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¿Por qué evitará el trullo con 15.000 € “la hija de puta de La Perla” (Bigotes dixit)?

El 3 de enero de 2009, en una conversación telefónica entre Álvaro Pérez El Bigotes, la persona de confianza de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, y Cándido Herrero, contable de Orange Market, El Bigotes admitió haber comprado un reloj a Milagrosa Martínez, ex presidenta de las Cortes Valencianas y ex consejera de Turismo en la época en que Francisco Camps era presidente de la Generalitat, como favor por recibir contratos públicos.

Milagrosa Martínez

Milagrosa Martínez, ex presidenta de las Cortes Valencianas, condenada por corrupción. EFE

Dicha conversación fue intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El Bigotes le dijo a Cándido Herrero: “Y luego tenemos que comprar un reloj a la consejera de, porque se lo compré a la hija de puta de la Perla, ¿no se lo voy a comprar a la de ahora, a la de Turismo?”. Se refería a Angélica Such, la consellera de Turismo que sucedió a Milagrosa Martínez, y quien sí ha resultado absuelta.

Pero La Perla no, Milagrosa Martínez ha sido condenada a prisión, aunque eludirá la trena con una fianza de 15.000 euros.

La Perla siempre negó haber recibido un reloj valorado en 2.400 euros por parte de El Bigotes, a cambio de contrataciones para Fitur. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en su sentencia sobre la pieza 3 del caso Gürtel, lo considera probado.

Según los magistrados del TSJ valenciano, en las fiestas navideñas de 2005, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, puestos de común acuerdo, y para ganarse el trato de favor de la exconsellera, le regalaron un reloj de la marca Hublot por importe de 2.400 euros que Correa adquirió en una joyería de Madrid. Los tres han sido condenados y han ingresadon en la cárcel de Picassent.

Álvaro Pérez, El Bigotes

Álvaro Pérez, El Bigotes, miembro de la trama corrupta Gürtel.

El abogado de Milagrosa Martínez siempre negó tal acusación, e incluso la ex consellera dijo que era aficionada a los relojes de imitación y que no tenía amistad ni trato con los cabecillas de la trama corrupta Gürtel. Para ello se refirió a la forma insultante con que aludía a ella El Bigotes: “La hija de puta de La Perla”. La exconsellera condenada a cárcel era conocida así por utilizar dicha expresión, ‘perla’, para referirse a mucha gente, aunque ella siempre ha dicho que se le conocía como “Mila”.
La condena ha sido rotunda: 9 años de prisión, 6 de ellos por malversación de caudales públicos (delito por el que también se le imponen 10 años de inhabilitación absoluta) y otros tres años de cárcel por cohecho pasivo (además de 5.000 euros de multa y 8 años de inhabilitación especial).

¿Y por qué eludirá la cárcel con una fianza de 15.000 euros tras una condena tan clara? El tribunal ha tenido en cuenta que Milagrosa Martínez, a diferencia de Correa o El Bigotes, no está imputada en otras piezas del caso Gürtel.

Además, la defensa de la exconsellera ha alegado que su estado de salud es “delicado” y que carece de medios económicos, por lo que no existiría riesgo de fuga. Los jueces lo han tenido en cuenta pero, eso sí, está obligada a comparecer dos días al mes, se le retira el pasaporte y se le prohíbe salir de España, además de la fianza de 15.000 euros para eludir el ingreso en prisión.

La Perla, ex alcaldesa de Novelda (Alicante), fue promocionada por Francisco Camps tras significarse muy pronto en apoyo del expresidente de la Generalitat Valenciana en su particular batalla interna por el poder en el PP de la Comunidad Valenciana con el ex ministro Eduardo Zaplana que se desató tras las elecciones autonómicas del año 2003.

Fabra versus Fabra: el corrupto Carlos se acerca a prisión, Alberto rechaza el indulto

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, hace bien en oponerse al indulto del otro Fabra, de Carlos, el expresidente de la Diputación de Castellón condenado a 4 años de prisión por defraudar 700.000 euros a Hacienda.

Carlos Fabra

El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en 2013 ante la Audiencia Provincial.

Militantes del PP fieles al polémico Carlos Fabra recogieron firmas para pedir su indulto, pero el jefe del Consell, quien ha hecho de la contundencia contra los presuntos corruptos su principal seña de identidad, ha dejado bien claro que ni el PP ni su Gobierno apoyarán la petición de indulto. “En ningún caso”, advirtió.

No en vano, lo contrario sería un insulto a los ciudadanos, que asisten atónitos a escándalos de corrupción como Gürtel, Emarsa o Blasco en la Comunidad Valenciana, los ERE y los cursos de formación en Andalucía, o el caso Pujol en Cataluña...

Cierto es que la petición de indulto es un derecho que asiste a todo ciudadano, pero haría bien Carlos Fabra en dejar ya de dañar  a su expartido con peticiones que sabe que están condenadas al fracaso.

Se negó a dimitir todos estos años, incluso cuando le abrieron juicio oral, y lo que es peor, en su partido le permitieron que siguiera en el puesto. En 2011 fue relevado en la Diputación de Castellón y luego al frente del partido por el joven Javier Moliner, la persona que él eligió pero que no tardó en soltar lastre de Carlos Fabra, mostrarse contundente contra todo indicio de corruptelas y eliminar a la vieja guardia afín al exdirigente.
Ahora, dos dirigentes políticos del PP de Castellón, que crecieron bajo la sombra del control político en su partido, casi absoluto, de Carlos Fabra en la provincia, han sido los más contundentes contra éste: Alberto Fabra, ex alcalde de Castellón y actual presidente de la Generalitat, y Javier Moliner, actual presidente de la Diputación y del PP provincial. Seguramente son los más conscientes del daño que ha provocado a su partido el que antaño fuera intocable líder de los populares de Castellón. Carlos Fabra está más cerca de ingresar en prisión.

Montoro reparte el pastel … y la Comunidad Valenciana se come las miguitas

Rajoy saluda a Fabra

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

No señor Monago, no. Los mochuelos y los yuppies sí se enteran. Es muy fácil. Tal como coinciden los principales periódicos nacionales de Madrid en sus portadas (20minutos, El País, El Mundo, ABC), la Comunidad Valenciana es la más perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica. También Baleares sale trasquilada. Son las dos únicas regiones que sufren tajo gordo tanto en el déficit fiscal (aquí por debajo de Madrid y Cataluña, que es aún mayor, sobre todo Madrid) como en la financiación (en esto Madrid y Cataluña están en la media).

Apela usted, señor Monago, a la solidaridad y a no tocar nada de nada. Normal. Tal como certifica el informe de los expertos encargado por el Ministerio de Hacienda, Extremadura tuvo en 2011 una balanza fiscal (diferencia entre lo que recauda cada Comunidad y lo que acaba recibiendo del Estado) más que positiva. 2.991 millones de euros. La Comunidad Valenciana, en cambio, un déficit fiscal de 2.018 millones de euros. Se dice pronto. ¿Por qué merecen más solidaridad los extremeños que los valencianos, señor Monago?

Pero es que ahí no acaba la injusticia. La balanza fiscal es una injusticia para Valencia, pero la financiación autonómica lo es mucho más. De cada 100 euros que reparte el Estado en la financiación, la Comunidad Valenciana recibe 88,4 por habitante por 115,1 que recibe Extremadura. ¿Es justo eso, señor Monago? Cada riojano, 123, cada cántabro, 123… ¿Es justo?

No se trata de lloriquear como plañideras, ni de utilizarlo para sembrar la animadversión hacia el resto de españoles como hacen algunos nacionalistas. Se trata de reivindicar lo que es justo para corregir un sistema muy injusto.

En la Comunidad Valenciana empieza a haber una sensación de hartazgo que no sabemos cómo puede desembocar. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió que cambiaría el sistema de financiación autonómica cuando estaba en la oposición. Ganó en noviembre de 2011 por mayoría absoluta y, previsiblemente, no va a cambiar el sistema de finaciación, que el mismo reconocía que era injusto, antes de las elecciones, ni las autonómicas, ni las generales.

El Gobierno valenciano, todos los partidos políticos valencianos, los empresarios valencianos, los sindicatos y la práctica totalidad de entidades sociales valencianas exigen que se rectifique cuanto antes este discriminatorio sistema, que afecta de lleno al sostenimiento del Estado del Bienestar Social. Pero el ministro Cristóbal Montoro y su mano derecha, el secretario de Estado, Antonio Beteta, se dedican a dar largas y a desautorizar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuando reclama lo que es justo.

Obviamente, están cavando la fosa para la tumba del PP en la Comunidad Valenciana, pero no sé si se percatan de que, indirectamente, también están comenzando a cavar la tumba del propio PP nacional. Si se creen que manteniendo los graneros de votos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, y hundiéndose en la Comunidad Valenciana y Madrid van a volver a ganar las elecciones generales con mayoría holgada, es que están fuera de la realidad.

Fabra con los empresarios valencianos

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en un acto con empresarios valencianos.

De momento, en la Comunidad Valenciana se perfila un gobierno cuatripartito de izquierdas, capitaneado por un PSPV-PSOE a la baja, condicionado por los econacionalistas de Compromís (que se espera que acaparen gran parte del creciente malestar de los valencianos con el maltrato del Estado), más Esquerra Unida (IU) y Podemos.

Un cuatripartito que puede abrir otro frente por el ‘derecho a decidir’ (Compromís, EU y Podemos lo defienden), y el PSPV, aunque defiende un Estado federal unitario, podría alienarse con la posición del PSC (sus hermanos de Catalunya) a favor del ‘derecho a decidir’ si se ve forzado por sus previsibles tres socios de gobierno. La Comunidad Valenciana se convertiría a partir de mayo de 2015 en otro problema gordo para la cohesión territorial de España tal como la concibe el PP, que se sumaría al de Cataluña, el País Vasco y, probablemente, también Navarra. Galicia, de momento, la tiene controlada el PP con la mayoría absoluta de Alberto Núñez-Feijóo.

El PP valenciano podría pasar a la oposición no sólo por los casos de corrupción que le salpican (Carlos Fabra, Pedro Hernández, Gürtel…) y por algunos escándalos como el aeropuerto de Castellón o el cierre de Canal 9, sino, sobre todo, por la sensación de que si gobierna su partido en España la Comunidad Valenciana se lleva las migas del pastel que reparten Montoro y Rajoy, y que engullen Monago y otros. Y encima Alberto Fabra aparece como un mendigo ninguneado constantemente por el Gobierno central, por Génova… y despreciado por el beneficiado Monago, que le llama ‘yuppie’ y ‘mochuelo’ (como a Ignacio González).

Sectores del PP valenciano temen que el runrún que empieza a correrse entre algunos alcaldes y empresarios hasta ahora afines a los populares llegue a concretarse: la creación de un partido autonomista valenciano de centro-derecha. El modelo sería un partido tipo Coalición Canaria o Unión del Pueblo Navarro. Con vocación de gobierno en la Comunidad Valenciana e influyentes en Madrid, reinvidicativos en cuanto a infraestructuras pero sin llegar a tener ningún tipo de aspiración secesionista.

La patronal valenciana está más que harta con Montoro… y empiezan a cansarse también del propio Rajoy. Y no estamos hablando del numeroso empresariado mediano valenciano, que también.

José Vicente González, máximo responsable de Cierval; José Vicente Morata, presidente del Consejo Superior de Cámaras de la Comunitat Valenciana; el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, especialmente crítico con Montoro; Federico Félix, presidente de Pro AVE; el presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón, José Roca; Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), o el propio Juan Roig, dueño de Mercadona. Las ramas sindicales de UGT y CCOO apoyan también la reinvidicación y están al tanto de los movimientos.

Los pesos pesados empresariales se están organizando y en cualquier momento van a pegar un puñetazo en la mesa tan fuerte que le pueden saltar las gafas por los aires a Montoro. De momento, más le vale recibirlos pronto y no cabrearlos más.

Los contactos de la patronal valenciana con el poderoso (y de momento silencioso) empresariado madrileño han comenzado. Rajoy tiene que buscar una solución para Cataluña, pero al mismo tiempo debe dejar de asfixiar a la Comunidad Valenciana y a Madrid. El reparto del pastel debe cambiarse y debe ser justo. Si no lo es, habrá movimientos políticos de calado. En Valencia ya se están produciendo.