Por Agustín Arroyo Carro
Era de esperar. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no sólo ha dificultado el derecho al acceso a la Justicia de toda la ciudadanía, encareciendo desorbitadamente las tasas judiciales, sino que ha favorecido a los elitistas y multimillonarios cuerpos de Notarios y Registradores de la Propiedad, entre los que se incluye el actual jefe de Gobierno y algunos de sus familiares más próximos. Un hecho real es que muchos notarios y registradores han visto
disminuir en estos 5 últimos sus abultados y pingües ingresos por la retracción de las compraventas en el sector inmobiliario. Me consta que han tenido que despedir a algunos de sus administrativos y oficiales en muchas oficinas de Notaría y Registro de toda España.
Sin embargo, a pesar de ser un cuerpo de fedatarios públicos no muy numeroso, han conseguido que se les adjudique también la posibilidad de casar y divorciar por 95 €. Se argumenta que esta medida contribuirá a agilizar las listas de peticiones matrimoniales por lo civil que “colapsan” los Juzgados. Creo que se exagera, pues en España todavía hay más matrimonios canónicos que civiles o están igualados en número. En los 10 últimos años ha decrecido el número de bodas por la intensidad de la crisis y ha aumentado el de parados jóvenes que, en muchos casos, optan por vivir juntos hasta estabilizar sus precarias situaciones de trabajo y acceso a la compra de viviendas o alquileres baratos. Los ricos, y sus representantes políticos, siempre encuentran nuevos caladeros y nichos de negocio. ¡Qué avaricia y qué descaro!