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Se llama a la Economía (más aún en estos tiempos de crisis) la "ciencia lúgubre". Aquí trato de mostrar que además es una de nuestras mejores herramientas para lograr un mundo mejor

¿Se desinfla la causa penal de las tarjetas de crédito de Caja Madrid/Bankia?

(Esta es una suerte de segunda parte de mi anterior post, Cinco verdades incómodas sobre las tarjetas fantasma de Caja Madrid/Bankia).

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido imputar a los dos últimos expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al antiguo director financiero de estas entidades (Ildefonso Sánchez Barcoj) en una pieza separada del llamado caso Bankia, y relacionada con las presuntas irregularidades cometidas con las tarjetas fantasma que la antigua caja suministraba a sus altos cargos, y con la que se gastaron en total más de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. Después de todo lo que se ha escrito, después de todo lo que se ha dicho, y después de todo lo que se ha insinuado, el magistrado no parece tener demasiado claro el recorrido penal de esta pieza, toda vez que solo ha decidido imputar a tres personas del total de 86 que supuestamente estaban implicadas en este escándalo.

Torre Bankia

Torre Bankia

Pese a todo el ruido mediático, las dimisiones y la natural indignación ciudadana ante la constatación de que el modo de vida de los altos cargos del sector financiero español no se correspondía en absoluto con el del común de los mortales, me da la impresión de que la causa penal parece languidecer en este asunto. Es decir, que más allá de la condena pública a las altas retribuciones de directivos, consejeros ejecutivos y consejeros, no parece fácil que se vaya a demostrar trama delictiva o saqueo alguno. Sin ánimo de limitar todo lo que pueda averiguar la justicia a partir de ahora, se pueden haber hecho mal las cosas (sobre todo es fácil juzgarlo retrospectivamente, cuando quizás en su momento imperaban otras lógicas) sin necesidad de que se haya cometido delito alguno. Y me da la impresión de que los tiros van por ahí, y no soy el único que lo piensa. Voy a argumentar por qué:

1) La consultora independiente no vio desde un inicio causa penal. Recapitulemos: Bankia, cuando a instancia del FROB inició la auditoría e investigación internas para encontrar posibles irregularidades de los anteriores gestores y administradores, contrató además a varias consultoras independientes con el fin de detallarles el alcance de las mismas. En el caso de las tarjetas fantasma, fue el despacho británico-australiano Herbert Smith Freehills (HSF) el encargado de “propiciar una aproximación jurídica razonable (…) desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Bankia”. Es decir, que la consultora tenía el encargo de velar por los intereses del banco, y de apuntar a cualquier camino que pudiera significar la restitución de cualquier perjuicio pasado. El despacho constata que no fue capaz de encontrar contratos ni reglamentos que fijaran las condiciones de esas tarjetas, y que las mismas dependían directamente de la Dirección Financiera (es decir, de Sánchez Barcoj).

En resumen, Herbert Smith concluye que difícilmente las tarjetas de Caja Madrid puedan ser “incardinables en el concepto jurídico de cobro de lo indebido, generador de una obligación de devolución” y no recomienda acudir a la vía penal. Es decir, que en su opinión difícilmente se podrá probar que los consejeros y directivos que utilizaron estos plásticos pudieron cometer un delito de apropiación indebida ya que “el perceptor verosímilmente podía tener la creencia de que ostentaba un título (operativo o funcional) para utilizar la tarjeta”. Y es que la propia entidad le suministraba esos pagos en especie. Vamos, que como muchos antiguos altos cargos han manifestado, es plausible que ellos pensaran que el uso de esas tarjetas era legítimo y legal. Lo que la justicia tendría que hacer es demostrar con pruebas que eso no fue así. Porque no olvidemos que en España el sistema judicial exige demostrar la culpabilidad, no la inocencia.

Otro tema, a juicio de este despacho, es el de las tarjetas posteriores a la creación de Bankia (año 2011). En este caso, el despacho HSF cree que podría considerarse más una apropiación indebida en la medida que el sector financiero ya entonces pasaba por unos malos momentos: “Las medidas de austeridad hacían claramente visible lo inapropiado de la medida de existencia de esas tarjetas”, explican, por lo que creen que sí se podría reclamar lo cobrado, si bien vuelven a incidir en la ausencia de una vía penal clara. Es precisamente el FROB (el Ministerio de Economía, no lo olvidemos, juez y parte) el que en contra de sus asesores insiste en acudir a la vía penal y a la Fiscalía. Eso sí, lo hace lavándose las manos y dejando en manos de Anticorrupción que sea ésta la que determine el verdadero alcance del caso.

2) La Fiscalía y el juez lo fían todo a los peritos del BdE y a la Agencia Tributaria. La Fiscalía Anticorrupción, tal como refleja su escrito remitido ante la Audiencia Nacional, tan solo sospecha de la posibilidad de que se hayan cometido hechos delictivos. Tanto es así que remiten los documentos de la auditoría interna a los peritos designados por el Banco de España para este caso, con el fin de que sean ellos los que determinen si efectivamente hubo un uso indebido o no de los fondos de la caja. Abundando en esta idea, la Agencia Tributaria ya ha anunciado que investigará la posible existencia de delitos de fraude fiscal tanto por parte de los 86 antiguos altos cargos como de la propia entidad financiera. En previsión de estas inspecciones, este periodista está en condiciones de informar de que alrededor de media docena de antiguos consejeros de Caja Madrid y Bankia ya se han puesto al día con Hacienda, toda vez que han realizado ya las denominadas declaraciones complementarias.

3) Los ejecutivos devolvieron el dinero. La propia Bankia ha reconocido implícitamente la limitación legal del caso si se cae en el hecho de que la entidad solo ha reclamado los fondos gastados a los cuatro directivos y ejecutivos que disfrutaron de la tarjeta (Rato, Fernández Norniella, Amat y Sánchez Barcoj). Al conjunto de consejeros no ejecutivos —no son empleados de la entidad sino administradores, no lo olvidemos— en cambio, no. La devolución de estos fondos, aún así, podría ser reversible, en el caso de que se justificaran adecuadamente los gastos.

4) Las tarjetas de los consejeros sí estaban correctamente contabilizadas. Las otras, está por ver. Llevamos más de una semana hablando indiscriminadamente de tarjetas “fuera de los circuitos ordinarios”, black, de tarjetas fantasma y hasta de tarjetas de la vergüenza, pero prácticamente no se ha reparado en el hecho objetivo de que, según la propia investigación, existía dos tipos de plásticos, muy distintos tanto en condiciones como en tratamiento contable.

Estaban, por un lado, las tarjetas de los consejeros (sin poder ejecutivo), que eran de tipo Business Plata y se contabilizaban en la cuenta contable “Gastos de órganos de Gobierno”. Es decir, que era una tarjeta con un límite menor y contabilizada en una cuenta delimitada y auditada por los auditores externos y el propio Banco de España. Se ha publicado que los gastos iban a una cuenta de quebrantos o a una cuenta de errores informáticos. No es el caso (ver imagen inferior).

Cuentas vinculadas a las tarjetas de Caja Madrid/Bankia

 

Por otro lado, estaban las tarjetas de los consejeros ejecutivos y los directivos (empleados que sí contaban con tarjetas oficiales para gastos de representación). Eran del tipo Business Oro y se contabilizaban en la cuenta contable “Tratamiento Administrativo Circular 50/99”. No quiero prejuzgar ningún tipo de delito (no soy quién) y no soy experto, pero sí que parece una extraña cuenta donde mandar a parar los gastos de tarjetas. Es, de hecho, solo respecto de este colectivo que la auditoría de Bankia parece ver irregularidades, ya que señalan que dicha cuenta “no permite identificar la naturaleza de los apuntes contabilizados”. No obstante, tendrá que aclararse todo esto en sede judicial, y las declaraciones de la próxima semana servirán para ello.

La estrategia de defensa de los consejeros parece ir claramente por esta vía de diferenciación. Y es que este periodista ha tenido acceso exclusivo a un documento procedente de fuentes jurídicas cercanas a las defensas del caso Bankia (ver más abajo). Como se puede ver, argumentan que las tarjetas ya estaban creadas desde mediados de 1988 (época de Jaime Terceiro), eran un sistema de retribución añadido a las dietas y se proporcionaban siempre con el correspondiente contrato. Este extremo, de demostrarse, vendría a probar que no eran tales tarjetas fantasma. Además, sostienen que era la caja la encargada de hacer las retenciones de esta retribución en especie, y que eran precisamente los servicios jurídicos de la entidad los que les remitían anualmente el certificado de ingresos y retenciones.

tarjetas2

5) El FROB ha encontrado más irregularidades, pero en otras entidades. Pese a toda la supuesta podredumbre que rodeaba a Caja Madrid y Bankia, varios meses de investigaciones y auditorías internas solo parecen haber hallado un presunto caso de administración desleal o apropiación indebida cifrado, en el mayor de los casos, en 15,5 millones de euros. Están, además, los créditos presuntamente irregulares (ya bajo investigación) vinculados a Bancaja. Pero no olvidemos que el rescate de BFA-Bankia ha costado más de 22.000 millones de euros; desde ningún punto de vista parece explicarse este quebranto milmillonario por las hipotéticas malas prácticas relacionadas con una tarjeta de gastos de representación más o menos descontrolada. Sigue haciendo falta, por tanto, una explicación racional del por qué del fracaso de esta entidad financiera, que ahora es de todos.

Mientras, lo que el FROB sí que ha hecho (con mucho menos ruido mediático) es enviar hasta una veintena de posibles irregularidades penales a la Fiscalía Anticorrupción en otras dos de las cajas rescatadas: Catalunya Caixa y Novagalicia. El ministro De Guindos, que lleva una semana poniéndose medallas, no ha dado muchos más detalles de estas operaciones.

7 comentarios

  1. Dice ser puli

    PERRO A PERRO NO SE MUERDEN (Políticos, Jueces, Inspectores…)
    Se llama AVARICIA, robar es inherente al ser humano, pero ser tan endemoniadamente AVAROS, eso es pecado mortal de necesidad.

    09 Octubre 2014 | 11:05

  2. Dice ser rosbif

    Saber los apellidos de estos mozalbetes choriceros, viene bien, a ver si puedo emparejar a mi hijo de 12 años, en un futuro, con alguna de las hijas/os (que nunca se sabe), para que tengamos la vida resuelta las próximas 20 generaciones.

    Arrfff, lo malo es que se esconden en pequeños yates, hoteles, casinas y clubes (incluidos los de alterne finos) ¿y así cómo leches van a coincidir con la chusma?

    09 Octubre 2014 | 11:10

  3. Dice ser Manual forex

    Por supuesto, como no podia ser de otra manera intentaran alargarlo lo maximo para desviar la atencion y que los chorizos puedan salir de rositas…. son colegas y a los colegas no se les deja tirados

    http://trabajoserio.ws/vamos-entender-forex-de-una-manera-sencilla-y-facil/

    09 Octubre 2014 | 11:48

  4. Dice ser Jose

    La interpretación que hace el amigo Nicolás no se corresponde con la que tienen en otros lares. Los informes del bufete -fueron dos informes- parece que pretendían diluir la responsabilidad de los “cabecillas” del montaje, justamente los que han sido imputados. No hay que centrarse en los usuarios de las tarjetas que quizás las usaron de buena fe, algo que está por ver ya que algunos se apresuran a devolver el dinero y otros se regularizan con Hacienda, a la que venían defraudando.

    Podría deducirse de los informes que su intención era solucionar el asunto de la siguiente manera:

    – Dado que no hay delitos, no acudir al procedimiento judicial.
    – Recuperar de forma amistosa los importes gastados indebidamente con las tarjetas.
    – Sólo si este recobro extrajudicial no fuera efectivo, hacerlo por la vía civil, como una reclamación de cantidad, como si fuera una deuda.

    Pero afirmar que no había siquiera indicios de delito era bajo un análisis superficial del tema. La prueba de que había indicios y evidencias es que hay imputados. El citaado procedimiento a seguir, huyendo de las vias judiciales y limitándose a recuperar el dinero amistosamente no parece que sea un buen consejo por parte de profesionales del Derecho.

    Posiblemente todo quede en nada, pero no será por las razones que esgrimen los abogados asesores de Bankia sino porque en España las cosas suelen ser así cuando se trata de gente poderosa.

    09 Octubre 2014 | 12:42

  5. Dice ser juani

    La justicia está más podrida que la política y mira que es difícil.

    09 Octubre 2014 | 13:35

  6. “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Artículo 135 reformado de la Constitución

    La socialización de la culpa libera de responsabilidad a los que causaron la crisis

    El 7 de septiembre de 2011 el Senado aprobaba la reforma del artículo 135 de la Constitución Española limitando el techo de gasto de las Administraciones según los márgenes establecidos por la Unión Europea. Límite fundamentado por la necesidad de salvaguardar la “estabilidad presupuestaria”. Sin embargo, bajo este propósito queda enquistada en nuestra Carta Magna la obligación de satisfacer el pago de la deuda como objetivo prioritario de la gestión pública con independencia de otras necesidades. Al tiempo, fija en el cuerpo social el estigma de lo público como algo gravoso cuyos excesos hay que vigilar y limitar. “No se puede gastar lo que no se tiene”, dirá después Rajoy. En realidad, este supuesto dispendio, amplificado por los casos de corrupción y despilfarro que han creado tanta alarma mediática y social, es en gran medida el resultado de subordinar la financiación de la deuda al juego especulativo de los mercados financieros.

    Pero este cuadro no tiene nada de frío diagnóstico económico. Encierra una estrategia política doble: establecer una estricta correlación entre deuda y recortes (sociales, se entiende) y trasladar el peso de la deuda sobre la conciencia colectiva. Como ya experimentan las sociedades griega, portuguesa y española, el tándem deuda / recortes ha entrado en un círculo vicioso cuya única solución sería purgar al Estado por su obesidad mórbida. Es decir, acometer “reformas” estructurales que corregirían el derroche de lo público hasta equilibrarlo con la eficacia de lo privado. Porque ahí donde se elimina gasto social aparece, casualmente, un nicho de mercado. Esta idea no sería compartida o soportada si no fuera legitimada por la segunda estrategia: todos somos deudores y debemos responder por ese déficit. Invocación a la autoinculpación dialécticamente atrapada en la telaraña de la corresponsabilidad colectiva: “Sin las renuncias parciales de cada uno la recuperación de todos es imposible”, asegura nuevamente Rajoy. Esta “socialización de la culpa” se ha revelado una coartada realmente eficaz, pues exime a los verdaderos causantes al diluir sus responsabilidades en el conjunto de la ciudadanía. Es lo que salmodian algunos voceros desde distintas instancias del poder: “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. La frase merece ser diseccionada, pues en su inclusión enunciativa y ambigua ejemplaridad encuentra su mayor consenso: “yo”, el que la pronuncia, también me señalo y con ello refuerzo la admonitoria responsabilidad; aunque eso sí, sin determinar la mía. Además, revela un diagnóstico sobre el pasado y un designio sobre el futuro: antes disfrutábamos de una prosperidad inmerecida que ahora debemos pagar. Pero hay más, equipara ese hipotético exceso de bienestar colectivo para que el castigo sea asumido en igual medida.

    Ya sabemos que ahora trabajar más es sinónimo de ganar menos

    Y, ciertamente, la culpa y el castigo inspiran buena parte de las medidas que los gobernantes adoptan actualmente. En este punto, los discursos oficiales y su vocabulario (sacrificios, austeridad, rigor, medidas dolorosas, esfuerzos…) han conseguido una gran aceptación: cuando la culpa se comparte resultan más cercanas y cotidianas las causas de la crisis. Es más, se puede aplicar una estigmatización selectiva de la sociedad (por gremios, edades, condición social), jaleada por una suerte de rencor hacia el otro, que hace razonable su castigo (aunque sea el más necesitado) y tolerable el propio. Se penaliza a los trabajadores que enferman descontándoles parte de su sueldo, se penaliza a los enfermos que “abusan” de las medicinas y los tratamientos, se penaliza a los estudiantes repetidores incrementándoles las matrículas… Una lógica que siempre admitirá una vuelta de tuerca más al investirse de discurso moral, circunstancia que ya advirtió Max Weber a propósito del influjo de la ética protestante en el capitalismo. No solo eso, legitimada su aplicación como signo de buen gobierno, naturaliza sus efectos: todo castigo debe someter al culpable a la experiencia purificadora del dolor. “Gobernar, a veces, es repartir dolor” sentencia Gallardón. Las consecuencias de este “sufrimiento inevitable” no se han hecho esperar: un alarmante incremento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, según revela el último informe FOESSA (Análisis y perspectivas 2013: desigualdad y derechos sociales).

    Desde el “discurso de la deuda”, todo ello no sería más que un sacrificio necesario y la constatación de que los expulsados del sistema no se han esforzado lo necesario (por tanto, se les puede abandonar a su suerte). Porque nunca es suficiente: “Tenemos que cambiar y ponernos a trabajar más todos porque, de lo contrario, España será intervenida”, nos diagnostica Juan Roig, el adalid de la “cultura del esfuerzo” a la china. Y ya sabemos que ahora trabajar más es sinónimo de ganar menos. De ahí que la sombra de la mala conciencia se cierna también sobre las negociaciones salariales. Aceptar la reducción del salario es admitir implícitamente esa supuesta parte de responsabilidad en la crisis y asumir como propia, cuando no hay acuerdo, la decisión del despido de otros trabajadores.

    En el círculo vicioso de la deuda, la única salida posible parece ser la austeridad

    Un peculiar sentido de la responsabilidad que llevaba al PP a establecer un insólito silogismo el pasado 14 de noviembre con motivo de la huelga general. Ese día, el argumentario distribuido entre sus dirigentes afirmaba: “La huelga general supone un coste de millones de euros que podrían destinarse al gasto social”. Es decir, los huelguistas serían culpables no solo de lo no producido (con el consiguiente perjuicio para la marca España), sino de que su montante económico no se hubiera traducido mágicamente en gasto social. En suma, sus reivindicaciones irresponsables quedarían deslegitimadas por insolidarias. Apurando esta lógica, cualquier reivindicación o protesta sería un gesto de desobediencia irresponsable a ese nuevo orden dictado desde el rigor presupuestario y la contención salarial.

    Y es que, en ese círculo vicioso de la deuda, la única salida posible parece ser la austeridad, un dogma moralmente irreprochable, que promete llevarnos a la expiación económica. Bajo sus designios el Estado quedaría paulatinamente liberado de todo compromiso social y el individuo a merced de la mercantilización de todos los servicios públicos. No solo eso, al igual que en los tiempos de bonanza el crédito alimentaba nuestros sueños de prosperidad, la deuda hipoteca ahora las perspectivas de futuro: paro o empleo precario a cambio de pensiones exiguas o privatizadas para disfrutar cada vez más tarde. Un destino determinado por lo que el filósofo Patrick Viveret denomina “sideración económica”: no hay otra alternativa y hasta las víctimas lo creen así y aceptan su condición.

    Paradójicamente, en este marco conceptual apenas se menciona a los propietarios de “nuestra deuda”, ¿quiénes son y por qué les debemos? ¿Cómo han logrado reescribir nuestra Constitución? Es comprensible que no se pronuncien sus nombres o se muestren sus rostros. Los que gobiernan al dictado de sus designios también les deben mucho”.

    por Rafael R. Tranche, profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid.
    16 MAY 2013

    09 Octubre 2014 | 19:09

  7. Dice ser alvaro

    en verdad alguien pensaba que esto llegaria lejos y alguien acabaria en la carcel??

    TODOS SOBRE EL MUNDO DEL LED:
    http://energiasolaraislada.blogspot.com.es/

    09 Octubre 2014 | 21:02

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