El informe indicaba que hay más de 20.000 ancianos esperando residencia pública en la Comunidad de Madrid, y que muchas de las 25 residencias de la Comunidad tenían parte de sus plazas desocupadas.

Susana elegía entre ellas. El viernes, temprano, intentábamos corroborar la información, entrando en una de las residencias.

La verja de la entrada indicaba que no todo el que quiere, puede entrar. Tras pasar la primera barrera, faltaba pasar por la puerta de acceso sin levantar sospechas.

Una vez dentro, había que comprobar en cada uno de los 17 módulos si existían o no habitaciones desocupadas.

Como si del juego del escondite se tratara, accedíamos a los pabellones con sigilo, observando cada una de las puertas de acceso a las habitaciones, mirando continuamente hacia atrás, evitando ser descubiertos.

Una hora más tarde, salíamos de la residencia con la misma premura y cautela con la que accedíamos. Antes de marchar, hablábamos con varios internos, que nos confirmaban que serían unas doscientas (doscientas veinte, dicen los datos oficiales) las personas que habitaban en la residencia (que por otra parte, tiene una capacidad de quinientas cincuenta camas).

Al llegar a la redacción, volcaba el material gráfico. Mientras tanto, Susana buscaba contrastar los datos del informe, y lo visto aquella mañana, con la Consejería. Después, escribiría el artículo que hoy vemos publicado.

Los datos no mentían: 830 camas vacías en las 25 residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, y 20.000 solicitantes esperando una plaza libre.

Ayer mismo, la Consejería nos sugería que la información, los datos, y lo que nuestros ojos habían visto, no eran ciertos.

Muchos de los problemas que sufre el ciudadano quedarían resueltos si el político bajase de la nube y pisase el suelo, o escuchase a alguna de las 20.000 familias que no dispone de recursos económicos suficientes para hospedar a su mayor en una residencia privada.

No permito que me llamen mentiroso, porque las fotos no mienten.