No puedo copiar y pegar hoy el PDF de la portada de El País. Y no se por qué. Solo pondré hoy la de El Mundo. Pero puedo leer ambos diarios en Internet y, además, los tengo en papel.
Me sigue sorprendiendo -y tampoco se por qué- la manera de titular de El Mundo con todo lo que hace referencia a ETA, al 11-M y a las mentiras del trío Pinocho (Aznar-Acebes-Zaplana).
Ambos diarios llevan el titular a una columna.
El País:
La Audiencia da «luz verde» para celebrar el juicio del 11-M a partir de febrero
Y sólo lleva este pequeño texto en primera:
El tribunal rechaza citar a José María Aznar, Angel Acebes y Federico Trillo. El juicio se celebrará a partir de febrero de 2007.
El Mundo:
El tribunal del 11-M subraya que el juicio no cierra la investigación
Estamos en tiempos de Pero Grullo. Faltaría más.
El tribunal también resalta -dice El Mundo– que la conclusión del sumario se produce «sin perjuicio de cuantas nuevas indagaciones procedan, de acuerdo con la ley, de aparecer nuevos datos relevantes».
Eso, de acuerdo con la ley. No podía ser de otra forma. ¿Donde está la novedad?
El País dedica este comentario editorial al tema.
EDITORIAL
11-M, juicio a la vista
La consecuencia más importante del auto de apertura del juicio oral sobre los atentados del 11-M, dictado ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es que ya queda expedita la vía para su celebración. De paso echa por tierra los últimos intentos planteados para cuestionar, bien en aspectos parciales o en su totalidad, la instrucción del juez Juan del Olmo. El más llamativo es, sin duda, el de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que lidera Alcaraz, que en perfecta sintonía con la lunática tesis de la conspiración sobre la masacre pretendía dinamitar la instrucción -devolvérsela a Del Olmo para que quedara empantanada- con la peregrina y nada jurídica teoría de que aún no se sabe la verdad, ni se sabrá nunca.
A partir de ahora se abre un periodo de tiempo en el que tanto los abogados defensores de los 29 procesados en la causa como el ministerio fiscal y las acusaciones particulares deberán elaborar sus conclusiones provisionales sobre los hechos y su calificación jurídica. Sobre estas conclusiones deberá articularse inicialmente el debate de la vista, cuya fecha todavía no se ha fijado, pero que probablemente se celebrará en febrero.
En un proceso normal, la conclusión del sumario y la apertura de juicio oral serían trámites sin mayor trascendencia. Pero no en el del 11-M. Llegar a este punto ha supuesto un logro indudable de la justicia frente a sectores políticos y mediáticos que no han ahorrado esfuerzos, incluidos insultos y ataques personales al juez, para hacer descarrilar la instrucción y aplazar al menos hasta después de las elecciones generales de 2008 la celebración del mismo. Como era de esperar, el sistema judicial no se ha visto afectado por esas maniobras dilatorias y ha actuado teniendo en cuenta los intereses de la sociedad y de las víctimas. En relación con éstas, no demorando artificialmente la respuesta a su demanda de justicia, y en relación con la sociedad, evitando el escándalo de que sean puestos en libertad antes del juicio los presuntos culpables de 191 asesinatos consumados y varios cientos frustrados.
Inasequibles al desaliento y al sonrojo, los mismos sectores políticos y mediáticos que han perdido la batalla contra la instrucción sumarial ya han anunciado su próximo objetivo: el descrédito de la vista oral propalando la especie de que «la verdad sobre el 11-M» está en otro sitio, no se sabe cuál, menos en el juicio oral. Y lo lamentable es que desde la propia justicia se lanzan últimamente mensajes ambiguos, como que el juicio sobre la masacre de hace dos años no es universal -ninguno lo es salvo el del fin del mundo- o que pueden aparecer «hechos nuevos», que sirven para reforzar ese discurso falaz e interesado.
—-
Sobre el estrambótico caso del ácido bórico, ETA y el 11-M, El Mundo no da hoy ni una línea. El País le dedica una cronica en página interior:
La fiscalía, dividida sobre la actuación del superior de los peritos del ácido bórico
—
El mando policial suprimió una observación que relacionaba de forma gratuita a ETA con el 11-M
JOSÉ A. HERNÁNDEZ – Madrid
EL PAÍS – España – 01-11-2006
La fiscalía de Madrid está dividida respecto a la actuación de Francisco Ramírez, jefe policial de los tres peritos que firmaron un informe en el que relacionaron a ETA con los atentados del 11-M por la coincidencia de ácido bórico hallado en los domicilios, en años diferentes, de un islamista y un miembro de la banda terrorista.
De momento, con los datos que figuran en las diligencias que tramita la juez Gemma Gallego, titular del Juzgado 35 de Madrid, la jefatura de la fiscalía madrileña entiende que no existe delito, mientras que la fiscal adscrita al juzgado, Patricia Fernández, sí ve indicios de «falsedad formal» en la actuación de Ramírez, quien en su calidad de superior de los tres peritos retiró del informe las observaciones en las que se vinculaba a ETA con el 11-M sin base alguna.
El juez Baltasar Garzón, que investigó inicialmente el caso, solicitó las normas internas de elaboración de informes y concluyó que dentro del capítulo de observaciones los peritos no podían inducir la relación entre ETA con el 11-M. Asimismo, estimó conforme al protocolo de actuaciones que su jefe eliminara la observación en el informe definitivo enviado al juez.
Fuentes del entorno del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, dicen que éste no ve indicios de delito ni en la actuación de los peritos ni en la de los mandos policiales.
La juez Gallego, candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial -para lo cual dependerá del voto del Partido Popular- ha interrogado como imputados a tres jefes de los peritos: Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial; Pedro Luis Mélides, secretario general de Policía Científica, y Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica.
Control de calidad
La fiscalía de Madrid está a la espera de que concluya la instrucción para pronunciarse. La fiscal Fernández ha estado en todos los interrogatorios y no ha pedido la imputación de nadie. Ha apoyado el levantamiento parcial del secreto que pesaba sobre las diligencias y solicitó a la juez Gallego que solicite la normativa sobre control de calidad que regula la confección de informes científicos en la Policía. En esa normativa, entre otras cosas, se basó Garzón para dictaminar que la actuación de Ramírez y del resto de los mandos había sido correcta y ajustada a derecho. La misma deja en manos de los mandos policiales la supervisión y revisión para que los informes periciales se ajusten a las normas de calidad.
La fiscalía ha celebrado ya un primer encuentro para definir la calificación de los hechos, en el que participó la fiscal del caso. En esa reunión, el fiscal jefe Moix efectuó una primera valoración provisional, en la cual propuso el archivo de las diligencias al entender que no hay delito ni en la actuación de los peritos ni en la de sus jefes.
La fiscal no ha apreciado delito de falsedad en la conducta de los tres peritos que firmaron el informe en julio de 2006 con fecha de 2005 y sostiene que al menos uno de los jefes policiales, Ramírez, ha podido cometer una falsedad formal.
Ramírez, en su declaración como imputado ante la juez, admitió que comentó a Manuel Escribano, perito que redactó el informe, que debía eliminar, por irrelevante, una observación que hacía en el informe respecto al hallazgo de ácido bórico (sustancia química que, entre otras cosas, sirve para matar cucarachas) en casa de dos etarras detenidos en 2001, en la de un militante antisistema arrestado en Madrid y en la de un islamista detenido en Canarias en relación con los atentados de Casablanca.
En dicha observación, calificada de «mera elucubración» por los mandos policiales, se describía el ya mencionado nexo entre ETA y el 11-M. Escribano se negó a eliminar la citada observación y dejó el informe sobre la mesa de Ramírez. Éste eliminó la observación y lo hizo suyo con su firma amparándose en la facultad que, como jefe, le otorgan el protocolo interno de actuaciones.
Ramírez afirmó primero que él había realizado los análisis del ácido bórico, aunque más tarde rectificó, en la declaración ante la juez Gallego, al señalar que había dado por buenos los exámenes realizados por sus subordinados, los tres peritos citados. Según fuentes jurídicas, la fiscal Fernández señala que en esta conducta podría haber «falsedad formal».
Cuestión distinta, señalaron las fuentes a este periódico, es que esa acción de Ramírez «tenga relevancia penal».
—-
El País dedica las cuatro columnas de su portada al «Manhattan de Cullera», un asunto urbanístico polémico en tierras gobernadas por el PP (Cullera y Valencia):
Un pueblo de la costa valenciana aprueba 35 rascacielos sin tener agua garantizada
El Mundo no da nada de esto en portada, pero sí un resumen en página interior (par). Sus cuatro columnas de portada van para la inmigración con este titular:
El Gobierno responde a la avalancha de rumanos negándoles trabajo hasta 2009
La foto de portada va dedicada, en ambos diarios y casi por rutina, a los cinco candidatos que aspiran a presidir la Generalitat de Cataluña.
–
El País aprovecha el faldón bajo de su primera para destacar un cambio legal sobre la muerte de animales sin justificación. Lleva este títular:
A la cárcel por matar a un perro
EL Mundo destina este mismo rincón de portada al autobombo o corte publicitario, con este titular:
Carlos Ghosn abre la Galería de EL MUNDO de los Grandes del Motor
Naturalemnte, va con foto del premiado recogiendo el galardón.
Para ver la foto de Pedro Jota Ramírez hay que ir a las tres páginas interiores que autodedica a este premio.
¿Para quien pide el voto El País?
El Consejo debe decidir si señalar públicamente que en la Audiencia Nacional existe un juez prevaricador afecta o no a la jurisdicción como tal -a su credibilidad y a su prestigio- y supone una gravísima perturbación de su independencia en el ejercicio de sus funciones. Dar por buenas las imputaciones delictivas proferidas contra Garzón obligaría, en buena lógica, a que el Consejo las investigara con las naturales consecuencias, bien para el juez, bien para sus calumniadores. El Consejo está obligado, por tanto, a pronunciarse y a responder claramente a lo que le demanda Garzón: si se ha perturbado su independencia y se ha interferido gravemente en su actividad jurisdiccional tanto en el caso del ácido bórico como en el sumario sobre el atentado de Casablanca.
