Por Enrique G Blanco
Recientemente he escuchado en un medio de comunicación una noticia en la que se hablaba de la entrada en vigor este mes de junio de una exigencia para todas las viviendas que se pongan en venta o alquiler, consistente en la realización de un certificado de consumo eficiente de energía. Según una persona experta que explicaba la importancia del mismo, va a servir, entre otras cosas, para hacer unas recomendaciones sobre las pequeñas obras necesarias para que en cada vivienda consumamos menos energía y emitamos menos contaminación al medio ambiente. Este certificado, al parecer, va a tener un coste en torno a 250 euros y, según la noticia, será realizado por una empresa privada homologada.
En mi opinión, todo lo que contribuya a que ahorremos energía y emitamos menos contaminación al medio ambiente me parece bien y cualquier consejo que se pueda dar a los ciudadanos para que ahorremos energía o contaminemos menos también es bueno e incluso necesario. Lo que no veo tan bien es que el ciudadano tenga que pagar a una empresa particular por la realización de ese certificado. Me pregunto si no podría realizarlo por un módico precio personal especializado contratado por la misma administración pública con competencia en materia de energía y medio ambiente y hacerlo extensible a todas las viviendas en general.
Como ciudadano, lo que más me preocupa e indigna es que los nuevos impuestos que nos exigen puedan terminar llenando los cajones privados, en vez de los de la administración que al menos beneficia a todos.