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Mujer y periodista en México: peligro de muerte

Por Laura Martínez ValeroLaura Martínez Valero

Cada vez es más periodistas son amenazados a través de Twitter. En esta ocasión, ha sido el turno de la periodista mexicana Lydia Cacho, quién recientemente publicó una columna de opinión, ‘El Padrotaje del Estado’, en la que denunciaba el desvío de fondos destinados al Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) y el Fonden por parte de  la administración del gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

La reacción no se hizo esperar. En su cuenta en Twitter, el gobernador publicó lo siguiente: “EN EL EJERCICIO PERIODÍSTICO EL TENER UNA PLUMA NO TE DA DERECHO A LA CRÍTICA: ASQUEROSA, DESTRUCTIVA DE HÍGADO, TENDENCIOSA Y SOEZ”. Además, la periodista recibió amenazas de muerte e insultos de otros perfiles, muchos vinculados con el gobierno de Quintana Roo.

Quizá en España este asunto finalizaría con una disculpa pública, la dimisión o el cese del político. Sin embargo, estamos en México, uno de los países más peligrosos para los periodistas. El poder de los cárteles de la droga y la corrupción de la clase política, sobre todo en los Gobiernos de Estado, hacen que hablar sobre corrupción, explotación sexual o narcotráfico sea equivalente a ponerse una soga al cuello.

Aún con este riesgo, Lydia Cacho ha denunciado el negocio de la pornografía infantil (Los demonios del Edén) y la trata de mujeres (Esclavas del poder), y la relación que guardan con empresarios y políticos, hundidos hasta el cuello en estos sucios negocios. Debido a su trabajo tuvo que abandonar temporalmente el país en 2012, después de recibir una amenaza de muerte en su teléfono personal.

 

La periodista mexicana Lydia Cacho

La periodista mexicana Lydia Cacho

En México de 2002 a 2011, diez periodistas fueron asesinadas y 94 denunciaron algún tipo de violencia relacionada con en el ejercicio de su labor, según el Primer Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas. De todos estos casos ninguno ha sido resuelto, lo que crea un clima de absoluta impunidad.

La respuesta de los medios pasa por la autocensura. A nivel individual, cada periodista decide si tomarse en serio la amenaza o no. La periodista Regina Martínez no daba crédito a las amenazas que estaba recibiendo de miembros del Gobierno de Veracruz. Poco después apareció asfixiada en su domicilio. En este caso, como en el de la mayoría de mujeres periodistas asesinadas, las autoridades  vincularon la muerte de la periodista con su vida privada y no con su labor profesional.

Y es que en México las agresiones a periodistas proceden de tres actores principalmente: delincuencia organizada (56,2%), funcionarios públicos (31,9%) y fuerzas partidistas (12,7%). Es decir, muchos policías y miembros del Gobierno están relacionados y les interesa dar carpetazo.

Aunque los ataques contra mujeres periodistas suceden en base a su profesión y no a su condición de mujer, hablamos de un país en el que de 2005 a 2010 hubo 1003 presuntos casos de feminicidios, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La absoluta impunidad y el clima de violencia que se vive en México favorecen estos asesinatos, caracterizados por la extrema crueldad (violaciones, vejaciones y torturas) y el abandono del cadáver para exhibición pública.

Por ello, ser mujer y periodista en México conlleva un doble peligro, tanto por su profesión como por su sexo. Las amenazas que reciben no son meras palabras, sino serias advertencias que pueden finalizar en muerte o desaparición.

Laura Martínez Valero es estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Colaboradora del equipo de comunicación de Intermón Oxfam.

Una doble amenaza

Por Susana Martínez Novo SusanaMartinezNovo70

El siguiente párrafo pertenece a una sentencia dictada el pasado mes de junio por una Magistrada que juzgaba un presunto delito de amenazas en el ámbito familiar:

Examinada la prueba practicada en el plenario debe declararse probado en base a las manifestaciones persistentes, coherentes y unánimes de la perjudicada, del reconocimiento por el acusado y de la grabación aportada (…), que el Sr. X dirigió a su pareja sentimental la expresión ‘te tenía que reventar la cabeza’ pero dicha frase no encierra por sí misma un tenor literal que implique el anuncio de un mal concreto, serio, real y futuro y perseverante hacia la persona de la sra. en los términos jurisprudencialmente exigidos. (…) no puede obviarse que el juicio penal ha de ceñirse al objeto de la acusación y en el caso de autos a la expresión  “te tenía que reventar la cabeza” emitida el día x de marzo de 2013, de tal manera que dicha expresión, vertida además en el marco de una discusión y en un tiempo verbal condicional, no reúne las notas de anuncio de un mal futuro y concreto, de forma que impide apreciar la concurrencia de los elementos del tipo, debiendo dictarse una sentencia absolutoria.

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¿Qué entendemos por una relación de pareja sana y respetuosa? Está claro que no todos compartimos los mismos criterios. Pero hay personas que deciden sobre la vida de los demás, y otros no lo hacemos. ¿Se ha parado la  Magistrada a pensar qué sintió la mujer cuando oyó a su pareja decir esta frase? ¿Qué habría sentido si escuchara una frase similar dirigida a ella misma?

Me gustaría saber qué nos quiere decir la Magistrada cuando menciona que la expresión se vierte en un tiempo verbal condicional. ¿Considerará que la mujer tenía que esperar a que le reventaran la cabeza para que se cumpliera la amenaza  y de esta forma obtener una sentencia ejemplar? ¿Si la frase se pronunciara en otro tiempo verbal, sería más o menos amenazante?

En mi experiencia profesional, estoy cansada de ver que muchos procesos judiciales de este tipo se acaban centrando en la última agresión y no se investiga sobre el pasado de violencia que se esconde tras los hechos que dan lugar a la denuncia. Y lo más rocambolesco es que se anime a las personas a denunciar y obtener resultados como el descrito.

No se puede legitimar que las personas se relacionen utilizando este tipo de lenguaje, y menos aún que se vean sometidas a vivir bajo este ambiente de violencia, ejercido sintomáticamente por parte del más fuerte sobre el más débil.

Las personas que ocupan puestos de responsabilidad pública, como en este caso, tienen un impacto directo en la vida de las personas que se someten a su potestad  e indirecto como configuradores del concepto de lo que debe ser social y jurídicamente reprochable.

Pero más allá incluso de todo esto hay que plantearse la repercusión que este tipo de conductas tiene en los niños, en las niñas  y adolescentes que viven diariamente en hogares donde se ejerce violencia. Qué valores les estamos transmitiendo y qué daños personales y emocionales están sufriendo. Es indudable que el ambiente en el que se desarrollan y los patrones que les sirven de referencia van a condicionar su personalidad y su futuro.

Por eso, si este es el tipo de relación que deseamos en una sociedad democrática e igualitaria, algo muy grave está pasando con nuestro concepto de pareja y yo desde luego no lo quiero para mí ni para los míos.

 

Susana Martínez Novo es abogada y activista.