El 2 de octubre de 1992 se produjo en Brasil la masacre carcelería más grande de su historia: 111 presos muertos en la Casa de Detención de São Paulo, popularmente conocida como Carandiru. Durante mucho tiempo, esta cárcel fue la más grande del continente.
El motín empezó mientras se disputaba un partido de fútbol en el patio del pabellón 9, 2.070 de presidiarios recién llegados (la mayoría no tenían antecedentes criminales). La mayoría de los presidiaros de Carandiru eran jóvenes. De las 111 víctimas, 89 aún esperaban juicio por los delitos por los que habían sido acusados.
La Policía Militar del estado, al mando del Coronel Ubiratan Guimarães, ingresó en la prisión para reprimir la rebelión disparando a los detenidos, incluso a algunos que estaban en sus celdas y causando con ello un total de 111 personas muertas -102 por impactos de bala, nueve por apuñalamiento- y sin ningún policía herido.
73 policías fueron procesados entre 2013 y 2014 por la matanza, pero un tribunal brasileño anuló el proceso el año pasado, en 2016 alegando que no se podía responsabilizar de forma individual a los autores de cada una de las muertes.
En el año 2001, nueve años después de lo ocurrido, el Coronel Guimarães fue condenado a 632 años de prisión por ser el causante de 102 de las 111 muertes. Pero nunca llegó a poner un pie en la cárcel, el juicio fue anulado con su consecuente absolución. 5 años después Guimarães cuando fue encontrado muerto en su casa, en la pared del edificio se pudo leer un grafiti que decía ‘aquí se hace, aquí se paga’.
Esta masacre marcó un antes y un después en la historia del país y marcó la historia del sistema penal brasileño, inaugurando la negra historia de las cárceles brasileñas. Veinticinco años después de la matanza, los supervivientes de Carandiru y organizaciones de derechos humanos coinciden en que el sistema penal brasileño ha mostrado pocos cambios desde entonces: hacinamiento, corrupción y una cifra de alrededor de 100 homicidios cada 100 mil personas son los adjetivos que acompañan a este sistema carcelario.
Carandiru fue una buena postal de la superpoblación de las cárceles brasileñas, que aún existe hoy en día. En 1992 el centro penitenciario tenía capacidad para 3.300 personas, pero 7.257 presos ocupaban las celdas. La masacre fue difundida en libros y películas.
Analistas señalan que a raíz de esta violación de derechos humanos, nació en Brasil una de las mayores facciones criminales, la llamada Primer Comando de la Capital (PCC).
«Ha cambiado muy poco desde Carandiru y algunas cosas han ido peor desde el 92», como la presencia de los grupos criminales dentro de las prisiones, afirma a Efe César Muñoz, investigador de Human Right Watch (HRW). “Los grandes grupos criminales se han fundado en las prisiones como forma de auto protección de los reos, pero se han convertido en organizaciones muy peligrosas, que controlan territorio y cuya influencia se ha trasladado a las ciudades”, añade Muñoz.
2017 empezó con episodios en diversas cárceles de Brasil, matanzas a mano de facciones criminales y que cobraron 150 víctimas. Un informe presentado el año pasado por el Departamento Penitenciario Nacional (Depen) afirmó que hay 622.202 detenidos en Brasil, representa la cuarta población carcelaria del planeta, detrás de Estados Unidos, China y Rusia. La proporción es de 306 presos cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 144, las cárceles albergan reos un 67,3 % por encima de su capacidad.
25 años después el Estado no ha sido capaz de retomar el control de las prisiones dejando que el caos y los baños de sangre como Carandiru continúen en Brasil.