Por Julia García
«A mi papá lo mataron”, nos cuenta Silvia*. “Empezamos a asistir a reuniones de víctimas del conflicto y entonces empecé a conocer a otras mujeres Wayúu, que hablaban sobre la vulneración de sus derechos». Silvia es una defensora del pueblo indígena Wayuu, originario de la Guajira, en la parte más nororiental de Colombia donde un inmenso desierto contrasta con el turquesa mar caribe de sus costas.
Han pasado 2 años y 5 meses desde que el mundo asistiera esperanzado a la firma de los Acuerdos de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado. Sin embargo, a dos años de aquel histórico acontecimiento, la promesa de paz que proclamaban estos acuerdos no se ha saldado, al menos en lo que se refiere a las defensoras de derechos de la tierra y el medioambiente en el país.
La organización Fuerza de Mujeres Wayuu defienden los derechos humanos, territoriales y ambientales. ©Pablo Tosco, Oxfam Intermón
Los retrasos en el cumplimiento del Acuerdo han sido vistos como una oportunidad por parte de grupos armados, multinacionales y corporaciones extractivistas (madera, oro, carbón, petróleo) de asentarse en los territorios antes ocupados por las FARC y ampliar sus actividades económicas, vulnerando los derechos de las comunidades que habitan en ellas y generando graves impactos sociales y ambientales. En medio, se encuentran las defensoras de la tierra y el medio ambiente, quienes alzan su voz para denunciar estas injusticias.
Desde hace más de un año, como parte del trabajo de la organización internacional Oxfam, colaboro con la Plataforma de mujeres rurales de Colombia, espacio que aglutina distintas organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes que trabajan por los derechos de las mujeres rurales, sus comunidades y los territorios en los que habitan. No fue hasta que llegué a Colombia cuando comencé a entender quiénes son estas mujeres, cómo llegaron a ser lo que son y de dónde viene su determinación.
Como Silvia, muchas mujeres, a partir de su propia experiencia en la dureza de la guerra, han optado por tejer y liderar cambios. Con escasos recursos y numerosas barreras en el camino, han asumido la tarea olvidada por el Estado de proteger los derechos fundamentales en las zonas más remotas y desprotegidas del país. Son, probablemente, las mujeres con más fuerza que he conocido.
Es ese tesón el que grupos armados con intereses sobre la tierra intentan acallar. Silvia cuenta que a los dos años de empezar con la organización Fuerza de Mujeres Wayuu comenzó a recibir amenazas: «Nos decíamos que si ya aparecíamos en panfletos amenazadas de muerte, si ya nos hacían llamadas y todo lo demás, era porque estamos haciendo algo importante. Entonces tocaba seguir».
Desde aquel momento las amenazas forman parte de su día a día y del de sus familias. La última llegaba hace solo unas semanas a través de perfiles falsos en redes sociales que publicaban un panfleto en el que aparecían señaladas varias mujeres de la organización. «Que maten a líderes sociales, para mí es más que una persecución. Llegas a decirte a ti misma, Silvia, por favor, retírate de esto porque también puedes pasar tú por lo mismo», afirma.
Como ha dicho el Relator Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, Michel Forst: “los defensores de derechos humanos deben ser protegidos por sus gobiernos”. Sin embargo, la acción del gobierno colombiano para responder a esta grave situación que viven los defensores y defensoras en el país apenas ha tenido un impacto efectivo. Solo en el primer trimestre de 2019 se registraron 245 agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos.
A esto hay que sumarle la falta de enfoque de género en las medidas de protección ofrecidas por el Gobierno. «Una de las principales discusiones que tenemos nosotras con la Unidad de Protección (del ministerio de Interior de Colombia) es que no se le pueden dar las mismas garantías de protección a un hombre que a una mujer», explica Silvia. En la cultura Wayúu la mujer es el centro de la actividad económica y comunitaria. «Por ejemplo, si una mujer es amenazada, como yo, y me toca irme del país, cómo dejo a mi criatura», dice mientras señala a su hija. Ella, al igual que sus compañeras, insisten en la necesidad de medidas colectivas, culturales y diferenciadas sin las cuales el Gobierno nunca llegará a responder a sus necesidades.
Reconocer el valor del liderazgo de estas mujeres y garantizar su protección efectiva debe ser de máxima prioridad para el gobierno de Iván Duque. Cada amenaza, cada asesinato, acumula una deuda mayor con la paz prometida aquel 24 de noviembre de 2016 y hace tambalear esos acuerdos que tanto esfuerzo costó alcanzar.
«Mis expectativas son pocas, pero son grandes. Soy consciente de que el mundo no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Quienes cambian son las mentes de las personas, y a medida que nosotras vayamos llegando a las personas, vamos cambiando algún tipo de pensamiento», concluye Silvia.
Desde hoy, 26 de junio, Oxfam Intermón, en alianza con la Plataforma de mujeres rurales de Colombia y otras organizaciones, lanza la campaña #DefendamosSuVoz centrada en dar a conocer su situación y generar apoyo a las defensoras de derechos de la tierra y el medioambiente en Colombia.
*Silvia es un nombre ficticio empleado por razones de seguridad.
Julia García trabaja para Oxfam Intermón.