El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
No señor Monago, no. Los mochuelos y los yuppies sí se enteran. Es muy fácil. Tal como coinciden los principales periódicos nacionales de Madrid en sus portadas (20minutos, El País, El Mundo, ABC), la Comunidad Valenciana es la más perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica. También Baleares sale trasquilada. Son las dos únicas regiones que sufren tajo gordo tanto en el déficit fiscal (aquí por debajo de Madrid y Cataluña, que es aún mayor, sobre todo Madrid) como en la financiación (en esto Madrid y Cataluña están en la media).
Apela usted, señor Monago, a la solidaridad y a no tocar nada de nada. Normal. Tal como certifica el informe de los expertos encargado por el Ministerio de Hacienda, Extremadura tuvo en 2011 una balanza fiscal (diferencia entre lo que recauda cada Comunidad y lo que acaba recibiendo del Estado) más que positiva. 2.991 millones de euros. La Comunidad Valenciana, en cambio, un déficit fiscal de 2.018 millones de euros. Se dice pronto. ¿Por qué merecen más solidaridad los extremeños que los valencianos, señor Monago?
Pero es que ahí no acaba la injusticia. La balanza fiscal es una injusticia para Valencia, pero la financiación autonómica lo es mucho más. De cada 100 euros que reparte el Estado en la financiación, la Comunidad Valenciana recibe 88,4 por habitante por 115,1 que recibe Extremadura. ¿Es justo eso, señor Monago? Cada riojano, 123, cada cántabro, 123… ¿Es justo?
No se trata de lloriquear como plañideras, ni de utilizarlo para sembrar la animadversión hacia el resto de españoles como hacen algunos nacionalistas. Se trata de reivindicar lo que es justo para corregir un sistema muy injusto.
En la Comunidad Valenciana empieza a haber una sensación de hartazgo que no sabemos cómo puede desembocar. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió que cambiaría el sistema de financiación autonómica cuando estaba en la oposición. Ganó en noviembre de 2011 por mayoría absoluta y, previsiblemente, no va a cambiar el sistema de finaciación, que el mismo reconocía que era injusto, antes de las elecciones, ni las autonómicas, ni las generales.
El Gobierno valenciano, todos los partidos políticos valencianos, los empresarios valencianos, los sindicatos y la práctica totalidad de entidades sociales valencianas exigen que se rectifique cuanto antes este discriminatorio sistema, que afecta de lleno al sostenimiento del Estado del Bienestar Social. Pero el ministro Cristóbal Montoro y su mano derecha, el secretario de Estado, Antonio Beteta, se dedican a dar largas y a desautorizar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuando reclama lo que es justo.
Obviamente, están cavando la fosa para la tumba del PP en la Comunidad Valenciana, pero no sé si se percatan de que, indirectamente, también están comenzando a cavar la tumba del propio PP nacional. Si se creen que manteniendo los graneros de votos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, y hundiéndose en la Comunidad Valenciana y Madrid van a volver a ganar las elecciones generales con mayoría holgada, es que están fuera de la realidad.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en un acto con empresarios valencianos.
De momento, en la Comunidad Valenciana se perfila un gobierno cuatripartito de izquierdas, capitaneado por un PSPV-PSOE a la baja, condicionado por los econacionalistas de Compromís (que se espera que acaparen gran parte del creciente malestar de los valencianos con el maltrato del Estado), más Esquerra Unida (IU) y Podemos.
Un cuatripartito que puede abrir otro frente por el ‘derecho a decidir’ (Compromís, EU y Podemos lo defienden), y el PSPV, aunque defiende un Estado federal unitario, podría alienarse con la posición del PSC (sus hermanos de Catalunya) a favor del ‘derecho a decidir’ si se ve forzado por sus previsibles tres socios de gobierno. La Comunidad Valenciana se convertiría a partir de mayo de 2015 en otro problema gordo para la cohesión territorial de España tal como la concibe el PP, que se sumaría al de Cataluña, el País Vasco y, probablemente, también Navarra. Galicia, de momento, la tiene controlada el PP con la mayoría absoluta de Alberto Núñez-Feijóo.
El PP valenciano podría pasar a la oposición no sólo por los casos de corrupción que le salpican (Carlos Fabra, Pedro Hernández, Gürtel…) y por algunos escándalos como el aeropuerto de Castellón o el cierre de Canal 9, sino, sobre todo, por la sensación de que si gobierna su partido en España la Comunidad Valenciana se lleva las migas del pastel que reparten Montoro y Rajoy, y que engullen Monago y otros. Y encima Alberto Fabra aparece como un mendigo ninguneado constantemente por el Gobierno central, por Génova… y despreciado por el beneficiado Monago, que le llama ‘yuppie’ y ‘mochuelo’ (como a Ignacio González).
Sectores del PP valenciano temen que el runrún que empieza a correrse entre algunos alcaldes y empresarios hasta ahora afines a los populares llegue a concretarse: la creación de un partido autonomista valenciano de centro-derecha. El modelo sería un partido tipo Coalición Canaria o Unión del Pueblo Navarro. Con vocación de gobierno en la Comunidad Valenciana e influyentes en Madrid, reinvidicativos en cuanto a infraestructuras pero sin llegar a tener ningún tipo de aspiración secesionista.
La patronal valenciana está más que harta con Montoro… y empiezan a cansarse también del propio Rajoy. Y no estamos hablando del numeroso empresariado mediano valenciano, que también.
José Vicente González, máximo responsable de Cierval; José Vicente Morata, presidente del Consejo Superior de Cámaras de la Comunitat Valenciana; el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, especialmente crítico con Montoro; Federico Félix, presidente de Pro AVE; el presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón, José Roca; Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), o el propio Juan Roig, dueño de Mercadona. Las ramas sindicales de UGT y CCOO apoyan también la reinvidicación y están al tanto de los movimientos.
Los pesos pesados empresariales se están organizando y en cualquier momento van a pegar un puñetazo en la mesa tan fuerte que le pueden saltar las gafas por los aires a Montoro. De momento, más le vale recibirlos pronto y no cabrearlos más.
Los contactos de la patronal valenciana con el poderoso (y de momento silencioso) empresariado madrileño han comenzado. Rajoy tiene que buscar una solución para Cataluña, pero al mismo tiempo debe dejar de asfixiar a la Comunidad Valenciana y a Madrid. El reparto del pastel debe cambiarse y debe ser justo. Si no lo es, habrá movimientos políticos de calado. En Valencia ya se están produciendo.
