Por Rosa M. Tristán
Hace unos años, en una visita a una comunidad de los alrededores de Tarija, en el sur de Bolivia, una mujer joven se me acercó, quizás pensando que era del sector sanitario: “Tengo 24 años y cinco hijos. Doña, yo no quiero más, pero mi marido me obliga y no me deja tomar nada porque dice que quiero la pastilla para irme con otros. ¿Qué puedo hacer? Si se entera que le cuento esto, me pegará fuerte”. No supe qué responder. El marido en cuestión se acercaba ya a curiosear lo que me contaba. Dos días después me la encontré en el centro de salud: aquel energúmeno la había dado una tremenda paliza.
Las bolivianas alzan estos días la voz frente a la violencia que las mata, de una en una, en sus casas, en sus vecindarios, en el seno de sus familias, siempre a escondidas, sin que puedan escapar de los criminales con los que conviven. En apenas 10 días de este nuevo año, ya han sido 12 las mujeres asesinadas por ser mujeres y cinco los infanticidios. En 2019, hubo 117 muertas y 66 infanticidios, una cifra que superó la de años anteriores y que sitúa a Bolivia, con una población de 11 millones de habitantes, en el tercer puesto de todo el continente en tan funesto ránking. En España, en el mismo periodo se contabilizaron 55 y somos 47 millones. Luego están las que no mueren, como la joven de Tarija cuyo nombre no recuerdo, esposas y novias que son agredidas un día si y otro también: de cada 100 bolivianas, 75 dicen que han sufrido o sufren violencia por parte de sus parejas según los últimos datos oficiales. Sólo en esos mismos 10 primeros días de las 12 muertas, se denunciaron 685 agresiones físicas y 163 agresiones sexuales. El pico del peligroso iceberg de violencia que nunca llegará a una comisaría…
Ante este drama social, del que poco se habla en el país andino, unas 90 organizaciones y plataformas de defensa de derechos humanos, y especialmente de los derechos de las mujeres, se han unido para exigir que se tomen medidas urgentes. Mujeres indígenas, campesinas, sindicalistas, católicas, universitarias… Mujeres que también salieron a las calles de varias ciudades bolivianas para gritar “Un violador en tu camino” hace unas semanas… y que ahora, claman porque pese a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348, que hace ya seis años que el Gobierno del hoy ex presidente Evo Morales aprobó, poco o nada ha cambiado.
En su día, aquella ley -que incluía medidas y políticas de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores- fue recibida como un paso importante en la buena dirección, pero desde entonces, apenas seis años después, se contabilizan 753 feminicidios.
En su pronunciamiento, las organizaciones dejan claro que cómplices de este “sistema patriarcal” son el Estado y también las autoridades, desde lo más alto del poder a las comunidades locales porque, acusan, no tienen “compromiso ni voluntad política” para que esa ley funcione. Además, exhortan a la sociedad a levantarse contra una violencia que mata a mujeres y niños, ya sea desde las entidades sociales, como desde los colegios o las iglesias. Y es que, en Bolivia como en cualquier otro país, las leyes son papel si luego no hay una estrategia nacional de prevención y apoyo, y de nada servirá que el Gobierno en funciones de Jeanine Añez declare el Año de la Lucha Contra el Feminicidio y el Infanticidio” si luego no hay fondos para formar policías y jueces, ni para lanzar campañas educativas sobre igualdad, ni para crear servicios eficaces a los que una mujer maltratada, amenazada, pueda acudir a pedir ayuda y obtenerla.
Para Alianza por la Solidaridad-Action Aid, el trabajo en defensa de los derechos de las mujeres bolivianas precisamente se centra, no en ofrecer servicios directos para las víctimas, sino en la búsqueda de un empoderamiento como mujeres que va tomando cuerpo. “Se trata de fortalecer sus capacidades para que se reconozcan como personas con derechos, de que realicen incidencia política y una vigilancia ciudadana de la calidad de los servicios, y de apoyar a las instituciones públicas para que esos servicios mejoren su respuesta, lo que no siempre es posible sin fondos públicos suficientes. También lanzamos campañas de sensibilización social con estos temas y así contribuir cambiar patrones machistas muy arraigados”, explica Gioconda Dieguez, coordinadora en Bolivia.
Rosa M. Tristán, Comunicación de Alianza por la Solidaridad.