Por Giulia Pizzuti
Fue el 20 de agosto del año pasado cuando Greta Thunberg se sentó enfrente del Parlamento Sueco reivindicando la urgencia de tomar decisiones políticas para contrarrestar el cambio climático. Este día marcó también el inicio de las movilizaciones sociales que han ido cogiendo fuerza hasta lograr la organización de casi 4.000 manifestaciones en todo el mundo a las que asistimos en la semana de acción global contra la crisis climática. En España más de 300 organizaciones se han sumado a la Huelga Mundial por el Clima y han firmado el Manifiesto “en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo” en el que se remarca la urgencia de tomar medidas concretas ante la emergencia climática. En el Manifiesto se hace referencia a la necesidad de compromisos políticos reales y vinculantes, pero también a la necesidad de contar con una mayor participación por parte de la ciudadanía en formar parte activa de la lucha contra las causas estructurales que se encuentran a la base de la emergencia climática, económica y civilizatoria que estamos viviendo.
© Flickr
Sin lugar a duda, las manifestaciones llevadas a cabo en estos días han conseguido visibilizar de una forma extraordinaria una de las mayores emergencias a la que nos enfrentamos, el cambio climático. Pero no ha sido solamente esto, sino que también se ha logrado visibilizar el impacto que se puede conseguir cuando los y las jóvenes, la sociedad civil y de los movimientos sociales eligen tomar parte activa y levantar su voz exigiendo cambios a nivel político, económico y cultural para garantizar una vida digna a todas las personas de la generación presente y futura.
Luchar contra las causas y consecuencias del cambio climático pasa necesariamente por hacerlo contra las desigualdades. Es también batallar por encontrar alternativas a un sistema económico, político y cultural que ha permitido que el bienestar de unos pocos se haya construido en detrimento de la mayoría de la población sin considerar, además, esa crisis climática que perjudica especialmente a las personas más vulnerables, a pesar de ser quienes menos han contribuido a provocarla. La emergencia climática evidencia una vez más el papel que tienen las desigualdades entre los países y dentro de ellos, visibiliza cómo incluso -en los contextos de crisis- la discriminación que sufren las mujeres es aún mayor. Los datos recogidos a raíz de los desastres naturales a los que hemos asistido en los últimos meses, como las sequías que han afectado el cuerno de África y los ciclones que han golpeado Mozambique evidencian que ellas, mujeres y niñas, forman parte de la población más afectada por las consecuencias generadas por el cambio climático (Oxfam, 2019).
La urgencia y la necesidad de revertir las dinámicas que se encuentran en la base de la crisis sistémica que estamos viviendo, apuntan a la importancia de contar con herramientas que puedan seguir alimentando las acciones de sensibilización y movilización emprendidas en estos días. Hay que trabajar para que su fuerza, a medida que su eco mediático vaya disminuyendo, siga alimentando el proceso de formación de una ciudadanía activamente comprometida con la construcción de una realidad más justa y sostenible.
Entendiendo que una educación de calidad y universal no es solo un derecho fundamental que proporciona los conocimientos necesarios para que cada persona pueda ejercer sus derechos sino también una de las principales herramientas para hacer frente a los retos que caracterizan la realidad en la que vivimos, resulta de fundamental importancia defender una educación que apueste por la formación de una ciudadanía critica, consciente y comprometida con la transformación social. Una educación transformadora que, fomentando el respeto de la diversidad, la conciencia medioambiental, el consumo responsable, los derechos humanos, la igualdad de género y la participación democrática, facilite las herramientas para cuestionar los comportamientos sociales tradicionales, para acabar con las desigualdades de género y para generar oportunidades y capacidades para que todas las personas puedan tomar parte activa en las dinámicas y políticas que rigen sus vidas.
Reconocer los centros educativos como espacios de transformación social, fortalecer el papel del profesorado como agente de cambio, y facilitar la participación del alumnado en procesos de aprendizaje dirigidos a la construcción de una ciudadanía crítica y activamente comprometida con la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria puede representar un paso importante para consolidar los cambios puestos en marcha por la movilización global a la que hemos asistido en esta semana y para construir una vida digna para todas las personas.
Guilia Pizzuti es responsable territorial de Educación de Oxfam Intermón.