El fallecimiento del magistrado del Constitucional Roberto Garcia-Calvo forzará al Partido Popular a facilitar la renonavación del Tribunal, y probablemente del Consejo del Poder Judicial que también anda en vergonzosa prórroga, durante más de un año.

Desde hace medio año debería haberse producido el relevo de los cuatro magistrados del Constitucional designados en noviembre de 1998 (el mandato es por 9 años), por votacion mayoritaria del Senado. Entre ellos está la actual (y prorrogada) presidenta, ya que existe el criterio de que ese puesto, con voto de calidad, lo ocupe alguien del tercio de magistrados más antiguos.

El fallecido García-Calvo (65 años), fue un polémico candidato, pata negra del PP, designado en el cupo del Congreso el año 2001, con mayoría absoluta de los populares. El Tribunal se queda ahora con once miembros, seis de ellos de la llamada rama progresista y además con el voto de calidad de la presidenta.

Ahora hay que renovar cinco puestos lo cual conduce a bascular de una situación de cierto equilibrio a otra de predominio socialista. Así que los populares tendrán que cambiar de estrategia y defender designaciones por consenso con las mejores credenciales profesionales, buscando la mayor independencia de criterio de los designados. Y los socialistas tendrán que contener el entusiasmod e imponer sus candidatos (necesitan 3/5 en la cámara).

El azar conduce a una oportunidad imprevista para que al Tribunal se incorporen cinco personas por encima de filiación y de lote político sospechoso. A eso se llama hacer de la necesidad, virtud ¿será posible? Y de paso ¿será trasladable al CGPJ?

Que sus compañeros de partido van a por Rajoy es evidente. Que quieren tumbarlo antes del Congreso, también. Con Rajoy pasa que no está claro quienes son los suyos, que administra silencios y ambigüedades de tal manera que produce dudas, de las que tampoco conviene estar seguro. Administra el tiempo con una parsimonia exasperante.

Rajoy lleva en primer plano político desde hace casi tres décadas, desde que dejó el Registro al poco tiempo de haber tomado posesión del mismo. Presidente de Diputación, vicepresidente de la Xunta, vicesecretario del partido, ministro varias veces, vicepresidente del gobierno, presidente del PP… es de los más veteranos en el partido y en la pomada; no se ha bajado de cargo durante un cuarto de siglo. Y en todo ese tiempo no ha definido su posición ideológica más allá de que es una persona de derechas de toda la vida, del PP de toda la vida, sin añadidos ni adjetivos.

Le colocó de líder Aznar y nadie se atrevió a protestar; todas las familias del PP consideraron que podían trabajar con persona tan flexible como el de Pontevedra educado en León y residente en Madrid. Ante las elecciones del 2008 sus compañeros consideraron que si ganaba era su hombre y si perdía se iría y abriría una incierta sucesión ante la que solo Gallardón puso la cara, para que se la partieran.

Perdió y decidió quedarse, le animaron a quedarse y con ello frustró expectativas no confesadas. Y al quedarse decidió sacudirse grasa y renovar, con lo cual agitó un gallinero que ya andaba alborotado, aunque disimularan. Ahora quieren tumbarle antes del Congreso pero no saben cómo, ni cuándo. Le animan a abandonar, intentan aburrirle, para que su natural desdén le lleve a dejar las llaves y no volver. Pero en vez de producir ese efecto ocurre lo contrario. ¡Cuidado con los mansos!

Rajoy se ha puesto resistente, encaja los golpes sin apenas devolverlos, pero cuando manda un guantazo (el de Gandía) envía a la lona a unos adversarios desgastados en un combate esquivo y con golpes al aire. ¿Que sorpresa y golpe le han preparado para el lunes, para los cinco lunes previos al Congreso? ¿Quién encabeza la alternativa y por qué no se atreve a dar la cara? ¿qué impide que Esperanza Aguirre pida los avales para competir?

A Rajoy quieren tumbarlo para que abra paso a una sucesión por aclamación. Si es tan blando su liderazgo ¿tanto temen a la confrontación en las urnas, con voto secreto pero a cara descubierta? Rajoy no entusiasma, no es Aznar, pero conoce el paño y proteje la finca.

Cuando ETA asesina llega la inevitable catarata de lamentos y condenas. Y algunos silencios. Es imposible sustraerse al impacto de estos asesinatos, hablar o escribir de otra cosa parece indecoroso. Sin embargo la respuesta al terrorismo tiene que ser la normalidad, la impasibilidad y la persecución más diligente de los asesinos, lo cual corresponde a la autoridad. El terrorismo busca notoriedad, impacto, salir en los medios, atemorizar, protagonismo. Y no es realista evitarlo, silenciar sus fechorías aunque así arruinaríamos sus pretensiones.

Así que como no es posible el silencio la respuesta debe ser clara, firme y comprometida. Un cuarto de siglo atrás ETA llegó a asesinar casi un centenar de personas en un año, dos asesinados a la semana. ¿Cómo se puedo sobrellevar aquello? Con el paso de los años se hace más difícil de entender.

Deseable sería que eso que llaman “respuesta de los demócratas” fuera más consistente que la sucesión de comunicados y declaraciones más o menos previsibles. Cerrar filas en torno a una idea, un principio sin notas a pie de página ni observaciones para aclarar podría ser un avance.

El millar de asesinatos da la medida de la ETA, y también arruina la causa en la que trata de asentarse semejantes actuaciones. Los nacionalistas tendrían que sentirse los más concernidos; la búsqueda de una paz negociada después de tantas frustraciones parece un humorada, un camino imposible.

Anoche murió un guardia civil (¿quién protege a los guardias civiles?) aunque pudieron ser varios los muertes, mañana puede caer asesinado cualquier (a ETA le sirve cualquier ser humano, con o sin graduación o uniforme).

Un ministro de Fernando VII, Calomarde (de Teruel) luce en la historia por la frase “manos blancas no ofenden”, respuesta a la bofetada que le propinó la infanta Carlota Luisa, tía de la futura reina Isabel II, contra la que conspiraba Calomarde.

Quizá Rajoy se ha acordado de Calomarde, pero en este caso para refutar la frase. Las manos blancas de María San Gil han hecho mella en la pandíbula del pretendiente popular. Las críticas de Zaplana, Acebes, Esperanza… y las del resto del coro mediático antiRajoy han sido collejas frente al puñetazo de María San Gil, directo y contundente, mediante una escueta nota de desistimiento, sin argumentos ni detalles.

La conclusión del gesto: San Gil no se fía de Rajoy, ni aun cuando éste asuma sus tesis íntegramente. La guipuzcoana discrepa, no se fía y, además, no se va a casa. Evidentemente detrás de San Gil hay táctica y estrategia. María (en el PP solo hay una maría) como ha apuntado Ana Botella representa un referente “moral, político y afectivo” del partido, es decir un depósito de autoridad moral.

A Rajoy quieren aburrirle, minar su resistencia emocional, que se vaya murmurando, como Romanones, “vaya tropa…” Y hasta el Congreso del PP faltan cuarenta días, que van a ser duros para Rajoy, inquioeto cada mañana por adivinar d edonde le vendrá el golpe.

En la doliente UCD del final, los democristianos y otras familias menores barrenaron con eficacia el partido o la coalición de partidos que era aquella falsa Unión. Quizá ahora se repite la historia. Meses atrás parecía imposible la hipótesis de una ruptura en el PP, pero en pocas semanas el panorama ha cambiado. El bofetón de María San Gil, abre la puerta a otra oleada de críticos, que sin pedir a Rajoy que se vaya le indican la puerta con urgencia.

¿Debate de ideas? Pues no parece, dicen que es de confianza, de que unos no fían de los otros, aunque unos y otros están donde están en función de sus opciones de poder interno. ¡Qué duro es perder!

La trama policial-mafiosa de Coslada, como la de Marbella y unas cuentas más vinculadas a municipios con mucho trajín, pasará como una historia más de delincuentes pillados y, en algunos casos, sancionados y condenados. Pero detrás y al lado de la trama hay síntomas alarmantes de una sociedad amorcillada, a la italiana.

El concejal de Seguridad de Coslada (una ciudad de cien mil habitantes) declaraba ayer en rueda de prensa que nadie denunció la trama, que no tenía constancia de denuncias. Una exculpación grosera, sacudirse un problema que le afecta de lleno; porque si no se enteró es como para que se dedique a otra cosa. Cuando a un responsable político le pasa algo semejante al lado (y vale para el alcalde) lo único decente que puede hacer es dejar la carta de dimisión y desaparecer.

A los jueces corresponderá delimitar las responsabilidades penales de este caso, lo cual llevará tiempo, pero los poderes municipales y alguno más arriba tienen motivos como para preguntarse por su trabajo, por el desempeño del cargo y por preparar explicaciones e incluso dejar el cargo.

Lo poco que se sabe del caso Coslada es alarmante en si mismo y más aun que haya pasado desapercibido durante tantos años. Resulta que mucha gente de Coslada sabía lo que pasaba, pero nadie tomó cartas en el asunto, ha sido una investigación de otra materia la que ha destapado el pastel.

Lo que de Coslada esconde es que delante de nuestras narices anidan mafias por encima de la ley que violentan a demasiadas personas con derechos. Es decir que esta democracia anda bastante averiada.

El moribundo Consejo General del Poder Judicial, con prórroga desde hace un año por la incapacidad política para designar al que toca, va a tomar conciencia hoy de que existen centenares de miles de causas penales por notificar y ejecutar y millones de trámites judiciales de todo tipo por cumplimentar. Retrasos acumulados que se convierten en norma, que forman parte de la natural y cotidiano. Retrasos agravados por aquella huelga en período electoral que se solventó con una perrillas y la intervención aparatosa y solemne del propio ministro durante un fin de semana.

Los responsables de semejante desastre, probablemente el mayor de los que padece la sociedad española por culpa del Estado, son varios y diversos, En realidad son todos los que intervienen en el proceso: el gobierno y el ministerio de Justicia, los gobiernos autonómicos con competencias en la materia, el Poder judicial y los propios jueces y fiscales y agentes judiciales que aceptan el desastre, que se movilizan por unos euros, pero conllevan una fatal incompetencia.

El Estado ha organizado con eficacia probada el sistema fiscal, el de seguridad social, el de identificación personal, el cobro de las multas menos relevantes, la inspección técnica de vehículos, el registro de animales domésticos… pero no es capaz de ordenar y controlar la ejecución de sentencias y de condenas y trámites judiciales. El Estado conoce todos los detalles imaginables de cada bien rústico o urbano, sus lindes, propietarios, hipotecas… pero no acierta a tener controlados a los condenados con penas pendientes.

El caso del asesinato de una niña en Huelva ha colocado sobre la mesa el problema con irritante claridad. Han pasado semanas, protestas y evidencias y los responsables del desastre siguen mirando al tendido y buscando como endosar la responsabilidad a terceros, escurriendo el bulto. Una colosal vergüenza de la que no se escapa ninguno de los que tienen que ver con ella.

Cumplió los 82 en abril y se ha ido sin avisar. Uno de los cuatro expresidentes de gobierno de la democracia; lo fue entre Adolfo Suárez y Felipe González; un presidente accidental, de 22 meses, que llegó al gobierno en 1981, mediada la 1ª legislatura constitucional, tras la sorprendente dimisión de Suárez y con el golpe de estado del 23F-81 como prólogo de su mandato. Disolvió la cámara, agotado por una oposición socialista dura y por las conspiraciones internas de una UCD agonizante. Perdió las elecciones y sufrió el derrumbe de su partido. Iba de nº 2 por Madrid pero no consiguió acta, aunque luego ocupó un asiento en el Congreso, donde pronunció algún discurso memorable, tras la dimisión del candidato centrista, Landelino Lavilla.

Leopoldo Calvo Sotelo respiró política desde su nacimiento, por parte de padres y abuelos (los Calvo Sotelo y los Bustelo), liberales, monárquicos, asentados en Ribadeo (Lugo) y Madrid. Huérfano de padre desde la infancia, ingeniero de caminos, directivo de empresas del grupo Urquijo-Hispano y consejero delegado de una de las empresas industriales más importantes de los años sesenta y setenta Explosivos Río Tinto. También político por vocación y pasión, en las juventudes monárquicas y en las filas de los democristianos.

Fue procurador en representación del sector químico en las penúltimas Cortes de Franco y ministro de Comercio (a propuesta de Fraga) en el primer gobierno del Rey presidido por Arias navarro, el preconstitucional. Luego, con Suárez como presidente, lealtad que Fraga no le perdonó, fue ministro de Obras Públicas (su ministerio natural), ministro de Europa y Vicepresidente económico. Y entre medias, director-organizador de aquella coalición que se llamó UCD, donde confluyeron liberales, socialdemócratas, cristianodemócratas, reformistas y otras especies.

Calvo Sotelo fue un caballero de la política, educado, ingenioso, culto, irónico. Sus tres libros de memorias, bien escritos, inteligentes, generosos en los silencios, son de lectura obligatoria para quienes estudiaron la transición y la etapa Suárez.

Puestos a destacar algunas de las decisiones que tomó creo que la más relevante fue el recurso al Supremo tras la condena, blanda y pastelera a los golpistas del 23F, dictada por un tribunal militar. Fue un gesto relevante de supremacía del poder civil, de normalización democrática. También la integración en la OTAN y la negociación con la Comunidad Europea para la adhesión de España, que materializaron los socilistas.

Leopoldo Calvo Sotelo fue un político honrado, decente, coherente y leal a sus propias convicciones. Le tocaron tiempos muy duros, en lo político y en lo económico y cumplió con dignidad.