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La tortura silenciada

Por Carmen López  Carmen López AI

Tortura es que no haya delito, si quien te viola es tu marido. Tortura es someter a una niña a una mutilación genital, a un matrimonio forzado, obligarla a no denunciar una agresión sexual para evitar el rechazo de la comunidad. Tortura es agredir a una mujer para saldar un ‘crimen de honor’. Tortura puede ser que persista la violencia intrafamiliar por el silencio del Estado, la pasividad de los jueces y la impunidad para los agresores.

También lo son la esterilización y los abortos forzados, o que tu gobierno te obligue a llevar a término un embarazo inviable aunque tu vida se pueda quedar por el camino. Tortura es que en un centro de detención no se trate adecuadamente tu embarazo o que te separen de tus hijos e hijas.

Pie de foto: Mary, activista LGBTI en Kenya, uno de los colectivos más vulnerables a la hora de sufrir abusos con impunidad. Copyright: Pete Muller

Pie de foto: Mary, activista LGBTI en Kenya, uno de los colectivos más vulnerables a la hora de sufrir abusos con impunidad. Copyright: Pete Muller

Tortura es que te violen para que aprendas a ‘ser una verdadera mujer’, porque tu orientación sexual no convence a tu agresor o que te hagan exploraciones anales para humillarte por ser homosexual. Tortura es que por ser una persona transgénero te metan en una celda de aislamiento, alegando que quieren ‘protegerte’ o te nieguen tu tratamiento hormonal.

Cuando hablamos de tortura, pensamos en el dolor y el sufrimiento infligidos a personas, en su mayoría hombres, que están bajo la custodia del Estado. La tortura destruye también la identidad y la autoestima de la persona. Mujeres, niñas o personas del colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), en su mayoría, escapan de esta concepción de la tortura porque sus agresores no suelen ser agentes estatales. Son las víctimas silenciadas de la tortura.

Pero no importa quién cometa este tipo de actos. La Convención contra la Tortura de Naciones Unidas recuerda que aunque los autores sean agentes no estatales, los Estados son responsables cuando no aplican la “debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigarlos”, y están obligados a rendir cuentas por ello.

Sin embargo, mujeres y niñas en todo el mundo siguen enfrentándose a importantes obstáculos discriminatorios para acceder a la justicia, de ahí las pocas denuncias que se ponen. Personas del colectivo LGBTI, no encuentran mecanismos que prevengan y reparen este tipo de violaciones de sus derechos humanos. En la mayoría de los casos poner una denuncia les enfrenta a nuevos abusos o al estigma social.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado tortura y otros malos tratos en 141 países. La organización ha acusado a gobiernos de todo el mundo de traicionar sus compromisos para acabar con la tortura, tres décadas después de la adopción por la ONU en 1984 de la Convención contra la Tortura. Un convención ratificada por 155 Estados.

La tortura cometida por el Estado o consentida por él sigue viva y goza de buena salud. Amnistía Internacional pone en marcha la campaña Stop Tortura que durante dos años trabajará para que se elaboren mecanismos de prevención eficaces que permitan exigir a los Estados que respondan sobre el uso de la tortura y los malos tratos. Trabajaremos para que la desaparición de la tortura deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.

 

Carmen López es periodista de Amnistía Internacional España

Personas, no mercancías

Por Carmen Miguel Carmen Miguel

La semana pasada pudimos escuchar  las duras palabras de Paloma, una mujer mexicana víctima de un cartel que la explotó sexualmente, la obligó a drogarse y a realizar ritos satánicos, la segunda que recientemente ha visto reconocido su derecho de asilo en España por este motivo. La primera, en octubre de 2013, fue una joven nigeriana a la que una mafia le exigía 20.000 euros, a pagar mediante la explotación sexual.

Nuestra sociedad normaliza escandalosamente este crimen y todo lo que conlleva. En consecuencia se invisibiliza el vínculo existente entre estas prácticas y las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres víctimas de trata a las que se obliga a prostituirse.

'Slave' (Esclava). Imagen cedida por Ira Gelb.

‘Slave’ (Esclava). Imagen cedida por Ira Gelb.

La Red Española Contra la Trata estima que existen 50.000 mujeres y niñas víctimas de trata y explotadas sexualmente en nuestro país ¿Por qué hasta ahora sólo se ha concedido derecho de asilo a 2 mujeres? Hasta hace poco en España, la trata se entendía como un delito a perseguir y una cuestión migratoria. La mayor parte de casos se canalizaban a través de la ley de extranjería, concediendo en ocasiones a las víctimas una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

En los últimos años han aumentado los esfuerzos internacionales para combatir la trata de personas y la explotación sexual: El Protocolo de Palermo aprobado en el año 2000 fue un primer paso. 5 años más tarde, el Consejo de Europa promovía un Convenio que centraba la lucha contra la trata en los derechos humanos y la protección de las víctimas.

Pero la piedra angular para la protección a las personas refugiadas es la Convención de Ginebra de 1951 que establece para pedir asilo o refugio la persecución “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas”. La Convención de Ginebra no menciona explícitamente entre las causas para solicitar asilo el que una persona sea perseguida por motivos de género. Pero desde hace varias décadas el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) empezó a recomendar a los Estados que interpretasen que la persecución por motivos de género tenía cabida dentro de las persecuciones por “pertenencia a un determinado grupo social”. Pese a estas recomendaciones, los Estados han sido reacios a reconocer como refugiadas a las mujeres que alegaban ser perseguidas por motivos de género.

La trata de personas es una violación de los derechos fundamentales a la libertad y seguridad, a no ser sometida a esclavitud, a tortura, o a trato inhumano o degradante. A las mujeres víctimas de trata se les rapta, se les viola, se las convierte en esclavas sexuales, se les obliga a prostituirse, a realizar trabajos forzados, se les extirpan órganos, se les maltrata física y psicológicamente, se les priva de alimentos o de atención médica… Estas violaciones de derechos humanos equivalen a persecución, aunque no las lleve a cabo un agente estatal, sino redes criminales o incluso miembros de la familia o de la comunidad. No reconocerlo es un síntoma de la visión androcéntrica, en la que se invisibiliza a las mujeres, que tienen los Estados a la hora de interpretar la normativa internacional de Asilo y Refugio.

La resolución de octubre de 2013 fue un hito en el camino por la defensa y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Siete meses después, la concesión de asilo a Paloma afianza este camino. Esperamos que estas resoluciones no sean las últimas, y ayuden a reconocer a la violencia contra las mujeres como persecución por motivos de género y como una violación de sus derechos humanos. Esperamos también que poco a poco, entendamos que las mujeres víctimas de trata son PERSONAS y no mercancías.

 

Carmen Miguel es abogada especialista en Derecho de las personas migrantes y asesora de Alianza por la Solidaridad

Violencia sexual: valor, vida, impunidad

Por Sandra Cava Ortiz Sandra Cava
Desde que tenemos uso de razón interiorizamos un concepto de valor de la vida y asimilamos de manera natural que tiene un valor incalculable, por grande y por difícil de determinar; tan incalculable y enorme que se nos escapa, como intentar contar el número exacto de estrellas en el cielo.

Imagen: Jovana Sáenz, víctima de violación y desplazamiento forzado (c) Pablo Tosco / Oxfam

Imagen: Jovana Sáenz, víctima de violación y desplazamiento forzado (c) Pablo Tosco / Oxfam

Pero en algunos lugares, bajo algunos contextos, este cielo pierde su inmensidad y el valor de la vida pasa a ser calculable, medible, e incluso inexistente. Y cuando digo vida me refiero al sentido más amplio de la palabra, incluyendo tus decisiones, tus derechos, tu libertad, tu cuerpo.
Algunas zonas de Colombia parecen ser uno de estos lugares. Una sociedad de herencia machista y patriarcal que parece naturalizar la violencia hacia las mujeres, exacerbada por un contexto de conflicto armado que dura ya más de 50 años.
Todos hemos escuchado historias de maltrato, de violencia, más cercanas o menos, pero cuando pude escuchar las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia se me encogió el corazón. Siento que nunca entenderás una historia así como cuando la escuchas cara a cara, de mujer a mujer, cuando el aire que contiene su dolor es el mismo que tú respiras.
Con el paso de los días conocíamos mujeres, mujeres urbanas o rurales, afros o indígenas, intentábamos entender las historias y aprendíamos de todas ellas. Algunas nos decían “yo quiero hablar, aunque no sé si aguantaré las lágrimas”; por dentro pensaba si ante historias tan crudas aguantaría yo.Es difícil contener las lágrimas escuchando a Jovana Sáenz,  compañera de Angélica Bello en la lucha por los derechos de las mujeres. La guerrilla asesinó a gran parte de su familia y sufrió dos veces desplazamiento forzado. En Bogotá se vinculó a Afrodes, la asociación de afrodescendientes de desplazados y allí empiezó una fuerte actividad con mujeres, a través del auto 092 , una resolución judicial que protege a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado. En este punto comenzaron las amenazas, los golpes y las persecuciones, hasta que un día fue acorralada y violada me hicieron lo que quisieron y me dijeron que si seguíamos jodiendo con el auto 092 harían lo mismo con todas las compañeras, sólo escuchaba insultos, risas. Después de esto recibí burlas en lugar de apoyo, explica.

Muchas mujeres, como Jovana,  habían sufrido algún tipo de violencia sexual, su cuerpo se había convertido en un botín de guerra, en un trofeo para el disfrute de diferentes agentes armados; otras habían sido violadas; otras maltratadas y torturadas; y todas ellas se sentían humilladas, avergonzadas, manchadas y discriminadas por haber sufrido esta violencia y por ser mujeres. Algunas debían sumar la violencia de los diferentes agentes armados a la propia violencia intrafamiliar.

Las historias se iban sumando y aumentaban su dureza, ¿cuánto dolor soporta el cuerpo y la mente de una mujer? Parece que después de días escuchando tanta violencia entendí la generalización, la normalidad de una situación que al principio me impactó por fuerte, dura y supuestamente aislada.

Imagen: María Eugenia Sánchez, directora de la Casa de la Mujer junto a víctimas y colaboradoras (c) Pablo Tosco / Oxfam

Algunas de estas mujeres ya no tienen fuerzas y no ven esperanza, pero muchas otras siguen luchando, dicen que no han logrado romperlas. Se apoyan en diferentes organizaciones para recibir apoyo, conocer otras historias, entender que deben denunciar y que pueden superar el daño sufrido. La casa de la mujer o Afrodes son algunas de estas organizaciones.

En un día como hoy, el Día de la Eliminación de la violencia contra la Mujer, toma especial relevancia la necesidad de solucionar un hecho que no es aislado y que goza de total impunidad. Las víctimas de estos crímenes exigen verdad, justicia y reparación pero no lo consiguen. En este sentido, y para entender la magnitud de este problema, en la actualidad se debate en el Congreso de la República de Colombia si la violencia sexual en el conflicto armado se considera crimen de lesa humanidad.
La definición establece que deben ser crímenes inhumanos, generalizados y sistemáticos dirigidos a la población civil. Las voces de las 489.000 mujeres que han sufrido violencia en Colombia entre 2001 y 2009 parecen contar historias que siguen esta definición.
Sandra Cava forma parte del equipo de comunicación de Oxfam Intermón

El drama de las activistas en Egipto

Por María Solanas 

María Solanas La participación política está aún lejos de ser un derecho universalmente garantizado, muy especialmente para las mujeres. Pero en algunos países del mundo, si eres mujer, ejercer las libertades políticas más elementales–como las de expresión y manifestación– puede conllevar el riesgo de sufrir una de las formas más execrables de represión, la violencia sexual.

Así sucede en Egipto. En las calles de El Cairo, en la Plaza Tahrir, con total impunidad, grupos de hombres rodean a las mujeres en las manifestaciones, las separan de sus acompañantes y amigos, las arrastran, y las someten a abusos sexuales y a violaciones.

Un grupo de mujeres protesta en la Plaza Tahrir en 2011.

Un grupo de mujeres protesta en la Plaza Tahrir en 2011.

Algunas de las mujeres que han sufrido estas agresiones sexuales han relatado a Human Rights Watch sus experiencias, y por si esto no fuera suficiente demostración de coraje, han reafirmado su voluntad de seguir promoviendo los derechos y libertades en su país.

Según ha documentado Amnistía Internacional, la violencia sexual contra las mujeres activistas ha sido constante desde la caída del Presidente Mubarak, en enero de 2011. Durante los meses de gobierno militar (febrero de 2011 a junio de 2012), las mujeres activistas sufrieron la persecución y el acoso del ejército y la policía con prácticas de violencia sexual. Con absoluta impunidad. Como señala en su Informe “Luchando por la justicia y los derechos humanos. Activistas egipcias cuentan su lucha”, ningún miembro del ejército o de la policía ha sido procesado por violaciones de derechos humanos contra las mujeres. La respuesta de las autoridades a las denuncias es culpar a las mujeres de “provocar los ataques al mezclarse con manifestantes varones”.

Los delitos sexuales parecen haberse recrudecido en la reciente oleada de protestas. En los últimos días, entre el 28 de junio y el 3 de julio pasados, Amnistía Internacional ha informado de 180 casos de ataques sexuales.

En Egipto la violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual prolongada en el tiempo. Para varios sectores en el país, la violencia ejercida contra las mujeres manifestantes persigue, además, un doble objetivo: sembrar el terror en el conjunto de la sociedad (empezando por la mitad más vulnerable), y disuadir a las mujeres de que participen en las protestas, es decir, reprimir la participación política activa de las mujeres.

Lejos de disuadirlas, la violencia ha provocado el efecto contrario, impulsando a miles de mujeres a sumarse al movimiento en la calle. Las mujeres jugaron un papel clave en la revolución que hizo caer a Hosni Mubarak, y que abrió expectativas de una mejora sustancial de los derechos de las mujeres en el país. La acción política de las mujeres sigue siendo esencial para lograr un Egipto democrático que pasa, necesariamente, por fortalecer y ampliar los derechos humanos. En esa lucha, las mujeres egipcias siguen dando un ejemplo extraordinario de coraje y compromiso democrático. El conjunto de la sociedad egipcia debería estar a la altura de sus mujeres, comenzando por condenar la violencia sexual que se ejerce sobre ellas, y exigiendo a sus autoridades actuaciones firmes contra esta lacra. No hay democracia sin derechos humanos.

 

 María Solanas es experta en public affairs y relaciones internacionales. Entusiasta del diálogo hasta la extenuación, y convencida del poder transformador de la política. Privilegiada en los afectos, feliz madre de una hija feliz.

Violaciones y otras violencias: el cuerpo de las mujeres en la guerra

Por Belén de la Banda @bdelabanda

Esta semana he sentido la inmensa emoción de conocer a Yolanda Perea, una de las muchas mujeres víctimas de la peor parte del conflicto armado en Colombia. El testimonio y la fuerza vital de Yolanda impresionan. ¿Cómo puede volver a sonreír una mujer que desde niña fue víctima de una brutal agresión y desde entonces lo ha perdido todo?

Yolanda Perea, en un encuentro en Madrid el pasado miércoles

Yolanda Perea, en un encuentro en Madrid el pasado miércoles. Imagen: Belén de la Banda

Yolanda vivía con su gran familia en una próspera finca la región del Chocó, en Colombia, y un día, con 11 años, fue violada por quien ella llama un actor armado. Su madre protestó ante el responsable, y pocos días más tarde varios miembros del mismo grupo llegaron a la finca y organizaron un tiroteo. Yolanda y parte de su familia echaron a correr hacia el monte. En ese tiroteo mataron a su madre y a su hermana, hirieron a su tío, reclutaron forzadamente a uno de sus hermanos con 14 años.

Los supervivientes tuvieron que salir de su tierra bajo amenazas cumplidas de muerte. Desplazamiento, sufrimiento, persecuciones. Varias veces trató de regresar y de nuevo tuvo que huir. Cuanto intentó organizar su vida de nuevo, el recuerdo de su trauma era tan fuerte que veía por todas partes los ojos de su victimario. Necesitó apoyo psicológico. Ha tenido un niño y una niña. Su primera casa, hecha de maderas y construida en un lote prestado, la tuvo gracias a un proyecto con apoyo de Oxfam. Se la entregaron un día antes de que naciera su hija. Pero duró poco tiempo: cuando intentó que más personas de su entorno consiguieran tierras para vivir y cultivar, de nuevo comenzó a recibir amenazas y tuvo que huir nuevamente. Aún así, sigue trabajando a través de una organización creada en memoria de su madre asesinada, que tiene como objetivo apoyar a las mujeres, niños y niñas en su entorno. Y puede sonreír porque para estas personas ella es un rayo de luz.

En el caso de Yolanda, recibió una reparación que apenas le dio para pagar al abogado y cuidar la salud de su hermano. ‘Yo quiero saber por qué el actor armado  mató a mi mamá, por qué hizo lo que hizo, para que yo pueda dejar de sentirme culpable. Yo sé que no voy a  recuperar a mi familia, me hace falta mi mamá, pero yo no estoy en la misma condición de cuando vivía en mi casa, cuando todos estábamos juntos y éramos felices. Yo no me siento reparada. Yo siento que me han dejado sola con un problema que yo no busqué. No se trata de que nos den unos pesos. Necesitamos tener una casa, un trabajo, una atención psicológica a fondo, salud, apoyo para nuestros hijos. Yo sigo teniendo miedo. Cuando pongo una denuncia me dicen que el riesgo es muy bajo. No investigan desde qué teléfono me llaman para amenazarme.’

En Colombia, dice Diana Arango, de Oxfam,  hay 40 mil mujeres como Yolanda, que han sufrido violencia, desplazamiento, han perdido a sus seres queridos. ‘Entre 2001 y 2009, más de 489 mil mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, pero el 92% de las mujeres no denuncia: son culpadas por su comunidad, el actor armado sigue amenazándolas, y no tienen confianza con las instituciones del Estado y su capacidad de respuesta cuando van a denunciar‘. Junto con una decena de organizaciones de mujeres y de derechos humanos denuncian esta situación con la campaña Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra que buscan mostrar cómo el cuerpo de las mujeres sigue siendo arma de guerra y lograr que el Gobierno peruano tome medidas.

Todos los días en Colombia se producen nuevas víctimas: desplazamientos, violencia sexual, desapariciones forzadas y algunas ejecuciones extrajudiciales. Las instituciones encargadas de proteger, reconocer la verdad, reparar el daño que han sufrido, asegurar que se hace justicia con sus agresores, no están dando la respuesta adecuada. La impunidad es un motor para que cada día sigan surgiendo nuevas víctimas.  No es posible cerrar los ojos ante esta tragedia. Tenemos que ayudarlas para sacar el cuerpo de todas las  mujeres de la guerra.

 

Belén de la Banda, periodista, trabaja en Intermón Oxfam.