Los datos descontrolados matan. O si no, que se lo cuenten a Raúl Reyes, o en su día a Dzyojar Dudáyev, o a las decenas de activistas palestinos asesinados por las fuerzas israelíes. Basta con que caigan en manos enemigas el puñado de bites que representan un lugar en un momento dado para que sea posible acabar con la vida de alguien. Por eso es tan importante la privacidad, es decir, el que uno mismo tenga la capacidad de controlar qué datos están en manos de quién, y cuándo. Porque lo contrario es una amenaza que puede llegar a ser mortal. Cualquier teléfono móvil es una emisora que se identifica continuamente. Si esa identificación puede relacionarse con una persona, un atacante que disponga de una mínima capacidad tecnológica puede triangular la posición del teléfono, y por tanto de la persona. Los teléfonos de satélite, que emiten con mucha mayor potencia, necesitan sin embargo una sofisticada infraestructura tecnológica para la triangulación. En un móvil normal, la misma red de la compañía telefónica puede realizar esta operación con sencillez, simplemente utilizando software. En resumen, cualquier individuo cuya relación con un teléfono móvil sea conocida puede ser seguido, o asesinado, usando medios cada vez más sencillos y, por tanto, más al alcance de muchos posibles enemigos. Es por eso que la asociación entre nombre y teléfono debiera ser privada, y sólo debería descubrirse bajo el más férreo control judicial. Es más que dudoso ese control en casos como el de Reyes o Dudáyev, por no mencionar el problema jurisdiccional (¿qué juez? ¿bajo qué ley?).

Piénselo; mucha gente no derramará lágrima alguna ante la eliminación de un terrorista. Pero el terrorista de unos es el luchador por la libertad de otros; en algunos casos es una cuestión de definición. Si esta tecnología hubiese estado en manos del ocupante nazi en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, la Resistencia hubiese sufrido sobremanera. O piense en lo que hubiese podido pasar si la tecnología hubiese caído en manos de un estado totalitario como la Unión Soviética o la Alemania nazi. No nos parece demasiado mal que quien comete crímenes sea localizado, o incluso eliminado, pero los crímenes que justifican este tratamiento pueden ser también ideológicos, incluso imaginarios. En un estado opresivo la definición de ‘crimen’ es arbitraria, y sin privacidad de ella dependerá nuestra libertad, e incluso nuestra vida. Simplemente trate de pensar en lo que podría ocurrir si este tipo de tecnología cayese en manos de la opción ideológica que usted más aborrece. Temible, ¿verdad? Para colmo la tecnología cada vez ofrece más poder a grupos más pequeños de personas: ya no hace falta toda una infraestructura estatal para hacer cosas que antes sólo podía hacer todo un país. Esto supone que lo que hoy hace Israel, EE UU o Colombia mañana lo podrán hacer organizaciones terroristas, y pasado mañana un individuo.

Es por eso que el derecho a controlar quién tiene nuestros datos personales se está convirtiendo ya en uno de los más importantes cimientos de la libertad futura. Las leyes deben limitar el acceso a ese tipo de información al máximo, con el consentimiento de la persona o como mínimo bajo estricto control judicial. Porque la privacidad es algo más que el derecho a evitar que a uno le incordien con correo electrónico basura o le llamen por teléfono con ofertas a la hora de la cena. La información mata, y tenemos que disponer de un mínimo derecho a la autodefensa.