La ciudad que dio origen al término democracia, Atenas, ha visto en los últimos años como una palabra que formaba parte del ego de su pueblo se está pudriendo. Lo ha visto y lo ve el pueblo en su día a día. El inicio de la crisis financiera global en 2008 sumada a la crisis de la deuda griega – el gobierno demócrata falseó las cuentas del país para encajar en la entrada del euro- y la permanente crisis política han llevado Grecia a la peor de sus crisis: la de la democracia.
Ayer, durante la cuarta huelga general en lo que llevamos de año, un periodista griego me dijo mientras observábamos cómo evolucionaba la manifestación ante el Parlamento que no creía que en Grecia hubiera ya democracia. Hoy, los 300 miembros que componen la cámara decidirán la aprobación de una ley ómnibus en la que se incluyen 106 artículos –dos cayeron ayer mismo durante la discusión de la ley en el Parlamento- referentes, entre otros temas, a los despidos en el sector público y su reorganización.
Momento de la manifestación de ayer durante la jornada de huelga general. // BLANCA BLAY
Este es un episodio más de lo que viven en su propia piel los ciudadanos griegos. Aunque no participan de las decisiones del gobierno de Antonis Samaras ni se sienten representados por éste, lo que hoy se decidirá en el Parlamento sí que les afectará directamente. La aprobación del paquete de leyes, muy probable dado que el actual gobierno bipartito tiene la mayoría de la cámara (155 escaños), supondrá una nueva oleada de recortes. Más sufrimiento. Más paro. Más familias sin ingresos.
La ley se enmarca en el plan de ajuste llevado a cabo por el ejecutivo para recibir el siguiente tramo de ayuda de 6.800 millones de euros acordado con la Troika – el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea -. De aprobarse, el Gobierno podrá crear un programa de “movilidad” para funcionarios según el cual parte de ellos vería su sueldo reducido un 25% en los siguientes ocho meses; pasado este tiempo serían despedidos o recolocados.
Así, está previsto que se integren en este programa 4.250 empleados públicos antes de agosto y 8.250 en septiembre, a los que se les sumarían 12.500 durante los meses de Otoño. Lo que está claro de momento es que si el Gobierno cumple con su última promesa los griegos cerrarán el 2013 con 4.000 funcionarios en el paro y recibirán el 2014 a la espera de 11.000 despidos más en el sector público.
Por el momento, las cabezas que entran en el plan de movilidad y que podrían caer más adelante son los profesores de educación secundaria y los policías locales. De hecho, estos últimos desaparecerían como tales ya que el cuerpo de policía municipal dejaría de existir y se fusionaría con la policía nacional. Esto explica que durante la jornada de ayer buena parte de los manifestantes provinieran de estos dos sectores.
Con estos datos sobre la mesa, las esperanzas para el pueblo heleno no son nada alentadores. De momento, Grecia sigue –codo a codo con España- con una tasa de empleo desorbitada (26,8 %, según los últimos datos de Eurostat) y se encuentra en su quinto año de recesión. A todo esto, al Gobierno de Samaras todavía le quedan tres años de legislatura (¿aguantará?) y al pueblo un largo camino para seguir andando sólo, sin rumbo, sin democracia.
BLANCA BLAY desde Atenas
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@BlancaBlay