita, cuando pudo, se complació formando la pinza con Aznar contra el PSOE en Andalucía… Iglesias, por su parte, ya negó una vez el voto al PSOE en 2016, cuando Pedro Sánchez pudo llegar a la presidencia del Gobierno tras su pacto con Ciudadanos, lo que le permitió a Rajoy sobrevivir un tiempo más políticamente…

Nuevas elecciones, un regalo para la derecha

Así las cosas, unas nuevas elecciones parecen inevitables. Y aunque supongan la destrucción material de UP, no sería extraño que fuesen también un regalo para la derecha, que explotará lógicamente la desmovilización del electorado progresista ante la incapacidad de la izquierda para ofrecer una opción viable, y que tomará previsiblemente un conjunto de decisiones y medidas necesarias de integración para no verse de nuevo debilitada por el fraccionamiento de la oferta.

Esta es la expectativa que Iglesias ha sembrado con su apelación desleal a las bases a través de un plebiscito que es un insulto a la inteligencia, y que cierra muy probablemente todas las vías de entendimiento con el PSOE, lógicamente indignado por esta jugarreta pueril.

El ‘cordón sanitario’ en Europa y en España

Matteo Salvini y Marine Le Pen

Salvini y Le Pen. EFE.

Tras las elecciones europeas recién celebradas, los grupos parlamentarios popular, socialista, liberal y verde —los cuatro principales del Parlamento Europeo- han acordado ya un cordón sanitario que impide al grupo político Identidad y Democracia (ID), formado  por los partidos de Matteo Salvini (Liga) y Le Pen (Ressemblement  National), obtener la presidencia de sendas comisiones de la Eurocámara que uno y otro ambicionan  y, en general, para evitar que estas formaciones de extrema derecha consigan influir en el funcionamiento de la cámara europea, teórica residencia de la soberanía del Viejo Continente.

Lo curioso del caso es que el Grupo Popular del Parlamento Europeo del que es vicepresidente el popular español Esteban González Pons mantiene una beligerancia activa en este asunto. Y el político español está a la cabeza de los partidarios de la exclusión, según se desprende de sus propias declaraciones: “Estaríamos locos —ha dicho textualmente—  si permitiéramos que dirigieran las instituciones quienes quieren desintegrar la Unión Europea”.

De momento, VOX no ha sido objeto de aislamiento en el marco europeo ya que, tras sopesar las diferentes ofertas de encuadramiento, se ha incorporado al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), del polaco Jaroslaw Kaczynski; sin embargo, fuentes internas del Parlamento Europeo han asegurado que, en este caso y en el futuro, las organizaciones integrantes serán tratadas según cuál sea su posición real en el día a día. Y todo indica que los grupos parlamentarios están observando con atención cuál es la conducta de VOX en España para actuar en consecuencia.

Las exigencias de la ultraderecha

De momento, va siendo conocido que las exigencias que la formación de Abascal plantea para prestar su apoyo a las fuerzas conservadoras en las comunidades autónomas tratan de limitar los derechos LGTBI, pretenden recortar las medidas humanitarias de atención a la inmigración, ven con desagrado las políticas de género en defensa de la integridad de la mujer y de su integración en plena igualdad, etc. Asuntos muy sensibles que en el Parlamento Europeo no serían asumidos en absoluto.

En definitiva, va a ser muy difícil de entender que el Partido Popular y Ciudadanos participen con ímpetu en el cordón sanitario contra la extrema derecha en Europa –una práctica que se desarrolla desde hace décadas en algunos países como Francia- y se entiendan a las mil maravillas en España con las mismas formaciones que han sido anatematizadas en Bruselas. A medio plazo, la paradoja no será sostenible, y o bien VOX cede en sus pretensiones y se convierte en algo así como una derecha ‘dura’ susceptible de reingresar en el PP, o su relación con la derecha democrática resultará perturbadora para ambas partes.

No hay que llamarse a engaño a este respecto: la canciller Merkel, que aunque está de salida sigue representando los valores genuinos de la derecha democrática europea, está manteniendo con estricto rigor en todas las elecciones regionales y locales el  cordón sanitario frente a Alternativa para Alemania (AfD), que es la versión alemana actual del populismo de extrema derecha. En un asunto tan central, no puede haber medias tintas ni componendas. Y así deberían verlo quienes pronto serán conminados a tomar partido y a hacer definiciones.

Intangibles derechos humanos

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York)

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York). Porter Binks / EFE

España es uno de los países más adelantados en la defensa de los denominados derechos LGTBI, es decir, del derecho de quienes pertenecen a colectivos con tendencias sexuales minoritarias al reconocimiento, al respeto de sus preferencias y a la plena integración social. Aquí, donde una inicua Ley de Vagos y Maleantes adaptada por el régimen anterior a la persecución de toda clase de heterodoxos, sustituida en 1970 por la no menos autoritaria Ley de Peligrosidad  y Rehabilitación Social, la democracia suscitó un gran viraje y se aprobó en 2005 la reforma del Código Civil que permitía el matrimonio entre homosexuales; desde entonces, se ha desarrollado una vasta normativa de protección  de las minorías que nos sitúa en cabeza de Europa y del mundo.

Por otra parte, los derechos del colectivo LGTBI son ya considerados derechos humanos por Amnistía Internacional y por Human Right Watch, por lo que lo lógico es que tales derechos específicos –básicamente, pero no únicamente, el de matrimonio y adopción por parejas homoparentales– sean constitucionalizados paulatinamente por los distintos estados democráticos. Y también conviene especificar, en sentido contrario, que no resultaría tolerable retroceso alguno en el reconocimiento de tales derechos a causa de cambios de mayoría política en los regímenes democráticos.

PP y C’s le hacen el juego a la ultraderecha

Viene esto a cuento de que VOX ha formulado propuestas inaceptables sobre esta delicada cuestión. Una información reciente de Colpisa que mostraba la existencia de un repunte en los delitos de odio —en 2017 se registraron 271 hechos conocidos frente a los 230 del año anterior— daba a conocer que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha advertido de que los derechos de los homosexuales se han convertido en moneda de cambio entre los “partidos conservadores” y ha acusado a PP y Ciudadanos de “hacer el juego a la ultraderecha para conseguir espacios de poder”.

“Desde el primer momento —seguía la información—, Vox ha tratado de acotar los derechos de los homosexuales. Su última iniciativa, en la Comunidad de Madrid, consiste en reclamar la anulación del plan integral sobre educación y diversidad y de los contenidos educativos que buscan evitar la comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. Los colectivos de homosexuales se han situado frente a Vox, y la celebración del Orgullo de este año ha generado fricciones derivadas de esta situación…”.

En el terreno de los derechos humanos, la inflexibilidad con VOX y con quienes secunden a esta organización en tales materias ha de ser directa y absoluta. Y las zonas más sensibles que hay que proteger son la cuestión LGTBI y la inmigración, en lo tocante a los derechos de quienes, con cualquier pasaporte, conviven con nosotros, y han de seguir haciéndolo en plano de rigurosa igualdad.

Frente a las violaciones de los derechos humanos, no puede haber tolerancia alguna (el debate sobre el alcance de la tolerancia es antiguo y no tiene sentido reproducirlo), por lo que hay que sentar la regla del cordón sanitario para excluir de la ceremonia política a quien pretenda atacar, por cualquier motivo, la dignidad y la integridad de un solo ser humano.

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