Pasado trágico, futuro esperanzador

Anoche -1 de abril- regresé a Madrid y pude ojear algunos diarios atrasados.

La tradición en el sesgo de cada cual se ha mantenido durante toda la semana. Basta con mirar quien es el sujeto principal en cada titular:

El Mundo suele mandar en portada con Rajoy, si el asunto es positivo para él, y titula con Zapatero, como sujeto principal, cuando el tema puede perjudicarle ante sus lectores.

El País hace todo lo contrario. Manda con Zapatero cuando el titular le favorece y lo hace con Rajoy cuando puede perjudicarle.

Nada nuevo, por tanto, en una semana sin periódicos, si no fuera por el punto de inflexión tan esperanzador que se ha producido en el Indice de Crispación y Odio Ambiental (ICOA).

El alto el fuego de ETA ha tenido un efecto balsámico sobre mí mismo y sobre toda la gente que me rodea. Y hasta las noticias (y las no noticias) están impregnadas de esta alegría interior mal contenida. España -no se vaya a estropear otra vez- se ha hecho prudente de la noche a la mañana. Y me alegro.

Incluso las celebraciones del 75 Aniversario de la II República Española miran más hacia el futuro que hacia el pasado. En cuanto he leído el anuncio titulado «Memoria del futuro 1931-2006» lo he firmado en esta dirección de Internet: http://www.memoriadelfuturo.org/

Menos mal que he regresado a casa a tiempo para leer dos artículos excelentes. Anoche leí el del magistrado del Supremo Martín Pallín y esta mañana, el de mi admirado Gabriel Jackson, ambos publicados en El País. Son un poco largos, pero, como hoy es domingo, algún lector podría tener la tentación de leerlos.

Ahí van:

Ni con gafas puedo leer esta letra tan pequeña. Lo siento. Los copiaré y pegaré, como hacía antes, ya que el espacio en Internet es más grande que la paciencia de los lectores.

TRIBUNA: GABRIEL JACKSON

El reconocimiento del pasado trágico GABRIEL JACKSON

EL PAÍS – Opinión – 02-04-2006

Durante los 36 años de dictadura del general Franco, los perdedores de la Guerra Civil no podían hablar en público de sus sufrimientos personales ni de las pérdidas padecidas por sus familias. Después, durante la transición, la mayoría estuvo de acuerdo en que seguir manteniendo un silencio casi absoluto sobre el pasado era un precio que merecía la pena a cambio de lograr el primer sistema democrático estable en la historia de España. Sólo cuando dicho sistema llevaba unos 25 años prosperando empezaron muchas personas a confiar lo suficiente en la longevidad de la nueva democracia como para reivindicar el derecho a abrir las tumbas de sus seres queridos, hasta entonces secretas, y exigir la anulación de miles de sentencias de muerte de tribunales militares y el reconocimiento público de los crímenes de la dictadura. Otro factor que ha intervenido es que no son los afectados más inmediatos -las viudas e hijos de las víctimas republicanas-, sino sus nietos, quienes impulsan el movimiento para crear un recuerdo veraz y digno del periodo entre 1931 y 1975.

Me gustaría, como estudioso de la Europa del siglo XX y ciudadano reciente de la España democrática, ayudar a poner en perspectiva los trágicos acontecimientos de los años treinta. Primero plantearé la pregunta más compleja: si la República fue tan incompetente y caótica como toda la historiografía franquista -y la historia revisionista actual- asegura; y si, durante los primeros meses de la Guerra Civil, miles de sacerdotes, monjas, terratenientes y empresarios murieron asesinados en nombre de lo que se dijo que era una revolución anarquista; y si, durante la mayor parte de la guerra, los agentes estalinistas dirigían un sistema paralelo de prisiones en el que cientos de presuntos «trotskistas» y otros anti-estalinistas murieron asesinados, ¿cómo se explica que un gran porcentaje de las clases medias cultas y la gran mayoría de las clases trabajadoras, tanto industriales como agrarias, apoyaran a la República en tiempo de paz y en tiempo de guerra? Para responder hay que empezar por decir que la República no fue, ni mucho menos, tan caótica como afirman sus detractores. Estableció una libertad política e intelectual absoluta y celebró elecciones con un recuento honrado de votos por primera vez en la historia de España. Separó la Iglesia del Estado, una medida necesaria en cualquier país que pretenda ofrecer libertad de ideas a sus ciudadanos, y logró poner en marcha la autonomía catalana como primer paso hacia el reconocimiento de la diversidad cultural de España. Reconoció los derechos de los trabajadores en nuevas leyes sociales y en negociaciones directas con la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo. Abrió 7.000 escuelas públicas y estableció las bases del primer sistema de salud pública de la historia española. Dos de sus ministros de Economía, Jaume Carner e Indalecio Prieto, aunaron la responsabilidad fiscal con la preocupación por las necesidades sociales y las obras públicas, unas virtudes que (antes de la economía keynesiana) eran poco frecuentes en países más desarrollados que España. Por último, la República inició una reforma agraria que no cubrió del todo las necesidades de los campesinos sin tierra, pero sí instauró el principio de que la tierra cultivable debía estar a disposición de quienes producían alimentos y materias primas. No está mal, sobre todo si se tiene en cuenta que todo eso se hizo pese a la depresión económica mundial de los años treinta y frente a la oposición constante de las clases dirigentes tradicionales.

Sobre la cuestión del terror en los primeros meses de la Guerra Civil, los paseos contribuyeron enormemente a desacreditar a la República tanto dentro como fuera de España. Pero los Gobiernos de Madrid y Burgos tenían una actitud fundamentalmente distinta en cuanto al asesinato como instrumento político. En la zona republicana, los dirigentes políticos se apresuraron a escribir en la prensa y hablar en la radio para condenar sin restricciones los paseos. Los tres gobiernos de guerra, los de José Giral, Largo Caballero y Juan Negrín, trabajaron sin descanso para reinstaurar una policía civil y procedimientos judiciales y carcelarios normales, y, a

mediados de 1937, habían acabado con los peores abusos, excepto los cometidos en las prisiones estalinistas paralelas. En los territorios controlados por el Gobierno de Burgos, la ejecución sumaria de masones, comunistas, dirigentes sindicales, maestros acusados de difundir propaganda izquierdista, campesinos y obreros sospechosos de oponerse a la dictadura que estaba «salvando a España del bolchevismo», era política corriente. Hubo militares decentes que intentaron contener a los escuadrones de la muerte, pero los generales Franco, Mola y Queipo de Llano, junto con sus partidarios en la Iglesia y en organizaciones laicas, no hablaron jamás de restringir las purgas sangrientas. Como los asesinados en zona republicana eran, muchas veces, ciudadanos prominentes que habían compartido negocios, colegios y vacaciones con las clases altas europeas, los paseos causaron gran impresión internacional, mientras que las muertes silenciadas de pobres desconocidos en las zonas gobernadas por los militares tuvieron poco impacto exterior.

Respecto a los abusos de poder estalinistas: la hostilidad de las potencias fascistas, unida a la actuación de los gobiernos apaciguadores de Inglaterra y Francia, obligó a la República a tener que elegir entre colaborar con la Unión Soviética como único aliado militar y diplomático importante, o darse por vencida. Con el envío de tres cuartas partes de las reservas de oro españolas a Rusia, la República pudo financiar mínimamente la compra de armas a los soviéticos, a los precios que éstos fijaban, y adquirir algunas otras a precios exorbitantes en el mercado negro europeo.

La política soviética tuvo cosas buenas y cosas malas. El Gobierno soviético fue generoso a la hora de ofrecer alimentos, suministros médicos y hogares para niños refugiados, sin esperar ningún pago a cambio. En la venta de armas hizo lo que todos los proveedores monopolísticos: cobrar precios elevados. Al mismo tiempo, desde el verano de 1934 hasta la primavera de 1939, la Unión Soviética ofreció a Francia e Inglaterra una alianza militar defensiva que seguramente habría impedido a Hitler emprender una guerra si hubiera sabido que, como en 1914-1918, Alemania iba a tener que luchar en dos frentes e iba a acabar derrotada.

En esos mismo años, Stalin llevaba a cabo una purga sanguinaria y demencial de «trotskistas» y otros opositores, que trasladó a España. En mi opinión, nadie ha explicado satisfactoriamente todavía cómo las consecuencias combinadas de la política de apaciguamiento occidental y los crímenes estalinistas condenaron a la República Española a la derrota y, por consiguiente, hicieron inevitable la II Guerra Mundial.

Pasemos ahora a otra pregunta más sencilla: ¿por qué ganó Franco la guerra? Para empezar, si bien el alzamiento del 18 de julio fue derrotado en las grandes ciudades y las áreas industriales más desarrolladas, los generales rebeldes tuvieron a su lado, desde el principio, a la mayoría de los oficiales de carrera y a todo el cuerpo de regulares de Marruecos, unos 70.000 soldados curtidos y crueles. Pero todavía más importante fue que, una semana después del levantamiento fracasado, la Italia fascista, la Alemania nazi y la dictadura portuguesa de derechas de Salazar proclamaron con entusiasmo su apoyo a Franco. A lo largo de los 30 meses de guerra, Italia proporcionó más de 75.000 soldados y cientos de aviones, además de emplear su armada para bloquear las costas republicanas y hundir cargueros que se dirigían a los puertos de la República. Alemania aportó alrededor de 19.000 soldados, varios cientos de aviones, la mejor artillería antiaérea y anticarros del mundo y equipos de comunicaciones. Portugal contribuyó con unos 10.000 soldados y ofreció sus carreteras y su red ferroviaria para transportar los suministros que llegaban por mar desde Alemania.

Menos conocido que la ayuda militar directa de las potencias fascistas fue el apoyo económico y diplomático ofrecido indirectamente por los gobiernos conservadores y las clases capitalistas de Inglaterra, Suiza, Bélgica, Holanda y muchos países latinoamericanos. Desde el primer día, los bancos se dedicaron a inventar excusas para no aceptar tratos financieros con el gobierno republicano. En Estados Unidos, teóricamente neutral, y con un presidente y una opinión pública que expresaban simpatía por la República, las grandes compañías petroleras suministraron los distintos tipos de gasolina y aceite de motor que necesitaba la maquinaria de guerra de Franco, y General Motors vendió camiones al gobierno de Burgos. En la mayoría de los casos, el Gobierno de Franco no tuvo que pagar en efectivo todos esos suministros extranjeros. Italia concedió créditos a largo plazo y transformó gran cantidad de aceite de oliva español; asimismo ocupó la isla de Mallorca, sin anexionársela. Alemania creó un sistema de trueque: armamento a cambio, en parte, de exportaciones españolas de minerales y concesiones mineras en Marruecos. Como Alemania e Italia acabaron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, Franco nunca necesitó pagar la mayor parte de la ayuda recibida de los fascistas.

Frente a esta abundancia de ayuda capitalista y fascista internacional a Franco, la República tuvo que depender de la Unión Soviética y los 40.000 voluntarios sin entrenamiento que, procedentes de unos 50 países, constituyeron las Brigadas Internacionales. Hasta el bochornoso Pacto de Múnich del 30 de septiembre de 1938, que disolvió la Checoslovaquia democrática en beneficio de Hitler, la República pudo defenderse, sin tener jamás perspectiva de ganar, pero sí una posibilidad de resistir hasta que llegara el enfrentamiento inevitable entre la Alemania de Hitler y una alianza de las democracias occidentales y la Unión Soviética. Sin embargo, ese enfrentamiento no se produjo hasta junio de 1941, y para entonces Franco era ya todopoderoso en España.

(Gabriel Jackson es historiador estadounidense, autor, entre otros libros, de La República española y la Guerra Civil. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.)

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TRIBUNA: JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

Cautivos y desarmados

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN EL PAÍS – Opinión – 01-04-2006

Nuestra Guerra Civil comenzó con el golpe militar de una parte del Ejército, siempre proclive a interferirse en los procesos liberales y democráticos de la sociedad civil. Duró tres años de sangre, sudor y lágrimas.

No sé quién concibió el último parte de guerra del 1 de abril de 1939. Los redactores no actuaron presos de la embriaguez o el ardor del triunfo. De manera clara, admonitoria y lacónica avisaban, como en las guerras de Roma, que no habría piedad con el vencido. Nada podían esperar sino la venganza y su reducción a sujetos pasivos o más bien objetos, de una táctica pensada, diseñada y puesta en práctica en las guerras coloniales.

Sólo una mente perversa es capaz de planificar una especie de solución final selectiva al estilo del nazismo. La represión tenía la doble finalidad de exterminar los cuerpos y de asfixiar los sentimientos de los que vivieron trágicamente el holocausto de sus familiares y amigos.

Ningún resquicio para la tolerancia. La obsesión por eliminar cualquier vestigio de la denostada «democracia partitocrática» llevó a los artesanos jurídicos de los vencedores a construir un entramado de leyes, aparentemente formales, pero carentes de la más mínima legitimidad.

La maquinaria de exterminio se puso en marcha sin solución de continuidad. Los consejos de guerra sumarísimos adquirieron un ritmo trepidante y, en su mayoría, decidieron, en minutos, condenas de muerte y reclusiones a treinta años. Las ejecuciones se publicaban, al igual que los bandos de los ejércitos de ocupación, en los periódicos hasta que se dieron cuenta de que las hemerotecas terminarían volviéndose en su contra.

Los que no fueron llevados a las tapias de fusilamiento se convirtieron en cautivos encerrados en su propio cuerpo y en su propio país. Como sombras deambulantes no podían exteriorizar ni el dolor ni el grito ante la barbarie y la injusticia. No sólo perdieron su capacidad de vivir; fueron acallados en sus creencias y de la posibilidad de exteriorizarlas. Si quería buscarse un espacio vital en la euforia arrogante de los vencedores, debían negar sus ideas y adoptar aquellas que habían oprimido y causado la muerte de sus allegados. Sus bienes, como en una conquista, fueron botín de guerra y las confiscaciones se plasmaron y legalizaron con pretensión de futuro en una Ley de Responsabilidades Políticas que daba patente de legitimidad a los expoliadores.

Los vencedores tuvieron cuarenta años de dominio total sobre la vida y haciendas de los cautivos. Durante este tiempo se otorgaron todo género de ventajas para favorecerse con cargos públicos pagados con el dinero de todos; también de los vencidos.

Los vencedores, a duras penas, se resignaron ante la muerte del Caudillo-Icono que representaba tanta ignominia. Nunca pensaron que se debía dar paso a una alternativa que aborrecían. La democracia presente es el fruto de la lucha de la oposición que sólo pudo reconstruirla bajo la atenta vigilancia de los poderes tradicionales. Sólo pusieron como condición que se respetaran los derechos y prebendas adquiridos y disfrutados generosamente, a cambio de condescender con que se instaurase un régimen de libertades que devolvió la soberanía al pueblo español.

Ahora, a los setenta años del inicio de la confrontación entre españoles, muchos de los cautivos y los depositarios de su memoria sólo quieren recuperar el orgullo de sentirse españoles y defensores de los valores de la República, única fuente inspiradora de nuestra actual Constitución.

No se puede esperar ni un momento más. No cabe esgrimir los fantasmas del pasado. Ni los ciudadanos españoles lo consentirían ni ninguna facción tendría el apoyo interno y externo para volver al túnel del tiempo.

He dicho a menudo, desde hace bastante tiempo, que los consejos de guerra sumarísimos son nulos de pleno derecho e incompatibles con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución. El Congreso de los Diputados, recientemente, acordó una proposición no de ley solicitando la nulidad del consejo de guerra que llevó al paredón a un democratacristiano catalán. ¿Qué dificultad existe para extender esta decisión a todos los condenados, en condiciones de absoluta indefensión, por unos tribunales ilegales?

El expolio de las almas es difícil restituirlo y en gran medida depende de la fortaleza y dignidad de los que vieron cómo sus deudos y familiares eran expulsados de la única España que monopolizaron los vencedores.

El despojo material también puede y debe ser corregido. Los que han amparado la ley de devolución del patrimonio sindical a UGT no pueden alegar dificultades insalvables. Nadie entendería que esta reparación es posible sólo en este caso y que no se puede extender una ley semejante a todos los grupos y particulares afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas o por simples usurpaciones y extorsiones delictivas.

El 1 de abril de 2006 se puede y se debe dictar el último bando. La Constitución democrática debe anunciar que todos tendrán derecho a una reparación justa de sus agravios.

Cuando escribo estas líneas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado dirigirse al Consejo de Ministros para que el 18 de julio de 2006 se declare día oficial de condena del régimen de Franco. La Asamblea espera que el debate actualmente en curso en España desemboque en un examen y en una evaluación completa y profunda de los crímenes del régimen franquista.

La memoria histórica ha arraigado fuertemente en los descendientes de los vencidos que sólo han conocido la democracia como forma de convivencia. Saben que todavía quedan muchas fosas ocultas en los campos de nuestra patria.

Los familiares de los desaparecidos sólo quieren que les permitan hundir sus manos abiertas en la tierra de todos los españoles para sentir el calor de sus antepasados y devolverles a la condición de ciudadanos. Esta tierra que nos ha de cubrir a todos, como dijo Manuel Azaña en plena Guerra Civil, debe poner punto final a un agravio histórico, haciendo real y efectivo su clamor de Paz, Piedad y Perdón. Ahora, además, es la hora de la Justicia.

(José Antonio Martín Pallín es magistrado del Tribunal Supremo.)

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