Los obispos tienen todo el derecho a manifestarse por la calle, a congregar a sus fieles, a predicar, incluso a arengar. Un derecho que en ocasiones han negado a los demás por ese orgullo que lleva a pensar que lo propio es lo único verdadero y que por tanto debe imponerse.

Los discursos pronunciados por los invitados al acto de esta mañana en la Plaza de Colón de Madrid, están en la lógica previsible y habitual en estos casos. Defienden la familia tradicional personas que han renunciado a crear una familia, pero estas son contradicciones que forman parte de la naturaleza de las cosas. En cualquier caso la familia es asunto complejo y que no puede ser monopolizado por personas, ideologías o religiones. Pocas religiones confían tanto en la familia como los hindúes, pero sus costumbres nos parecen inapropiadas para nuestra cultura.

De lo escuchado me llamó la atención un comentario del cardenal de Valencia, Agustín García Gasco: “no se respeta la Constitución y nos dirigimos a la demolición de la democracia”. Son textuales y fueron leídas, es decir que antes fueron escritas y, supongo, meditadas. La defensa de la Constitución por parte de un obispo como García Gasco es novedosa, ni le gustaba ni le gusta esta Constitución, de manera que su defensa es una noticia, ¿o no?. Lo mismo que lo es la alusión a la “democracia” un invento liberal de poco más de dos siglos (muy reciente para la Iglesia) propio de esas sociedades relativistas que tanto inquietan a los obispos. ¿Porqué esas referencias? ¿Qué pretende el cardenal? No acierto a comprenderlo.

Hubo mucha gente en la concentración, los obispos tienen una gran capacidad de movilización y una feligresía leal y sacrificada. Pero para afinar datos de personas presentes les recomiendo el manifestometro que desde hace unos años calcula superficies y personas que las ocupan. A descatcar el orden en un acto tan emotivo y de riesgo. Y a destacar lo inncesario de no decir la verdad ni en las cifras, ni el los comentarios. Quizá haya que recordsar aquello de perdónales… no saben lo que dicen. ¿O si lo saben?.

Son cuatro empresas concesionarias del servicio de limpieza del metro de Madrid con 1500 trabajadores. A principios de la pasada semana sus trabajadores iniciaron una huelga indefinida de las calificadas como duras, una huelga activa por cuanto no limpian y, algunos, además, ensucian. Suben la presión para lograr antes lo que pretenden.

Estas huelgas de servicios públicos tienen cuatro partes: las empresas concesionarias, sus trabajadores, los clientes (víctimas indefensas y perdedores perpetuos), y la administración que otorga el servicio y tienen la obligación de garantizar ese servicio.

Las empresas han denunciado en los juzgados varios centenares de actos de vandalismo, muchos de los cuales serán admitidos por los tribunales y traerán de cabeza a más de uno de sus actores. Especialmente si interviene el Servicio Público de Salud, denuncia delitos contra la salud pública e insta la actuación de la fiscalía, que irá más allá del conflicto.

Los dirigentes de la huelga amenazan con hacer caso omiso de los servicios mínimos y con endurecer la huelga. Pudieran pasarse de presión y sufrir un efecto bumerán, es decir que la huelga les caiga encima. Ocurrió hace unos 25 años con una huelga similar en la EMT, un conflicto duro que acabó en derrota histórica de los huelguistas, que concitaron la mayor de las antipatías.

La presidente Aguirre ha visto una oportunidad para acreditar firmeza y liderazgo y ha ordenado iniciar los trámites de rescisión de los contratos a los concesionarios. Traslada la presión a las empresas. Y advierte que puede convocar nuevos concursos. Quizá una advertencia excesiva, sobre todo porque los empelados van con la contrata. Pero que marca una línea de resistencia que el comité de huelga tendrá que tener en cuenta.

Esta huelga acabará en los tribunales y seguidamente provocará una sentencia que siente jurisprudencia sobre los límites del derecho de huelga y sobre quien paga los perjuicios a terceros.

El presidente del Gobierno no resistió estos días la tentación de inaugurar (y de reiterar «Feliz Navidad»), asi que el viernes se subió al AVE con destino Valladolid (y parada en Segovia) y el sábado hizo otro tanto con destino Málaga. La ministra del ramo, Fomento, caminó a su lado con la sonrisa de éxito, por encima de la de recusada.

El AVE de Madrid a Sevilla (el de Felipe) circula desde 1992, con paradas en Ciudad Real, Puertollano y Córdoba. Fue criticado, le llamaron “el tren bobo”, le acusaron de despilfarro, y no pocos pronosticaron su fracaso. No ha fracasado, por el contrario hoy todas las capitales aspiran a la alta velocidad tanto como a un equipo en primera división.

Con extremos en Sevilla, Málaga, Tarragona, Valladolid, Huesca y Toledo la red AVE une hoy trece capitales de seis comunidades autónomas, en plazos que van de media hora (Madrid a Toledo) a cinco horas (Tarragona Málaga). Adicionalmente otro buen número de capitales más lejanas de Madrid han recortado el tiempo de viaje en tren, por el uso de ejes variables para los dos anchos de vía, que permiten velocidad alta, 200 kilómetros por hora, competitiva con la carretra. El norte de España (Irún, Bilbao, Santander, Gijón) reduce más de una hora el viaje en tren al centro de la península.

De las dos inauguracioens de estos días me ha llamado la atención la decepción catalana, puesta de evidencia en La Vanguardia con titulares como “El norte entra en el mapa y Madrid amplia aun más su área de influencia” y una portada que rezuma frustración en ese subtítulo: «A falta de Ave la lotería deja 260 millones en Catalunya».

También me sorprendió un titular de ABC: “Técnicos de ADIF cuestionan la seguridad del Ave a Valladolid que hoy inaugura Zapatero”, sin identificar a esos técnicos, ni referir los documentos en los que plasman su inquietante dictamen. Quizá la firmante del reportaje tiene razón o quizá sesa que se trata de aquello de que al gobierno, especialmente a Zapatero, ni agua, todo mal porque sí o porque también.

La pena de muerte y el libérrimo mercado de armas para particulares diferencian la sociedad norteamericana de la europea. La cuna de la democracia moderna (a medias con Inglaterra) ha mantenido la pena de muerte no como herencia de un sistema autoritario o absolutista sino como consecuencia de un régimen basado en la libertad y autonomía individual y en unas costumbres primitivas de autodefensa y ojo por ojo.

Allá por los años sesenta (del XX) se abrió un resquicio a la abolición de la pena de muerte, que es un derecho (si es que puede denominarse derecho) de los estados federados, que llevó a que trece de los cincuenta estados suprimieran de sus códigos y comportamientos que el Estado acabe con la vida de cualquier persona tras un proceso judicial con garantías. Con respecto al comercio libre de armas no ha habido avance apreciable, solo armas más criminales.

En general los republicanos son partidarios firmes de ambos bárbaras costumbres y los demócratas, no todos, se alinean en el grupo contrario con limitada eficacia en sus propuestas, incluso cuando están en el poder.

Las encuestas muestran una mayoría de ciudadanos a favor de la pena de muerte, compatible con los radicalmente contrarios al aborto, y en favor del comercio privado de armas, lo cual pone de relieve que hay convicciones profundas que no podemos entender a este lado del Atlántico, a pesar de que nuestra historia de los últimos doscientos años en cuanto a violencia y espíritu bélico está mucho más acreditada, por desgracia.

Varios estados de la Unión debaten en sus asambleas legislativas la cuestión de la pena de muerte y el propio tribunal Supremo tiene sobre la mesa algunos casos que pueden conducir esa práctica hacia el punto final. Nueva Jersey lo ha hecho esta semana y su gobernador pondrá su firma final en breve. De hecho en ese estado la última ejecución se produjo en 1963. Pero estos días no han faltado campañas y voces enérgicas a favor de la pena de muerte para asesinos de policías, de menores, de violadores y para terroristas.

En Europa no entendemos esas costumbres, pero no me atrevería, en determinadas circunstancias emocionales, a someter a votación la cuestión de la pena de muerte en España o en cualquier otro de los países europeos. Nueva Jersey deroga la pena capital, pero mantiene la cadena perpetua sin libertad condicional ni remisión de penas salvo casos muy excepcionales.

A pocos kilómetros de Zaragoza, a menos de dos horas, puerta a puerta, de Madrid y Barcelona (y de Valencia por la ruta mudéjar) puede crecer en el plazo de media docena de años una especie de Las Vegas a la europea con la mayor oferta de juego y entretenimiento. Dicen que pueden llegar a 17.000 millones de euros de inversión, que sería la mayor de la historia en una operación unitaria en España. Y dicen que el gobierno de Aragón, que son gente seria, está comprometido y decidido a que todo esto sea cierto.

Soy de natural escéptico respecto a este tipo de macroproyectos, la realidad suele ser más compleja, más fértil en obstáculos e incidentes. Para que la historia llegue al final se requiere una movilización por tierra, mar y aire. Primero que la inversión sea posible, que la pasta esté disponibles; segundo, y previo a lo anterior, que el marco legal admita un proyecto de esa naturaleza, lo cual requiere nuevas normas estatales y autonómicas. Y también que las infraestructuras y servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones… responda a las necesidades requeridas.

Es posible y probable que este proyecto se materialice en su totalidad o en buena parte. También es probable que haya demanda para rentabilizar semejante inversión a medio y largo plazo. Y que esa demanda nacional y europea asimile tanta oferta de entretenimiento en los Monegros. El valor de esa zona es la soledad y la equidistancia, que no haya nada en el alrededor inmediato y que a menos dos horas de viaje (entre 200 y 400 kilómetros) esté la zona más rica de España, más de veinte millones de personas. Y si el proyecto madura las comunicaciones con el sur de Francia tendrán que adelantarse.

El gobierno de Aragón está decididamente comprometido con el proyecto y hay que suponer que ha tomado cautelas y garantías. El otro proyecto previo semejante fue el de Disney en Europa que finalmente se ubicó en París y no en Cataluña o Valencia. La oferta francesa era más central, más segura en cuanto a público consumidor potencial. Aquello ocurrió hace más de una década, de entonces acá la capacidad de consumo de los españoles ha mejorado y, probablemente, hace posible lo que pareció demasiado arriesgado.

En este siglo la sanidad, la enseñanza y la diversión son las industrias generadoras de riqueza y empleo. Y los aragoneses pueden sacar ventaja de la oportunidad de que en Los Monegros solo hay soledad y buenas comunicaciones.

Los debates electorales entre los candidatos a presidente son rara avis en Europa, moneda común en Estados Unidos y práctica creciente a este lado del Atlántico. Fueron apasionantes los que enfrentaron este mismo año a Sarkosy y Royal, que contribuyeron a decantar el voto a favor del actual presidente de Francia. En España se intentó en todas las campañas aunque por unas y otras razones los titulares del poder se libraron de la prueba. Felipe González aceptó debatir con Aznar en 1993, quizá por esa superioridad intelectual en la que flotaba por aquel tiempo. Hubo dos debates, en Antena 3 y en Tele5, con saldo incierto, el primero quedó algo mejor Aznar y en el segundo González enredó a su oponente con las pensiones y obtuvo alguna ventaja.

Rajoy no aceptó un debate con Zapatero el 2004 y bien que lo lamentó cuando perdió. Por eso ahora Rajoy pide debate y no debería poner condiciones que descarrilen esa posibilidad. Los ciuddanos tienen derecho a presenciar ese debate y, como están las cosas, es muy probable que decantaría los votos decisivos. Más aun, no debe ser un solo debate, ni dos, sino que caben varios formatos para que haya diversas oportunidades de confrontar ideas y actitudes.

Los norteamericanos tienen muy ensayada esta fórmula desde hace décadas. Hay innumerables debates entre los candidatos de cada partido a lo largo de las primarias. Los que estamos viendo estos meses. Y durante la campaña final, los dos candidatos se enfrentan en tres ocasiones, con tres formatos distintos; y además dos debates adicionales de los candidatos a vicepresidente.

La organización corre a cargo de una organización privada, a modo de fundación, financiada con donantes que no inciden en el desarrollo de los actos. Estos están regulados por un protocolo minucioso (más de treinta folios) a modo de contrato de obligado cumplimiento que suscriben todas las partes. Y la señal se facilita a todas las cadenas de televisión y radio.

Dirán que eso es América, que son muy puntillosos y complicados y que aquí las cosas se cocinan de otra manera: arreglo entre los aparatos de los partidos e interés de las televisiones que solo ponen el escenario pero sacan pecho.

La propuesta de Rajoy de dejar fuera de los debates a TVE no es defendible. El PP votó el actual consejo de RTVE, acepta su existencia y que la sufraguen los españoles con sus impuestos. Si después de todo eso es sectaria y no merece ofrecer el servicio público que es semejante debate, la conclusión lógica es que RTVE no tiene sentido y hay que cerrarla. La exigencia de Rajoy es injustificada e inaceptable, es como que quisiere evitarse el debate.

Los obispos españoles están persuadidos de que viven en un mundo hostil y equivocado. El cardenal de Valencia, por ejemplo, en el reciente brindis protocolario en la embajada de España tras su ascenso a cardenal, pronunció un agónico sermón sobre la importancia de Dios, en un marco, una cena, donde tocaba otro tono y mensaje. Pero los obispos tienen derecho a cultivar sus sentimientos y mostrarse como son.

Esta semana ha ocurrido algo sin precedentes. Un obispo, arzobispo, condenado por un juez ordinario por coacciones e injurias a un subordinado, a un canónigo. Es insólita la condena, lo es la descripción de hechos de la sentencia y lo es la propia denuncia y su tramitación con posiciones obstinadas de las partes. ¿No fue posible una avenencia en el seno de la familia?, ¿No hubo suficiente caridad, o humildad, o misericordia, como para evitar la ciega y serena intervención de la justicia del Estado civil.

Los obispos tuvieron fuero especial que les evitaba enfrentarse a la Justicia, lo cual era una anomalía. Sometidos al común no hay precedentes de una condena por hechos semejantes. Le ha caído al arzobispo de Granada, que antes lo fue de Córdoba y antes de Madrid. Un obispo de largo recorrido que ascendió a esa dignidad cuando estaba por cumplir 37 años.

Tras la condena el arzobispo ha reconocido “soy frágil como todos los seres humanos y como todos tengo necesidad de misericordia”. Poco que objetar a semejante proposición, solo que se aplique el cuento, que ejercite la misericordia, que le evitarías algunos problemas y se les ahorraría a sus adversarios, que no le faltan.

En algunas profesiones, incluidas las mercantiles, una condena conduce a una inhabilitación. Quizá es exagerado, el perdón y una nueva oportunidad es propia de sociedades generosas y fuertes. La Iglesia lo es y predica el perdón aunque hay veces que lo olvida.

El arzobispo merece otra oportunidad, pero la condena le debería imponer una penitencia más allá de la multa, al menos un tiempo de meditación, de humildad, de modestia y, quizá, de expiación. Pero no hay noticia de nada de eso, deben andar pensando cuando y como.

De las concentraciones ayer en los ayuntamientos queda la imagen de los insultos a los socialistas, algunos tan elocuentes como los dirigidos al concejal Zerolo. De la concentración de esta tarde no se que quedará, pero, de momento, el dato relevante es que el presidente Zapatero se queda en Palacio. Ignoro las apreciaciones que hicieron los estrategas en esa reunión matutina del lunes donde, los que mandan en el PSOE y en el gobierno, afilan el cálculo electoral. El presidente no concurrirá a la manifestación para evitar tensión, para que los abucheos de las minorías exaltadas no se apropien del plano y de las imágenes en los medios.

Así que los energúmenos mandan en la agenda y los líderes, prudentes, se pliegan. Zapatero, que no condenó los ataques que otros energúmenos protagonizaron contra sedes del PP, se encuentra con una situación semejante y, prudentemente, se hace a un lado.

Será prudente pero puede ser erróneo. Convocar a los ciudadanos a salir a la calle y quedarse en casa es la estrategia del capitán araña, así se entierran las promesas y compromisos: “no voy a cambiar…” como que instalarse en palacio, en el helicóptero, no pisar tierra con polvo… no trasformara a las personas, incluidas las más equilibradas.

La reunión del domingo en el Parlamento fue un mero gesto, apariencia. No hay unidad porque hay cálculo electoral y táctica. Es la hora de los energúmenos, de ellos es la escena, a ellos se dedican las cámaras y las fotos que luego van a las portadas e ilustran editoriales y comentarios. Los de las pistolas respiran aliviados, la solemnidad del funeral solo fue un espejismo.

Muchos catalanes están cabreados, allí dicen que se trata del “catalán emprenyats” y seguramente no les falta razón. Hay mucho cabreado por el mundo, por muy diversas razones. Otra cuestión es como se manifiesta el cabreo, como se articula y a que conduce. A primera hora de la mañana suele haber sobrados motivos de cabreo,en términos generales y concretos. Y no conviene frivolizar con eso.

Mañana se van a manifestar en Barcelona catalanes cabreados, en una manifestación incitada desde abajo, desde la sociedad y a la que se han sumado políticos que imaginan que pueden pescar votos en ese caladero de malestar. De los del gobierno catalán se suman los de las minorías de apoyo, que están en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo. Y de la oposición se suma CiU, que no tiene otra cosa mejor que hacer, con Jordi Pujol a la cabeza, ese señor inteligente que gobernó Cataluña durante 25 años, hasta el 2003, y que algo tiene que ver con el despliegue catalán y con su estado de ánimo. Los socialistas no irán a la manifestación, pero no es por falta de ganas, también están “emprenyats”, pero no es su tiempo de manifestaciones.

Van a protestar por los trenes, por la luz, por los impuestos, por el gasto público, por el derecho a decidir, por la dignidad. Bien pensado, hacen bien en protestar. Me sumo a la protesta. Más aun, sin pretender comparar estoy pensando que donde vivo, en un barrio del norte de Madrid, también deberíamos protestar. Aquí no hay biblioteca, el enlace con la NVI es malo, los atascos de la mañana y la tarde irritantes, y el aparcamiento decepcionante. La luz va mejor, pero hasta fechas recientes los micro-cortes que dejaban el ordenador colgado eran frecuentes. Y mis paisanos de Burgos, ¿no tienen razones para manifestarse cabreados? Las entradas a la ciudad son un desastre, el tren no existe de hecho y el mar sigue tan lejos como hace un cuarto de siglo.

A ver si estamos todos cabreados y no nos hemos dado cuenta. A ver si tenemos que manifestaron todo los sábados, contra el gobierno y contra la oposición.

Llaman balanzas fiscales a los estudios acerca de quien y como paga al común y quien y como recibe del común. Aparentemente se trata de un cálculo sencillo, se suman los impuestos pagados y se dividen por las personas residentes. A renglón seguido se hace lo mismo con el gasto público. Y luego se comparan ambos cocientes y… ¡ta-cha-chan!… sale el índice de solidaridad territorial, quien paga más de lo recibe y quien recibe más de lo que paga.

Pero puestos a seleccionar los datos surgen los problemas. Las personas y las mercancías que son sujeto y objeto de la imposición se mueven, circulan por los territorios y fijar el flujo al espacio tiene sus dificultades. Y con los gatos pasa otro tanto, con el agravante de que inversiones efectuadas en unos territorios benefician también a los limítrofes.

Por ejemplo, ayer participe diurnote toda la mañana en Valladolid en una interesante sesión de debate sobre la economía castellano leonesa, que va bien. El presidente de Renault (la primera empresa de lejos de la región, decisiva para su futuro) comentaba que si el puerto de Santander admitiera contenedores mejorarían los costes y la competitividad de las plantas de Valladolid y Palencia. De manera que a Castilla-León le iría muy bien esa inversión en Cantabria. ¿Cómo contabilizamos eso en las balanzas fiscales?

La Fundación del BBVA, que viene animando y financiando muy valiosos estudios económicos bien fundados, esenciales para luego entender lo que ocurre, acaba de publicar un trabajo sobre balanzas fiscales realizado por profesores con buena metodología. Los datos básicos del trabajo acreditan que Madrid y Cataluña son las comunidades más solidarias desde el punto de vista fiscal. No tiene eso mérito, pero es un dato, lógico y normal.

La conclusión inicial de los datos gruesos del estudio es que el agravio territorial es un tanto impostado, desmedido. Que desde el punto de vista fiscal vascos y navarros no pueden protestar, tienen un privilegio. Y la teoría de los nacionalistas catalanes sobre el “expoli” que sufren por imposición del gobierno central pertenece más a la ensoñación que al mundo real. Pero esta es materia emocional y quienes la predican, por ejemplo los de ERC, no van a pararse al análisis, no les interesa.