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Un lugar seguro: la historia de dos matrimonios forzosos

Por Flor de Torres 11745440_501780593319126_8306042186364881214_n

 Hace días que recuerdo el testimonio de Salma Altaf Hussein, una mujer pakistaní que contaba su historia personal de matrimonio forzoso:

 ‘Me casé muy joven. Era solo una niña y no sabía nada acerca del matrimonio.  Yo quería jugar e ir a la escuela pero no tuve la oportunidad. Ahora nosotras hemos aprendido sobre los peligros del matrimonio infantil. Quiero que mis hijos vayan a la escuela y puedan ser alguien antes de casarse.’

Mujeres y niñas de Pakistán comprometidas en la defensa de sus derechos. Imagen de Irina Werning / Oxfam

Mujeres y niñas de Pakistán comprometidas en la defensa de sus derechos. Imagen de Irina Werning / Oxfam

Hoy Salma dirige un espacio Protective Learning and Community Emergency Services (PLACES) donde se brinda a los niños protección, educación y la posibilidades de jugar, bajo el auspicio de Unicef. Un lugar donde pueden ser niños, en un país donde  una de cada 4 niñas contraen matrimonio antes de los 18 años.

Salma es del mismo país de donde nos llegó Aisha: Pakistán. El de Aisha es un nombre figurado que nos permite contar aquí la historia real, ya juzgada y y con sentencia en el Tribunal Supremo, de una joven de origen pakistaní que vivía en una ciudad española. En el año 2005 la familia de Aisha se concertó con la familia de su primo para que ambos contrajeran matrimonio en Pakistán, y desde el año 2007 residen juntos en España.  En la  sentencia se recoge el escalofriante relato que muestra cómo se transita del matrimonio forzoso a la violencia de género y a la detención ilegal. La sentencia presenta entre los hechos probados algunos que muestran la dureza de las acciones del marido de Aisha:

‘Desde su inicio reprochaba a su esposa su forma de vestir, que trabajara fuera de casa, sin que nada de lo que hiciera le pareciera bien, criticándola constantemente.  Ella le pidió el divorcio negándose tanto éste como sus padres y hermanos a que se separaran, manifestándole su marido que tenía que estar a su lado, que no le iba a dar el divorcio y que si se iba de su lado la iba a matar, recibiendo insultos de tipo zorra puta, tanto de su marido como de sus padres hermanos, y cuñada  al enterarse de la decisión de  divorciarse…

Durante el tiempo en el que estaba controlada y vigilada toda la familia cerró las ventanas, y bajó las persianas, controlando en todo momento a Aisha que era acompañada al baño por alguna de las mujeres, y siempre era vigilada por al menos dos miembros de la familia, no dejándola salir de casa, y a todo (sic)  mundo que le llamaba por teléfono le decían que estaba en Pakistán.

Finalmente el día 16 de diciembre de 2010, aprovechando un descuido de su familia, Aisha escribió tres notas de ayuda, lanzándolas por la ventana cayendo una en el balcón de su vecina y las otras dos a la calle. En la nota que cayó en el balcón de la vecina decía «por favor llame a la policía, mi padre me ha pegado y los de mi casa me tienen encerrada por favor ayudarme me van a matar porfa llamar a la policía, ayudarme, ayudarme, llame a la policía rápido, Gracias«.

La policía local de la ciudad española donde vivía liberó a Aisha gracias a esa nota. Hoy sus captores, su propia familia, han sido condenados y cumplen condena. En su historia confluía la imposibilidad de divorciarse con la dura vigilancia, control, maltrato e insultos por parte de su marido y su entorno.  Se  le atribuyó la carga moral de no  avergonzar a la familia. Obligada a dejar su trabajo, fue sometida  por sus padres, hermanos, marido, cuñada y tía por turnos  a vigilancia férrea  e impedida de  salir de casa. Permaneció  vigilada por turnos de dos miembros de su familia, sin dejarle acceder al teléfono fijo ni al ordenador.  Era amenazada de muerte reiteradamente por su padre y su marido que le decían ‘que si salía de casa la mataban, y que de casa no iba a salir viva’.

Ante esta situación, desesperada, Aisha intentó acabar con su propia vida: bebió lejía y  se lesionó con los cristales del espejo del baño en dos breves descuidos de sus familiares. Ambos intentos fueron frustrados por la vigilancia férrea a la que fue sometida. En represalia recibió golpes y no asistencia médica.

El Tribunal Supremo, al resolver y condenar a los autores de estos hechos, nos habla también de Aisha y de los derechos que le fueron mutilados, arrebatados, secuestrados, cercenados por el hecho de ser mujer:

‘Las convicciones culturales y sociológicas de otros pueblos no pueden ser tuteladas por nuestro sistema cuando para su vigencia resulte indispensable un sacrificio de otros valores axiológicamente superiores. El papel secundario y subordinado que algunas sociedades otorgan a la mujer nunca podrá aspirar a convertirse en un valor susceptible de protección. Ni siquiera podrá ser tenido como un principio ponderable ante una hipotética convergencia de intereses enfrentados.

 La libertad de Aisha fue radicalmente cercenada por su familia. Lo fue cuando le impuso un matrimonio que no quería y cuando la encerró en el domicilio paterno para evitar su integración social y neutralizar cualquier intento de desarrollo de su proyecto existencial como mujer’.

La sentencia expresa claramente que el matrimonio forzoso no solo es delito, sino que es un atentado a los derechos de la mujer. Es imprescindible evitar que se produzca y ahorrar a las niñas y mujeres sus terribles consecuencias. Aisha  ya  es libre y mujeres como su compatriota Salma Altaf Hussein luchan porque historias como las de Aisha o la suya propia no vuelvan a ocurrir.

Flor de Torres Porras es Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Violencia a la mujer y contra la Discriminación sexual. Fiscal Decana de Málaga.

En la violencia no hay honor

Por María del Pozo María del Pozo

En las últimas semanas, las personas que siguen la actualidad de Pakistán han leído noticias terribles en que se refiere a la violencia contra las mujeres. En fechas recientes se encontró en Punyab a una mujer de 21 años violada y estrangulada por el hombre en el que había confiado para que la salvara de un homicidio en nombre del ‘honor’ a manos de su familia.

A principios de junio, Saba Maqsood sobrevivió milagrosamente tras recibir disparos de sus familiares y ser arrojada a un canal en la ciudad de Hafizabad, en la provincia paquistaní de Punyab, por intentar casarse con el hombre de su elección en contra de los deseos de su familia.

Manifestación de mujeres frente al senado de Pakistán el 11 de diciembre de 2011 pidiendo la aprobación de la Ley de prohibición de prácticas contra ala mujeres . Imagen: Amnistía Internacional

Manifestación de mujeres frente al senado de Pakistán el 11 de diciembre de 2011 pidiendo la aprobación de la Ley de prohibición de prácticas contra ala mujeres . Imagen: Amnistía Internacional

Una semana antes, en Lahore, Farzana Iqbal murió tras ser brutalmente golpeada con ladrillos por unos 20 familiares, entre ellos su padre, por casarse con el hombre al que amaba. Lamentablemente, cientos de mujeres y niñas son víctimas de homicidios en nombre del “honor” en Pakistán cada año. Muchas comunidades de Pakistán consideran que las mujeres y las niñas encarnan el honor familiar. La identidad de la mujer y el sentido del respeto social y el valor de su familia se miden por su aquiescencia a las exigencias familiares, como casarse con el hombre al que la familia elige para ella.

Lo que hizo de la muerte de Farzana Iqbal un caso excepcional fue el hecho de que los autores decidieran matarla con tanto descaro, en el exterior de una de las instituciones estatales más respetadas: el Tribunal Superior de Lahore, la segunda ciudad de Pakistán en población y posiblemente su capital cultural. Según todas las fuentes, en lugar de proteger a Farzana Iqbal y salvar su vida, la policía que estaba presente se limitó a observar mientras se cometía el crimen. Sin embargo, la mayoría de los casos como éste reciben escasa atención de la opinión pública y de la policía, pues a menudo tienen lugar en pequeñas poblaciones o en espacios privados.

En febrero, por ejemplo, Ayat Bibi murió apaleada en una localidad del norte de Baluchistán por orden de un clérigo local tras ser acusada por un familiar de mantener relaciones con un hombre llamado Daraz Khan, a quien también se quitó la vida. Los lugares donde reposan finalmente Ayat y Daraz son sendas tumbas anónimas. Los responsables de los homicidios no han comparecido ante la justicia.

El homicidio de Farzana Iqbal y la publicidad que siguió avergonzaron de tal manera al primer ministro de Pakistán y al presidente del Tribunal Supremo que exigieron que se abrieran investigaciones sobre el incidente. La mayoría de los culpables principales no tardaron en ir a la cárcel, y se espera que el juicio por asesinato comience en breve. Algunos políticos y líderes religiosos han condenado el homicidio, una iniciativa positiva en un país donde con excesiva frecuencia la violencia contra las mujeres se pasa por alto o incluso se justifica sobre la base de valores religiosos o culturales.

Pero ¿cuál habría sido la respuesta si este crimen no se hubiera perpetrado en un espacio tan público y simbólico y hubiera suscitado la atención mundial? A medida que la atención sobre su caso se desvanece, y el cuerpo maltrecho de Farzana descansa bajo la tierra como cientos más, ¿es probable que las autoridades pierdan interés en garantizar que quienes la mataron comparecen ante la justicia y que la policía rinde cuentas por no haberla protegido?

Buscar justicia es extremadamente problemático en Pakistán, pues existe actualmente una laguna legal que permite que los autores de homicidios en nombre del ‘honor’ eludan todo castigo. En virtud de la legislación paquistaní sobre casos de asesinato, la familia de la víctima puede indultar a los autores, y los culpables quedan entonces libres de enjuiciamiento y condena.

Los llamados homicidios en nombre del ‘honor’ constituyen una práctica muy extendida en varias zonas del sur de Asia y en otros rincones del mundo. Es difícil determinar con exactitud cuántas mujeres son víctimas de homicidios que se justifican como una defensa del “honor” de la familia, pero son varios miles en todo el mundo.

En muchos casos, los castigos más severos por transgresiones del ‘honor’ o por causar ‘vergüenza’ a una familia son decretados por los consejos de ancianos tribales, en los que las mujeres no tienen cabida. En Pakistán, las estadísticas oscilan entre unas 900 y poco más de 1.000 cada año. Pero estas cifras sólo representan los casos documentados por grupos de derechos humanos a partir de informaciones publicadas en los medios de comunicación o facilitadas por las autoridades responsables de hacer cumplir la ley.

En Pakistán o en cualquier otro lugar del mundo, abordar estos asuntos constituye un desafío porque las causas son complejas. Pero, como en tantos otros problemas sociales, el cambio positivo debe comenzar en casa. Con excesiva frecuencia es en el hogar donde el uso de la violencia se normaliza. Es allí donde se condiciona al ciudadano para que crea que la violencia es una práctica aceptable, sobre todo para excusar la violencia que se inflige para proteger lo que se percibe como posición social, honor nacional o sentimientos religiosos.

Los crímenes en nombre del ‘honor’ se enconan en la oscura intimidad del hogar. Es hora de exponer estos abusos a la luz del escrutinio público y de la ley. Algunos Estados han declarado ilegales los homicidios en nombre del ‘honor’ y otras formas de violencia por motivos de género. Pero estas leyes requieren una aplicación efectiva; la policía y otros profesionales encargados de hacer cumplir la ley deben recibir formación sobre la violencia de género. Y las víctimas deben confiar en la capacidad de la policía y otras autoridades para ayudarlas.

El sistema educativo es otro campo de batalla fundamental, porque es uno de los escasos espacios públicos donde se puede empoderar a las mentes jóvenes para que pongan cuestionen los estereotipos de género y adquieran conciencia de que la violencia en el hogar es inaceptable. Las figuras públicas, y especialmente los hombres, deben hacer oír su voz: no sólo para condenar los homicidios en nombre del ‘honor’, sino también para reconocer que estos abusos no son incidentes aleatorios o esporádicos sino un problema mucho más amplio. La investigación empírica en esta área es limitada, pero existen abundantes datos que indican que la exposición pública es la manera más eficaz de abordar el problema, porque obliga a la sociedad a hacer frente a la realidad de que no hay ningún honor en matar a mujeres y niñas porque decidan vivir la vida como ellas prefieran.

 María del Pozo es responsable de relaciones institucionales y política exterior de Amnistía Internacional