Los representantes se reúnen en La Habana en una mesa de negociación
Desde hace siete meses, la Habana acoge representantes del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de América Latina, que están sentados en una misma mesa para encontrar una salida a este conflicto que dura casi 50 años. Ahora, el final parece estar cerca.
“Entendemos, y el país lo entiende muy bien, que las guerras no son eternas, y tenemos, de alguna manera, la certeza de que Colombia está cerca del fin del conflicto”, señaló ayer el jefe negociador del grupo guerrillero, Iván Márquez.
Según la Clasificación del Uppsala Conflict Data Program, que identifica la magnitud de los conflictos, el de Colombia es de gran intensidad, porque supera los más de 1.000 muertos al año. Desde que se inició en 1964, ha costado la vida de entre 150.000 y 200.000 personas. ¿Pero por qué dura tanto este conflicto y se ha extendido a lo largo de casi cinco décadas?
Para entender este conflicto nos tenemos que remontar a principios del siglo XX, cuando hubo una sangrienta guerra que enfrentó a liberales y conservadores entre 1946 y 1958. Esta época, conocida como el episodio de la violencia y que Gabriel García Márquez retrata muy bien en “Cien años de soledad”, finalizó con el acuerdo político del “frente nacional”, con el que las dos formaciones se turnaba en el poder durante los siguientes 16 años por un período de cuatro años cada uno.
La poca posibilidad de las clases populares de llegar al poder y la falta de cambios estructurales en la sociedad, hacen que, justo el año que se termina esta alternancia política, nazcan las guerrillas. La primera fue las FARC (1964), pero a esta le siguieron otras formaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el M19.
Pero estos no son los únicos actores que están involucrados, pues si algo caracteriza este conflicto es la multiplicidad de grupos que están involucrados. Si en un principio, sólo eran los militares contra las guerrillas, este se expandió hacia otros sectores de la sociedad. Los grupos armados encontraron en el negocio de la coca una fuente de dinero para financiar su lucha, por lo que en seguida encontraron la oposición de los cárteles, con los que se disputaba el control de las plantaciones.
Por otro lado, también están los paramilitares o las Autodefensa, grupos ilegales que están financiados por la extrema derecha para combatir a las FARC. En Colombia se conoce como parapolítica, la conexión que ha existido entre los líderes de los paramilitares y políticos, entre ellos Mario Uribe Escobar, primo del ex presidente Álvaro Uribe, que fue presidente del Senado y está detenido por sus vínculos con los paramilitares. Además, algunos de estos grupos también son financiados por los cárteles y también viven del narcotráfico, por lo que también entran en la guerra por el control del mercado de la cocaína. Esta conexión entre grupos paramilitares y la política la retrata muy bien el ex corresponsal de Radio y Televisión de España (RTV) en Cuba, México, José Manuel Martín Médem, en el libro “Colombia feroz”.
Así pues, uno de los principales problemas para terminar con este conflicto es la multiplicidad de actores. Asimismo, hay actores que se mezclan con otros y, a menudo, militares y policías se han aliado con los cárteles o los paramilitares.
El otro problema es que, como gran parte de la guerra es ilegal, ha encontrado en la cocaína la forma de financiarse, por lo que ahora ya no se lucha por defender un tipo de sistema u otro, el comunista (guerrilla), una democracia neoliberal (Estado Colombiano) o una derecha extrema (paramilitares), sino también por el control de la droga, que es la forma de sustentarse. Así pues, quien más droga exporte a Estados Unidos y Europa, más dinero tendrá para comprar armas y enfrentarse al enemigo.
Pero además de todo esto, detrás hay otro tema crucial que es el control del territorio y de las tierras. Los grupos guerrilleros, desde el principio, se han vinculado a los campesinos y han pedido una reforma agraria. Precisamente, este ha sido uno de los puntos clave de estas negociaciones. De hecho, se ha hecho un paso firme para alcanzar un acuerdo, ya que el gobierno y las FARC han pactado una reforma agraria que, entre otras cosas, ofrece un programa de desarrollo social para erradicar la pobreza en las zonas rurales, así como estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.
Si bien la reforma agraria era uno de los puntos más calientes, otro es el de la integración de los guerrilleros en la sociedad y qué papel tienen que jugar. Las FARC cuenta con alrededor de 9.000 hombres, muchos de los cuales, han nacido ya dentro del conflicto y han vivido toda su vida en la selva al servicio de este grupo armado. Por el momento, la Consejo de Estado de Colombia ha decidido legalizar la Unión Patriótica, el partido de las FARC ilegalizado en 1984. Sin embargo, esta decisión no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, ya que entre el 65 y 70% de la población, dependiendo de la encuesta, está en contra de la integración política de las FARC.
El tema más preocupante es el de las víctimas y qué tipo de reparación se les va hacer. Las víctimas, normalmente, han sido habitantes de zonas rurales y paupérrimas que, no sólo no ha tenido acceso a la tierra o una vida digna, sino que han sufrido en sus propias carnes los abusos desmedidos de las FARC, los militares o los paramilitares, por lo que se han visto obligados abandonar sus casas. Se calcula que hay alrededor de tres millones de desplazados colombianos dentro del país. Colombia, después de Irak, es el país con más desplazados del mundo. Además, hay unos 140.000 refugiados, la mayoría en países vecinos como Ecuador, donde hay cerca de 55.000 según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La dureza de este conflicto obliga al estado de dar garantías y una vida digna a todas sus víctimas, que también han sufrido la violencia por parte de las fuerzas del estado como el escándalo de los falsos positivos, con el que el ejército asesinó civiles y los hizo pasar como guerrilleros. En ese país, en 2010 se encontró la fosa común más grande de Latinoamérica y, paradójicamente, construida en época de democracia, a partir del 2005. La fosa de la pequeña localidad de la Macarena, en el departamento del Meta, albergaba más de 2.000 cuerpos, la mayoría falsos positivos.
El conflicto colombiano ha dejado tras de sí muchas historias de horror, de familias mutiladas, de muerte y violencia, por lo que la población sólo quiere que termine. Según una encuesta reciente, el 70% de los colombianos apoyan las negociaciones de paz, por lo que esperan que no acaben en papel mojado como los anteriores. La frustración de los colombianos podría ser irreversible, pues no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Desde la época de la violencia a la actualidad, este conflicto se alarga por casi 70 años, por lo que los colombianos empiezan a no resistir más esta situación y más en un país muy rico en recursos, pero en el que el 34,1% de la población es pobre y el 10,6% vive en situación de pobreza extrema. Buena culpa de ello, la tiene el conflicto, que no deja ni tierra ni recursos a los más desfavorecidos.
Núria Segura Insa
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