Vengo con la cabra a traerle una misiva, señorito

Vaya día. La extrema derecha está de los nervios.

Primero un capitán de la Legión de una Compañía que se llama Comandante Franco (cuando todo el mundo sabe que esa, precisamente esa, es una muy mala compañía), siguiendo el guión que le están escribiendo los patriotas de la calle Génova de Madrid, envía una carta al Diario Melilla Hoy para expresarle a Bono su malestar “al ver cómo se está desmembrando nuestra España”, aunque su primera idea “era plantarme con mi Compañía en el Ministerio de Defensa y entregarle en mano al Sr. Bono esta misiva”. Bueno, el capitán, al menos, sabe decir misiva.

A continuación, el alcalde de Salamanca bordea la prevaricación, oponiéndose a dar el permiso para que las furgonetas accedan al Archivo General de la Guerra Civil Española, cuyo propietario es Patrimonio Nacional, en las que habría que cargar las cajas con los documentos robados por el ejército golpista de Franco para ser devueltos a su lugar de origen.

Independientemente de la capacidad intelectual de alguien capaz de desfilar con una cabra por delante, sin que le entre la risa, ¿quién le ha dicho a ese capitán que la compañía que manda es suya? ¿Y quien le ha dicho al alcalde de Salamanca que el Archivo General de la Guerra Civil Española, que así se llama, es de Salamanca?

La muy peligrosa filosofía de la extrema derecha española de considerar que España es su finca particular nos lleva a que los militares hayan interiorizado que el ejército les pertenece, y que los alcaldes consideren que los archivos, los museos o las calles son de su propiedad.

En el caso del propietario de la cabra uniformada quizá no se pueda pedir más. Los he visto desfilar y más bien parece que no están especialmente dotados para el trabajo intelectual. Pero el alcalde salmantino, aparte de estar incurriendo en un posible delito de prevaricación y fraude de ley, está creando un conflicto serio entre administraciones y, lo que es peor, entre fuerzas de seguridad, como son la policía municipal, que debe impedir por orden del alcalde que ningún documento salga del archivo, y la nacional, con órdenes de acatar el mandato gubernamental de recoger las cajas del litigio. Dos fuerzas de seguridad armadas, bien provistas de munición.

¿Los irresponsables del Partido Popular han medido las consecuencias de alimentar semejante desacato? ¿Es que quieren escenificar de nuevo, con fuego real, una guerra civil que debería dormir para siempre en los legajos del archivo? ¿Pero tan mal les va en las encuestas?

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