Caso Bono/caso Hidalgo: La fiscalía pide repetir el juicio

Con un par de días de retraso, he leído hoy en La Razón, del sábado 15 de julio, una información sobre el recurso de la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la sentencia que condenó a tres policías por dos presuntas detenciones ilegales en el caso Bono/caso Hidalgo.

Esta es la foto que no vió el juez Hidalgo:

La sentencia «estrafalaria» del juez Hidalgo (ex policía de la Brigada político-social) ha generado una gran polémica en la prensa, la recogida de firmas contra la condena de los policías y la denuncia de varios testigos sobre los intentos de agresión contra Bono por parte de los dos militantes del PP presuntamente detenidos ilegalmente.

Este es el titular, a cuatro columnas, de La Razón:

La Fiscalía del Supremo quiere que se repita el juicio a los policías condenados del «caso Bono»

Y este es el sumario:

Defiende que la detención de los dos militantes del PP se ajustó «exactamente» a la Constitución

Como no tengo el PDF de la página, copio y pego aquí el texto completo de la información de La Razón:

F. Velasco

Madrid- La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que la detención de los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, tras los incidentes registrados en la manifestación de la AVT en los que se vio implicado el entonces ministro José Bono, se ajustó «exactamente» a los requisitos establecidos en la Constitución, por lo que, en ningún momento, puede tipificarse como ilegal, tal como sostuvo la Audiencia de Madrid. Por este motivo, pide que se revoque la condena de dos años de cárcel impuesta por detención ilegal a los tres policías que fueron juzgados por ello, al igual que respecto al delito de coacciones por el que también fue condenado el comisario Rodolfo Ruiz.

Sin embargo, lo más llamativo del recurso interpuesto por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo -en el que no se recurre la condena de tres años de cárcel a los tres policías por el delito de falsedad documental-, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es la petición de que se repita el juicio contra el comisario jefe Rodolfo Ruiz, el Inspector jefe Javier Fernández y el agente José Luis González. En concreto, se solicita a la Sala Penal que dicte una nueva sentencia «anulando la impugnada y ordenando la celebración de un nuevo juicio con tribunal distinto». De forma subsidaria, es decir, si no se estima lo anterior, reclama que se les absuelva de los delitos de detención ilegal y coacciones, con lo que, de aceptarse el recuso en este sentido, los agentes tendrían que cumplir tres años de cárcel.

En este sentido, la Fiscalía señala que los tres agentes actuaron «en el marco de una investigación policial» y que la detención de los dos afiliados del PP se produjo «en el curso de una causa penal por hechos con evidente apariencia de delito -agresión o intento de agresión- y existiendo indicios de la posible participación» en los mismos de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.

Sólo duró «el tiempo necesario». En todo caso, y tras reseñar que ambos acudieron de forma voluntaria a la Comisaría, destaca que la detención «sólo duró el tiempo necesario para la información de derechos, recibirles declaración y, sin solución de continuidad se los dejó en libertad». Se trató, se añade en este punto, de una «detención formal», pero en ningún caso existió el dolo específico para que pueda considerarse como ilegal.

Por tanto, añade la Fiscalía del Supremo, esa detención se limitó «a la privación de libertad deambulatoria necesaria para la práctica de diligencias, sin ninguna otra limitación añadida y habitual en dependencias policiales».

De esa forma, la actuación de los policías se puede considerar, para la Fiscalía, como proporcional «a la finalidad perseguida de esclarecer unos hechos delictivos calificados “a priori” como atentado a la autoridad o sus agentes». Por tanto, concluye la fiscalía sus argumentos en este apartado, la detención de los dos afiliados del Partido Popular se ajustó «exactamente a los requisitos previstos en la Constitución española y a los desarrollados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

En cuanto al delito de coacciones, la Fiscalía pide que se anule porque el Tribunal que dictó la sentencia introdujo de oficio los hechos constitutivos de ese delito, por el que se condenó a Rodolfo Ruiz, «ejerciendo, por tanto, simultáneamente la función de acusar y juzgar, con las consecuencias derivadas de vulneración del derecho a ser informado de la acusación, indefensión y pérdida de la obligada posición de imparcialidad exigible a cualquier tribunal de Justicia».

FIN

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