Por Luis Fernando Crespo Zorita
Desde 2008, se han perdido más de 500.000 puestos de trabajo en las administraciones públicas, pérdida que no será paliada por las 7.416 plazas que se han convocado este año. Se nos bajó el sueldo en 2010 y desde entonces se han congelado las remuneraciones básicas. En definitiva se modifican nuestras condiciones de trabajo arbitrariamente, sin que quepa defensa o negociación alguna por parte de los trabajadores públicos.
Estamos sometidos a un t
ipo de relación laboral que la jurisprudencia califica de “especial sujeción”, para que las Administraciones aseguren, bajo cualquier circunstancia, el funcionamiento de los servicios públicos establecidos, esto permite la determinación unilateral de las condiciones de trabajo; en la práctica sufrimos la ausencia absoluta de derechos adquiridos, y nuestra relación laboral es en realidad un contrato de adhesión, en el que pueden cambiarse las cláusulas contractuales sin el consentimiento de uno de los contratistas.
A este condicionante genérico de la relación laboral hay que añadirle los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y de promoción profesional (concurso, concurso específico, libre designación, adscripción provisional y comisión de servicio), siempre va a resultar determinante la “potestad autoorganizativa de la Administración” o, dicho de otra forma, la discrecionalidad, cuasi caciquil, del político designado por turno electoral.
El Reglamento General de Ingreso, Provisión y Promoción profesional de los funcionarios (Real Decreto 364/1995), es la norma laboral, sin reformas adaptativas, más antigua de la democracia, se trata de un producto legal muy refinado, que ha sobrevivido intocable durante seis periodos legislativos especialmente convulsos, y se ha mostrado útil para los gestores de los tres niveles administrativos (local, autonómico y estatal) porque permite todo tipo de maniobras partidistas sobre el empleo público.
Esto ha deteriorado de forma continuada las prestaciones del servicio, incluso las más necesarias; y ha propiciado la privatización como alternativa de gestión, y como oportunidad de negocio boyante, por tener siempre clientela garantizada o cautiva: la inmensa mayoría de los ciudadanos.
