Actualizado el domingo 10 de diciembre a las 11:10h.
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Por un par de comentarios, acabo de percatarme de que ayer marqué por error la casilla de «comentarios cerrados» y otra que dice algo así como «tracbacks cerrados» (que aún no se lo que significa).
Las marqué de forma automática, pensando que lo hacía en las casillas contiguas de «critica de prensa» y «personal«.
Lo siento. Si este blog tiene alguna gracia, procede de los comentarios abiertos y libres de quienes nos visitan.
Gracias por el aviso. Ni siquiera sabía que ciertos post pueden cerrarse a los comentarios. Mejor no saberlo.
Sigo en Almería con un sol espléndido, mala conexión a Internet y lejos de los diarios de papel. Temo la caravana de regreso. Suerte a los del puente.
Saludos
JAMS
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El Mundo manda con ETA como sujeto principal de su primera página y El País lo hace con el Gobierno.
Sólo coinciden hoy a la hora de ilustrar su portada con bellísmas fotos de San Sebastián. La ola ataca el Paseo Nuevo que bordea el Monte Urgull, bajo el cementerio de los ingleses. En Almería, el Mediterráneo está en calma y mi palmera ni se inmuta, tan quieta como una estatua.
El País:
El Munod:
Hoy apenas hay noticias, pero sí buenos artículos que intentaré copiar y pegar aquí para que nos aprovechen durante el fin de semana.
Ahí va uno del maestro Savater en El País:
Víctimas
FERNANDO SAVATER
09/12/2006
Las víctimas del terrorismo han tardado mucho en aparecer a la luz pública no sólo en el campo de la realidad social sino también en la literatura o el cine. La mayoría de las novelas y películas centradas en este prolongado horror tienen como protagonistas a etarras, amigos de etarras o familiares de etarras: con mejor o peor fortuna (en general peor, la verdad sea dicha) cuentan los problemas de conciencia, arrepentimientos o reafirmaciones ideológicas de estos voluntariosos criminales. Por lo visto todos tienen mucha «vida interior», aunque al tratarles se les note más bien poco, y desde luego mayor interés dramático que quienes les padecen. En tales narraciones pasa como en los films de Tarantino, donde los pistoleros están llenos de colorido pasional y los liquidados forman parte todo lo más del mobiliario urbano. Según mi criterio, y no quisiera ser injusto con nadie por olvido o desconocimiento, hasta ese admirable puñado de relatos que son Los peces de la amargura (ed. Tusquets), de Fernando Aramburu, las víctimas del terrorismo no habían encontrado un reconocimiento artístico de su humilde calvario a la altura exigible. Dejando aparte, por supuesto, las dos grandes novelas de Raúl Guerra Garrido, Una lectura insólita del capital y sobre todo La carta, pioneras en el tema. Por cierto, Raúl, felicidades por el Premio de las Letras y no permitas que las insidias de algún maledicente profesional enturbien tu merecida fiesta.
Las víctimas han recorrido un significativo trayecto, sin duda muy revelador de los vaivenes de la opinión pública en nuestras sociedades actuales: han pasado del desconocimiento y el desinterés al reconocimiento fervoroso y de éste al recelo político por un lado y a la sacralización mediática por otro. La propia noción de «víctima del terrorismo» es equívoca porque en la inmensa mayoría de los casos se trata más bien de familiares de víctimas que de víctimas en carne propia. En otros casos no existe esta ambigüedad: nadie llama «víctima de la circulación» a la madre o al marido de quien sufrió un choque o atropello, sino sólo a la propia persona damnificada. Claro que los accidentes de tráfico o laborales no están intencionalmente orientados contra la comunidad democrática en cuanto tal y los crímenes terroristas sí. Entre las víctimas de ETA hay de todo, puesto que la propia ETA ha golpeado a la sociedad en sus más diversos grupos y clases: vascos y ciudadanos de otras partes de España, funcionarios y simples particulares, personas destacadas por su lucha de años contra el terrorismo y gente que se enteró de que existía esa lacra sólo cuando les tocó sufrirla a ellos, etc… En cualquier caso, tienen cosas en común: necesitan apoyo social tanto en lo anímico como en los problemas materiales y exigen estricta justicia, es decir, que se aplique a sus agresores el rigor de la ley y no el oportunismo de la política. Quieren que la justicia de todos les ampare, puesto que renuncian a tomársela por su mano: ¿cómo no darles la razón? Cuando les oigo reivindicar «memoria, dignidad y justicia» entiendo muy bien la primera y la tercera de estas exigencias, no tanto la segunda: en efecto, ninguna víctima ni pariente de víctima ha visto nunca en cuestión su dignidad por serlo. Al contrario, los indignos son los asesinos, sus cómplices, sus justificadores teóricos, quienes se aprovechan del terror causado por otros o quienes se han despreocupado de las víctimas hasta que les ha sido políticamente rentable mostrarles estentórea veneración.
Cada una de las víctimas propiamente dichas y de sus familiares o herederos tienen sus propias ideas políticas, ni mejores ni peores por ser suyas que las del resto de los ciudadanos. Ser víctima del terrorismo, en cualquiera de los sentidos, no es haber hecho un máster en filosofía política. Sus opiniones en ese campo no son «respetables» sino «discutibles», como las de usted o las mías: lo respetable, en todo caso, serán las personas que las sostienen. De modo que es inútil insistir en que las víctimas están políticamente manipuladas cuando no dicen lo que quisiéramos oírles. Son mayores de edad y aciertan o se equivocan solas, sin necesidad de que ningún político les coma el tarro. Al contrario, suelen ser los políticos (y no digamos los hooligans mediáticos, aplicados a la rentabilidad del estruendo) quienes se arriman a su sombra para promocionarse a sí mismos mientras parecen jalearles a ellos. Bueno, ¿y qué? Así es la democracia. A mí me parece que el truculento mensaje sobre «traiciones» y «rendiciones» que maneja la AVT -por no hablar de la mezcla del llamado «proceso de paz» con la bazofia ridícula e inconsistente de la supuesta conspiración del 11-M- es una actitud equivocada, que daña la causa que pretende defender. Pero no supongo que al señor Alcaraz le tengan hipnotizado Acebes o Zaplana para decir lo que dice.¿Acaso alguien manipula, por ejemplo, a Suso de Toro cuando asegura sin dudar que Ciutadans representa «el más rancio españolismo»? No, de ningún modo, seguro que lo piensa de veras; bueno, si la palabra «pensar» resulta en este caso exagerada, digamos que lo cree de veras. ¿Que la mayoría de las víctimas confía más en la derecha que en la izquierda? Así parece y la culpa -si culpa hay- no es sólo suya. Recordemos que en este país está vigente la absurda superstición de que los nacionalismos separatistas y étnicos son de izquierdas… ¡y hasta forman mayorías de progreso! Hace poco, Santiago Carrillo decía públicamente: «La paz merece que, por un momento, nos olvidemos de las leyes». No hay mejor síntesis de lo que muchos temen, con razón, que el «proceso de paz» sea o pueda llegar a ser. Y como tienen a Carrillo o a Javier Madrazo por gente de izquierdas, pues prefieren a la derecha. Algunos lo sentimos mucho, pero así está el patio.
Sin embargo, la verdadera y peor manipulación política de las víctimas sigue sin ser denunciada. Porque no consiste en aprovecharse de tales o cuales personas sino del concepto mismo de víctimas del terrorismo. Hoy se prodigan los reconocimientos y las condolencias a las víctimas para hacer creer que la cuestión de ETA es un asunto que fundamentalmente se polariza entre terroristas y víctimas de atentados. Es decir, que se trata de resolver un problema «humanitario»: no más sufrimiento, ni más muerte, no más viudas ni huérfanos, enjuguemos las lágrimas de los dolientes y evitemos que se derramen más, etc… Por eso se habla de «paz», pese a la evidencia de que no estamos en ninguna guerra: porque ese término se presta más a los servicios de la Cruz Roja que la palabra «libertad». Cuando se diseña el acuerdo de convivencia que culminará el proceso de paz, nunca se olvida mencionar el debido respeto y homenaje a las víctimas. Y los representantes más altos del Gobierno vasco acuden a pedir perdón por su desinterés del pasado a las víctimas (sobre todo a las andaluzas: las víctimas son tanto más respetables cuanto más lejanas). Pero en cambio nunca harán el mismo acto de contrición respecto a quienes han sido el objetivo ideológico de ETA todos estos años: los no nacionalistas y sus representantes políticos.
No les he oído nunca decir en público que los no nacionalistas merecen una reparación política y social por la marginación y acoso que han sufrido durante el período de la peor violencia. Tampoco he oído que admitan las ventajas que han obtenido sobre ellos los partidos nacionalistas gracias al terror -lamentable pero útil- impuesto por ETA. Ni lo más importante: que yo sepa, nadie ha reconocido que cuando ETA desaparezca, la convivencia y el fair play democrático pasará por dar cancha a la opción no nacionalista en los campos en que hasta ahora ha sido hostilizada o excluida, no en apretar las tuercas del nacionalismo como pago al cese de la violencia. Porque el problema no está entre ETA por un lado y las víctimas por otro, sino entre el nacionalismo violento y quienes han padecido su agresión por no ser nacionalistas. No se trata de buscar un remedio humanitario, sino de defender derechos constitucionales conculcados.
Los sabios posmodernos que hoy abundan nos aseguran que el asunto es muy complejo y que las interpretaciones varían. No tanto, no tanto… Cuando a Clemenceau le preguntaron qué creía él que dirían los historiadores sobre la Primera Guerra Mundial, repuso: «Seguro que no dicen que Bélgica invadió a Alemania». Por muy flexibles que sean los criterios de interpretación, nadie sostendrá mañana que Irene Villa o Eduardo Madina mutilaron a Txapote o Valentín Lasarte. Ni suscribirán la versión de Ortuondo en Estrasburgo, según la cual la violencia terrorista proviene de la frustración sufrida por algunos nacionalistas ante sus reivindicaciones desatendidas. Nadie dirá que durante los pasados treinta años los no nacionalistas han controlado a su gusto el País Vasco, mientras los nacionalistas vivían en una hostigada semi-clandestinidad. Sin duda hay que «normalizar» políticamente Euskadi. Pero hoy lo anormal es la hipertrofia nacionalista entre una ciudadanía en la que tanto abundan quienes piensan de otro modo. En este conflicto no sólo ha habido muchas víctimas, sino que la principal víctima ha sido la libertad de muchos. ¿Cuántas veces más habrá que volver a decirlo?
FIN
Y este otro del profesor Tamayo en El País:
Estado laico, ¿misión imposible?
JUAN JOSÉ TAMAYO
09/12/2006
No vamos por buen camino en la construcción del Estado laico. Ya la propia Constitución Española de 1978 puede incurrir en cierta contradicción en el artículo 16,3 cuando, tras afirmar que «ninguna religión tendrá carácter estatal», a renglón seguido cita expresamente a la Iglesia católica. Era el primer paso en una dirección inadecuada, que no sólo no se ha corregido, sino que se ha ido agudizando. Todos los gobiernos, de centro, de derecha o de izquierda, han persistido en el error mandato tras mandato. Unos días después de la aprobación de la Constitución, se firmaban los Acuerdos con la Santa Sede, preconstitucionales en su elaboración y quizás anticonstitucionales en algunos puntos. Eran unos pactos de rango internacional que privilegiaban a la Iglesia católica en materias como la enseñanza del catolicismo en la escuela, la atención pastoral a las fuerzas armadas y en los hospitales, en asuntos jurídicos como el reconocimiento de efectos civiles para el matrimonio canónico, en cuestiones económicas como exención de impuestos y dotación para culto y clero, etcétera.
El 20 de diciembre de 1978 nos concentrábamos ante la Nunciatura Apostólica de Madrid 250 cristianos y cristianas para manifestar nuestra oposición a la firma de los Acuerdos. El Nuncio recibió a una comisión a quien comunicó que la firma no era inminente. Los primeros días de enero de 1979 saltaba a la prensa la noticia del acuerdo con la foto correspondiente.
Año y medio después se aprobaba la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, con un amplio respaldo parlamentario. Lo más coherente hubiera sido haberla aprobado antes de los Acuerdos con la Santa Sede. Aquí el orden de factores sí alteró el producto. La precedencia de dichos Acuerdos sobre la Ley de Libertad beneficiaba a la Iglesia católica, quien no se sentía afectada por el articulado de la ley de 1980. A su vez, la ley, que apela al principio constitucional de igualdad, consagra la desigualdad y legitima la discriminación, al privilegiar a las confesiones religiosas «de notorio arraigo» sobre las otras religiones. La expresión de «notorio arraigo» resulta harto ambigua e indeterminada y ha dado lugar a un elevado grado de discrecionalidad por parte de la Administración. Algunos juristas creen que la actual Ley de Libertad Religiosa consolida una situación contraria al derecho común y vulnera los principios de laicidad del Estado y de igualdad de todos los ciudadanos.
Los Acuerdos con la Santa Sede, la Ley de Libertad Religiosa y los Acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Comisión Islámica de España y con las Comunidades Judías de España, establecen religiones de tres clases o categorías: de primera, la Iglesia católica; de segunda, las de notorio arraigo, judaísmo, iglesias evangélicas e islam; de tercera, aquellas a las que no se reconoce el notorio arraigo y no han firmado acuerdos con el Estado español.
La construcción del Estado laico se está convirtiendo en misión casi imposible. No vivimos, es verdad, en un Estado confesional como lo fuera el de la época del nacionalcatolicismo, pero tampoco en un Estado laico o sencillamente no confesional. Quedan todavía no pocos restos de confesionalidad. Algunas de las actuaciones recientes del Gobierno socialista nos alejan todavía más de la laicidad. Una es el acuerdo económico con la Iglesia católica de septiembre de 2006, ratificado en los Presupuestos Generales del Estado de 2007. Otra el borrador de Real Decreto de enseñanzas mínimas de secundaria obligatoria.
Cada vez estamos más lejos del objetivo de la autofinanciación, fijado en los Acuerdos del Estado y la Santa Sede de 1979 y ratificado en 1988 cuando entró en vigor el modelo de asignación tributaria. Si la Iglesia católica tenía privilegios económicos, con el acuerdo de septiembre de 2006 los incrementa, al subir el porcentaje de la asignación tributaria de 0,52% a 0,7%. El catolicismo es la única religión para la que el Estado recauda. El Gobierno ofrece, así, a la Iglesia católica unas condiciones de plausibilidad cada vez más favorables.
Otra prueba del alejamiento del Estado no confesional es el borrador del Real Decreto citado, que ha contado con el justificado regocijo general de las asociaciones católicas de padres de alumnos y con el no disimulado malestar de las asociaciones laicas de profesores y profesoras, de padres y madres de alumnos y alumnas. En materia de enseñanza de la religión, el Gobierno cede a las presiones de sectores católicos que se echaron a la calle para protestar contra la LOE en una manifestación apoyada por la Conferencia Episcopal Española y sigue la misma o similar política de privilegio que los gobiernos del Partido Popular. Mantiene la asignatura confesional de religión como materia evaluable y computable para pasar curso. Establece una alternativa. Deja en manos de los obispos la elección y el cese de los profesores de religión, cuyos salarios son abonados por el Estado. ¡Una excepción a la regla general que establece que «quien paga, manda»!
En conclusión, no estamos en un Estado laico, ni siquiera no-confesional. Tengo la impresión de que cada vez nos vamos alejando más de él. Y, sin embargo, el Estado laico es el marco político y jurídico más adecuado para el respeto al pluralismo ideológico, para el reconocimiento de la libertad de conciencia y para la protección de la libertad religiosa. Pero hay que tomar otra dirección, que pasa por la revisión de la Acuerdos con la Santa Sede y con las confesiones religiosas de notorio arraigo, porque la significación del catolicismo y de las otras religiones es hoy muy distinta a cuando se firmaron. Es necesario, igualmente, elaborar una nueva ley de libertad religiosa, dado que las circunstancias sociorreligiosas de la sociedad española han cambiado sustancialmente en el último cuarto de siglo con la presencia en nuestro país de nuevos movimientos religiosos y espirituales, el fortalecimiento de las religiones judía y evangélica, el crecimiento espectacular del islam y el imparable proceso de secularización.
FIN