Por Cristina Ballester Martínez
Dos personas en una oficina del INEM de Madrid. (EFE)
Soy una mujer de 33 años licenciada en Periodismo. Desde pequeña se me ha inculcado el valor que la formación académica tiene en el mercado laboral, por eso acabado el colegio la universidad era la parada obligatoria. Con mi título bajo el brazo trabajé algunos años en departamentos de comunicación y medios. Sin embargo, fui la primera en irme a la calle cuando los datos económicos comenzaron a empeorar.
Siguiendo la pauta que se me había dado en mi más tierna infancia continué formándome para conseguir un empleo. Sin embargo, he descubierto que la educación que se me dio choca frontalmente con lo que hoy se valora en esta sociedad.
La ley no me considera lo suficientemente mayor ni ya tan joven como para recibir cualquier tipo de ayuda. Carezco de discapacidades y, por aquello del sentido común, no tengo hijos que no pueda mantener. Engordar las filas del INEM ha hecho que viva con mis queridos progenitores, ya que nunca me ha alcanzado el sueldo para un piso propio. Y a estas alturas del camino, agotando los últimos meses de paro, y sin que mi teléfono suene a pesar de las miles de acciones que llevo a cabo para conseguir un empleo, me veo desprotegida.
Me siento ciudadana de segunda, o incluso de tercera, al saber que no cumplo ninguno de los requisitos para ser beneficiaria de una de las ayudas económicas que nuestro gobierno otorga. Aún peor me hace sentir el que los trabajadores de las administraciones públicas me insinúen, cada vez que pido información al respecto, que al tener padres no tengo derecho porque se supone que ellos se hacen cargo de mí.
¿Dónde está escrito, en la Constitución o cualquier otra norma legal, que el Estado puede darme de lado? Es más, ¿cómo puede sentirse una mujer de 33 años que ha cotizado, ha trabajado y desea volver a hacerlo, pidiéndole a sus padres jubilados dinero?
Entiendo que hay situaciones complicadas, que hay que proteger a los niños y a los mayores. Sin embargo aquellos que hemos nacido y crecido en este país, los que no nos hemos endeudado por encima de nuestras posibilidades, que nos hemos formado, que hemos tenido el sentido común de no ser madres solteras, los que hemos luchado por un trabajo digno, que nos esforzamos a diario, todas esas personas como yo no tenemos derecho a subsidios, ni a ayudas de emergencia, ni a planes de empleo. Entonces a nosotros, ¿quién nos protege?
