Miquel Iceta | EFE
En los comicios del 28-A concurrían a las urnas dos visiones del conflicto catalán. Por un lado, los que pedían la aplicación del artículo 155 por tiempo indefinido; por otro, los que abrían sus propuestas al diálogo y a la negociación. Tanto PSOE como Unidas Podemos, aunque con matices, coincidían en la búsqueda de una salida a la crisis en el estricto marco constitucional.
Los votantes fueron claros. Las fuerzas progresistas se impusieron a las conservadoras con el margen suficiente como para que se inaugure un periodo de relativa estabilidad de cuatro años que debe ser aprovechado para recuperar todo el tiempo perdido y planear nuevos avances.
En el plano catalán, los posconvergentes, con siete diputados, han sido vencidos por Esquerra Republicana (15), una formación que parecía más dispuesta a aceptar el principio de legalidad democrática y resignarse a renunciar a la independencia imposible. Sería el primer paso tejer una relación creativa y fecunda entre las instituciones catalanas y las estatales.
Sin embargo, el soberanismo de ERC ha terminado por traicionar su propio relato y les ha movido a posicionarse en contra de la designación de un catalán autonomista de crédito al frente del Senado. Este gesto supone la negativa de ERC a la invitación al diálogo formulada por Pedro Sánchez. Junqueras ha demostrado ser un político cobarde y frágil.
Ahora, la situación es la que sigue: los soberanistas que han impedido que Iceta fuese nombrado senador por representación de la autonomía catalana han compartido alegría con el PP y Ciudadanos, los mismos que siguen defendiendo la imposición de un 155 indefinido y que tienen como socios a los que piden la recentralización de España. El mismo Parlament que aprobó normas inconstitucionales vuelve a ser utilizado en contra de aquellos que quieren reconducir la situación. Los que creemos en la democracia no podemos renunciar a la idea de que cualquier diferencia política tiene que tener una solución incruenta.