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Intangibles derechos humanos

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York)

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York). Porter Binks / EFE

España es uno de los países más adelantados en la defensa de los denominados derechos LGTBI, es decir, del derecho de quienes pertenecen a colectivos con tendencias sexuales minoritarias al reconocimiento, al respeto de sus preferencias y a la plena integración social. Aquí, donde una inicua Ley de Vagos y Maleantes adaptada por el régimen anterior a la persecución de toda clase de heterodoxos, sustituida en 1970 por la no menos autoritaria Ley de Peligrosidad  y Rehabilitación Social, la democracia suscitó un gran viraje y se aprobó en 2005 la reforma del Código Civil que permitía el matrimonio entre homosexuales; desde entonces, se ha desarrollado una vasta normativa de protección  de las minorías que nos sitúa en cabeza de Europa y del mundo.

Por otra parte, los derechos del colectivo LGTBI son ya considerados derechos humanos por Amnistía Internacional y por Human Right Watch, por lo que lo lógico es que tales derechos específicos –básicamente, pero no únicamente, el de matrimonio y adopción por parejas homoparentales– sean constitucionalizados paulatinamente por los distintos estados democráticos. Y también conviene especificar, en sentido contrario, que no resultaría tolerable retroceso alguno en el reconocimiento de tales derechos a causa de cambios de mayoría política en los regímenes democráticos.

PP y C’s le hacen el juego a la ultraderecha

Viene esto a cuento de que VOX ha formulado propuestas inaceptables sobre esta delicada cuestión. Una información reciente de Colpisa que mostraba la existencia de un repunte en los delitos de odio —en 2017 se registraron 271 hechos conocidos frente a los 230 del año anterior— daba a conocer que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha advertido de que los derechos de los homosexuales se han convertido en moneda de cambio entre los “partidos conservadores” y ha acusado a PP y Ciudadanos de “hacer el juego a la ultraderecha para conseguir espacios de poder”.

“Desde el primer momento —seguía la información—, Vox ha tratado de acotar los derechos de los homosexuales. Su última iniciativa, en la Comunidad de Madrid, consiste en reclamar la anulación del plan integral sobre educación y diversidad y de los contenidos educativos que buscan evitar la comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. Los colectivos de homosexuales se han situado frente a Vox, y la celebración del Orgullo de este año ha generado fricciones derivadas de esta situación…”.

En el terreno de los derechos humanos, la inflexibilidad con VOX y con quienes secunden a esta organización en tales materias ha de ser directa y absoluta. Y las zonas más sensibles que hay que proteger son la cuestión LGTBI y la inmigración, en lo tocante a los derechos de quienes, con cualquier pasaporte, conviven con nosotros, y han de seguir haciéndolo en plano de rigurosa igualdad.

Frente a las violaciones de los derechos humanos, no puede haber tolerancia alguna (el debate sobre el alcance de la tolerancia es antiguo y no tiene sentido reproducirlo), por lo que hay que sentar la regla del cordón sanitario para excluir de la ceremonia política a quien pretenda atacar, por cualquier motivo, la dignidad y la integridad de un solo ser humano.

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