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De aquellos polvos y estos lodos

Hay veces que la actualidad supera a cualquier intencionalidad. Porque de la siguiente acumulación de noticias, ¿qué puede decirse? Tan sólo recordar aquel refrán castellano: de aquellos polvos vienen estos lodos. Un estudio demuestra que España retrocede en relación a nuestros pares en lo que a Sociedad de la Información se refiere, perdiendo posiciones cada año que pasa. A lo mejor el hecho de que en España el acceso a Internet baja menos de precio que en el resto del mundo tiene algo que ver, tal vez. Pero no hay que preocuparse, porque el Estado, en forma de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, está dispuesto a enfrentarse a Europa para proteger nuestros intereses… industriales, que no sociales. Y algunos sectores de la cultura consideran el invento una amenaza de la que defenderse y a la que exprimir económicamente, ocasionando protestas antes las autoridades que cabe dudar consigan evitar el daño.

Con estas industrias y con estos funcionarios públicos, empeñados en protegerlas aun a costa de la injusticia o del subdesarrollo, lo raro es que todavía haya Internet en España. Verguenza debería dar a Telefónica, a las telecos, a la CMT, al Ministerio de Cultura y a los partidos políticos que nos ¿des?gobiernan. Así nos luce, y nos lucirá, el pelo de la dehesa. Pobre España, y pobres de nosotros.

Un estanco para Microsoft

Imagine que para entrar en un ministerio hiciese falta llevar puestas una determinada marca de zapatillas de deporte. O que para conducir por una carretera pública fuese necesario conducir una y sólo una marca de automóvil. O que para hablar con un funcionario público hubiera que llamar desde una única compañía telefónica. La mayoría de la gente, excepto los propietarios comerciales de esas marcas, consideraría semejante exigencia como un abuso intolerable; como una escandalosa reducción de la libertad personal con el único objetivo de favorecer los intereses pecuniarios de una compañía privada. Sería una intromisión en la libertad comercial y un impuesto indirecto sobre todos los ciudadanos; un monopolio sancionado por el estado. Sería un escándalo. Pues exactamente éso es lo que pretende hacer el estado español con los ciudadanos del país según la actual redacción de la Ley de Acceso Electrónico a las Administraciones Públicas (LAECAP), que va a aprobarse el próximo jueves 7 en el Senado. En la práctica la LAECAP proporciona un monopolio estatal a determinadas empresas sin siquiera la hoja de parra de un concurso público. Como cuando la dictadura otorgaba estancos a los Caballeros Mutilados, pero beneficiando esta vez a Microsoft.

Nuestros políticos están demostrando que no comprender el concepto de ‘acceso libre’, que en la Sociedad de la Información está íntimamente ligado con los estándares abiertos y es una libertad fundamental. Toda la información generada por el estado debe ser accesible a todos los ciudadanos, independientemente de la marca comercial de software o del sistema operativo que escojan utilizar. Toda esa información, datos y software, debe publicarse en formatos estándar no propietarios, para evitar que una compañía privada (legítimamente interesada tan sólo en sus inversores) se convierta en un peaje obligatorio en las relaciones ciudadano-estado. Para evitar que una información o programa pagadas con nuestros impuestos se nos vuelva a cobrar para beneficio de una empresa particular. Cualquier desviación de estos principios es una intolerable e inaceptable ventaja que el estado y la ley conceden a un grupo de particulares sin justificación alguna. Los políticos que lo hagan deberán explicar las razones de semejante privilegio, o no estarán libres de sospecha.

La culpa es nuestra

Daría risa, si no estuviera uno llorando. El gobierno que sólo ha salido de su indiferencia para poner trabas al desarrollo de Internet interpreta datos obtenidos por la empresa que más ha hecho para que el acceso sea complejo y caro en España para concluir que la culpa de que la Sociedad de la Información no crezca al ritmo adecuado es de los internautas. Que suponen ya casi el 50% de la población a pesar de los denodados esfuerzos de la administración y la susodicha empresa para ‘fomentárnosla’. Y este dato lo comunican y amplifican los medios que no saben informar sobre el fenómeno sin incluir las palabras ‘pedofilia‘, ‘adicción‘ o ‘pirata‘. No, esto va bastante más allá de la ironía y entra en el territorio del sarcasmo cruel. Porque la culpa es nuestra.

El hecho de que las conexiones de banda ancha tengan el precio y la calidad que tienen; de que sea imposible, o muy difícil como poco, cambiar de proveedor sin arriesgarse a estar un mes desconectado; de que el servicio y el trato al cliente sea entre infame e infecto y de que las conexiones inalámbricas sean cerradas y un atraco a mano armada, todo esto nada tiene que ver, seguramente, con Telefónica. Que no es más que la empresa que domina de modo aplastante el mercado, y que se dedica a ejercitar y reforzar ese dominio poniéndoselo lo más difícil posible a sus competidores, aunque eso acabe fastidiando al usuario. La empresa que lanzó el mayor proyecto de Internet de la historia, Terra, a bolsa por 12 euros y lo compró cuatro años después a 4 después de transformar su nombre en sinónimo del desastre empresarial, la falta de objetivos claros, la avaricia desmadrada y el caos. Ésa es la empresa que patrocina el estudio que nos dice que si Internet no crece más (‘sólo’ el 14% anual) no es por sus propias acciones. Porque la culpa es nuestra.

Y luego está el gobierno; ese gobierno que sólo legisla para complicar las cosas con la excusa de ‘protegernos’; que en el nombre de la libertad escoge no poner límites a las empresas dominantes; que en lugar de aumentar el interés de la ciudadanía por la Red publicando en ella sus contenidos de modo accesible para todos gasta los dineros en campañas que criminalizan el acceso mismo e incorporan visiones retrógradas del mundo digital. El gobierno y los políticos que no utilizan Internet, y que cuando el principal problema de la Red en España es que no hay suficiente, sólo miran los ‘excesos’, son el gobierno y los políticos que nos abroncan, con cariño pero con firmeza, porque no somos lo bastante internautas. Porque la culpa es nuestra.

Cuando lo más impresionante es que a pesar de Telefónica y a pesar del Estado español, casi el 50% de la población se haya dado a la navegación en poco más de 10 años; que el fenómeno siga creciendo un 14% (ya quisieran los partidos o empresas esos ritmos), que no muestre señales de dejar de crecer. A pesar de los ‘cariños’ de los gobiernos, a pesar de las ‘atenciones’ de Telefónica, Internet existe. Eso es lo llamativo de verdad. Y sí; de esto la culpa sí que es nuestra.

Si el gobierno quisiera fomentar la Sociedad de la Información debería publicar toda, toda la información en manos del estado en la Red para el acceso de todos, por todos los medios (no sólo Explorer). Debería utilizar con preferencia software cuyas entrañas puedan ser examinadas por los ciudadanos. Debería facilitar la creación de redes municipales de acceso en las zonas menos favorecidas. Debería fomentar el uso de ordenadores en las escuelas, y legislar facilidades para crear empresa y proyectos de software y contenidos. Debería eliminar ambigüedades normativas que crean terror en el corazón de los inversores. Debería reformar la legislación de ‘propiedad’ intelectual pensando en el futuro, y no en el pasado. Debería dejar de considerar la Red como un peligroso territorio repleto de sorprendentes amenazas, para considerarla una de las más importantes oportunidades de negocio y educación de la historia. Y por supuesto debería limitar el poder de Telefónica en la Red española, su capacidad de poner trabas, su arrogancia, su aplastante dominio del mercado, su avaricia. Debería trabajar porque la conexión a Internet sea sencilla, rápida, fiable, abierta, ubicua y sobre todo barata. De lo demás ya nos encargamos nosotros.

Pero todo esto no va a suceder, porque la culpa de que no avance la Sociedad de la Información no la tiene el gobierno ni la tiene Telefónica: la tenemos los habitantes de España. Las víctimas, que no lo somos tanto, resultamos ser los culpables, según los responsables. Afortunadamente la historia demuestra que no les necesitamos, porque si dependiera de ellos estaríamos arreglados. Y la culpa sería nuestra.