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"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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Noticia bomba: portada de El Mundo sin el «11-M»

La portada de hoy de El Mundo puede convertirse en objeto de coleccionistas: no contiene ni una sola alusión al 11-M ni a ETA con relación al 11-M.

Desde la mentira masiva del entonces presidente Aznar, es raro el día en que El Mundo no dedica en su portada menciones especiales al 11-M, con las más variopintas historietas, dirigidas a mantener viva la llama de la presunta relación de ETA con la matanza de Atocha para echar a la derecha del poder. Hoy es uno de esos raros días. ¡Albricias!

A cambio, El Mundo nos regala un exquisita colección de sus verbos preferidos en todas sus noticias de primera página: Otegui «exige», Zapatero «oculta», España «hace el ridículo», Montilla «utiliza».

Ambos diarios solo coinciden hoy en un tema internacional y con foto: la joven austriaca secuestrada hace ocho.

El País sí hace referencia hoy al 11-M en su portada, al informar, a 4 columnas, de:

Una nueva ley obligará a identificar a 16 millones de usuarios anónimos de móviles

Y éste es el primer párrafo de la información de portada donde hacen referencia al 11-M.

— – —–

Por razones de archivo, y con todas mis disculpas por el retraso, corto y pego aquí las portadas de ayer que no pude incluir el en blog:

y una información sobre fosas comunes que me llamó la atención en la primera de El País y en página interior:

Mientras El País va informando de los descubrimientos de estas fosas comunes, con los cadáveres de los asesinados por el bando «nacional» o fascista del general Franco, El Mundo sigue publicando esquelas, supongo que de pago, sobre los asesinados por el bando «republicano» o rojo.

Los asesinatos de ambos bandos ocurrieron hace 70 años. Los descubrimientos de las fosas comunes de los cadáveres de los asesinados en la guerra y, lo que es peor, en la postguerra, son noticia del día, y de rabiosa actualidad.

Creo que, por eso, van en primera página y no en necrológicas.

Hordas «fascistas» y hordas «rojas».
Una cosa es la guerra y otra, la postguerra.

No se por qué, este anuncio mortuorio de El Mundo (supongo que es de pago) me ha puesto los pelos de punta.

La verdad es que hacía tiempo que no oía ni leía yo el latiguillo fascista de «las hordas rojas». Claro que últimamente no oigo la COPE.

La esquela me ha recordado los peores tiempos de la dictadura franquista y también -¿por qué no decirlo?- los mejores tiempos de la transición, casi pacífica, de la Dictadura a la Democracia, cuando dedicimos no echarnos en cara los terrores de guerra entre las dos Españas.

Esta esquela conmemora el 70 aniversario de la muerte de cinco personas que, por sus apellidos, deducimos que eran hermanos (médico, militar, farmacéutico y abogado).

En mayúsculas, bajo los nombres, aparece esta leyenda:

ASESINADOS POR LAS HORDAS ROJAS EL 15 DE AGOSTO DE 1936

Naturalmente, dan por hecho que, como mártires, están en el Cielo (en su cielo) y, por eso, cierran el anuncio con este ruego patriótico:

Su familia ruega una oración para que intercedan ante Dios nuestro señor por españa y por los españoles

La minúscula de «españa» no es un error mío sino que aparece así en la esquela. Por las prisas.

Pienso que, quizás, estos recordatorios de los asesinatos de las «hordas rojas» seguramente no se habrían producido si aún gobernara el PP y, por tanto, no se hubiera discutido la conocida como «Ley de la Memoria Histórica» que tiene de los nervios a tantos franquistas e inquietos a algunos demócratas.

Es posible que los familiares de los cinco Cabrera López de la Torre que han pagado esta esquela en El Mundo tengan razón y sus parientes hayan sido «asesinados por las hordas rojas» como tantos otros en la guerra civil fueron «asesinados por la hordas fascistas». Pero creo que debemos sosegarnos todos antes de entrar en una guerra de las esquelas de la guerra civil, que no nos lleva a ninguna parte buena.

La guerra es la guerra. Y la guerra es bárbara. Sabemos que se cometieron atrocidades en ambos lados y por ambas hordas, aunque unas fueran mejor uniformadas y llevaran el paso mejor que las otras. Pero volver, al cabo de 70 años, a utilizar este lenguaje en público me parece, cuando menos, de muy mal gusto.

Desde luego, vivimos en un país libre y están en su derecho de recordar a sus muertos como quieran, pero a mi no gusta que lo hagan con ese lenguaje que, hoy por hoy, rezuma más odio que caridad cristiana.

Más razonable y pacífico me ha parecido este otro anuncio publicado anteayer en El Mundo:

En él aparece una lista de nombres bajo esta leyenda:

Fosos de Santa Elena, 11 de Agosto de 1938

En memoria del LXVIII aniversario de la muerte de los 63 Márties por Dios y por España, fusilados en el Castillo de Monjuic de Barcelona.

Debajo de los nombres, aparece una oración precedida de esta frase:

Los ya escasos supervivientes del cautiverio que compartimos horas de esperanza, emoción, tristeza y dolor, rogamos una oración por su eterno descanso.

También anteayer, domingo, el mismo día de esta esquela, El País dedicaba estas dos páginas a los 90.000 fusilados y/o desaparecidos «en la guerra civil y la represión franquista».

Este es el texto del reportaje.

La futura ley de la memoria

REPORTAJE

90.000 fusilados, 900 desenterrados

Historiadores y asociaciones comienzan a situar en el mapa las fosas de represaliados por Franco

La futura ley de la memoria obliga a las instituciones a facilitar a los familiares de los desaparecidos de la guerra civil y la represión franquista su localización e identificación. Con ese objetivo, la norma prevé la elaboración de mapas donde figuren las fosas comunes en que fueron enterrados. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras entidades ya han localizado, exhumado y entregado a sus descendientes los restos de 905 personas, pero los estudios más fiables dan una cifra mínima de 90.000 represaliados republicanos durante el conflicto y los años posteriores. Historiadores y asociaciones han localizado más de 100 enterramientos, pero advierten de que la búsqueda no ha hecho más que empezar.

MANUEL ALTOZANO – Madrid

EL PAÍS – España – 13-08-2006

–En Órgiva (Granada) hay enterradas en una fosa común más de 4.000 personas.

–«Muchas familias no quieren exhumar, sino saber que pasó», dice el forense Etxberria.

Paseos, sacas, fusilamientos en cunetas o en mitad del campo. Las víctimas, en algunos casos, tuvieron que cavar sus propias fosas. Muertos por la represión política promovida y tolerada tras la guerra civil por las autoridades del bando franquista que al mismo tiempo sirvió, sobre todo en el medio rural, para depurar venganzas por rencillas personales o familiares, o simplemente envidias. La falta de documentación y el tabú forjado por el terror de la dictadura sobre los desaparecidos impiden a historiadores y arqueólogos ponerse de acuerdo sobre su número y los lugares donde fueron enterrados. El testimonio de los familiares y testigos que queden vivos a los 70 años de esos hechos será la fuente principal para elaborar los mapas de fosas que la futura ley de la memoria llevará a redactar.

Los registros civiles, los expedientes de los consejos de guerra sumarísimos permitidos por Franco tras el golpe del 36, los archivos municipales y los libros de los cementerios son los principales lugares donde la represión dejó sus cifras. El hispanista británico Paul Preston, admitiendo cierta falta de exhaustividad, calcula que los muertos en la retaguardia franquista y los de los primeros años de la dictadura pudieron llegar a los 180.000. El historiador Santos Juliá, basándose en estudios realizados en 36 provincias (algunos incompletos), da una cifra mínima de unos 90.000. «Las inscripciones de los paseados [los asesinados sin juicio en cunetas y campos] vienen a representar sólo un tercio de la realidad», escribe en Víctimas de la guerra civil, el libro sobre la represión en ambos bandos que coordinó en 1999. El historiador advierte de que, para adentrarse en ese terreno, hace falta entrevistar a protagonistas y testigos o, en su caso, a sus familiares.

Basándose en esos testimonios, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y demás agrupaciones con los mismos fines han abierto ya 98 fosas de las que han exhumado a 905 víctimas. Su vicepresidente, Santiago Macías, tras cinco años de desenterramientos, tampoco se atreve a hacer números. «Lo que sí sabemos es que, en la parte del país controlada por Franco, hasta finales de 1937 se puede contabilizar, como mínimo, una fosa por cada pueblo», dice. La asociación comenzará dentro de una semana su próxima excavación en Parrillas y Navalcán, junto a Talavera de la Reina (Toledo). Macías asegura que sobre su mesa hay, por lo menos, 5.000 solicitudes más.

La futura ley de la memoria deja en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos la localización de las fosas al obligar en su artículo 14 «a las administraciones competentes» a elaborar «mapas en que consten los terrenos en que se localicen los restos». La norma prevé que el Gobierno elabore otro «mapa integrado de todo el territorio español, que será igualmente accesible para los interesados y al que se incorporarán los datos que, en los términos que se establezcan, deberán ser remitidos por las distintas Administraciones». Los lugares donde se localicen los enterramientos serán, según el anteproyecto, objeto «de especial preservación por parte de sus titulares».

En esos mapas tendrán que constar en primer lugar, las grandes fosas comunes situadas fundamentalmente en los cementerios de las capitales y grandes poblaciones o en parajes y pueblos de sus alrededores y que, en algunos casos, están bien documentadas. En la de Mérida, que acaba de aparecer debido a las obras de un jardín botánico que se construye junto al cementerio, se calcula que fueron enterrados entre 2.000 y 4.000 republicanos de los que la ARMH, en colaboración con la Universidad de Extremadura, ha identificado ya a unos 1.200. De los 1.600 que se calcula fueron sepultados en la fosa común del cementerio de Oviedo durante la guerra y los años siguientes, se conocen los nombres de 1.316. Y lo mismo ocurre con otros enterramientos masivos como los de Víznar y Órgiva (Granada, unas 6.000 personas), Badajoz (2.000 fusilados en la plaza de toros), Málaga (3.600 en cuatro fosas, según la Junta de Andalucía), Teruel (unas 1.000 en los Pozos de Caudé), Zaragoza, Córdoba, Jaén, Logroño, Madrid (más de 2.000 muertos en el cementerio de la Almudena), Valencia…

Santiago Macías explica que la mayoría de esos casos, «casi nadie pide la exhumación» (algo que haría muy difícil la identificación genética debido al volumen de restos) sino la confirmación de que el desaparecido en cuestión se encuentra enterrado en esas grandes fosas a través de la documentación que se conserve, ya que la mayoría contienen los cuerpos de condenados a muerte en consejos de guerra o juicios sumarísimos. El vicepresidente de la ARMH pone como ejemplo los archivos militares gallegos en los que trabaja actualmente. Asegura que en muchos de los expedientes que está manejando «aparece una ficha que señala el lugar exacto del cementerio en que la víctima fue enterrada».

En los pueblos, sin embargo, el trabajo de campo es fundamental, y la localización de las fosas, en la mayoría de los casos, nace de los testimonios de los parientes de los represaliados que ponen en marcha sus propias investigaciones. Luego piden ayuda a las asociaciones que, en gran parte del país, carecen de ayudas oficiales para llevar a cabo las exhumaciones. Por ahora, solo Euskadi y Cataluña han aprobado programas y censos de identificación y exhumación de víctimas en colaboración con las asociaciones. Andalucía ha dado un paso más y hace un año que elabora su mapa de fosas.

Adelantándose a la ley de la memoria, la consejería andaluza de Justicia, junto a las distintas asociaciones regionales, comenzó el año pasado a investigar los enterramientos comunes ubicados en su territorio. «Contamos con los estudios de los historiadores, los datos de los registros civiles y de los cementerios, además de las correspondencias entre los responsables de las cárceles y, sobre todo, la información que aportan los vecinos de los municipios», afirma Manuel Velasco, responsable de la Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía, una de las que colaboran en el proyecto.

La parte occidental de Andalucía, donde primero llegaron los franquistas, es donde se encuentra la mayoría de las fosas. Los expertos hablan también de miles de muertos que deben estar enterrados a lo largo de la carretera que va de Málaga a Almería, donde se produjeron fusilamientos de personas que huían hacia la zona republicana. Un caso particular es el de Órgiva (Granada) donde según los historiadores, hay enterradas en una fosa común más de 4.000 personas. «Se trataría, en caso de ser comprobado, de la mayor fosa a campo abierto de Andalucía y España», afirma el coordinador del proyecto, Ángel del Río.

La Junta de Andalucía ha aportado para la investigación un máximo de 55.000 euros por provincia y, al mismo tiempo, colabora con asociaciones y sindicatos en el proyecto Todos los nombres (www.todoslosnombres.org) que ha creado una base de datos con más de 10.000 nombres de desaparecidos durante la guerra que puede consultarse a través de Internet.

Diversos estudios calculan que unas 40.000 personas pudieron ser ejecutadas sin juicio en Andalucía y que, de ellas, más de 15.000 yacen en fosas comunes. Del Río considera que «prácticamente en todos los municipios hay, al menos, una fosa, sobre todo, en la zona occidental», como demuestran las investigaciones realizadas hasta ahora, que han servido para empezar con los desenterramientos.

En el término gaditano de El Bosque (Ubrique y Benamahoma) aparecieron 21 personas, en Palomares del Río (Sevilla) otras cinco y en Santaella y La Guijarrosa, 5 y 17, respectivamente, aunque se cree que puede haber más. En el cementerio de San Rafael de Málaga se exhumará en septiembre a más de 3.000 personas. También se excavó en el de Cádiz y en el de Valverde del Camino (Huelva, una persona). En el cementerio de San Rafael de Málaga se exhumará en septiembre a más de 3.000 personas enterradas en cuatro fosas localizadas gracias al Instituto Geofísico de Andalucía, dependiente de la Universidad de Granada.

La Generalitat de Cataluña calcula que más de 9.000 personas están enterradas en 157 fosas comunes de la guerra y el franquismo, de las cuales 115 ya han sido localizadas y 104 se hallan dentro de cementerios. En junio de 2005, el Gobierno catalán publicó un proyecto de decreto para regular las exhumaciones «muy limitado y restrictivo», según Manuel Perona, coordinador de la ARMH en Cataluña, que asegura que, debido a los requisitos que impone, sólo permitiría abrir 15 enterramientos.

El Ejecutivo autónomo exige que se pueda conocer previamente la identidad de, al menos, una de las personas enterradas; que las fosas no estén situadas en cementerios; que las víctimas sean civiles y no militares y que, como máximo, alberguen a 10 personas. La solicitud para desenterrar no puede ir más allá de la tercera generación de familiares de los enterrados y se cancelaría si alguno se opusiera.

El proyecto de decreto tampoco prevé dar subvenciones para sufragar los gastos de las investigaciones previas a las exhumaciones, que correrían a cargo de las familias. Lo mismo que las autorizaciones para excavar, que sólo se acompañarán de fondos públicos en caso de que el Ejecutivo considere la fosa «de interés».

Tras su publicación, el proyecto catalán se abrió a la presentación de alegaciones pero, tras la expulsión de ERC del tripartito, quedó suspendido. Para asesorar y controlar las exhumaciones, la Generalitat creó una Comisión Interdepartamental integrada por representantes de seis áreas del Ejecutivo y que presidía el republicano Apel.les Carod. Esa comisión dependía del departamento de Presidencia, entonces dirigido por Josep Bargalló, también de ERC.

Después de que el Parlamento catalán aprobara una moción sobre la recuperación de la memoria histórica en marzo de 2003, cuando aún gobernaba CiU, el tripartito realizó la primera exhumación de una fosa en la comarca de Osona (Barcelona) en junio de 2004. En la excavación, que era una prueba piloto para establecer un protocolo de actuación, se encontraron seis soldados republicanos y un civil, al que se logró identificar. El Ejecutivo inició en abril de 2006 una investigación para ubicar con exactitud la fosa de Can Maçana, en El Bruc (Barcelona), pero no se encontraron indicios de ninguno de los ocho fusilados que se suponían enterrados en la zona.

El Gobierno catalán también tiene previsto crear dos censos: uno de todas las fosas de la guerra civil y la represión franquista en Cataluña con el fin de señalizarlas, y otro con los nombres de las personas desaparecidas. Pero de momento todo está paralizado a la espera de las elecciones.

Euskadi es la tercera comunidad que ha regulado y subvencionado la apertura de sus fosas. El Gobierno vasco encargó en 2003 a la Sociedad de Ciencias Aranzadi la puesta en marcha de un programa de desenterramientos. Desde que se abrió una ventanilla para atender a las familias de las víctimas, la dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Consejería de Justicia, ha atendido 450 solicitudes.

El equipo de Aranzadi desarrolla su trabajo en dos frentes. Por una parte, la investigación histórica y documental para completar la información personalizada de los desaparecidos y la recogida de testimonios que graban en vídeo y entregan a los familiares. Por otra, localizan fosas, recuperan los restos y realizan los estudios antropológicos correspondientes. «La mayoría de las familias no quiere exhumar y hacer pruebas de ADN, sino saber únicamente qué pasó, de qué acusaron a su familiar, cuánto tiempo vivió», cuenta el forense Francisco Etxeberria, responsable del programa.

Según el historiador Iñaki Egaña, 2.500 vascos murieron fusilados en los años de guerra y represión. 5.000 desaparecieron, 60.000 padecieron la cárcel y otros 150.000, entre ellos, 35.000 niños, tuvieron que exiliarse. «Esa es la cifra que manejó el lehendakari Aguirre en la ONU, pero creo que está un poco hinchada», matiza Egaña.

Reportaje elaborado con informaciones de Pilar Choza, Marta Albiñana y Maribel Marín

Sería bueno separar a las víctimas de la guerra, que lo fueron en ambos bandos y por ambas «hordas», de las víctimas de la represión franquista, que sufrieron tormento y/o muerte después de concluida la contienda, en tiempos llamados de paz.

¿Acaso no eran «hordas fascistas» las que fueron a la caza del maestro? ¿No eran «hordas fascistas» las que asesinaban masivamente a viejos, mujeres y niños que huían a pie desde Málaga a Almería?

Como en todo, en la represión terrorista de un Gobierno fascista e ilegítimo contra los disidentes políticos también hay grados. Como entre las hordas.

Y no creo que sea bueno mezclar ahora la guerra con la postguerra. Cada cosa en su sitio.

16 de agosto, 11:20.

Me voy una semanita de vacaciones. En Almería no tengo ADSL. No se si podré seguir el blog. Quizás alguna vez desde casa de mi hermana y si me dejan, de visita, en La Voz de Almería.

Antes de partir quiero dar las gracias a todos los comentaristas que han enriquecido el blog durante el curso que ahora termina.

Afortunadamente, ya ha vuelto Manuel Saco de sus vacaciones y estoy seguro de que todos serán bienvenidos en su sala de estar «Saco sin fondo».

Me ha gustado mucho este último comentario de Montanelli sobre la inquietante (e innecesaria) ley de la Memoria Histórica de PSOE. Aunque cargado de dudas, cada día estoy más de acuerdo con él:

«Sigo sin entender nada de toda esta historia. En el año 2006 nos dedicamos a tirarnos a la cabeza los muertos de hace 70 años. ¿Y por qué no los de la primera guerra carlista?¿o el motín de Esquilache?

«La derecha tiene una cara impresionante porque encima sacan pecho por lo que hicieron. Y andan «desacomplejados» cuando deberían agradecer el perdón general que tuvieron en el 78.

«Y de acuerdo en que perdón no significa olvido pero el gobierno parece tonto con eso de la ley de memoria histórica. ¿Cuando entenderán los políticos que esas cosas no se regulan «por ley»?, esas cosas están en la cultura de un pueblo de forma natural. Aquí todos (salvo cuatro descerebrados radiofonistas) sabemos quien hizo qué y no hace falta ley alguna para tener claro quien dio un golpe de estado y quien puso una dictadura gris y lamentable de 36 años. Y que en el otro lado se hicieron barbaridades, pues claro, era una guerra, y además civil, que son las peores de todas.

«Otra cosa es facilitar a las familias de los muertos que encuentren sus restos y les den sepultura digna. O rehabilitar su nombre, me parece bien. Pero lo de andar removiendo a estas alturas como la última novedad los sucesos del 36 me parece cuando menos irresponsable.

«No lo entiendo. Lo siento.

«lo dijo Montanelli · 16 Agosto 2006 | 10:28 AM»

Les dejo con mi último comentario de anoche al Sr. Sísifo que persistnemente me reta a que resuelva sus dilemas:

«Señor Sísifo:

Le agradezco sus piropos a este blog. Sigo adelante con él porque participan comentaristas como usted, con quienes no estoy de acuerdo pero -como decía creo que Churchill- estoy dispuesto a dar mi vida para que puedan expresarse libremente.

Estoy preparando el viaje y ya tengo la cabeza en las playas de Mojácar, donde tengo que dar el viernes el pregón de las Fiestas.

Le animo a que siga polemizando. Hay pocos de derechas que se expresen bien por Internet y usted es uno de esos pocos. No le considero un trol ni mucho menos. O, si lo es, lo disimula de maravilla. Para mi, un trol es, por ejemplo el IBIVI este -una reencarnación de guronial- que nos ha traido Manolo Saco de Laponia.

Me dice usted, Sísifo, y seguramente con razón, que:

«O no ha entendido bien mi razonamiento jurídico, o emplea equivocadamente el concepto «sofisma».

Pues, quizás, las dos cosas. No soy jurista y mis conocimientos de Derecho no pasan del Albadalejo de 1º de Políticas. Y estoy de acuerdo en que posiblemente empleé muy a la ligera el concepto de «sofismas» cuando quise decir simplemente «contradicciones». Pero, a veces, la cursilería e, incluso, la vanidad me pierden.

Los sofistas eran grandes demagogos en la Grecia clásica y podían embaucar peligrosamente a los jóvenes con complejos razonamientos, cargados de silogismos bellamente construidos, pero que, si no recuerdo mal, partían de bases tramposas y con fines oscuros.

Bueno, a lo mejor, sin querer, acerté con lo de sus «sofismas». Como no tengo a Arsenio cerca para preguntarle, miraré en el diccionario de la RAE, cuya lectura nunca me cansaré de recomendar.

A ver, a ver…

«SOFISMA: (del latín…y del griego…) m. Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso.»

«SOFISTA: (…) adj. Que se vale de sofismas. En la Grecia antigua, se llamaba así a todo el que se dedicaba a la filosofía. Desde los tiempos de Sócrates el vocablo tuvo significación despectiva.»

¡Vaya! ¡Si voy a tener la mitad de la razón!.

Es decir, reconozco que no he entendido su «razonamiento jurídico» pero me reafirmo en que lo que subyace en tales razonamientos tiene muchas posibilidades de tratarse de un sofisma detrás de otro. Aunque lo dije sin ánimo despectivo.

Por tanto, en la playa trataré de desmenuzar sus presuntos sofismas y le contestaré a la vuelta.

¡Ah! y no escatime piropos. Me encantan. Veo que usted tambien sabe que «el halago debilita» y lo utiliza habilmente como un florete. Pero son bienvenidos. En alguno habrá algo verdad y sientan de bien…

Gracias por su elegante participación en este blog. Ojalá tuvieramos a muchos como usted, que, finamente, es capaz de sacar lo mejor de nuestro Pericles (del siglo de los sofistas, mire por dónde), de smg310, de Irene, de Imagina, de stifmacuin (si estuviera aún por aquí) y de tantos otros que le dan muy bien al coco.

No nos deje, hombre.

Hasta pronto.

TODOS CONTRA EL FUEGO, CONTRA LA INJUSTICIA Y CONTRA LA IGNORANCIA

Saludos

JAMS

lo dijo JAMS · 15 Agosto 2006 | 10:45 PM

—–

Hasta la vuelta.

Felices vacaciones a quien las tenga. Y a los demás: paciencia. Que todos sean tan felices como puedan.

Recuerden que nuestro gran califa Abderramán III reconoció, en su lecho de muerte, que, en toda su vida, sólo había sido feliz durante 14 días, no seguidos.

Un abrazo.

JAMS

18 de julio del 36: Fotos para no olvidar…

Se cumplen hoy 70 años del inicio de la Guerra Civil, un conflicto que ha marcado durante largos años la vida de los españoles. Destacados historiadores analizan en estas páginas el estallido de la contienda, desde la debilidad del Gobierno republicano y las dudas de Franco hasta la pasividad de algunas grandes potencias ante la sublevación militar. Paralelamente, personas que sobrevivieron a la contienda aportan sus testimonios sobre aquellos dramáticos días.

SANTOS JULIÁ /EL PAÍS – España – 18-07-2006

En realidad, no fue el 18, fue el 17. Y no fue en España, sino en el Protectorado de Marruecos. Los militares que veníacon conspirando contra el Gobierno de la República no las tenían todas consigo, pues no faltaban notorios conspiradores que daban la impresión de nadar y guardar la ropa, entre ellos, el mismo general Franco, comandante militar de Canarias. Una profunda desconfianza, una permanente sospecha y algunos enfrentamientos a tiros habían enrarecido el aire de los cuarteles y obligado a posponer en varias ocasiones el día de la rebelión.

El director, el general Mola, había exigido el empleo de la máxima dureza, o sea, fusilamiento con o sin consejo de guerra, contra quienes se opusieran a la acción una vez emprendida. Pero al escribirlo pensaba en las autoridades republicanas, en los dirigentes de partidos de izquierda y de los sindicatos obreros, no en sus conmilitones.

La insurrección, proyectada para las primeras horas de la mañana del 18 de julio, comenzó, sin embargo, antes de lo previsto en Marruecos, con el tiro a bocajarro a los jefes indecisos, allí mismo, en los despachos de los cuarteles, entre voces y griterío. La primera víctima, el general Romerales, marcó la norma futura: para garantizar el éxito había que liquidar, como primera providencia, a los jefes y oficiales que declaraban su lealtad al Gobierno legalmente constituido o que se mostraban remisos y dubitativos.

Roto ese dique, el torrente se desbordó sin conocer ningún límite: si la muerte era el destino de los compañeros desafectos, ya se puede imaginar cuál podría ser el de los obreros, campesinos y autoridades republicanas allí donde ofrecieron débil resistencia. Ocurrió así en tierras del Protectorado en la tarde del 17 de julio y la pauta se impuso de inmediato en los focos de rebelión que alumbraron desde las primeras horas de la mañana y se extendieron por la tarde y noche del 18. La Coruña y Vigo, Álava y Navarra, las capitales de Castilla la Vieja, Sevilla. En todas partes se repitieron idénticas escenas: insurrección, detención y fusilamiento de jefes y oficiales indecisos, sin importar grado de parentesco o amistad; adhesión, donde las hubiera, de milicias falangistas y carlistas; rápido control de las calles, incursiones de castigo en los barrios obreros; asesinato de alcaldes y gobernadores civiles.

En Madrid, en la noche del 17 al 18, la República -como escribió Manuel Azaña- estuvo pendiente de un hilo: habría bastado la decisión audaz de quienes ocupaban todos los establecimientos militares para acabar con el régimen en unas horas. Pero, añade Azaña, se produjo el hecho contrario.

El hecho contrario no consistió en que a la falta de audacia de los rebeldes respondiera el Gobierno con firmeza: el Gobierno de la República se hundió la misma tarde del golpe. ¿Qué Gobierno era ese incapaz de resistir el golpe y aplastarlo? Ante todo, no era un Gobierno de Frente Popular aquel contra el que se rebelaban una tras otra, deslavazada, caóticamente, las guarniciones militares. Para serlo, hubiera requerido, como en Francia, la presencia de los socialistas, porque el apoyo parlamentario de los comunistas se daba por descontado.

Pero los socialistas se habían negado a incorporarse a un Gobierno de coalición cuando Manuel Azaña, el 11 de mayo, recién elegido presidente de la República, ofreció a Indalecio Prieto la presidencia del Consejo de Ministros. Fue la facción liderada por Francisco Largo Caballero la que se negó a incorporar a su partido al Gobierno en la ilusoria e irresponsable esperanza de que los republicanos, al cabo de unos meses, no tendrían más remedio que franquear la puerta y poner en sus manos todo el poder.

Esta estrategia suicida, además de dividir e inutilizar a los socialistas como fuerza hegemónica de la coalición republicano-obrera, dejó al Gobierno a la intemperie, sin bases sólidas sobre las que apoyarse. Y fue contra un Gobierno débil, formado exclusivamente por republicanos de centro-izquierda, bajo la presidencia de Santiago Casares Quiroga, contra el que pusieron en marcha su proyectada conspiración los militares que desde el 8 de marzo se habían juramentado para dar un golpe de Estado. No era la primera vez que lo intentaban. No era tampoco la primera vez que un Gobierno de la República tenía que habérselas con una intentona militar, de la que todo el mundo hablaba y de la que todo el mundo, incluso la policía, estaba al cabo de la calle.

A nadie, por tanto, pilló de improviso la tarde del 17 de julio el rumor rápidamente extendido de que algo ocurría en tierras del Protectorado. El Gobierno esperaba la insurrección y había tomado las medidas que estaban de su mano para entorpecer con piedrecitas su maquinaria: creyó que con los traslados de los principales sospechosos y el nombramiento de generales de confianza al frente de las fuerzas de policía y de la Guardia Civil, la proyectada rebelión sería aplastada, si no tan fácilmente como en agosto del 32, al menos con efectos más radicales y permanentes: ahora el castigo sería ejemplar.

Los dirigentes obreros, por su parte, acariciaban la expectativa de que los militares se rebelasen porque en su visión del alumbramiento del nuevo mundo bastaba una huelga general para derrotar a la reacción militar.

Y ése fue el hecho contrario al que se refería Azaña: la rebelión puso en marcha un movimiento de resistencia obrera y popular que, sumando su presión a la que procedía del bando contrario, se llevó por delante al Gobierno presidido por Casares, dejando sin gobierno a la República durante unas horas decisivas.

Para tapar el hueco, Azaña ofreció al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, el encargo de formar un nuevo Gobierno que se ampliara por la derecha y por la izquierda con el refuerzo de liberales y socialistas. Martínez Barrio lo intentó en la noche del 18, pidiendo a Felipe Sánchez Román, líder del pequeño Partido Nacional Republicano, y a Indalecio Prieto, dirigente de la facción centrista del PSOE, su incorporación al Gobierno.

El primero accedió, pero Prieto, tras consultar con su partido, regresó con una respuesta decepcionante: el PSOE se negaba por segunda vez, ahora en circunstancias dramáticas, a entrar en gobierno. Era, de nuevo, la estrategia de Largo Caballero y de sus consejeros de la izquierda socialista la que se imponía: esperar a que los republicanos sucumbieran para ocupar los socialistas en solitario todo el poder.

A pesar de este revés, Martínez Barrio habla con algunos jefes de las divisiones orgánicas y con el general Mola, que en esos momentos es ya -desposeído del mando y detenido el general Batet, que en unos meses será también fusilado- jefe efectivo de la VI División: «Es tarde, muy tarde…», responde Mola a las consideraciones que le hace Martínez Barrio.

En realidad, a esas alturas, los rebeldes, conducidos sobre el terreno más por comandantes que por generales, han matado tanto que tienen cerrada cualquier posibilidad de marcha atrás. A pesar de que Madrid ni Barcelona caen, tienen que seguir adelante. Lo proclama Franco en sus arengas radiadas; lo dice Mola a su interlocutor. Martínez Barrio también sigue adelante y a primeras horas de la mañana del día 19 ha logrado formar un Gobierno a base de los tres partidos que un año antes habían sellado una especie de nueva alianza republicana: Izquierda Republicana, de Azaña; Unión Republicana, del mismo Barrio, y Partido Nacional Republicano, de Sánchez Román.

Pero este Gobierno tiene, antes de nacer, las horas contadas. En una noche de insomnio cargada de rumores se corre rápidamente la voz de que Martínez Barrio negocia una paz con los generales rebeldes. Socialistas, anarquistas y comunistas convocan una gran manifestación. Desde primeras horas de la mañana del domingo llegan hasta Martínez Barrio las voces de los manifestantes exigiendo armas y gritando «¡abajo el Gobierno!».

El recién nombrado presidente dimite: su presidencia habrá durado poco más de seis horas, el tiempo justo para que el flamante Gobierno apareciera en la Gaceta cuando ya había dejado de existir. Azaña convoca entonces al Palacio Nacional a los dirigentes de los partidos y sindicatos con objeto de resolver la crisis de manera que todos se sientan implicados en la fórmula que se adopte.

En esa reunión, Largo Caballero, que también ha acudido, rechaza por tercera vez la participación socialista y sólo da su aprobación a un Gobierno formado exclusivamente por republicanos bajo la condición de que proceda a repartir armas a los sindicatos. El presidente de la República confiere entonces el encargo a su viejo amigo José Giral, que acepta la tremenda responsabilidad. Ya está, pues, el pueblo armado contra los generales rebeldes. Son pistolas y, todo lo más, el famoso máuser de 750 metros de alcance: sobre armas cortas van a edificar los sindicatos el nuevo poder obrero y campesino.

Los militares decían haberse alzado contra el peligro comunista y lo que han puesto en marcha es una revolución sindical. Será un poder atomizado, suficiente para aplastar la rebelión allí donde los rebeldes han dudado y se han encerrado en sus cuarteles; trágicamente inútil allí donde los militares se han adelantado y han establ6ecido un férreo y despiadado control.

Será también un poder que vuelve inane el poder del Gobierno de la República. Revolución triunfante es proliferación de comités sindicales que comienzan a organizar la defensa contra el agresor y la represión del enemigo interior. Desde el mismo 18 de julio se destruyen por el fuego los símbolos del viejo mundo derrocado, se queman archivos, se incendian iglesias, se da muerte a quienes se han señalado, personal o institucionalmente, como enemigos de la clase obrera y de la revolución -propietarios, clérigos, guardias civiles-, mientras se abole el dinero, se incautan empresas, se patrullan las calles. Sobre las ruinas del Estado republicano, la revolución -o lo que quiera que fuese aquella resistencia obrera, campesina y popular al golpe militar- anunciaba, a pesar de la euforia de tantas noches febriles, más que un triunfo, una larga guerra civil.