Por Lorena Moncholí 

Hace unos días conocimos la noticia de que una mujer embarazada había sido obligada a inducir su parto por orden judicial en el Hospital de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, que ha sido denunciada públicamente por Dona Llum, la Asociación Catalana por un Parto Respetado. La orden judicial fue solicitada por la ginecóloga que atendió a la mujer aquel día, en una revisión rutinaria, alegando la existencia de un riesgo para el feto que, según dicha profesional, requería la inducción del parto inmediata.

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Tras leer el relato de los hechos en diferentes medios, queda claro que la urgencia que quiso ver la profesional sanitaria no era tal, ya que tras acudir al hospital escoltada por los Mossos d’Esquadra como si fuera una delincuente, la mujer tuvo que esperar más de 5 horas a que se practicara la inducción. De haber existido tal riesgo inminente, el bebé no hubiera sobrevivido tantas horas de sufrimiento fetal.

Los médicos no son dioses. Diagnostican en base a síntomas, pruebas y probabilidades. No tienen la verdad absoluta. Se equivocan. De hecho, en 2015, la Asociación El Defensor del Paciente recibió 14.430 denuncias por negligencias médicas en España  y , a modo de ejemplo, los errores médicos son ya la tercera causa de muerte en Estados Unidos.

Si bien eso es algo que tenemos que asumir (sin dejar de reclamarlo), lo que no es posible aceptar es que un profesional sanitario se sienta dueño del cuerpo de una mujer únicamente por llevar una bata blanca. Vulnerando los derechos humanos y constitucionales a la integridad física de la madre, la mujer fue sometida a una actuación médica no consentida, sin que ni si quiera fuera informada convenientemente de los propios riesgos que la misma inducción suponían para ella y su hijo. Me deja sin palabras.

Porque la inducción de un parto conlleva riesgos, muchos, incluso la muerte.

Lo sé porque tengo un caso encima de mi mesa. Porque tengo que reclamar justicia por el fallecimiento de un bebé que no pudo soportar el parto inducido de su madre y porque un perito ginecólogo me ha tenido que contar (y lo ha contado en mi demanda) qué ocurre cuando fracasa una inducción.

Lo sé, porque para demandar, he tenido que leer los riesgos de la inducción que nos indican sociedades científicas de primer orden, como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y he tenido que llorar al estudiar las sentencias que tengo archivadas, en las que se condena a los profesionales sanitarios por el fallecimiento de mujeres cuyos cuerpos no aguantaron la oxitocina suministrada para inducir su parto o por las secuelas causadas a bebés que padecieron sufrimiento fetal al no soportar estas inducciones. Bebés y madres sanos que fallecen o quedan gravemente afectados de por vida, porque esos riesgos de la inducción, de los que no fueron informados, aparecieron en su caso concreto. Tuvieron mala suerte.

Unos riesgos que todos, abogados, jueces, profesionales sanitarios y usuarias de los servicios sanitarios somos muy capaces de entender, si los leemos.

Que las mujeres de los futbolistas tengan la bendita suerte de no sufrir esas secuelas en sus partos programados contados en directo por Instagram no significa que todas las mujeres y bebés se libren.

Que una mujer haya sido sometida a la fuerza y contra su voluntad por orden de un juez a una actuación médica que puede implicar su fallecimiento o el de su bebé o la necesidad de realizar una intervención quirúrgica posterior, –  como es la cesárea – en caso de inducción fallida, demuestra el fracaso estrepitoso del sistema.

Demuestra que estamos en un punto de no retorno en el que el cuerpo de las mujeres se cosifica de tal forma, que dejamos de ser incluso sujetos de los derechos más elementales. Se nos priva de nuestro derecho a no sufrir riesgos e incluso de la facultad de elegir qué es lo mejor para nuestros hijos que están por nacer, convirtiéndonos en meros “recipientes” que pueden ser sometidos y pisoteados en aras a un “bien superior” dictado por un médico que decide por probabilidades.

No hay ética o norma legal capaz de justificar que, para salvar a un feto de un probable riesgo no probado, diagnosticado por un profesional que puede equivocarse, se pueda dejar la salud de una mujer abandonada a su suerte y ordenarle que ponga en riesgo su vida.

Eso solo puede decidirlo una madre. Y siempre decidimos el bienestar de nuestros hijos. Y solemos dar nuestra vida. Pero a partir de diagnósticos correctos, no cuando vemos claramente que estamos ante una profesional que no nos merece confianza.

Aquella mujer se fue del hospital, porque la ginecóloga no supo -o no quiso- explicarle los riesgos que tendría si aceptaba inducirse el parto. Una mujer informada a la que no se le dejó decidir qué riesgos asumía, y que, tras su “sublevación”, fue reducida por el poder obstétrico.

Focault, en su Historia de la Sexualidad, ya nos advirtió que estamos sometidos al “biopoder”, esa herramienta utilizada por los estados modernos para controlar a la población en todas sus facetas (hábitos de salud, reproducción, nacimiento, enfermedad, muerte, bienestar). No se equivocaba.

Nos contó que ya no nos controlan a través de los medios “hoscos” que utilizaban los viejos estados soberanos y que consistían en poder “hacer morir “o “dejar vivir”, sino a través de técnicas muy refinadas que persiguen justo lo contrario: “hacer vivir” y “dejar morir.” Tan sutiles que parece que sea algo que hemos decidido por consenso. Es lo correcto. Y haciendo “lo correcto”, todo nos parece que funciona. Son métodos imperceptibles a primera vista, pero que aplastan con todas sus fuerzas a todo aquel que intente salirse del sistema.

El biopoder, que siempre se esconde para que nos creamos libres, quedó al descubierto cuando aquella mujer quiso rebelarse, al no estar de acuerdo con un diagnóstico médico fallido. Y, con la ayuda de la “justicia”, la dejó con un bebé en los brazos obligado a nacer así de mal y sin nada más. Porque cuando vulneran tus derechos humanos, te lo quitan todo.

Lorena Moncholí es abogada, especialista en Derecho Sanitario, derechos del parto y del nacimiento, maternidad y familia.