Se nos ve el plumero Se nos ve el plumero

"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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“Zapatero ganó…”, en ¡El Mundo!

Pensé que me había confundido de periódico. Sorpresas te da la vida…

A cuatro columnas, mandando, arriba:

Zapatero ganó el debate…

En el diario El Mundo. Vivir para ver.

El País mantiene su cultura corporativa:

El papel de Rajoy ante Zapatero decepciona…

Me ha sorprendido también que Roberto Carcía Calvo (por el PP) siga siendo miembro del Tribunal Constitucional. Debe ser muy mayor.

Recuerdo su nombre como gobernador civil de Almería cuando un joven estudiante fue muerto a tiros por la Guardia Civil mientras escribía la palabra “LIBERTAD” en un muro de la playa. No pudo terminarla. Le dispararon por la espalda y no hubo culpables.

Aquel gobernador franquista pidió ayer la dimisión de la presidenta del Tribunal Constitucional. Su petición fue rechazada por diez votos a dos.

¡Ah! en la columnita de El Mundo se da cuenta de la renuncia del juez que invocó a Dios en una sentencia. Menos mal, Me dan miedo estos talibanes metidos a juez. Estoy por creer que, por esta vez, le ha iluminado el mismísimo Espiritu Santo para que dimita. ¡Qué alivio!

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Y éste es un espléndido artículo del proferor Laporta bastante esclarecedor sobre el terrorismo, publicado el lunes en El País. Se me había escapado.

Cuando estaba en la Universidad quise investigar y escribir sobre la función de utilidad del terrorismo (¿a quiénes beneficia?). Me asustaron mis propias conclusiones y nunca publiqué nada sobre el asunto. Laporta explora aquí, con valentía y rigor, algunos aspectos de esa deplorable función de utilidad. No se lo pierdan.

Sobre la pervivencia del terror

FRANCISCO J. LAPORTA en El País 02/07/2007

Lamento no acabar de creerme dos de los tópicos más asentados del discurso antiterrorista. No creo que vayamos a “derrotar esa lacra”, como se repite una y otra vez, ni creo tampoco que en las condiciones que estamos creando entre todos sea verdad aquello de que con los actos de terror nunca se gana nada. La realidad viene a desmentir ambos píos deseos. A lo mejor no es ocioso que intente explicar por qué. En su notable libro Calamidades, Ernesto Garzón Valdés presenta un acercamiento conceptual muy preciso a la noción de terrorismo. Extraigo de su amplia definición algunos de sus ingredientes decisivos: el terrorismo es el método de usar de modo imprevisible la violencia para provocar el temor generalizado con miras a influir en el comportamiento de terceros para obtener objetivos políticos. Acto de violencia, pues, temor generalizado y reacción de terceros. Repárese en que de los tres tan sólo el primero incumbe únicamente al terrorista. Los otros dos están mediados por nuestros comportamientos colectivos, y mi escepticismo descansa en que allá donde mire no acierto a ver ningún indicio de que estemos dispuestos a interrumpir esa mediación.

Para hacer el viaje desde el acto terrorista al temor generalizado de la población se necesita un viático imprescindible: la publicidad del acto. Hasta el punto de que hay autores que hablan del “oxígeno de la publicidad” como condición del terror. Vale la pena advertir que, a diferencia del terrorismo de Estado o la delincuencia común, que buscan ampararse en el secreto y la opacidad, el terrorismo político busca deliberadamente la publicidad; su acto mismo de terror pretende precisamente ser un acto publicitario. Sin ese oxígeno de la publicidad, por tanto, se debilitaría fatalmente como fenómeno político. Pues bien, nosotros estamos dispuestos, al parecer, a suministrarlo ilimitadamente. No hay nada relacionado con él a lo que no le demos inmediatamente una trascendencia mediática inusitada. Aun si con ello estamos poniendo una de las condiciones para su reproducción y perdurabilidad. Por supuesto que la naturaleza misma de nuestras sociedades como sociedades abiertas tiene que contar con la publicidad como elemento esencial, pero una cosa es eso y otra muy distinta hacer del terrorismo y sus actos un objeto prioritario del mensaje político. Esto es lo que, sin ir más lejos, está pasando hoy en España. Hemos entrado en una espiral viciosa que no hace sino realimentar el fenómeno terrorista que decimos querer derrotar. En la pasada campaña electoral, las cosas han llegado a un punto en que uno no sabría decir muy bien si, por paradoja, aquellos que se jactan de ser los más fieros enemigos del etarra no se hayan transformado en sus aliados más constantes. Los mensajes del Partido Popular, los informativos de la cadena episcopal, algunos diarios nacionales o los noticiarios de la cadena autonómica de Madrid parecen haber incorporado una obsesión malsana por subrayar hasta extremos inconcebibles una presencia del terrorismo que dista de tener esa realidad ni de merecer ese tiempo. Se han tornado así en una suerte de agentes artísticos o teatrales involuntarios de ETA, comisionados por lo que parece para otorgar a cualquier minucia que hagan sus miembros un papel de protagonismo en la escena política y social española. Que un sujeto insignificante y vil como De Juana Chaos haya sido premiado con el oscar de presencia mediática en los últimos meses es una de las hazañas más necias y dañinas de la práctica política de los partidos y los medios desde que empezó la transición. No hay más que asistir a su resurrección como héroe nacional después de esa insensata dosis de oxígeno que le han facilitado precisamente quienes más parecían odiarle.

De que con esos y otros estúpidos alardes publicitarios hemos pasado del acto aislado de terror al temor generalizado de la población, no cabe albergar ya duda alguna. Según datos fiables, que también se dedican a recordar, venga o no venga a

cuento, esos profesionales de la inquietud, los españoles han vuelto a considerar al terrorismo entre sus primeras preocupaciones. Que un ciudadano de este país tema un atentado más que, pongamos por caso, un accidente de tráfico o un cáncer de colon, es una de esas muestras de necedad colectiva que a veces exhiben los pueblos mal informados. Ser víctima de un acto terrorista es un suceso con una probabilidad estadística cercana a la nada. Pero claro, una cosa es el riesgo y otra la percepción que se tiene de él, y los hay empeñados en prestar al terror ese servicio inestimable que se ha llamado amplificación social del riesgo sin el que lo más probable es que acabara por ser un fenómeno marginal e inconsistente. Por las consecuencias de esa amplificación, naturalmente, nadie responde.

Y las consecuencias tienen una relación muy directa con ese otro tópico en el que antes decía que tampoco creo. Ese que afirma que con sus actos los terroristas nunca ganarán nada. Las condiciones que hemos puesto entre todos hacen esta aseveración falsa. Mencionaré solamente tres de esas ganancias. La primera, y la más evidente, la que recibe el propio terrorista al ver transformada su crueldad ocasional en un ingrediente del destino de un pueblo. Con sólo alterar la agenda política de una comunidad moderna, el terrorista ya ha conseguido una parte de lo que buscaba. Al ser vehiculada por los medios, su acción violenta acaba por tornar a un grupo insignificante en un actor del proceso político. Por disparatada que sea su causa, sólo por ser el actor de esa violencia ocasional que se amplifica insensatamente, se le incorpora a la trama de la comunidad. Hemos dado ya el primer paso en su favor. La segunda ganancia evidente es la que relaciona inversamente la libertad y el miedo. El temor generalizado determina que las sociedades abiertas basadas en la libertad se vayan cerrando sobre sí mismas paulatinamente. Y al hacerlo adquieren inadvertidamente los rasgos agresivos que sirven de pretexto al grupo que ejerce el terror. Esta retroalimentación está ya demasiado estudiada como para que pueda pillarnos por sorpresa. Cuanto más dura e irreflexiva es la reacción social del miedo, más parecida es la sociedad que lo segrega al enemigo que ha inventado el terrorismo. No hay ejemplo más exacto de lo que es una cultura amenazante e invasora que la amenaza armada y la invasión militar. La coalición militar que asaltó ilegalmente Irak ha dado a Al Qaeda exactamente lo que ésta quería. Todo un regalo para el terrorismo islámico, un rédito que ni por asomo pudiera haber imaginado ingresar.

Y hay que hablar, por último, de una ganancia triste y desalentadora. La que se puede obtener haciendo aspavientos sobre el terrorismo en el debate electoral. La ecuación es tan elemental como cínica. Si el pueblo está atemorizado, recurramos a su temor para inclinar su voto hacia nosotros. No poca de la compulsión mediática que padecemos descansa obscenamente en esa ecuación. Seguramente, también la estrategia política de nuestra inefable derecha. Y, deploro decirlo, alguna de las prácticas en que se han embarcado ciertos sectores de las propias víctimas. Más allá de la indignidad que supone acercar el ascua viva que para todos han de ser los muertos a la sardina electoral de cualquiera, está la paradoja perversa que se esconde tras esa indignidad. Si las víctimas producen votos, una manera posible de ganar votos es incrementar el número de víctimas o ignorar su situación. En esto, la lógica de ese tipo inmundo de pescador electoral no difiere gran cosa de la lógica propia del etarra. Ambos están en la empresa de utilizar a las víctimas para conseguir objetivos políticos en virtud de la reacción que la sociedad desarrolla ante el terror. Y cualquiera que sea el oscuro motivo que los empuja, parece probable que con sus comportamientos alienten la perdurabilidad del fenómeno mismo cuya derrota tendría que dar sentido a sus vidas.

La pervivencia del terrorismo no depende sólo de que haya actos de terror. En una sociedad compleja, bastante anómica y presidida por el incesante desarrollo de la tecnología, es seguramente imposible pensar que no se produzcan. Pero su dimensión social y política depende en gran medida de nuestra actitud individual y colectiva hacia ellos. Y no veo por ninguna parte que seamos conscientes de ello.

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

FIN

¿Descubren los peritos del 11-M a ETA hasta en la sopa?

¿Hallan o no hallan sustancias que ligan a ETA con el 11-M y con las Fuerzas de Seguridad para alejar de Aznar el fantasma de las matanzas de Irak? Y si no han confirmado la teoría conspiranoica del trío Pinocho (Aznar, Acebes y Zaplana), entonces ¿qué han hecho los peritos?

En cuanto a contenido informativo/opinativo, las ediciones “on line” de ambos diarios llevan el mismo camino que sus abuelas impresas en papel prensa. En un diario “no hallan” y en el otro “descubren”.

En las ediciones “on line” se pierden las valoraciones tipográficas, ya que el tratamiento espacial de las noticias suele ser muy semejante. En cambio, en las portadas de papel, las cuatro columnas de El Mundo contrastan claramente con la columna pelada de El País sobre el mismo tema.

El País, a una columna:

Los análsis hallan elementos de Goma 2 ECO en todos los escenarios del 11-M

Por su parte, El Mundo no da ni una línea del escándalo (presunto delito) de los interrogatorios a presos en Guantánamo por policías españoles bajo las órdenes del Gobienro Aznar. El País lo da arriba, a cuatro columnas.

Tipos de traición

FRANCISCO J. LAPORTA en El País

14/02/2007

La Declaración de Independencia de las Colonias británicas de 4 de julio de 1776, que es el origen legal y político de los Estados Unidos de América, busca fundamentarse en el minucioso inventario de una “larga cadena de abusos y usurpaciones que persiguen invariablemente reducirlas al despotismo absoluto”. En esa enumeración se hacen públicas ante un “mundo imparcial” las afrentas que las colonias y sus habitantes han sufrido por parte del monarca inglés. Entre ellas se puede leer esta: “Se ha aliado con otros para sujetarnos a una jurisdicción extraña a nuestra Constitución, y desconocida por nuestras leyes, dando su asentimiento a actos de pretendida legislación”. El monarca inglés inspiró y dio su aprobación a una ley de los Comunes cuyo propósito, según los firmantes de la Declaración, es “llevarnos a ultramar a fin de juzgarnos por supuestos delitos”.

Una de las llamadas leyes intolerables que aceleraron la revolución americana y la independencia de los Estados Unidos es, en efecto, una ley de 1774 llamada de administración de justicia, que autorizaba a sacar de la provincia de Massachusetts’ Bay a quienes iban a ser juzgados por delitos capitales, y trasladarlos a una jurisdicción que, de acuerdo con los legisladores ingleses, fuera más adecuada al caso. El pretexto para ello era estimular el celo de los magistrados y funcionarios para que reprimieran las revueltas sin temor a ser acusados de abusos y asegurarse así los veredictos convenientes.

La reacción frente a tales arbitrariedades fue la razón de que en las Constituciones y declaraciones de derechos de los trece Estados que constituyeron la primera federación apareciera el “debido proceso de ley” como uno de los fundamentos básicos de la nueva república. Y de que la disposición XII de la Constitución de Massachusetts fuera precisamente un cuidadoso inventario de las garantías jurídicas de los justiciables: “Ningún súbdito será obligado a responder de delitos o faltas hasta que los mismos le hayan sido descritos plena y totalmente, sustancial y formalmente; ni será compelido a acusarse a sí mismo ni a aportar pruebas contra sí; y todo súbdito tendrá derecho a aportar todas las pruebas que puedan favorecerle, a enfrentarse cara a cara con los testigos contrarios, y a ser oído plenamente en su defensa, por sí mismo o a través de abogado, a su elección. Y ningún súbdito será arrestado, encarcelado, despojado o privado de su propiedad, inmunidades o privilegios, puesto fuera del alcance de la ley, exiliado o privado de su vida, libertad y propiedad sino por el juicio de sus pares o la ley del país”. Esta declaración tan firme y minuciosa fue la que inspiró directamente las enmiendas quinta y sexta de la Constitución, aprobadas inmediatamente después, y es casi unánime la opinión de que forma parte del caudal de principios y valores en que se asienta la gran democracia norteamericana.

Jorge III pasó a la historia por haber provocado la defección de sus súbditos de las colonias. También por su ineptitud política y su afán autoritario. Hasta el gran fundador del conservadurismo moderno, Edmund Burke, se enfrentó a su estúpida tiranía porque ignoraba las libertades tradicionales de los ingleses y minaba la autoridad del Parlamento. Por eso se puso de parte de las colonias norteamericanas. Detestaba las revoluciones pero defendía el espíritu de la gran tradición inglesa. Y en las quejas de las colonias estaban vivos los principios políticos del pensamiento inglés. Muchas de las provisiones constitucionales de la nueva república no eran más que la expresión de ese pensamiento. Entre ellas vale la pena destacar la traslación literal del artículo 10 del Bill of Rights a la enmienda octava: “No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles y desusadas”.

A nadie sorprenderá por ello que cuando se vea, como se ve hoy, inventar jurisdicciones ajenas para ciertos delitos, llevar a los detenidos a ultramar para juzgarlos (o para lo que sea) o hurtar a los ciudadanos a su juez natural, uno se sienta tentado a pensar que se está traicionando alguno de los fundamentos de la democracia estadounidense. Igual que se traicionan cuando se niega información a los encausados, se les impiden los medios de prueba y defensa, se les arresta y despoja por tiempo indefinido, se les exilia y priva de la libertad al margen de la ley o se les infligen tratamientos crueles. Hay ya demasiadas medidas que no encajan en ese ideal ético que hizo nacer a los Estados Unidos: se apoya sin pudor que los torturadores delas prisiones iraquíes sean llevados ante un tribunal de casa (es decir, el viejo abuso británico de que a los “nuestros” los juzgamos aquí), se disponen por la CIA secuestros y vuelos secretos a jurisdicciones ignoradas (como aquello de “llevarnos a ultramar”) o se defiende explícitamente el internamiento extraterritorial en Guantánamo para evitar las garantías de los detenidos (el abuso británico de una “jurisdicción extraña” a nuestras leyes).

Desde el punto de vista del imperio de la ley, cimiento básico del sistema político americano, podemos, pues, hablar de traición, de una traición fundamental. El presidente Bush y su política exterior están traicionando los fundamentos mismos del ideal americano de vida política.

Sin embargo, eso no es traición en sentido estricto. La Constitución norteamericana sólo permite considerar traición el hacer la guerra en contra de los Estados Unidos o unirse a sus enemigos dándoles ayuda y protección. Algunos se han atrevido a decir que esto es lo que ha hecho Ehren Watada, un oficial estadounidense, al negarse a ir a la guerra de Irak. Watada se ha leído despacio la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas, y después ha comprobado que su presidente mentía, los servicios de inteligencia habían amañado la información y algunos periodistas desvergonzados habían manipulado las noticias. Ha llegado así a la conclusión de que las órdenes de sus mandos no eran legítimas porque la guerra de Irak era ilegal. Se violaba en ella la legislación internacional y se acudía sistemáticamente a prácticas que ignoraban los principios constitucionales. Todas estas razones le han llevado a desobedecer. No es una conducta indigna, como se pretende, sino una expresión más de la práctica de la desobediencia civil, también propia de la mejor tradición americana: la negativa a obedecer una orden porque va en contra de los principios éticos y políticos de la Constitución. Eso es lo que resulta para algunos inapropiado y cobarde, y lo que, según la vieja y retorcida argumentación, no hace más que dar armas al enemigo, equivale poco menos que a pasarse a sus filas. Por eso muchos ignorantes han dicho de él que es un traidor. Pero no lo es. Su acto no deteriorará a su patria; seguro que la engrandece más que las repugnantes actividades procesales que ha realizado estos años la Administración de George Bush con el burdo pretexto del terrorismo.

Edmund Burke justificó así su oposición al tirano:

“No toda coyuntura exige con igual fuerza la actividad de los hombres honestos, pero de vez en cuando surgen exigencias críticas y, si no me equivoco, ésta es una de ellas”.

Un puñado de políticos obsequiosos, en el Parlamento Europeo y fuera de él, están pugnando por mostrarse condescendientes con los vuelos secretos de la CIA y benévolos con sus organizadores. Que recuerden a Watada y a Burke, y que recuerden sobre todo que lo mejor de la gran tradición americana está en el respeto a la ley y en las garantías de los ciudadanos. Ésa es también la mejor tradición europea.

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

FIN (El destacado en negrita no es del autor del artículo sino mío)

Ha salido un artículo de Arsenio Escolar que debería ser de lectura obligatoria para los seguidores de este blog interesados en el análisis comparativo de las noticias. Lo cita el mismo autor en su blog de aquí al lado.