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Fabra versus Fabra: el corrupto Carlos se acerca a prisión, Alberto rechaza el indulto

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, hace bien en oponerse al indulto del otro Fabra, de Carlos, el expresidente de la Diputación de Castellón condenado a 4 años de prisión por defraudar 700.000 euros a Hacienda.

Carlos Fabra

El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en 2013 ante la Audiencia Provincial.

Militantes del PP fieles al polémico Carlos Fabra recogieron firmas para pedir su indulto, pero el jefe del Consell, quien ha hecho de la contundencia contra los presuntos corruptos su principal seña de identidad, ha dejado bien claro que ni el PP ni su Gobierno apoyarán la petición de indulto. “En ningún caso”, advirtió.

No en vano, lo contrario sería un insulto a los ciudadanos, que asisten atónitos a escándalos de corrupción como Gürtel, Emarsa o Blasco en la Comunidad Valenciana, los ERE y los cursos de formación en Andalucía, o el caso Pujol en Cataluña...

Cierto es que la petición de indulto es un derecho que asiste a todo ciudadano, pero haría bien Carlos Fabra en dejar ya de dañar  a su expartido con peticiones que sabe que están condenadas al fracaso.

Se negó a dimitir todos estos años, incluso cuando le abrieron juicio oral, y lo que es peor, en su partido le permitieron que siguiera en el puesto. En 2011 fue relevado en la Diputación de Castellón y luego al frente del partido por el joven Javier Moliner, la persona que él eligió pero que no tardó en soltar lastre de Carlos Fabra, mostrarse contundente contra todo indicio de corruptelas y eliminar a la vieja guardia afín al exdirigente.
Ahora, dos dirigentes políticos del PP de Castellón, que crecieron bajo la sombra del control político en su partido, casi absoluto, de Carlos Fabra en la provincia, han sido los más contundentes contra éste: Alberto Fabra, ex alcalde de Castellón y actual presidente de la Generalitat, y Javier Moliner, actual presidente de la Diputación y del PP provincial. Seguramente son los más conscientes del daño que ha provocado a su partido el que antaño fuera intocable líder de los populares de Castellón. Carlos Fabra está más cerca de ingresar en prisión.

Blasco, del comunismo revolucionario a conseller del PSOE, del PP, y ahora al trullo

La historia personal de Rafael Blasco es, probablemente, una de las más peculiares entre los políticos españoles.

Rafael Blasco

Fotografía de archivo tomada el 08/03/2012, del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco. EFE/Kai Försterling

Nacido en Alzira (Valencia) en 1945, militó en su juventud en varios partidos antifranquistas, primero en el Partido Comunista de España (PCE), luego en el Movimiento Comunista de España (MCE) y posteriormente en el extremista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que rechazaba la reconciliación nacional promovida por Santiago Carrillo y apostaba por forzar la caída de la dictadura franquista por métodos que no descartaban la lucha armada. Esta militancia, todavía bajo el franquismo, le llevó a situaciones de exilio.

Ya en democracia, Rafael Blasco se fue acercando al Partit Socialista del País Valencià-PSOE, partido en el que su hermano Francisco fue alcalde de Alzira. Tanto se fue acercando que acabó de conseller de Presidencia del primer gobierno autonómico de Joan Lerma en 1983. Su poder era inmenso en el gobierno socialista.

Blasco se casó con Consuelo Císcar, secretaria personal del ex president de la Generalitat Joan Lerma y hermana de Ciprià Císcar, que también fue conseller de Educación y llegó a ser el número tres del PSOE (secretario de Organización Federal) con Felipe González.

Rafael Blasco fue nombrado conseller de Obras Públicas y Urbanismo en 1985 y en 1989 fue destituido tras una denuncia por sobornos a funcionarios de la Conselleria a cambio de la recalificación de terrenos. El controvertido político se salvó de la cárcel: unas grabaciones telefónicas que le incriminaban supuestamente fueron invalidadas y Blasco resultó absuelto.

Tras su destitución, trató de impulsar un partido político valenciano de corte autonomista, en una operación en la que incluso intentó coaligar a otros dos partidos antagónicos, Unió Valenciana (que llegó a obtener más de 200.000 votos en la Comunitat Valenciana con un discurso anticatalanista) y a Unitat del Poble Valencià (germen del actual Compromís y cercano a tesis favorables al acercamiento político y cultural de Valencia con Cataluña). Blasco intentó ser el puente entre las dos orillas valencianistas para crear una coalición que  impidiera al PP o al PSOE lograr mayorías absolutas y que tuvieran que pasar por sus condiciones, pero fracasó.

Distanciado del PSOE tras su destitución, Blasco se fue aproximando al PP de Eduardo Zaplana, que acabó fichándolo en 1995 como subsecretario de Planificación de la Generalitat. En 1999 lo nombró consejero de Empleo y luego de Bienestar Social. Entre otras leyes, Blasco impulsó la ley de uniones de hecho, una norma que provocó duras críticas del sectro democristiano y más conservador del PP valenciano, pero que Zaplana avaló para tratar de ganar votos de centro a costa del PSOE.

Tras la marcha de Zaplana al Gobierno de Aznar, primero como ministro de Trabajo y luego como ministro portavoz, Blasco prosiguió su proceso camaleónico y se acercó a Francisco Camps, quien venció en las elecciones autonómicas valencianas en 2003. Blasco no tuvo problema en convertirse también en uno de los hombres fuertes de Camps, pese a que éste procedía del sector democristiano del PP valenciano. Del comunismo revolucionario al socialismo institucional y luego al Partido Popular, no tuvo dificultad alguna en pasar del sector ‘liberal’ del PP valenciano al sector ‘democristiano’.

Juicio del caso Cooperación

El juicio oral contra el conseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco (4i) y otras ocho personas por el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Blasco fue nombrado conseller de Territorio, luego de Sanidad y finalmente de la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Fue durante esta etapa donde fraguó el ‘caso Cooperación’ por el que hoy ha sido condenado a 8 años de prisión. También estalló el caso de los trajes de Gürtel por el que fue imputado Francisco Camps. Y Blasco fue uno de los políticos que más defendió al expresidente de la Generalitat.

Por ello, y tras ganar las elecciones autonómicas de 2011, Camps nombró a Blasco portavoz del PP en Les Corts, quizá también lo sacó de su Gobierno temiendo una posible imputación por el ‘caso Cooperación’, como finalmente ocurrió. Pero Camps tuvo que dimitir, forzado por Rajoy, tras la apertura de juicio oral.

Con la llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat, el futuro de Blasco en el PP se complicó mucho, especialmente tras su imputación. Fabra le negó el acceso a las reuniones de su gobierno, lo destituyó de portavoz y presionó para que dimitiera y dejara su escaño en Les Corts. Al negarse este, Fabra amenazó con forzar una votación del grupo popular para expulsarlo, pero Blasco accedió a abandonar éste, pero al no renunciar al escaño pasó al grupo de no adscritos.

Ahora, era un cadáver político pendiente de su condena o absolución. La sentencia ha sido contundente. El camaleón Blasco pasará ahora a estar enjaulado, entre las rejas de prisión.