Cuando los directores de los diarios nacionales (de pago) ocuparon la tribuna de “59 segundos” hace unas semanas asistimos a un debate interesante, educado y con buen nivel intelectual. Algunos criticaron el sesgo partidista de cada director, lo cual admite matices, pero allí hubo un diálogo interesante y digno, sin extravagancias ni gratuidades.
Anoche, con su formato genuino, “59 segundos” ofreció su tribuna y micrófonos al PP (a Zaplana) y a seis invitados con perfil periodístico aunque con alineamientos definidos. Los tres del PP iban con insignia: Luis Herrero, eurodiputado, Fernando Fernández, miembro de uno de los grupos de economistas que asesoran a la dirección del PP, y Miguel Ángel Rodríguez, portavoz que fue del primer gobierno Aznar. En el otro lado tres periodistas que viven de eso, con alineamientos más o menos definidos a favor del PSOE. Es manifiesto el caso de Sopena que no lo esconde, y no lo son ni Ester Jaén (Público) ni Isaías Lafuente (SER). En cualquier coso estas anotaciones son opinables, discutibles.
Lo que ocurrió ayer, en concreto las referencias al caso Leganés, fue escandaloso, lamentable, decepcionante, irritante. Por parte del portavoz parlamentario del PP, del señor Zaplana, se acreditó ignorancia del caso, que debía llevarle a una rectificación. Reiteró, sin que nadie le apeara del error, que la consejería de Salud de Madrid no hizo nada más que entregar al fiscal 400 denuncias y que la justicia siguió su curso. Inexacto y no son inocentes o irrelevantes los datos.
En origen hubo una (no cuatrocientes) denuncia anónima que se sustanció con una investigación administrativa, de la inspección médica, que no encontró caso. Un par de años después (ya se había estrenado con éxito la película “Mar adentro”), la Consejería madrileña recibió otra denuncia anónima, secundada por alguna Asociación que persigue el error médico, que se envió a la fiscalía sin más trámite y que saltó a la opinión pública con mucho ruido, escándalo y gravísimas acusaciones no fundadas. La fiscalía investigó (en medio de ese ruido mediático) y decidió no seguir adelante, incluso con tras analizar alguna acusación de familiares afectados, que se sumaron al caso.
Antes de que se produjera ese archivo, la propia Consejería, con firma de uno de sus directores, se personó como acusación en otro juzgado penalizando el caso y dandole otra dimensión (¿ignoraba eso Zaplana?). La administración pública madrileña activó el caso con participación activa en el mismo recabando informes periciales de parte. Un activismo oficial interesado y arriesgado, sobre todo si finalmente no había caso, como así ha ocurrido. En los actos siguientes apareció un juez de primera instancia poco diligente, medroso y parcial que archivó el caso aunque introdujo en el auto juicios de valor que la Audiencia le ha enmendado.
Negar que el gobierno de Madrid fue activista en este caso y que ha salido trasquilado es negar una evidencia. Más aun, el gobierno podría explicar su posición, disculparse, argumentar exceso de celo… pero han decidido sostener y no enmendar convirtiendo el caso en un tema político partidista. Doblemente lamentable.
Pero si Zaplana no estuvo fino, carecía de la información precisa o quiso confundir (él sabrá), los comentarios de Miguel Ángel Rodríguez fueron intolerables, injuriosos (aunque la injuria es de ardua calificación penal), e inaceptables en un medio de comunicación que respeta el mandato constitucional de “comunicar o recibir información veraz…”. Aun con el margen amplio de que para satisfacer la veracidad sirve una diligente búsqueda de la misma, lo dicho, con reiteración, por Rodríguez me parece intolerable y perseguible. La libertad de expresión y opinión no ampara todo, tiene límites claros en los derechos individuales de los demás. En eso radica la grandeza de esas libertades. Acusar reiteradamente de «nazi» a una persona por su ejercicio profesional, más aun un anestesista, justifica exigir responsabilidades y pruebas.
Los profesionales del servicio de urgencias de Leganés que dirigía (por cierto con mucha eficacia y acierto, reconocidos por la consejería de Salud) el doctor Montes, no tienen que acreditar su inocencia, son los acusadores (por ejemplo Rodríguez) quienes tienen que probar la culpabilidad. Así funcionan el estado de derecho, las democracias maduras y formales.