En España, como en muchos otros países, hubo durante muchos años un monopolio estatal del servicio telefónico. Después del éxito que supuso en EE UU la disgregación de AT&T, casi todos decidieron privatizar las telecomunicaciones y abrirlas a la competencia. El objetivo era multiplicar la innovación y abaratar, drásticamente, los servicios. El enemigo era, de modo natural, la empresa privada descendiente del monopolio, que automáticamente trataba de defender su posición dominante en el mercado por todos los medios (amables y menos amables). Para limitar su poder nacieron árbitros de la competencia, organismos estatales encargados de frenar posibles abusos. En todas partes estos árbitros entraron en conflicto con la empresa dominante para defender la competencia, y con ella los derechos de los consumidores. En todas partes, excepto en España, donde el árbitro local (la CMT) ha sido desautorizado por el árbitro europeo. ¿Y qué hace la CMT? Pues pide ayuda al gobierno… para defender a Telefónica, empresa a la que está encargado de vigilar. Mientras, el sector en España no recibe los beneficios que una vigorosa competencia ha dado a otros países, y el país se queda descolgado en la Sociedad de la Información. Suerte que Bruselas nos protege, porque si el futuro del país dependiese del árbitro local…