Las valoraciones de derecha a izquierda sobre la subida de impuestos anunciada ayer por el Gobierno y las líneas básicas del Presupuesto del Estado para 2010 coinciden en señalar la insuficiencia y la arbitrariedad de las medidas presentadas por la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Y otra lectura coincidente: las clases medias vuelven a pagar el pato.
Se entiende que Zapatero prefiriera no asumir el coste de comunicar un ajuste fiscal tan discutido como de dudosa eficacia y cediera tal ‘honor’ a la titular de Economía.
El misterio, por fin, fue desvelado y supimos lo que durante estos días se nos ocultaba. Nada de impuestos ecológicos y la tributación de las Sicav de las grandes fortunas permanece intacta. Bajo el pomposo epígrafe de «Un esfuerzo fiscal colectivo para garantizar la protección social y la sostenibilidad de las cuentas públicas», el Ejecutivo concretó sus medidas:
– Eliminación de la deducción de 400 euros en el IRPF
– Subida del tipo general del IVA en dos puntos (del 16% al 18%) y del tipo reducido en un punto (del 7% al 8%), a partir del 1 de julio de 2010. El tipo superreducido se mantiene al 4%.
– Subida del tipo de gravamen de las rentas del ahorro del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros y el resto al 21%
– Bajada de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades para las pymes con menos de 25 trabajadores y ingresos menores a 5 millones de euros, que mantengan o creen empleo (tipo del 25% al 20%). Medida equivalente para los autónomos.
A parte de la escasa oportunidad de un aumento de la presión fiscal cuando aún buscamos la salida de la recesión más profunda que han vivido el mundo y este país en décadas, parece claro que tanto ruido va a traer escasos ingresos adicionales: 10.950 millones de euros, de los cuáles 6.500 en 2010 y el resto en 2011.
De esos 6.500 millones, 4.100 provendrán en 2010 de la retirada de la subvención de los 400 euros, que aportará 1.600 euros adicionales en 2011. Lo que pone en evidencia los efectos muy limitados del ajuste fiscal.
Gastaremos más en deuda que en infraestructuras o servicios públicos
Hay muchos más datos y múltiples interpretaciones sobre los mismos, pero uno de los más sorprendentes es la ambiciosa intención de reducir el déficit público del Estado (la diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa) del actual casi 10% a un 5,4%.
Si los gastos reales se van a reducir un 3,9% gracias a ese «esfuerzo de austeridad» pregonado por Salgado, ¿de dónde saldrá el resto de los ingresos? Porque ya hemos visto que de la subida de impuestos, pocos.
Pues del crecimiento económico, nos dicen. Vamos a empezar a remontar en el segundo trimestre de 2010 y en el tercero se confirmará la recuperación, anuncia la ‘vice económica’. Derroche de optimismo gubernamental que no sabemos si responde a una previsión real o a la necesidad de cuadrar unos números que, según muchos expertos, no hay por donde cogerlos.
Algo que nos debería procupar, sin embargo, es que a pesar de esa presunta reducción del déficit público, el peso de la deuda pública sobre el total de la economía española va a pasar del 53,4% del PIB en 2009 al 62,5% en 2010. Quizá «es un dato inferior a países de nuestro entorno» e inferior a la media de la zona euro, como dijo Salgado, pero no por ello deja de ser procupante.
Y aún más si nos fijamos en la distribución de los gastos para el año que viene. Si bien el gasto social acapara el 51,6% del total, observamos con preocupación que destinaremos al pago de esa deuda pública más recursos que a las infraestructuras y a inversión en I+D+i juntas. Y también más que al conjunto de los servicios públicos (jueces, policías, Defensa, etc…).
Por tanto, austeridad quizá sí, pero menos de la necesaria. Y para aquellos que preconizan menos impuestos y más inversión pública una advertencia: parece claro que con tanta protección social y tanto plan de rescate para salvar bancos y cajas ya no hay margen para más endeudamiento.
