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El ‘cordón sanitario’ en Europa y en España

Matteo Salvini y Marine Le Pen

Salvini y Le Pen. EFE.

Tras las elecciones europeas recién celebradas, los grupos parlamentarios popular, socialista, liberal y verde —los cuatro principales del Parlamento Europeo- han acordado ya un cordón sanitario que impide al grupo político Identidad y Democracia (ID), formado  por los partidos de Matteo Salvini (Liga) y Le Pen (Ressemblement  National), obtener la presidencia de sendas comisiones de la Eurocámara que uno y otro ambicionan  y, en general, para evitar que estas formaciones de extrema derecha consigan influir en el funcionamiento de la cámara europea, teórica residencia de la soberanía del Viejo Continente.

Lo curioso del caso es que el Grupo Popular del Parlamento Europeo del que es vicepresidente el popular español Esteban González Pons mantiene una beligerancia activa en este asunto. Y el político español está a la cabeza de los partidarios de la exclusión, según se desprende de sus propias declaraciones: “Estaríamos locos —ha dicho textualmente—  si permitiéramos que dirigieran las instituciones quienes quieren desintegrar la Unión Europea”.

De momento, VOX no ha sido objeto de aislamiento en el marco europeo ya que, tras sopesar las diferentes ofertas de encuadramiento, se ha incorporado al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), del polaco Jaroslaw Kaczynski; sin embargo, fuentes internas del Parlamento Europeo han asegurado que, en este caso y en el futuro, las organizaciones integrantes serán tratadas según cuál sea su posición real en el día a día. Y todo indica que los grupos parlamentarios están observando con atención cuál es la conducta de VOX en España para actuar en consecuencia.

Las exigencias de la ultraderecha

De momento, va siendo conocido que las exigencias que la formación de Abascal plantea para prestar su apoyo a las fuerzas conservadoras en las comunidades autónomas tratan de limitar los derechos LGTBI, pretenden recortar las medidas humanitarias de atención a la inmigración, ven con desagrado las políticas de género en defensa de la integridad de la mujer y de su integración en plena igualdad, etc. Asuntos muy sensibles que en el Parlamento Europeo no serían asumidos en absoluto.

En definitiva, va a ser muy difícil de entender que el Partido Popular y Ciudadanos participen con ímpetu en el cordón sanitario contra la extrema derecha en Europa –una práctica que se desarrolla desde hace décadas en algunos países como Francia- y se entiendan a las mil maravillas en España con las mismas formaciones que han sido anatematizadas en Bruselas. A medio plazo, la paradoja no será sostenible, y o bien VOX cede en sus pretensiones y se convierte en algo así como una derecha ‘dura’ susceptible de reingresar en el PP, o su relación con la derecha democrática resultará perturbadora para ambas partes.

No hay que llamarse a engaño a este respecto: la canciller Merkel, que aunque está de salida sigue representando los valores genuinos de la derecha democrática europea, está manteniendo con estricto rigor en todas las elecciones regionales y locales el  cordón sanitario frente a Alternativa para Alemania (AfD), que es la versión alemana actual del populismo de extrema derecha. En un asunto tan central, no puede haber medias tintas ni componendas. Y así deberían verlo quienes pronto serán conminados a tomar partido y a hacer definiciones.

Intangibles derechos humanos

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York)

Marcha del Orgullo durante el WorldPride, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York). Porter Binks / EFE

España es uno de los países más adelantados en la defensa de los denominados derechos LGTBI, es decir, del derecho de quienes pertenecen a colectivos con tendencias sexuales minoritarias al reconocimiento, al respeto de sus preferencias y a la plena integración social. Aquí, donde una inicua Ley de Vagos y Maleantes adaptada por el régimen anterior a la persecución de toda clase de heterodoxos, sustituida en 1970 por la no menos autoritaria Ley de Peligrosidad  y Rehabilitación Social, la democracia suscitó un gran viraje y se aprobó en 2005 la reforma del Código Civil que permitía el matrimonio entre homosexuales; desde entonces, se ha desarrollado una vasta normativa de protección  de las minorías que nos sitúa en cabeza de Europa y del mundo.

Por otra parte, los derechos del colectivo LGTBI son ya considerados derechos humanos por Amnistía Internacional y por Human Right Watch, por lo que lo lógico es que tales derechos específicos –básicamente, pero no únicamente, el de matrimonio y adopción por parejas homoparentales– sean constitucionalizados paulatinamente por los distintos estados democráticos. Y también conviene especificar, en sentido contrario, que no resultaría tolerable retroceso alguno en el reconocimiento de tales derechos a causa de cambios de mayoría política en los regímenes democráticos.

PP y C’s le hacen el juego a la ultraderecha

Viene esto a cuento de que VOX ha formulado propuestas inaceptables sobre esta delicada cuestión. Una información reciente de Colpisa que mostraba la existencia de un repunte en los delitos de odio —en 2017 se registraron 271 hechos conocidos frente a los 230 del año anterior— daba a conocer que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha advertido de que los derechos de los homosexuales se han convertido en moneda de cambio entre los “partidos conservadores” y ha acusado a PP y Ciudadanos de “hacer el juego a la ultraderecha para conseguir espacios de poder”.

“Desde el primer momento —seguía la información—, Vox ha tratado de acotar los derechos de los homosexuales. Su última iniciativa, en la Comunidad de Madrid, consiste en reclamar la anulación del plan integral sobre educación y diversidad y de los contenidos educativos que buscan evitar la comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. Los colectivos de homosexuales se han situado frente a Vox, y la celebración del Orgullo de este año ha generado fricciones derivadas de esta situación…”.

En el terreno de los derechos humanos, la inflexibilidad con VOX y con quienes secunden a esta organización en tales materias ha de ser directa y absoluta. Y las zonas más sensibles que hay que proteger son la cuestión LGTBI y la inmigración, en lo tocante a los derechos de quienes, con cualquier pasaporte, conviven con nosotros, y han de seguir haciéndolo en plano de rigurosa igualdad.

Frente a las violaciones de los derechos humanos, no puede haber tolerancia alguna (el debate sobre el alcance de la tolerancia es antiguo y no tiene sentido reproducirlo), por lo que hay que sentar la regla del cordón sanitario para excluir de la ceremonia política a quien pretenda atacar, por cualquier motivo, la dignidad y la integridad de un solo ser humano.

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Madrid Central y la dignificación de la política

Almeida

José Luis Martínez-Almeida muestra el bastón de mando tras la constitución del nuevo ayuntamiento de Madrid. EFE

El nuevo gobierno municipal de Madrid, formado por el Partido Popular y Ciudadanos con apoyo de Vox y con José Luis Martínez-Almeida al frente, ha suspendido el proyecto del Madrid Central, con el que el gobierno municipal anterior pretendió limitar estrictamente el tráfico privado en la almendra de Madrid, 472 hectáreas en total. De hecho, el 1 de julio cesará la imposición de multas a quienes transiten por la zona restringida, con lo que la cautela desaparecerá.

La razón de semejante actuación, claramente controvertible porque va contra la tendencia europea, mundial, de saneamiento ambiental de las grandes urbes, es que así se prometió durante la campaña electoral. PP y C’s, en efecto, combatieron la iniciativa del equipo de Carmena y prometieron su reversión.

Pues bien: si lo que pretenden en este caso los nuevos munícipes es dignificar la política, se equivocan pensando que lo conseguirán cumpliendo la palabra dada, que en este caso es sectaria y estúpida. Lo sensato, lo que devolvería dignidad al debate municipal y espeso de que hablaba Rubén Darío, sería que reconocieran palmariamente que se les fue la mano y se les encabritó la lengua, y que por tanto, tras pedir disculpas, no sólo no van a eliminar este primer paso del gran cambio urbano hacia la descontaminación —después de todo aséptico y carente de otra ideología que la salubridad pública— sino que se disponen a perfeccionarlo, a ampliarlo y a complementarlo con nuevas medidas que hagan de Madrid una ciudad más salubre, más limpia, más habitable.

No sería la primera vez que, tras una alternancia, ciertas promesas impertinentes, lanzadas con el exclusivo afán de engatusar al personal con electoralismo de poca monta, dejan de cumplirse porque no se quiere, por simple empecinamiento o por prurito, perjudicar el bien común. El tan denostado Aznar, sin ir más lejos, no tocó ni una sola de las medidas de progresividad social que había promulgado Felipe González. Y Mariano Rajoy se guardó mucho de derogar la reforma de la ley del aborto de Rodríguez Zapatero que nos situaba en Europa. Son ejemplos relevantes.

En Madrid Central se han invertido cuantiosos recursos, se ha trabajado en hacer pedagogía, los ciudadanos han adaptado sus hábitos a la nueva situación… Y después del esfuerzo explicativo, la gente está convencida de que esta molesta proscripción va con los tiempos, como cuando se nos prohibió fumar casi de repente, mucho antes de que todos entendiéramos que aquella decisión también fue acertada. Sería absurdo arrojar por la borda todo este bagaje, lanzando al mismo tiempo el mensaje contrario: que se puede seguir contaminando, que lo de la salud y la carbonilla de los coches es un cuento chino.

Mida, pues, Martínez-Almeida su obligación y su devoción porque está a punto de cometer una gran torpeza, cuando tiene una gran ocasión de demostrar altura de miras y un nivel intelectual algo superior al de sus conmilitones que se mueven a impulsos pueriles de instintos ruines y primarios.

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¿Vox, en el escaparate de Madrid?

Vox

EFE

Si se utiliza el criterio valorativo de los bloques ideológicos, las derechas han ganado a las izquierdas en la comunidad y en el ayuntamiento de Madrid… siempre que las formaciones democráticas acepten participar en este contraste en que Vox resulta lavado y homologado como si se tratara de una formación política convencional. Pero ese automatismo, que chirría en los oídos de muchos electores, debería ser convenientemente revisado, y cernido en el harnero de la integridad democrática y del sentido común.

El ‘modelo andaluz’, que se camufló con el ropaje de que en realidad se trataba de un pacto PP-Ciudadanos que prosperaba y llegaba al poder gracias al simple absentismo de Vox, ya no funciona.  La realidad es que, aunque Vox ha tenido la cautela de ser parco en programas, de no acudir a las citas de la extrema derecha europea y de no hacer hincapié en los aspectos más controvertibles de su proyecto, su presencia ha sido saludada calurosamente por Le Pen y por Salvini, ya que la nueva organización se inscribe en su ideario y forma parte de su espacio solidario.

Así las cosas, la pretensión de PP y Ciudadanos de reproducir el ‘modelo andaluz’ en la capital del reino y en su comunidad autónoma, que ya ha sido auspiciada por Pablo Casado con la exhibición de sus respetos a Vox, que ya no sería una formación  de extrema derecha sino una organización a la derecha del PP, resultaría sencillamente escandalosa, y seguramente indigerible para las personalidades más prestigiosas de Ciudadanos, como Luis Garicano y Manuel Valls, cuya reputación quedaría mancillada si asistieran pasivamente al desafuero. Y, por supuesto, sería inaceptable para Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el grupo parlamentario europeo en que piensan integrarse los 7 europarlamentarios de Ciudadanos, encabezados por Luis Garicano, ilustre e ilustrado catedrático de la London School of Economics.

Las fórmulas para evitar este desaguisado son varias, y deberían ser las fuerzas políticas las que las propusieran y negociaran. La más obvia sería aquella que llevase al socialista Ángel Gabilondo, ganador en la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la autonomía, en un trueque que permitiera a Begoña Villacís alcanzar la alcaldía capitalina. Este ajuste, que podría o no complementarse con otros intercambios en otras comunidades autónomas y localidades, constituiría una fórmula moderada y elegante de resolver la complejidad de una consulta en que aparece por primera vez una formación fronteriza, que no puede ser aceptada acríticamente al conciliábulo democrático.

Recuérdese que Le Pen en Francia no tiene acceso a las instituciones en las que no posee mayoría absoluta porque las fuerzas democráticas se niegan a cualquier transacción o acuerdo con ella. No es una reserva española sino una prevención europea muy arraigada. Y Casado, apremiado por sus barones para que se afiance en la moderación, daría un paso de gigante hacia su consolidación en el liderazgo si aceptara este sacrificio.

Un acuerdo como el mencionado resultaría además pacificador porque, después de una interminable campaña electoral en la que se ha gritado en exceso y se han abierto heridas y agravios innecesarios, conviene instaurar cuanto antes la cultura de la negociación y el pacto. Demos, pues, el primer paso.

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