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Un cuento corriente Un cuento corriente

Se llama a la Economía (más aún en estos tiempos de crisis) la "ciencia lúgubre". Aquí trato de mostrar que además es una de nuestras mejores herramientas para lograr un mundo mejor

Otro escándalo mayúsculo por sobrecostes en una obra pública: El Puerto de El Musel

Los asturianos (como yo) llevábamos mucho tiempo temiéndonos que algo así acabaría ocurriendo. Llevábamos años y años viendo como la obra de ampliación del puerto gijonés de El Musel se retrasaba, se encarecía y se complicaba constantemente, mientras las autoridades responsables en ese momento (El Principado, Fomento, la Autoridad Portuaria…) se ponían de lado y achacaban los problemas al empedrado. Una obra que todo apunta a que ha sido un masivo foco de malversación y malas prácticas con el dinero público.

Puertos de El Musel

 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha emitido un durísimo informe (que el partido Foro Asturias ha colgado en su web) en el que muestra las conclusiones de su investigación, después de que comenzara a investigar los motivos por los que se amplió, en su momento, el presupuesto de la obra en unos 250 millones de euros. Un sobrecoste que la Autoridad Portuaria de Gijón en todo momento pretendió que costeara la Unión Europea. El argumento principal: Los materiales (piedra, sobre todo), habían experimentado un repentino e inesperado encarecimiento debido a que había que traerlos desde más lejos. Una previsión de lujo.

Ahora la OLAF acusa a la empresa Dique Torres, encargada de las obras —una Unión Temporal formada por FCC y Dragados, entre otras— de no haber facilitado información a sus inspectores y de haber negado el acceso a sus registros contables, lo cual era su obligación toda vez que España está sujeta al Derecho Comunitario. Solo por esto, el organismo fiscalizador independiente ha dictaminado que España deberá devolver los 249,7 millones de euros de subvención europea empleados en esta ampliación.

Más grave aún, y también motivo de sonrojo, es que el proyecto para modificar la obra original fue aprobado por al Autoridad Portuaria sin la previa autorización de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea. Es por esto que el supervisor comunitario no entiende cómo la dirección de El Musel “haya aceptado el aumento de 250 millones de euros basado principalmente en el incremento del precio de los materiales, mientras que, contrariamente, el licitador firmara un contrato para la extracción de materiales sin ninguna contraprestación económica de alrededor de 24 millones de toneladas”.

Es decir, que a la Autoridad Portuaria aparentemente le dio igual que el contrato que tenía firmado para extraer piedra no se cumpliera, y ni reclamó responsabilidades ni puso ningún problema en disparar el coste inicial de la obra. Así, para la OLAF cabe concluir que “hay motivos para pensar que se hayan cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros de la UE”. Y esos delitos los habría cometido, o bien la empresa, o bien la Autoridad Portuaria. O ambos. Nada más y nada menos.

Siento una tremenda vergüenza de pensar que algo así haya podido pasar en Asturias, en Gijón, y que aquellos cargos públicos a los que mis vecinos dieron su confianza durante años y años pudieran haberse corrompido hasta el punto de dañar así la imagen de la región en Europa. Las conclusiones de la OLAF parecen contundentes. ¿Actuará la Fiscalía con igual contundencia?

11 comentarios

  1. Dice ser El Andoba

    Lo que pasa en este pais es increible
    Hacen falta mas jueces y tirar a la calle a Gallardon y su Fiscal General
    Y meter en la carcel a todos los que se han embolsado el dinero del Ave
    y ahora esto ….

    15 Mayo 2014 | 01:38

  2. Dice ser farito

    Claro, y luego nos quejamos de los recortes de Europa en vez de hacerlo contra los nuestros por la mala gestión y choriceo de las ayudas recibidas también de Europa.
    Justicia para todos ya y chorizos a la cárcel hasta que devuelvan lo robado,
    la clase trabajadora no puede pagar siempre los platos que rompen los sinvergüenzas.

    15 Mayo 2014 | 02:46

  3. Dice ser Parranda

    Pues en Gijón no acaba aquí la cosa. Nunca se habla del “Metrotrén”, empeño faraónico del señor Álvarez-Cascos que cuando era ministro de Fomento en la época aznarista quiso diseñar un túnel desde la nueva estación del tren (aún sin construir, tan sólo una provisional) y el Hospital de Cabueñes.
    A día de hoy, un agujero que se ha tragado unos cuantos miles de millones…. ¡¡y no pasa nada, oiga!!

    15 Mayo 2014 | 07:23

  4. Dice ser Parranda

    Perdón, que como se diseñó en la época de las pesetas, su coste sería de 25.000 millones de pesetas. Osea, 150 millones de euros. Para tener otro túnel, junto a los de Pajares, ventilando el subsuelo.

    15 Mayo 2014 | 07:25

  5. Dice ser Alicante Gusta

    Si solo fuese esa vez… son muchas, demasiadas las veces que nos roban descaradamente

    Salu2

    http://alicantegusta.com/cultura/12-cultura/1081-dia-internacional-de-los-museos-en-el-maca.html

    15 Mayo 2014 | 07:35

  6. Desde luego que todos estos casos de ladronismo y crimen no hacen sino alimentar el odio y rencor de los que “son machacados”, sin tener trabajo, pasandolas canutas, perdiendo sus casas para engordar a banqueros y politicos, cobrando con suerte sueldos y pensiones de miseria, mientras los de “siempre” cada vez se ponen mas gordos a base del pobre y honrado. Vease lo que ha pasado tristemente con el asesinato de la la mujer politica…hasta donde ha llegado el odio y rencor. Esto pinta muy mal para no solo aqui sino el mundo entero. Evangelio LUCAS 21:25 “…Y SOBRE LA TIERRA ANGUSTIA DE NACIONES, X NO CONOCER LA SALIDA A CAUSA DEL BRAMIDO DEL MAR=Sociedad en Gral. Y SU AGITACION”

    15 Mayo 2014 | 08:11

  7. Dice ser Bellafaz

    Esta es la genuina marca España,con todos los sobrecostes de obras y la cantidad de estas inutiles,no tendriamos crisis.
    Esta muy claro quienes son los que han vivido por encima de las posibilidades del pais.

    15 Mayo 2014 | 09:26

  8. Dice ser Esquimo

    ¿Actuará la Fiscalía con igual contundencia?, termina el comentario. La respuesta es que depende. Y depende si en este caso, el/los responsables son del PSOE, en cuyo caso los medios afines al PP, con el Fiscal General del Estado a la cabeza arremeterán contra los pecadores y delincuentes que hayan cometido la tropelía, “a la que ya nos tienen acostumbrados las gentes de izquierdas y malvivir.”
    Si por el contrario el/los responsables son del PP, asistiremos a otro tapa-tapa, (como en el caso Noos o Fabra) y a un proceso rápido de olvido por superposición de noticias, (sistema que tan buenísimos resultados está dando con el caso ERES respecto de los casos Gürtel y Bárcenas), con la ayuda de la escandalosa pasividad de la Fiscalía.
    Pero no nos engañemos, si fuera el PSOE el que estuviera en el poder, en supuestos análogos estos vendrían a hacer lo mismo, probablemente.

    15 Mayo 2014 | 09:49

  9. Dice ser Lico

    No actuará de ninguna manera por que esto es la norma en este país. El país de la corrupción en todos los estamentos y les da igual que la imagen de tu región se vea dañada o no en Europa. Solo importa el que me puedo llevar y me da igual que digan que soy un ladrón. Lo que sí se hará es que como es una orden de Europa se devolverá el dinero para que no investiguen mucho más y que vean lo honrados que somos en devolver algo que se ha empleado bien y sabes de donde saldrá todo ese dinero? De las empresas o los cargos políticos que se han quedado la pasta? No, saldrá del dinero de todos ya nos quitaran alguna cosa mas no sé bajar la jubilación o subir el iva en eso no hay problema. Está visto que la corrupción es algo generalizado e institucionalizado y los que pueden quitarla justamente son los que la están practicando así que o nos resignamos que es lo que creo que hacemos o empezamos a montar guillotinas.

    15 Mayo 2014 | 10:41

  10. Dice ser ANTONIO LARROSA

    Como ahora ya no se puede decir nada que empiece por H diremos que seguramente todo es un mal entendido.

    Clica sobre mi nombre

    15 Mayo 2014 | 12:23

  11. “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.
    Artículo 135 reformado de la Constitución

    El 7 de septiembre de 2011 el Senado aprobaba la reforma del artículo 135 de la Constitución Española limitando el techo de gasto de las Administraciones según los márgenes establecidos por la Unión Europea. Límite fundamentado por la necesidad de salvaguardar la “estabilidad presupuestaria”. Sin embargo, bajo este propósito queda enquistada en nuestra Carta Magna la obligación de satisfacer el pago de la deuda como objetivo prioritario de la gestión pública con independencia de otras necesidades. Al tiempo, fija en el cuerpo social el estigma de lo público como algo gravoso cuyos excesos hay que vigilar y limitar. “No se puede gastar lo que no se tiene”, dirá después Rajoy. En realidad, este supuesto dispendio, amplificado por los casos de corrupción y despilfarro que han creado tanta alarma mediática y social, es en gran medida el resultado de subordinar la financiación de la deuda al juego especulativo de los mercados financieros.

    Pero este cuadro no tiene nada de frío diagnóstico económico. Encierra una estrategia política doble: establecer una estricta correlación entre deuda y recortes (sociales, se entiende) y trasladar el peso de la deuda sobre la conciencia colectiva. Como ya experimentan las sociedades griega, portuguesa y española, el tándem deuda / recortes ha entrado en un círculo vicioso cuya única solución sería purgar al Estado por su obesidad mórbida. Es decir, acometer “reformas” estructurales que corregirían el derroche de lo público hasta equilibrarlo con la eficacia de lo privado. Porque ahí donde se elimina gasto social aparece, casualmente, un nicho de mercado. Esta idea no sería compartida o soportada si no fuera legitimada por la segunda estrategia: todos somos deudores y debemos responder por ese déficit. Invocación a la autoinculpación dialécticamente atrapada en la telaraña de la corresponsabilidad colectiva: “Sin las renuncias parciales de cada uno la recuperación de todos es imposible”, asegura nuevamente Rajoy. Esta “socialización de la culpa” se ha revelado una coartada realmente eficaz, pues exime a los verdaderos causantes al diluir sus responsabilidades en el conjunto de la ciudadanía. Es lo que salmodian algunos voceros desde distintas instancias del poder: “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. La frase merece ser diseccionada, pues en su inclusión enunciativa y ambigua ejemplaridad encuentra su mayor consenso: “yo”, el que la pronuncia, también me señalo y con ello refuerzo la admonitoria responsabilidad; aunque eso sí, sin determinar la mía. Además, revela un diagnóstico sobre el pasado y un designio sobre el futuro: antes disfrutábamos de una prosperidad inmerecida que ahora debemos pagar. Pero hay más, equipara ese hipotético exceso de bienestar colectivo para que el castigo sea asumido en igual medida.

    Ya sabemos que ahora trabajar más es sinónimo de ganar menos

    Y, ciertamente, la culpa y el castigo inspiran buena parte de las medidas que los gobernantes adoptan actualmente. En este punto, los discursos oficiales y su vocabulario (sacrificios, austeridad, rigor, medidas dolorosas, esfuerzos…) han conseguido una gran aceptación: cuando la culpa se comparte resultan más cercanas y cotidianas las causas de la crisis. Es más, se puede aplicar una estigmatización selectiva de la sociedad (por gremios, edades, condición social), jaleada por una suerte de rencor hacia el otro, que hace razonable su castigo (aunque sea el más necesitado) y tolerable el propio. Se penaliza a los trabajadores que enferman descontándoles parte de su sueldo, se penaliza a los enfermos que “abusan” de las medicinas y los tratamientos, se penaliza a los estudiantes repetidores incrementándoles las matrículas… Una lógica que siempre admitirá una vuelta de tuerca más al investirse de discurso moral, circunstancia que ya advirtió Max Weber a propósito del influjo de la ética protestante en el capitalismo. No solo eso, legitimada su aplicación como signo de buen gobierno, naturaliza sus efectos: todo castigo debe someter al culpable a la experiencia purificadora del dolor. “Gobernar, a veces, es repartir dolor” sentencia Gallardón. Las consecuencias de este “sufrimiento inevitable” no se han hecho esperar: un alarmante incremento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, según revela el último informe FOESSA (Análisis y perspectivas 2013: desigualdad y derechos sociales).

    Desde el “discurso de la deuda”, todo ello no sería más que un sacrificio necesario y la constatación de que los expulsados del sistema no se han esforzado lo necesario (por tanto, se les puede abandonar a su suerte). Porque nunca es suficiente: “Tenemos que cambiar y ponernos a trabajar más todos porque, de lo contrario, España será intervenida”, nos diagnostica Juan Roig, el adalid de la “cultura del esfuerzo” a la china. Y ya sabemos que ahora trabajar más es sinónimo de ganar menos. De ahí que la sombra de la mala conciencia se cierna también sobre las negociaciones salariales. Aceptar la reducción del salario es admitir implícitamente esa supuesta parte de responsabilidad en la crisis y asumir como propia, cuando no hay acuerdo, la decisión del despido de otros trabajadores.

    En el círculo vicioso de la deuda, la única salida posible parece ser la austeridad

    Un peculiar sentido de la responsabilidad que llevaba al PP a establecer un insólito silogismo el pasado 14 de noviembre con motivo de la huelga general. Ese día, el argumentario distribuido entre sus dirigentes afirmaba: “La huelga general supone un coste de millones de euros que podrían destinarse al gasto social”. Es decir, los huelguistas serían culpables no solo de lo no producido (con el consiguiente perjuicio para la marca España), sino de que su montante económico no se hubiera traducido mágicamente en gasto social. En suma, sus reivindicaciones irresponsables quedarían deslegitimadas por insolidarias. Apurando esta lógica, cualquier reivindicación o protesta sería un gesto de desobediencia irresponsable a ese nuevo orden dictado desde el rigor presupuestario y la contención salarial.

    Y es que, en ese círculo vicioso de la deuda, la única salida posible parece ser la austeridad, un dogma moralmente irreprochable, que promete llevarnos a la expiación económica. Bajo sus designios el Estado quedaría paulatinamente liberado de todo compromiso social y el individuo a merced de la mercantilización de todos los servicios públicos. No solo eso, al igual que en los tiempos de bonanza el crédito alimentaba nuestros sueños de prosperidad, la deuda hipoteca ahora las perspectivas de futuro: paro o empleo precario a cambio de pensiones exiguas o privatizadas para disfrutar cada vez más tarde. Un destino determinado por lo que el filósofo Patrick Viveret denomina “sideración económica”: no hay otra alternativa y hasta las víctimas lo creen así y aceptan su condición.

    Paradójicamente, en este marco conceptual apenas se menciona a los propietarios de “nuestra deuda”, ¿quiénes son y por qué les debemos? ¿Cómo han logrado reescribir nuestra Constitución? Es comprensible que no se pronuncien sus nombres o se muestren sus rostros. Los que gobiernan al dictado de sus designios también les deben mucho”.

    Rafael R. Tranche es profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid.

    16 MAY 2013

    15 Mayo 2014 | 17:14

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