Por Ana Gómez Pérez-Nievas
‘Quiero encontrarme mejor […] Quiero poder limpiar y cuidar de mis hijos, y ser lo más feliz posible’. Esta frase, de una mujer que padece varias enfermedades, entre ellas, una depresión, resume la carga de cuidados a la que se enfrentan las mujeres, que, sumado a que son quienes han sufrido de manera diferenciada las consecuencias de las medidas de austeridad tomadas por el gobierno durante la crisis, las sitúan en una posición de especial vulnerabilidad. En #LaRecetaEquivocada, decenas de mujeres cuentan cómo se enfrentan a las consecuencias de los recortes sanitarios: listas de espera que se duplican, personal sanitario con ansiedad y explotado, aumento del copago farmacéutico que hace que las personas enfermas racionen sus medicamentos, entre otros aspectos.
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Carmela es pensionista y tiene un hijo en el paro. Trabajaba todos los días de la semana, y ganaba alrededor de 700 euros, hasta que pasó a percibir el 60% de pensión por baja por enfermedad. Su marido murió y la pensión de 325 euros le ayuda llegar, a duras penas, a fin de mes. ‘Este mes que tengo que pagar el seguro de la casa, no voy a la farmacia a por los medicamentos que necesito porque puede pasarme cualquier cosa a mí o a mi hijo’, asegura. ‘O si voy, cogeré el mínimo que tengo que tomar, las pastillas de dormir simplemente, o las de la memoria’, añade esta mujer, que aunque prefiere ocultar su nombre y rostro a la cámara, no se doblega ante lo que tiene que decir a las autoridades: ‘Los que pisan rosas estarán bien, pero los que pisamos espinas, no’, murmura indignada.
Carmela es solo un ejemplo de las decenas de mujeres que Amnistía Internacional ha entrevistado en su informe sobre cómo los recortes sanitarios han provocado el desamparo de miles de personas en España, especialmente para las más vulnerables, que pagan el precio de unas medidas de austeridad que han hecho que la atención sanitaria de calidad sea menos accesible y más cara.
La crisis, la “tormenta perfecta”
Al desempleo, que ha afectado de manera ligeramente más alta a las mujeres (un 26,7% frente al 25,6% en los hombres), al índice de pobreza (el 37,5% de las familias monoparentales, la mayoría de las cuales están encabezadas por mujeres, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente a la media española del 22,1%), al retraso en la aplicación de la ley de dependencia que ha vuelto a traspasar la atención de personas dependientes al cuidado informal, en su mayoría ejercido por mujeres; se añaden aspectos como el riesgo de sinhogarismo y de desahucio. Y es que, tal y como Amnistía Internacional documentó en su último informe sobre vivienda, los desahucios relacionados con el impago del alquiler afectan especialmente a las mujeres, que sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación, como las madres solteras, las mujeres con personas a su cargo, las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las supervivientes de violencia.
Y lógicamente, todos estos aspectos se relacionan con la salud en forma de estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental, así como afectar a la capacidad de las personas a pagar por la atención sanitaria. Y es que el aumento (o la introducción, para personas como pensionistas, que antes no tenían) del copago farmacéutico, así como el hecho de que cerca de 400 medicamentos antes cubiertos ahora hayan quedado fuera del catálogo, está llevando a muchas personas a tener que elegir entre qué medicamentos tomar o a apoyarse en sus familias para poder comprarlos.
Gloria explica que a menudo no compra las medicinas que necesita durante dos o tres meses por motivos económicos. Sin poder trabajar a causa de un cáncer que le provocó además una serie de consecuencias, como una menopausia precoz, esta mujer de 44 años se muestra indignada al ver que le recetaron unas cremas para la sequedad vaginal que no están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud. Tampoco las cremas para aliviar el dolor y los sarpullidos causados por una prótesis de mama, ni los sujetadores especializados para mujeres que han sufrido una mastectomía (entre 80 y 100 euros) están cubiertos por el sistema público.
La receta equivocada
Amnistía Internacional denuncia en su informe cómo las listas de espera, tanto de atención primaria como de atención especializada se han hecho cada vez más largas con los recortes sanitarios, mientras el tiempo de atención que el personal sanitario puede dedicar a los pacientes ha disminuido. Marta es una mujer de 49 años, sufre una enfermedad ósea degenerativa. Padece un fuerte dolor en la pierna. Han tardado casi un año en darle cita con un especialista: ‘Quiero que los pacientes crónicos tengamos más apoyo. Ahora todo el mundo tiene que soportar mucho dolor antes de poder ir realmente al médico’, dice. ‘Tomo opiáceos y soy yo quien decido cómo tomármelos’, explica Ximena, una mujer de 53 años con una enfermedad reumática, fibromialgia y un dolor agudo en el hombre todavía sin diagnóstico, después de que cerrara la unidad de dolor a la que asistía y su médico de atención primaria solo se ocupara de aliviar los síntomas principales, sin tiempo para profundizar.
No solo AI denuncia sobre las consecuencias que algunas medidas como el Real Decreto Ley 16/2012 pueden entrañar para colectivos vulnerables. También la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha advertido sobre estos peligros, asegurando que las medidas de austeridad han tenido un impacto grave y desproporcionado en las mujeres, en particular, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las trabajadoras domésticas.
En sus recomendaciones de 2015, la CEDAW señalaba que las mujeres han hecho frente al desempleo, a las reducciones de la seguridad social y de las pagas por atender a las personas en situación de dependencia, a la congelación salarial y a la transformación de los empleos a tiempo completo en otros a tiempo parcial con horas extraordinarias. Y añadía que el propio Real Decreto 16/2012, que, entre otras medidas, excluye a los migrantes en situación irregular de la cobertura sanitaria, ha tenido, un efecto desproporcionado en las mujeres migrantes, a quienes ha privado del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva y supone una oportunidad perdida para identificar a las víctimas de violencia de género y de trata, así como de prestar asistencia a las víctimas de violencia sexual.
Ana Gómez Pérez-Nievas es periodista en Amnistía Internacional España