Por Luis Fernando Crespo Zorita

La adopción de medidas, manu militari, para hacer frente a lo que está sucediendo en el Mediterráneo, no debería hacernos olvidar que así luchamos únicamente contra el síntoma que supone la violación de la frontera europea y posponemos para otro momento la lucha contra la enfermedad que significa la pobreza en la mayor parte del planeta.

Un inmigrante duerme sobre el suelo en la localidad fronteriza con Francia de Ventimiglia, Italia. (EFE)

Alimenta el imaginario colectivo que ve la inmigración como un fenómeno ingobernable, en manos de mafias y traficantes; reabre el peor de los discursos políticos posibles aquel que define la inmigración como un problema ligado al número de inmigrantes soportable por la sociedad, como si existiese un umbral de tolerancia, cierto número de inmigrantes, aquellos necesarios para nuestro servicio, pero una vez superado esa suma ideal todo vale contra los que lleguen después; olvida que es imposible fijar ese umbral sólo desde esta orilla de la inmigración, sin tener en cuenta los desequilibrios geoeconómicos provocados por el capitalismo global y sus consecuencias lacerantes sobre las personas que los sufren.

La inmigración es un proceso social perfectamente reversible si se igualan los niveles de desarrollo económico Norte-Sur.

Las Administraciones, la europea también, deberían garantizar la igualdad de todos ante la ley, sin distinción por origen nacional, cultural o étnico, no sólo por razones de equidad y justicia, sino también para consolidar la eficacia del sistema democrático, que es el único garante de nuestros derechos en diversidad.