Por Yolanda Besteiro de la Fuente
Las víctimas de la violencia de género son revictimizadas por los operadores jurídicos de nuestro país, se sienten solas y desprotegidas. No es algo nuevo, pero sí cada vez más grave y preocupante.
El mensaje que se transmite desde las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad en general es que existe un rechazo general a la violencia de género, así como que concurre un sistema judicial e institucional de protección al que pueden acudir las mujeres maltratadas. Se las hace creer que ellas solo tienen que tomar la decisión de denunciar porque para el resto, hay un sistema que la está esperando para protegerla, apoyarla y acompañarla.
La mujer que sufre violencia de género tiene reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada desde el mismo momento en que va a presentar la denuncia. Esto significa que tiene derecho a solicitar un abogado o abogada de oficio y esperar a que se traslade a la comisaría o cuartel para poder hablar con quien va a representarla en el procedimiento y presentar la denuncia, asesorada y acompañada.
La primera sorpresa viene con la acogida en ese lugar de denuncia. El profesional que le toque, que debería tener formación especializada en esta materia, le preguntará qué ha pasado y la mujer le contará que su pareja, novio, marido o expareja le ha amenazado con acabar con ella, matarla, destrozarle la vida, que le ha pegado una o mil veces mientras le llamaba de todo… Entonces puede ocurrir que ese o esa profesional considere que también tiene algo que opinar: “eso no se puede denunciar porque no hay pruebas, no es para tanto, al final ha sido una discusión y si denuncias le vamos a detener y tú no quieres eso, yo te recojo la denuncia pero esto no va a servir para nada…”.
Si la mujer supera este primer momento, que muchas no lo hacen y deciden irse, pasamos a la siguiente fase: piden una abogada/o de oficio y manifiestan que prefieren esperar a que llegue para presentar la denuncia. Ante la solicitud, comienza la segunda resistencia: se le informa que tiene derecho a pedirlo pero se insiste en que su representante legal va a tardar en llegar y que ella puede presentar la denuncia igual. Se le indica que en la comparecencia en el juzgado sí estará representada por su abogado o abogada. Es muy posible que ante esta segunda resistencia, que tiene parte de realidad, ya que es verdad que su representante legal pueda tardar en llegar unas horas a la comisaría, la mujer presente la denuncia sola con escaso o ningún tipo de asesoramiento especializado y por tanto con poquísimo conocimiento de lo que va a pasar a partir de ese momento. El deseable acompañamiento profesional y emocional puede brillar por su ausencia.
La llegada al juzgado tampoco va a ser fácil. Si no ha conocido al abogado o abogada en la comisaría, muy poco tiempo antes se conocerán y le preguntará sobre los hechos que puede que hayan sucedido a lo largo de toda una vida. Además, la mujer tendrá miedo a encontrarse con su maltratador. Y, en el mejor de los casos, le informarán de que hay una sala donde estará separada durante la espera y que durante la declaración existe la posibilidad de colocar un biombo para evitar que se vean, como si esa medida fuera a tranquilizarla. Sin embargo, puede que al acceder a dicho lugar se encuentre con la familia de él que le pedirá que no declare, que retire la denuncia o la presionarán de cualquier otra manera.
Durante la comparecencia, el juez le preguntará sobre lo denunciado, no antes recordándole que puede acogerse al derecho a no declarar. En caso de hacerlo, la mujer tratará de explicar los hechos violentos que hayan sucedido en diferentes momentos y el Juez o Jueza le cortará para que relate únicamente los hechos que se hayan recogido en la denuncia, que “vaya al grano”. Le harán preguntas intentando buscar contradicciones, le cuestionarán por el hecho de tener una formación determinada y haber aguantado esas situaciones, le preguntarán por qué no denunció antes, se le presionará hasta que la mujer se derrumbe porque en caso contrario parece que la mujer no es víctima.
El agresor negará los hechos o la acusará a ella de maltratarle a él, la mujer escuchará la declaración de cómo su maltratador miente sobre lo sucedido sin temor a que pueda sucederle algo porque no tiene la obligación, a diferencia de ella, de decir la verdad. Ella, en el peor de los casos, puede salir de allí como imputada. El caso de Isabel López es solo un ejemplo de esto que cuento.
Y tras unos días de horror, se encontrará en la puerta del juzgado sin ningún tipo de explicación de lo que ha pasado. Además, puede ocurrir que su representante legal tuviera mucha prisa para marcharse a otro juicio y, en ese momento, si no ha pasado antes, se arrepentirá de haber denunciado.
Bajo mi punto de vista, los problemas fundamentales ante esta situación son la falta de formación de los operadores jurídicos sobre lo que es realmente la violencia de género, lo que conlleva una alarmante falta de comprensión y empatía con las víctimas, a lo que se suma una ineficaz vía de reclamación de responsabilidad de los agentes que participan de este engranaje. No tiene ninguna consecuencia cuestionar, valorar, negarte a recoger la denuncia, no informar correctamente de los derechos a las mujeres… y así un suma sigue. La mujer víctima de violencia de género no puede enfrentarse al maltratador y además a un duro y cuestionador sistema judicial que duda constantemente de su palabra.
Yolanda Besteiro de la Fuente es Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas