El líder de CiU, Artur Mas, vuelve a ser investido como presidente de la Generalitat, gracias al apoyo que le brinda Oriol Junqueras (ERC). La primera conclusión es que, a diferencia de otras legislaturas, el jefe del Ejecutivo catalán y el jefe de la oposición van juntos, unidos, básicamente, por el objetivo del referéndum de autodeterminación de 2014. Esta circunstancia es más significativa de lo que pueda parecer, porque lo normal es que cualquier presidente de cualquier gobierno tenga un contrapeso en el principal grupo de la oposición parlamentaria.

Jordi Pujol tuvo su adversario en el hemiciclo; Pasqual Maragall, también, y José Montilla, lo mismo. Y, precisamente, Mas hizo de jefe de la oposición de anteriores presidentes de la Generalitat. Junqueras quería dar este mensaje: que el jefe del Govern y el del principal partido opositor en el Parlament iban unidos en el proceso soberanista. Y así ha sido. Pero, esta circunstancia obliga al resto de partidos a repartirse la función de jefes de la oposición. Para ellos, mejor, porque tendrán más protagonismo en sus mensajes, pero la mayoría que suman CiU y ERC hace que la oposición parlamentaria, en esta legislatura, esté más limitada.

Esquerra tiene la llave y Convergència, la cerradura. Los otros partidos, forman el marco de la puerta. Pero, si una cosa ha quedado demostrada estos días de negociaciones y de debate de investidura del Parlament es que la campaña electoral en Catalunya no se acabó el 25-N. No, ni mucho menos. Si uno analiza los discursos de todos los partidos a lo largo de estas dos primeras sesiones parlamentarias y los compara con los que esgrimieron durante la campaña electoral verá que son idénticos. Nada ha cambiado.

Se ha discutido sobre si una Catalunya independiente estaría dentro o fuera de la Unión Europea, de si tendría garantizadas las pensiones, de si puede o no gestionar sus impuestos, de los recortes… Nada nuevo bajo el sol. Cada portavoz de cada partido ha sido mimético con los discursos de la campaña. Y, ahora, se inicia una legislatura que, seguramente, será una campaña electoral continua, día a día, semana a semana y mes a mes, hasta llegar a la convocatoria de un referéndum o de unas elecciones anticipadas plebiscitarias en 2014.

Pero, durante este tiempo, es muy posible que se abra otra campaña electoral no declarada oficialmente y que transcurrirá de forma paralela a la catalana: la española. A nadie se les puede escapar que lo que pasa en Catalunya afecta al resto de España, no solo porque es un motor económico del Estado, sino porque también concentra un alto procentaje del déficit público que se tiene que rebajar y controlar y, porque, un proceso soberanista catalán acabará por trastocar y marcar la agenda política española… e incluso europea. Catalunya está batiendo todos los récords de duración de una campaña electoral… y esto, no ha hecho más que empezar.

Artur Mas y Oriol Junqueras, los líderes de CiU y ERC, han rubricado con 18 firmas en 18 páginas y una encajada de manos el llamado «pacto de la libertad». Lo han hecho en el Parlament de Catalunya y bajo el amparo de las dos banderas (la catalana y la europea) que mostró el President cuando salió de aquella reunión fallida del pacto fiscal con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en Madrid.

La decisión de incluir el compromiso de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en 2014 es un pasito más en lo que han llamado «la macrooperación nacional» catalana, es decir, la transición hacia el Estado propio. Mas ha calificado este proceso como el de «mayor envergadura de los últimos tres siglos» en Catalunya. Pero, ¿qué pasa con el resto de partidos que estaban a favor del derecho a decidir? ¿Qué papel deben jugar ahora PSC, ICV-EUiA y la CUP?

Mas y Junqueras, ¿cómo han actuado cuando han firmado un pacto para seguir una serie de pasos hacia la consulta y no han incluido en él a otras fuerzas? ¿Podrían haber optado, ambas formaciones, por negociar juntas con el resto de estos partidos un acuerdo a tres, a cuatro o a cinco en esta materia? Es cierto que ERC ponía como condición para dar su apoyo a Mas que éste se mojara con una fecha para el referéndum, pero, también es verdad que aún no se sabe el día exacto y que la entente entre Convergència y Esquerra deja la puerta abierta a posponer la consulta y dejarla para otro año. Entonces, ¿hacía falta excluir de buenas a primeras al resto de partidos pro-derecho a decidir sin haber intentado una negociación con ellos en este apartado?

Podríamos pensar que los líderes de CiU y ERC han actuado como generales, que piensan una estrategia, un plan de ataque, y que luego sus soldados (los ciudadanos) deben seguirla. Pero, fijémonos en lo que pasó con Mas antes de que este decidiera convocar las elecciones. Él era el President, el general con capacidad para gobernar y decidir sobre tasas, impuestos y decretos, pero se convirtió en soldado cuando una multitud salió a la calle en la manifestación de la Diada. Muchos le acusaron de jugar el papel de mesías (otra versión del general) en la campaña electoral y, al final, se desmostró que es mejor ir de soldado, porque los auténtiticos generales son los votantes, que le castigaron y encumbraron al candidato de ERC.

Pero, Mas y Junqueras (ahora juntos en esto) corren el mismo peligro que se cernió sobre el líder de CiU cuando iba en solitario: creerse generales, cuando, en realidad, solo son soldados. Ellos mismos han reconocido que ellos solos no podrán con todo («no tendremos fuerza») y no podrán conseguir el objetivo de la consulta soberanista sin ayuda. Han apelado a los sindicatos, a las patronales, a las entidades sociales y, directamente, a ICV y a la CUP a sumarse a esta aventura. Pero, entonces, ¿por qué han empezado actuando como generales? Si no se ponen el casco de soldado pueden ganar alguna medalla, pero no la guerra. Y ellos mismos han advertido que, frente a ellos, tendrán a «unos adversarios poderosos y sin muchos escrúpulos».

Los líderes de CiU, Artur Mas, y de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado el que ya se ha bautizado como «pacto de la libertad» para garantizar la gobernabilidad en Catalunya la próxima legislatura y para convocar un referéndum de autodeterminación en 2014.

Convergència y Esquerra estaban condenados a entenderse. Hasta el líder de UDC, Duran i Lleida, ha tenido que asumirlo. Los primeros porque, después de cómo han evolucionado sus relaciones con el PP y el Gobierno de Rajoy los últimos meses, no podían esperar tener otro compañero de viaje que no fuese ERC. Y los segundos, porque el subidón que tuvieron en las últimas elecciones les empujaba a tener que pactar con la única gran fuerza nacionalista que podía garantizar la convocatoria de una consulta.

De momento, Mas y Junqueras no han puesto una fecha exacta para el referéndum, aunque, viendo lo simbólico del año 2014, no sería de extrañar que fuera un 11 de Septiembre. Ese año, además, Barcelona tendrá abierto el centro de interpretación del Born, que servirá para conmemorar los hechos de 1714. Por entonces, la capital catalana tendrá una senyera gigante ondeando en el corazón del barrio Gótico, a pocos metros del monumento del Fossar de les Moreres. O sea, que el ambiente será propicio para movilizar a los votantes independentistas.

Hay una cláusula interesante en el pacto entre Mas y Junqueras y es que la convocatoria del referéndum podría posponerse si las condiciones socioeconómicas o políticas así lo indicaran y por mutuo acuerdo de ambas partes. Es como si se hubieran guardado en la manga un as por si la partida de cartas no sale como quisieran. Tendrán que ir con cuidado en cómo gestionan el proceso soberanista, ya que este punto se les puede girar en contra, porque excluye de la toma de decisiones a las otras formaciones que se expresaron a favor del derecho a decidir de los catalanes.

El proceso que seguirá Catalunya hasta el referéndum será el siguiente. Primero, aprobar en el primer Pleno ordinario del Parlament una declaración soberanista. Después, aprobar una Ley de Consultas, que le de una cobertura legal catalana por si el Gobierno español y el Congreso se niegan a autorizar un referéndum en Catalunya. A continuación, pedir al Ejecutivo español que autorice la consulta (esto pasará en el primer semestre de 2013) y, de forma paralela, se creará un Consejo Catalán para la Transición Nacional, algo así como un órgano asesor del Govern y del Parlament en esta materia.

Mas será investido como President este viernes y CiU y ERC estarán condenados a entenderse al menos durante dos años, porque, si lo del referéndum sale rana y acaba dividiéndolos, volveríamos a tener otra minilegislatura. De momento, el Govern, como exigía ERC, ha aprobado hoy instaurar un impuesto sobre la banca en Catalunya, desafiando así al Gobierno español, que anunció su intención de imponer un tributo a tipo cero, es decir, que le salga gratis a los bancos. Cosa que es de risa.

A partir de ahora empiezan unos meses de desencuentros continuos entre el Gobierno español y el catalán, con contenciosos por el euro por receta, la duplicidad de tasas judiciales o la reforma educativa de Wert. Cuanto más tensión haya entre Rajoy y Mas, entre los ministros y los consellers y, en definitiva, entre los Gobiernos español y catalán, más condenados aún estarán a entenderse CiU y ERC. La política catalanoespañola es, ahora mismo, como un pez que se muerde la cola.

El Parlament de Catalunya se ha constituido hoy con un récord histórico de camisetas reivindicativas en el hemiciclo. Esto también ha comportado otro hito, tras contabilizarse un menor número de diputados con corbata. En concreto, se han podido ver tres tipos de T-shirts: las amarillas, las blancas y las verdes.

Analicemos el modelo (ya clásico) de color amarillo con el lema «SOS Enseñanza Pública de Calidad». Lo cierto es que ha tenido un protagonismo muy especial. Se puede decir que ha salido en todas las fotos porque incluso ha ocupado un lugar destacado en la Mesa, gracias a que la ha lucido David Companyon (ICV-EUiA).

A continuación, ha sobresalido otro modelo también muy común, especialmente, en las reivindicaciones o manifestaciones en la calle o a las puertas de los hospitales catalanes. Se trata de la camiseta blanca con el símbolo del prohibido encima de unas tijeras, bajo el lema «¡Basta ya de recortes!». Aquí hay que apuntarle el punto al diputado de la CUP, Joaquim Arrufat.

Y es, precisamente, la CUP quien ha mostrado en la Cambra catalana otro de los modelos habituales de camiseta-protesta. En este último caso se trataba de la verde que clama aquello de «STOP desahucios» y que, desgraciadamente, hoy en día está tan vigente en nuestro país. La diputada que ha lucido esta prenda de ropa ha sido Georgina Rieradevall.

El Parlament se ha constituido más o menos como se disolvió, es decir, aludiendo al derecho a decidir de Catalunya. Pero, una de las noticias, sin duda, ha sido que formaciones como la CUP han introducido en la política otra manera de hacer llegar la voz de la ciudadanía a un hemiciclo parlamentario. Esta formación ha propuesto a una persona desahuciada de Burjassot como presidente de la Cambra catalana y ha puesto sobre la mesa otros nombres alternativos en las votaciones, como el de Esther Quintana, la mujer que perdió un ojo en la manifestación del 14-N.

Esta legislatura promete ser cuanto menos más original que la anterior y estoy seguro que se van a producir hechos en el Parlament que van a romper tabúes. Hoy, ya hemos asistido a esta pasarela de moda reivindicativa con modelos de camisetas de protesta ciudadana. Pero, solo era el primer día y -dure uno, dos, tres o cuatro años- el nuevo ciclo parlamentario catalán va a reportarnos más de una sorpresa. De momento, ya hay menos diputados encorbatados.

Esta jornada de la LFP (Liga de Fútbol Profesional) nos depara dos enfrentamientos entre equipos catalanes y madrileños (o viceversa). Por un lado, el Real Madrid-Espanyol y, por el otro, el Barça-Atlético de Madrid. Los cuatro equipos se juegan bastante: el Madrid para no descolgarse más de la cabeza, el Espanyol para salir del fondo de la tabla, el Atlético para recortar distancias con el FC Barcelona y el Barça… bueno, este quizás no se juaga tanto, como mucho, seguir con su racha. Pero, lo curioso, es que, de forma pararela, también se juega la otra LFP, la Liga de la Farándula Política.

De todos es sabido que, a causa de los derechos televisivos, los horarios de los partidos de fútbol de ahora distan bastante de hace diez o veinte años. Ahora tenemos encuentros los viernes, sábados, domingos y lunes, con los que las jornadas se alargan al menos cuatro días. Y, ¿qué pasa con la LFP política? Pues, lo mismo. Las negociaciones entre CiU y ERC para cerrar su acuerdo de investigura de Artur Mas como President tienen a los seguidores de cada equipo (partido político) pendientes de lo que suceda el viernes, el sábado, el domingo e, incluso, el lunes, ya que este próximo día 17 se constituye el nuevo Parlament surgido de las urnas del 25-N.

O sea, que esta jornada de la Liga de la Farándula Política se alargará al menos cuatro días. Y, como en la LFP de fútbol, también hay encuentros (o mejor dicho en este caso, encontronazos) entre equipos (partidos políticos) catalanes y madrileños. Me refiero al intercambio de mensajes entre elGobierno del  PP y la nueva co-coalición CiU-ERC. Los primeros tienen la mosca en la nariz, porque ven que los nacionalistas están pactando cosas que huelen a cimientos del Estado propio catalán, y los segundos se sienten más fuertes que nunca porque gracias al Rey Mago Wert, que les ha dado carbón, tienen más carta blanca entre los catalanes para dar rienda suelta a lo que el otro Monarca llamó «quimeras» independentistas.

Y, como en el fútbol, donde a la clásica quiniela le han salido competidores con las múltiples webs de apuestas online, en la LFP política también valen los juegos de azar. Lo único que en este caso se llaman encuestas. Una que ha hecho Ipsos después de los comicios del 25-N, destaca que el 66% de los catalanes están a favor de un referéndum de autodeterminación, mientras que un 46% se muestran poco o nada satisfechos con el resultado de las elecciones. Incluso un 63% se declaran sorprendidos.Y es que, como en el fútbol, en la Liga de la Farándula Política no sobran las sorpresas y, a veces, el equipo que parece más pequeño o modesto se come al grande. Lo hemos visto, por ejemplo, con Ciutadans y con la CUP.

Ahora, hay que esperar a ver qué deparan los resultados de este fin de semana en la LFP y, sobre todo, con qué pie empieza la nueva legislatura el Parlament de Catalunya. ¿Quién será el Leo Messi de los diputados? ¿Y el CR7? ¿Quién ejercerá de Falcao? ¿Y de jugador o parlamentario revelación? ¿Habrá Liga hasta el final de la legislatura o se acabará antes de tiempo como la última? Sea como sea, espero que los mejores partidos no los den aquí también en pay per view. Pero, eso, a diferencia del fútbol, no pasará, porque a las televisiones y a los teleespectadores les interesa más ver a futbolistas que a políticos. ¿O no?… Y eso que todos ellos meten -o nos meten- goles.

El frente común de los partidos catalanes en defensa de la Ley de Educación de Catalunya (LEC) y contra la reforma educativa que pretende la ley Wert está formado, precisamente, por todos los partidos que se han mostrado favorables al derecho a decidir, es decir, al referéndum de autodeterminación. Tan solo el PPC y Ciutadans se han desmarcado del pacto alcanzado en el Palau de la Generalitat para seguir aplicando la legislación catalana y la inmersión lingüística «unilateralmente» si el ministro Wert no reforma (y mucho) su propuesta educativa.

En síntesis, podemos concluir que si no hay Contrarreforma de Wert que garantize que el catalán sigue siendo una lengua vehicular en las escuelas catalanas, los partidos catalanes de la cumbre del Palau de la Generalitat (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP) no harán caso a la nueva legislación estatal y aplicarán solo la catalana. ¿Es esto legal? Desde Catalunya, ninguno de estos partidos se plantea que esté defendiendo nada ilegal, porque los colegios seguirían aplicando la legislación catalana, vigente los últimos años sin que el Estado la pusiera en duda. Desde el Gobierno español, obviamente, lo verían diferente. Y, seguramente, unos y otros acabarán en el Tribunal Constitucional, que, otra vez, volverá a ser el árbitro de otra disputa de competencias.

Lo interesante de todo este proceso es que Wert, sin darse cuenta, ha enseñado el camino a los partidos catalanes para convocar un referéndum de autodeterminación basándose en el mismo argumento que han esgrimido con la defensa de la ley catalana de educación. Fijémonos en lo que ha dicho Pere Navarro, líder del PSC, ante la posibilidad de aplicar solo la legislación catalana en este asunto: «Las leyes se deben acatar, pero podemos buscar mecanismos para que sea la LEC la que prevalga».

Volvamos ahora al asunto del referéndum. ¿Qué vía propuso Artur Mas en la campaña para convocar la consulta en Catalunya? Primero, negociarlo con el Gobierno español y conseguir el permiso del Congreso. Segundo, si esto no se consigue -que sería lo más probable- Mas apostaba por aprobar una Ley Catalana de Consultas en el Parlament de Catalunya, que diera pie a la convocatoria de un referéndum independentista. ¿Sería esto ilegal? Si aplicamos el mismo razonamiento que con la ley catalana de educación, estos mismos partidos -recordemos, todos defienden el derecho a decidir menos el PPC y C’s- podrían esgrimir los mismos argumentos para defender la legalidad de la consulta, amparándose en una ley catalana que emana de un Parlament elegido democráticamente por los catalanes en unas elecciones libres.

En resumen, Wert, en su afán de «españolizar a los alumnos catalanes», ha conseguido unir como nunca antes a los partidos catalanes en la defensa de la inmersión lingüística en Catalunya. ¿Qué pasará cuando el Gobierno español se niegue a que en Catalunya los catalanes puedan ejercer su derecho a decidir? Pues que estos cinco partidos, que suman una amplia mayoría en el Parlament, no tendrán otra salida que volverse a unir en la defensa de lo que sus respectivos programas electorales defendían cuando se presentaron a las últimas elecciones. Eso, claro está, si actúan con la misma lógica que con la ley catalana de educación.

La política catalana ya está cogiendo matices de culebrón o, como diría el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, de «teatro del bueno». Se podría pensar en una referencia más al estilo de la Antigua Roma, con intrigas palaciegas y puñaladas tipo Bruto por hacerse con el poder, pero lo cierto es que se asemeja más al folletón televisivo. ¿Por qué? Porque las batallas dentro de los partidos se juegan en la escena mediática, a través de los medios de comunicación, y no en los congresos o en las reuniones de las formaciones políticas. Vamos a ver algunos ejemplos.

Cuando los disidentes del sector más soberanista de Unió Democràtica de Catalunya anuncian que dejan el partido de Josep Antoni Duran i Lleida, no lo hacen aprovechando la última reunión de la formación política, sino, a posteriori, y con las cámaras delante. Así, los catalanes asisten al circo mediático de ver cómo UDC se desmiembra un poco tras poner en duda algunos de sus militantes el liderazgo y el rumbo que imprime al partido Duran i Lleida.

Asimismo, Duran, cada vez que habla ante un micrófono, parece que se aleja cada vez más de los preceptos de Convergència Democràtica de Catalunya, su socio en CiU. Si los convergentes se toman casi a broma la oferta del PSC de un gobierno de unidad nacional, los democristianos, en cambio, parece que se cogen a ella como el último salvavidas que les queda para no caer en manos de ERC, que es a dónde les lleva Artur Mas y CDC.

Ahora, los socialistas. Este sábado se presenta en Sitges la Nova Esquerra Catalana, el partido que impulsa el exconseller Ernest Maragall, que pretende «facilitar una amplia coalición de los partidos de la izquierda nacional y del centro progresista». Es decir, el mantenimiento del Estado del Bienestar va unido «al derecho a decidir por la soberanía de Catalunya». De forma paralela, el llamado «sector crítico» del PSC hace público en los medios de comunicación otro manifiesto, en el cual sitúan la consulta independentista como un compromiso «inexcusable».

A Pere Navarro, el primer secretario del PSC, no le ha hecho ninguna gracia que pesos pesados aún del partido, como el alcalde de Lleida, Àngel Ros, o los exconsellers Marina Geli y Antoni Castells, hayan firmado este escrito, sobre todo, porque aún están bien situados en el PSC y son ellos, precisamente, los que formaron parte del aparato del partido -e incluso del Govern tripartito en el caso de Castells y Geli- que han llevado a los socialistas a lo que ellos califican de «declive». Sea como sea, vemos aquí otro ejemplo de culebrón mediático que no es más que otro síntoma de que la supuesta renovación del PSC se cerró demasiado rápido y en falso. Es decir, aún está pendiente.

También podemos observar que, tanto en UDC como en el PSC, el tema que ha desencadenado los problemas internos es, en ambos casos, el debate soberanista. Tanto en Unió como en el Partit Socialista hay militantes que no están cómodos con el mensaje oficial de su partido ante el referéndum de autodeterminación. Ambas formaciones se agrietan por su ala más soberanista, sin duda, un reflejo más del clima social y político que se vive en Catalunya desde hace meses.

Por último, fijémonos en el PPC. Resulta que, cuando el ministro Wert arma todo el revuelo con la modificación del sistema educativo y de la inmersión lingüística en Catalunya, salta a la palestra la líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, quejándose de que no la hubiera avisado antes y anunciando que se reunirá con él para tratar este tema. Todo esto, obviamente, delante de las cámaras. Aquí, más de uno podría volver a pensar en Mourinho y en su célebre referencia al «teatro del bueno».

Si 2012 ha sido el año de las tasas en Catalunya, con la turística o el euro por receta, el próximo año 2013 será el de los impuestos. O, al menos, eso es lo que se vislumbra de las negociaciones entre CiU y ERC para garantizar la gobernabilidad de la Generalitat con Artur Mas de president.

La diferencia con la anterior legislatura es que Esquerra quiere imponer a Convergència que la fiscalidad pivote hacia las clases o rentas más altas, es decir, que castigue más a los que más tienen. Eso se traducirá seguramente en la recuperación del tramo más alto del Impuesto de Sucesiones, pese a que CiU argumentó hace dos años que esto podría producir una fuga de capitales hacia otras comunidades autónomas.

Otra de las medidas que se podrían imponer es establecer un impuesto para las centrales nucleares que operan en Catalunya y para las grandes superficies, mientras que ERC querría tocar también el impuesto de patrimonio e instaurar la euroviñeta, o sea, la tasa que pagarían los grandes camiones por utilizar las autopistas catalanas. Y no hay que olvidar que Catalunya es un punto de paso de vehículos estratégico.

Una de las medidas estrella o cuanto menos más mediática será la supresión o la (casi)eliminación del euro por receta, ya que Esquerra exige al menos una exención para los jubilados y pensionistas, que suponen el 80% de los pagadores de este tributo.

Otro impuesto que está sobre la mesa es el de las transacciones y depósitos bancarios, pero la Generalitat no lo tiene fácil para implantarlo, ya que sus competencias son limitadas. Es aquí donde el debate de la política fiscal entronca con el debate soberanista. Y es que, ahora mismo, fijar o no ya una fecha para el referéndum de autodeterminación parece ser el principal escollo de las negociaciones entre CiU y ERC.

Los primeros, empujados por UDC y Duran i Lleida, son más reacios a mojarse ya, mientras que los republicanos necesitan ofrecer un día y una hora para la votación a sus simpatizantes para justificar, con más argumentos, que vayan a dar su apoyo a Mas para que vuelva a gobernar.

La Cambra de Comerç de Barcelona ya ha advertido que machacar a impuestos a los catalanes en 2013 será contraproducente para la recuperación de la economía catalana. En cambio, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha recomendado a la Generalitat que suba los impuestos «sobre todo» a las clases más pudientes y que no aplique más recortes.

Lo que hay que ver es dónde se pone el listón y qué acaba por considerar el Govern «rentas altas», ya que la clase media catalana puede ser la más perjudicada de todo el proceso. Y, aún más, si persiste el peligro, como ya ha pasado con las tasas judiciales y sanitarias, de que a los tributos que impone la Generalitat se le vayan a sumar los que pueda crear el Gobierno central. Más duplicidades de tasas e impuestos acabarían por estrangular a las débiles economías familiares de los catalanes. Y no olvidemos que las ONG no paran de alertar de que cada vez atienden a más catalanes pobres que antes eran familias consideradas de la clase media.

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha propuesto la formación de un gobierno de «unidad nacional» en Catalunya presidido por un diputado de la fuerza política con más votos (CiU) y que debería tener el máximo apoyo del Parlament. Finalmente, los socialistas han salido del armario y han entendido que, tras los resultados del 25N, necesitan el máximo de visibilidad, aunque sea apoyando a un gobierno que no lo va a tener nada fácil por muchas razones, pero, básicamente, porque debe lidiar con la crisis económica y las malas finanzas de la Generalitat, al mismo tiempo que materializa el llamado «mandato» de las urnas a favor de un referéndum de autodeterminación.

Navarro ha puesto una condición, pero solo a medias, ya que si bien «nosotros hemos dicho muchas veces que, en circunstancias normales, Artur Mas debería haber dimitido», tampoco descartan que los socialistas apoyaran un Govern presidido por Mas. «Pero preferiblemente este diputado de CiU para presidir el gobierno de unidad debería ser otra persona», ha afirmado el líder del PSC. Tampoco haría falta que este gobierno estuviera integrado por políticos de los diferentes partidos, sino que estaría formado por expertos y personalidades de cada materia, cosa que Oriol Junqueras, líder de ERC, ya puso sobre la mesa hace unos días.

Lo que pasa es que, de forma paralela, las negociaciones entre ERC y CiU para que Mas gobierne con el apoyo de Esquerra en el Parlament siguen su curso. Los republicanos han dicho que el referénsum se debe celebrar como muy tarde en 2014, una fecha que entronca con los hechos de 1714 y que tendría una significación añadida para el sector más independentista.

El PSC dio su aval al derecho a decidir en su programa electoral, pero para conseguir la creación de un «gobierno de unidad nacional» es indispensable que los socialistas aceptaran la convocatoria, sí o sí, de este referéndum durante la próxima legislatura. Por su parte, es impensable que ICV -el otro partido a favor del derecho a decidir- aceptara apoyar un Ejecutivo presidido por Mas y tampoco la CUP -formación independentista- entraría en esta aventura.

O sea, que lo que el PSC propone sería, como mucho, una nueva versión de un Tripartito (en realidad, serían cuatro, ya que CiU es una coalición), que Duran i Lleida, el líder de UDC, ya dejó claro hace unos días que vería con buenos ojos. El problema es que, si no está muy bien amarrado, este Gobierno de concentración nacional se podría convertir en seguida en un Gobierno de (des)concentración nacional, ya que, si bien PSC y ERC pueden convencer (o, mejor dicho, obligar) a CiU para que cambie su política fiscal, según como evolucione el objetivo de la consulta soberanista, esta entente podría durar medio mandato como mucho.

Es realmente preocupante que el 67,5% de los españoles esté «poco» o «nada» satisfecho con la forma en que funciona la democracia en España y que más de la mitad, un 51,5%, opine lo mismo de la Constitución, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de noviembre. Se puede decir que estos datos reflejan el actual CISma entre la ciudadanía y su clase política. Esta encuesta no es más que otro síntoma de una enfermedad para la que no parece haber vacuna o remedio.

Además, uno de cada cuatro españoles no están satisfechos con el Estado de las autonomías y verían con buenos ojos un único Gobierno, sin los autonómicos. O sea, que uno de los hechos característicos de la España democrática recibe una crítica por parte de un sector de la población, que, obviamente, no entiende que pueda haber unas CCAA llamadas «históricas». Estos ciudadanos apuestan por el centralismo cuando, por ejemplo, una de las quejas que se hace desde la Generalitat de Catalunya a la ley Wert de reforma educativa es, precisamente, que es un ejemplo de recentralización de las competencias que estaban transferidas a las CCAA.

En cualquier caso, el CISma expuesto por el CIS confirma que está pendiente un debate a fondo sobre la Constitución, que es valorada, pero en la que se perciben lagunas y, al mismo tiempo, es muy desconocida por la población en general. ¿Está obsoleta? ¿Satisface a todos los españoles por igual? A la luz de los resultados de este último barómetro, está claro que no.

Casi se puede decir que, en la vida pública, mediática y política, hoy en día solo se alude a la Constitución cuando alguien anuncia que va a presentar un recurso al Tribunal Constitucional. La Constitución se ha judicializado tanto que parece relacionarse más con un grupo de jueces que con una Carta Magna que debe defender los derechos de todos los españoles. Es tan desconocida que parece que solo los juristas tienen la obligación de conocerla y de interpretarla.

Este CISma constitucional esconde también un desencanto cada vez más generalizado hacia la clase política. No es extraño -y lo hemos visto en las últimas elecciones catalanas- que los partidos llamados «alternativos» vayan creciendo en votos poco a poco o bastante de golpe, como la CUP en Catalunya, una formación crítica con la clase política más tradicional. Si los políticos son los garantes -mediante los votos que les cofían los ciudadanos- de que la democracia se desarrolle de acorde a la Constitución y, después, son los primeros en no dar ejemplo, es normal que estemos inmersos en esta depresión colectiva. España está en crisis, pero no solo en lo económico.