El “Manifiesto por la lengua común”, que escritores y profesores, de distinta significación e indudable relevancia pusieron en circulación la semana pasada, suma adhesiones personales e institucionales a millares. El Partido Popular se apresuró a suscribir y apoyar el documento y capitalizarlo a su favor. El partido Socialista no se ha atrevido, mira a otro lado, se siente incómodo, intuye amenaza tras el dichoso papel. Y Zapatero no se corta un pelo y en una entrevista dice: “no estoy de acuerdo con el Manifiesto y lo respeto. Fíjese, ha firmado Gamoneda”.
El entrevistador (EL PAIS) no huzi la siguiente pregunta: ¿qué es lo que no le gusta del Manifiesto? Porque leído con atención y literalidad y con el artículo 3 de la Constitución delante, caben pocas discrepancias. El Presidente podría discrepar de la oportunidad, poner en cuestión la intención (que tanpoco es sencillo enredarse en intenciones atribuidas) pero no el contenido.
La distancia que los socialistas han marcado respecto al Manifiesto dará alas y valor adicional al mismo, entre otras razones porque todo lo que incomode al gobierno interesa a esa mitad del electorado que no se siente representada en ese gabinete y quiere mortificarle.
Si los promotores buscaban un debate ciudadano lo van a tener; pero también otro superpuesto con tintes partidistas que propiciará más de un enredo. Este debate que va a funcionar a varias velocidades: la del territorio común (concepto que utilizan los fiscalistas para referirse a lo que no es foral) no afectado por el problema sobre el que advierte el Manifiesto. Y otra velocidad en los territorios bilingües, que es a los que se refiere el documento.
El debate será interesante pero sospecho que discurrirá por un cauce más áspero, más victimista, más manipulado de lo que el documento merece.